Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04775-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04775-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04775-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04775-01
Accionante: Cheyla Isabel Pacheco Beufol
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide
la impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 29 de
julio de 20261 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que la señora Cheyla Isabel
Pacheco Beufol, actuando por conducto de apoderado judicial, instauró una
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la E.S.E.
Hospital Local de Luruaco, con el propósito de obtener la declaratoria de
responsabilidad patrimonial por las circunstancias relacionadas con la custodia,
conservación y disponibilidad de la documentación correspondiente al contrato
CPSAG-119-2023.
3. Mediante auto de 26 de febrero de 20262, el Juzgado Cuarto Administrativo
1
Índice 17 del aplicativo SAMAI.
2
Índice 9 del aplicativo SAMAI, exp. 08001-33-33-004-2025-00302-00. En su decisión, la autoridad judicial señaló
expresamente lo siguiente: - «(…) de los hechos de la demanda y de las pruebas allegadas con la misma que el 5 de
mayo de 2023, el gerente de la entidad demandada a través de la Resolución No. 079 de mayo 05 de 20234, ordenó
iniciar una actuación administrativa con el fin de determinar presuntas irregularidades en la celebración del contrato de
prestación de servicios No. CPSAG-119-2023. También, que la entidad demandada por medio de la Resolución 107 de
5 de julio de 20235 decidió dar por terminado el contrato, donde expresamente la entidad motivó su decisión al establecer
varias irregularidades, entre las cuales, se encuentra las omisiones en la que la parte demandante fundamenta las
pretensiones de la demanda de reparación directa del asunto. En ese sentido, como la Resolución 107 de 5 de julio de
2023 fue notificada por medio de correo electrónico a la demandante el día 5 de julio de 2023, 6 para el Juzgado la
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Accionante: Cheyla Isabel Pacheco Beufol
Oral del Circuito de Barranquilla rechazó la demanda al concluir que había
operado el fenómeno de la caducidad, pues estimó que la interesada conocía
los hechos constitutivos del daño desde la notificación de la Resolución 107 de 5
de julio de 2023, mediante la cual se dio por terminado el vínculo contractual.
4. Inconforme con esa determinación, la accionante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, apelación. Para sustentar su inconformidad afirmó que
el conocimiento relevante del daño se produjo con posterioridad, cuando tuvo
noticia de la inexistencia de la documentación contractual dentro de las
actuaciones adelantadas ante la Procuraduría General de la Nación.
5. El Juzgado negó el recurso de reposición3, al considerar que las
irregularidades invocadas por la actora ya le eran conocidas desde la Resolución
107 de 2023, y concedió el recurso de apelación ante el superior funcional.
6. Posteriormente, mediante providencia de 15 de mayo de 20264, el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó la decisión recurrida toda vez que concluyó
que la demandante conoció el perjuicio cuya reparación reclamaba desde la
notificación de la Resolución 107 de 5 de julio de 2023, por lo que la solicitud de
conciliación prejudicial presentada el 30 de octubre de 2025 resultaba
extemporánea.
6. Frente a esa decisión, la accionante instauró la presente acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, al estimar vulnerados sus derechos
fundamentales por la forma en que se contabilizó el término de caducidad del
medio de control de reparación directa.
2.2. Fundamento jurídico
7. La accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto estimó que
la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró
indebidamente la caducidad del medio de control de reparación directa y le
impidió obtener una decisión de fondo sobre sus pretensiones.
8. Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo
y en un defecto procedimental, debido a que contabilizó erradamente el término
previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para promover la
correspondiente acción judicial.
demandante desde el 5 de julio de 2023 tuvo conocimiento de las omisiones generadoras de los presuntos daños que
pretende a atribuirle a la entidad demandada. Por lo anterior, el Juzgado tendrá como punto de partida para el conteo
del término de caducidad el 6 de Julio de 2023, por ser el día siguiente de la notificación personal de la Resolución
107 de 5 de julio de 2023. Así las cosas, el conteo del término de caducidad inicia el 6 de julio de 2023 y los dos
(2) años para la presentación de la demanda finalizaron el 6 de julio de 2025. No obstante, la demanda fue
presentada el 19 de diciembre de 20257, es decir, por fuera del término establecido en el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Además, si bien el demandante agotó la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad, de acuerdo con la constancia de conciliación fallida celebrada el 18 de diciembre de
2025, expedida por la Procuraduría 30 Judicial II para Asuntos Administrativos8, la solicitud de conciliación fue
presentada el 30 de octubre de 2025, es decir, cuando ya había operado el fenómeno jurídico de caducidad. Por
lo tanto, se concluye que en el medio de control de reparación directa de la referencia se presenta el fenómeno jurídico
de la caducidad.» Negrillas y subrayas de esta Sala.
