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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04781-00

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04781-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Ronald Zuleyman Rico Sandoval en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial. SEGUNDO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Corte Suprema de Justicia y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04781-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04781-00
Demandante: Ronald Zuleyman Rico Sandoval
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial.

Temas: Tutela contra autoridad pública. Convocatoria 27. Acto
administrativo que niega solicitud de reclasificación en el
Registro Nacional de Elegibles. Incumplimiento con el requisito
general de subsidiariedad.

Decisión: Declara improcedente la acción de tutela.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Ronald Zuleyman Rico Sandoval
en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 19 de junio de 2026, Ronald Zuleyman Rico Sandoval presentó acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad y de los principios de «respeto del acto propio» y «esperanza legítima».
En consecuencia, solicitó resolver de fondo su solicitud de recalificación y reconocer
su preparación académica, sus publicaciones, así como su experiencia adicional y
de docente «sin atender a factores de tiempo, esto es, si se presentó o no en febrero
o enero de este año».

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
afirmó que participó dentro de la Convocatoria 271, para el cargo de magistrado de
la Sala Civil – Familia. Indicó que superó la prueba de aptitudes y conocimiento y
que, mediante la Resolución No. EJR25-893, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla publicó las notas definitivas del IX curso de formación judicial.

3. Señaló que el 13 de enero de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura, a
través de la Resolución No. CJR26-0016, publicó los resultados de la etapa
clasificatoria para el cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil – Familia.
Sin embargo, dicho acto administrativo no quedó en firme porque fue objeto de
varios recursos. Manifestó que también interpuso recurso de reposición contra la
Resolución No. CJR26-0016, en lo concerniente a su situación particular, el cual fue
resuelto mediante la Resolución No. CJR26-0252 del 23 de abril de 2026.

1 Mediante la cual se adelantó el concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama

Judicial.

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Demandante: Ronald Zuleyman Rico Sandoval

4. Sostuvo que, debido a que la resolución mencionada se encontraba
recurrida, no presentó en ese momento solicitud de reclasificación para que se
valoraran factores relacionados con experiencia adicional y de docente, estudio de
posgrados y publicaciones. Precisó que solo hasta la expedición de la Resolución
PCSJSR26-117 del 8 de mayo de 2026 se conformó el Registro Nacional de
Elegibles para el cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil – Familia,
motivo por el cual durante los meses de enero y febrero de ese año no existía un
registro en firme respecto del cual pudiera solicitar la reclasificación prevista en el
artículo 165 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

5. Señaló que, previamente, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA26-12444 del 4 de mayo de 2026, mediante el cual prorrogó hasta
el 3 de julio de 2026 el término previsto en el artículo 1 del Acuerdo 1242 de 2001
para la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se deciden las
solicitudes de reclasificación del año 2026 de los integrantes de los registros de
elegibles vigentes de la Convocatoria 27.

6. Indicó que el 29 de mayo de 2026, solicitó la reclasificación con el fin de que
se tuviera en cuenta su experiencia adicional en la Rama Judicial, experiencia de
docente, estudios de maestría y doctorado, así como una publicación académica,
«esto es, dentro de los 2 meses siguientes a la expedición del respectivo Registro
Nacional de Elegibles».

7. Sin embargo, afirmó que la Unidad de Administración de Carrera Judicial, a
través del acto administrativo CJO26-2753 negó su petición, bajo el argumento de
que «las circunstancias relacionadas con la fecha de conformación del Registro
Nacional de Elegibles, la existencia de recursos pendientes de decisión o los
argumentos expuestos respecto de los principios de buena fe, confianza legítima,
mérito e igualdad, no modifican el marco legal que regula la oportunidad para
solicitar la reclasificación».

8. Por lo anterior, manifestó que el 9 de junio de 2026, interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación en contra de esa decisión; sin que a la fecha
de radicación de la acción de tutela hubiesen sido resueltos.