3
Mediante auto del 13 de abril de 2026. Visible en el índice 10 del aplicativo SAMAI,
8_RECIBEPRUEBAS_MemorialesSecGeneral_0_20260626105610509, en el link remitido por el Juzgado.
4
Índice 3 del aplicativo SAMAI, exp. 08001-33-33-004-2025-00302-01.
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9. Señaló que, desde su punto de vista, en los asuntos de responsabilidad
extracontractual del Estado, la oportunidad para acudir ante la jurisdicción no
debe examinarse exclusivamente desde la ocurrencia del hecho generador, sino
desde el momento en que el afectado conoce y obtiene certeza de la afectación
cuya reparación pretende reclamar.
10. Bajo esa perspectiva, afirmó que el Tribunal accionado aplicó
indebidamente las reglas sobre caducidad al tomar como referencia la
notificación de la Resolución 107 de 5 de julio de 2023, pese a que, en su criterio,
el conocimiento relevante del daño se produjo en una fecha posterior.
11. Como sustento de esa afirmación, manifestó que el término debía
contabilizarse desde la “respuesta emitida por la entidad contratante”,
circunstancia que presentó como el momento a partir del cual adquirió certeza de
la afectación alegada, sin precisar en la demanda constitucional cuál era
concretamente la actuación o documento al que hacía referencia.
12. Con fundamento en tales razones, solicitó amparar los derechos
fundamentales invocados, dejar sin efectos la providencia proferida el 15 de
mayo de 2026 y ordenar la continuación del trámite del proceso de reparación
directa.
2.3. Pretensiones
13. La parte accionante solicitó:
«1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte accionante.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo del
Atlántico dejar sin efectos las actuaciones surtidas en segunda instancia, en
cuanto dispuso confirmar el auto de fecha 26 de febrero de 2025 y en su lugar
ordene seguir con el trámite del proceso radicado bajo el numero- 08001-3333
004-2025-00302-01.» Sic en toda la cita.
2.4. Intervenciones
14. Mediante auto del 235 de julio de 2026 la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar como accionado al Tribunal Administrativo del Atlántico y como terceros
con interés en el resultado del proceso al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Barranquilla, a la E.S.E. Hospital Local de Luruaco y a los
demás intervinientes dentro del medio de control de reparación directa seguido
bajo el radicado núm. 08001-33-33-004 2025-00302-00/01.
15. Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
reconoció personería al apoderado de la parte accionante, en los términos en que
le fue conferido el poder otorgado.
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Índice 4 del aplicativo SAMAI
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2.4.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico6 defendió la legalidad de la
decisión adoptada y sostuvo que la acción constitucional pretendía reabrir una
discusión propia del medio de control ordinario sobre el cómputo de la caducidad.
Precisó que las irregularidades contractuales alegadas por la actora eran
conocidas desde la notificación de la Resolución 107 de 5 de julio de 2023, razón
por la cual solicitó declarar improcedente la acción o en su defecto negar el
amparo invocado.
2.4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla7
explicó las razones que sustentaron la declaratoria de caducidad y resaltó que la
demandante conoció desde julio de 2023 los hechos que posteriormente invocó
como fuente del daño reclamado.
16. Asimismo, indicó que la conciliación prejudicial fue promovida cuando el
término para demandar ya había expirado, por lo que solicitó mantener incólumes
las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario.
2.4.3. No se rindieron más informes.
2.5 Sentencia Impugnada8
17. La Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado concluyó que
los reproches carecían de relevancia constitucional, pues la actora pretendía
reabrir la discusión resuelta por los jueces naturales acerca del momento en que
conoció el daño y del cómputo de la caducidad del medio de control de reparación
directa.
18. Asimismo, advirtió que la providencia cuestionada expuso una razón
identificable, sustentada en la Resolución 107 de 2023, y que la tutela no explicó
por qué ese razonamiento era arbitrario o manifiestamente contrario al artículo
164 del CPACA, ni acreditó la identidad fáctica y jurídica del precedente invocado.
19. En consecuencia, declaró improcedente el amparo, al estimar que la
controversia planteaba un juicio de corrección legal, mas no de validez
constitucional; por tanto, consideró innecesario examinar los defectos específicos
formulados por la accionante.
2.7. Impugnación9
20. La parte accionante insistió en que la controversia planteada trasciende
un mero desacuerdo interpretativo y compromete sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
21. Reiteró que el daño no podía entenderse conocido desde julio de 2023,
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Índice 12 del aplicativo SAMAI
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Índice 10 del aplicativo SAMAI
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Índice 17 del aplicativo SAMAI
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Índice 22 del aplicativo SAMAI
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pues en su sentir, solo con la actuación disciplinaria concluida en agosto de 2025
se evidenció la inexistencia de la documentación contractual que sustentó las
pretensiones indemnizatorias promovidas contra la ESE.
22. Con base en esa premisa, sostuvo que el ad quem aplicó indebidamente
las reglas de caducidad y solicitó revocar la decisión de primera instancia para
conceder el amparo constitucional invocado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 201910 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
24. Antes de abordar el estudio de la impugnación, resulta necesario delimitar
el alcance de los reproches formulados por la parte accionante frente a la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de mayo
de 2026.
25. Aunque en el escrito de tutela la parte actora señaló que se configuraron
los defectos sustantivo y procedimental, la Sala observa que la acción
constitucional no desarrolló una argumentación autónoma respecto de cada una
de esas causales específicas de procedencia.
26. En ese entendido, la parte accionante se limitó a sostener que la autoridad
judicial contabilizó indebidamente el término de caducidad previsto en el artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, sin explicar con precisión de qué manera su
interpretación o aplicación configuró el defecto sustantivo alegado, ni identificar
la irregularidad procesal concreta que hubiera incidido de manera determinante
en la decisión adoptada.
27. Asimismo, la fundamentación del amparo se concentró en afirmar que el
conocimiento del daño ocurrió en una fecha distinta de la considerada por los
jueces ordinarios. No obstante, la demanda no desarrolló una carga
argumentativa encaminada a demostrar por qué la interpretación acogida por la
autoridad accionada resultaría arbitraria, caprichosa u ostensiblemente
incompatible con el ordenamiento jurídico, ni expone razones que permitan
identificar una controversia de naturaleza estrictamente constitucional.
28. En tales condiciones, los defectos invocados por la accionante no
configuran cargos diferenciados susceptibles de análisis independiente. Por el
contrario, convergen en una sola inconformidad relacionada con la determinación
del momento a partir del cual debía contabilizarse el término previsto en el artículo
10 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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164 del CPACA para el ejercicio del medio de control de reparación directa.
29. Así las cosas, por razones de coherencia metodológica y economía
procesal, la aproximación a los yerros alegados se realizará de forma conjunta,
dado que todos descansan sobre el mismo supuesto argumentativo.
30. Ahora bien, dado que la sentencia impugnada declaró improcedente la
acción por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, el análisis de
esta instancia partirá de los fundamentos que condujeron al a quo a adoptar tal
determinación.
31. En consecuencia, el problema inicial que corresponde resolver no consiste
en determinar si se configuraron los defectos sustantivo y procedimental
invocados, sino en establecer si la impugnación suministra razones suficientes
para desvirtuar la conclusión adoptada por el juez constitucional de primera
instancia en torno a la ausencia de relevancia constitucional del asunto, pues solo
en el evento de superarse ese presupuesto resultará procedente examinar
materialmente los yerros atribuidos a la providencia censurada.
3.3. Problema jurídico
32. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si con ocasión del auto de 15 de mayo de 2026 proferido por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos alegados, y con ellos, en la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
señora Cheyla Isabel Pacheco Beufol.
33. Previo a lo anterior es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en particular el de relevancia constitucional que no fue acreditado en
primera instancia.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
34. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
35. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al
recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe
sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el
control de control de autoridades que excedan los límites impuestos por la
Constitución.
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36. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige
cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de
elaboración jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la
autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales,
permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco
constitucional.
37. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
38. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito11. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.
39. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 2022, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
40. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general12.
11
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
12
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
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41. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación de sus derechos fundamentales a la vida
digna, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante, sino que debe ir
más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera
razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental»13. Negrillas de la Sala
42. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del
fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica
si se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»14. Negrillas y subrayas de la Sala.
43. En el caso concreto, la Sala advierte que confirmará la sentencia
impugnada, por cuanto comparte la conclusión del a quo en el sentido de que la
solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional exigido
para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
44. En ese entendido, en primer lugar, se observa que la demanda
constitucional no contiene una sustentación suficiente de los defectos que
enuncia, pues aunque la accionante alegó configurados los defectos sustantivo y
procedimental, no desarrolló una argumentación autónoma respecto de ninguno
de ellos, ni explicó de qué manera la providencia cuestionada desconoció una
disposición jurídica específica o incurrió en una irregularidad procesal con
incidencia decisiva en la decisión adoptada, más allá de su evidente desazón con
el auto reprochado.
45. Adicionalmente, la controversia planteada por la actora se redujo a
sostener que el término de caducidad debía contabilizarse desde una fecha
distinta de la acogida por los jueces ordinarios. No obstante, ese planteamiento
correspondió precisamente al debate que fue propuesto y resuelto dentro del
proceso de reparación directa, escenario en el cual la interesada contó con las
oportunidades procesales necesarias para exponer y controvertir su posición
jurídica.
46. En consecuencia, está acreditado en el expediente que la accionante
sostuvo ante el juez de conocimiento, en el recurso de reposición y
posteriormente en la apelación, que el conocimiento del daño surgió con
posterioridad a la notificación de la Resolución 107 de 2023 y que tanto el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla como el Tribunal
Administrativo del Atlántico examinaron expresamente tal argumento y
13
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
14
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
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concluyeron que las irregularidades documentales alegadas ya eran conocidas
desde la referida resolución.
47. Bajo ese escenario, la solicitud de amparo no introduce un problema
constitucional real ni evidencia la existencia de una arbitrariedad judicial
manifiesta, sino que, por el contrario, reproduce esencialmente la misma tesis
desarrollada durante el proceso ordinario, limitándose a discrepar del
entendimiento acogido por las autoridades judiciales respecto del momento en
que debía considerarse conocido el daño para efectos de contabilizar la
caducidad.
48. Aunado a lo expuesto, la accionante tampoco explicó de manera suficiente
por qué la interpretación adoptada por el ad quem resultaría incompatible con el
artículo 164 del CPACA. Así las cosas, el escrito de tutela ubicó el conocimiento
del daño a partir de una supuesta “respuesta emitida por la entidad contratante”,
sin identificar concretamente la actuación de la cual derivaba tal conclusión,
circunstancia que evidencia la precariedad argumentativa del planteamiento
sometido al juez de tutela.
49. Lo anterior, contrasta con lo que advierte esta Subsección respecto a la
providencia cuestionada, ya que, contrario a lo señalado por la parte actora, esta
contiene una motivación identificable y razonable sobre el asunto debatido15.
50. Así las cosas, el auto cuestionado delimitó con precisión la controversia
sometida a consideración del ad quem, identificó el argumento central planteado
por la recurrente y explicó por qué, a juicio del juez natural, el término de
caducidad debía contabilizarse desde la notificación de la Resolución 107 de 5
de julio de 2023. Ahora bien, podrá compartirse o no esa conclusión por parte de
la accionante, pero ello per se, no convierte la decisión en arbitraria, caprichosa
o susceptible de corrección por esta vía constitucional.
51. A lo anterior se suma que la impugnación tampoco desvirtúa las razones
que condujeron al a quo a declarar la improcedencia del amparo, pues se limita
a reiterar la postura expuesta en la tutela y en el proceso ordinario, consistente
en que el conocimiento del daño ocurrió en una fecha distinta a la acogida por
los jueces naturales.
52. De este modo, la recurrente insiste en su desacuerdo con el cómputo de
la caducidad, sin demostrar que la controversia trascienda el ámbito de la
legalidad ni que exista una afectación iusfundamental autónoma y
constitucionalmente relevante.
15
Auto del 15 de mayo de 2026. - «(…) es claro que fue con la Resolución No. 107 de 5 de julio de 2023 que la parte
actora tuvo conocimiento de la negativa de la demandada de pagar los honorarios causados, por no existir
vinculo contractual, perjuicio hoy reclamado; por lo que el término de caducidad empezó a correr a partir del día
siguiente al de su notificación, es decir, el jueves 6 de julio de 2023. Tomando dicha fecha para contabilizar la
caducidad, tenemos que el término para presentar la demanda fenecía el lunes 07 de julio de 2025; sin embargo,
fue hasta el 30 de octubre de 2025 que la parte actora presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante la
Procuraduría 30 Judicial II para Asuntos Administrativos, sobrepasando en exceso el término caducidad de que
habla el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Así las cosas, habrá de confirmarse el auto del 02 de octubre de 2025,
por medio del cual se rechazó la demanda, en aplicación del numeral 1º del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011»
Negrillas de la Sala.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04775-01
Accionante: Cheyla Isabel Pacheco Beufol
53. Por consiguiente, la Sala concluye que la acción de tutela pretende reabrir
una discusión de legalidad ya resuelta por los jueces naturales, sin acreditar una
cuestión de relevancia constitucional que habilite la intervención excepcional del
juez de tutela. En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la la providencia del 29 de julio de 2026 proferida por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, por los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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