9. Resaltó que la corporación mencionada publicó los formatos de opción de
sede para el cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil-Familia, así como
la relación de aspirantes por sede con base en los puntajes del Registro Nacional
de Elegibles del 8 de mayo de 2026. Igualmente, se expidieron los actos
administrativos mediante los cuales se conformaron y remitieron a la Corte Suprema
de Justicia las listas de candidatos para proveer las vacantes de magistrado de la
Sala Civil-Familia de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Ibagué
y Cúcuta, sedes a las que se postuló, conforme a los Acuerdos PCSJA26-12487 y
PCSJA26-12486.

10. Como fundamento de la vulneración, el accionante manifestó que si bien
el artículo 165 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 establece que en los meses de
enero y febrero de cada año puede solicitarse la actualización de la inscripción en
el Registro Nacional de Elegibles, esta norma no podía aplicarse a su caso, ya que
para esos meses en el año 2026 no existía dicho registro para el cargo de

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magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil – Familia, pues este solo se conformó
hasta el 8 de mayo del año en curso.

11. Resaltó que «en ningún momento» las autoridades encargadas del
concurso informaron a los aspirantes sobre la posibilidad de solicitar la
reclasificación para los meses de enero y febrero, circunstancia que, en su criterio,
le impidió formular la respectiva solicitud en ese lapso pues no estaba conformado
definitivamente el Registro Nacional de Elegibles.

12. Afirmó que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura desconoció los principios de buena fe, confianza legítima
y respeto por el acto propio, pues con ocasión de la expedición del Acuerdo
PCSJA26-12444, se prorrogó el término para decidir las solicitudes de
reclasificación, por lo que ese comportamiento, en su criterio, generó una
expectativa legítima de que su puntaje se recalificaría. Adicionalmente, sostuvo que
se produjo un trato diferenciado porque la entidad tramitó 218 solicitudes de
reclasificación de concursantes, presentadas cuando aún no existía lista de
elegibles.

13. De otra parte, aseguró que la acción de tutela cumple el requisito de
subsidiariedad porque el acto administrativo CJO26-2753, que negó la
reclasificación sin un estudio de fondo, constituye un acto de trámite que no puede
ser sometido al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Agregó
que, aun si existiera un medio ordinario de defensa, este no sería idóneo para
proteger sus derechos fundamentales y, por tanto, la tutela resulta procedente para
evitar un perjuicio irremediable. Asimismo, señaló que actualmente se adelantan los
nombramientos en propiedad con listas de elegibles desactualizadas y que, debido
a la inminencia de dichos nombramientos, la vía ordinaria no es lo suficientemente
rápida y eficaz para lograr la reclasificación solicitada.

Intervenciones2

14. La Corte Suprema de Justicia afirmó que los argumentos expuestos y las
pretensiones planteadas por el accionante en ningún momento se dirigen contra esa
corporación, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

15. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla indicó que la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en
ejercicio de sus facultades constitucionales, estatutarias y legales, es la entidad
competente para adelantar el proceso de selección correspondiente al concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial –
Convocatoria 27, dentro de la cual se encuentra la etapa clasificatoria para la
conformación del Registro Nacional de Elegibles.

2 El 1 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad

de Administración de Carrera Judicial y se vinculó a la Corte Suprema de Justicia, a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla y a los integrantes del Registro Nacional de Elegibles para el cargo de Magistrado de Tribunal
Superior - Sala Civil - Familia (270006) como resultado del Concurso de Méritos convocado mediante el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018. Adicionalmente, negó la medida provisional, puesto que, a pesar de que el actor
manifestó que los nombramientos podrían efectuarse antes de que se resuelva su solicitud de reclasificación,
ello no resulta suficiente para justificar la adopción de una medida de tal alcance, comoquiera que no se
evidenció que la suspensión de todo el trámite fuera indispensable para preservar la eficacia de un eventual
fallo de tutela.

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16. En ese sentido, expuso que la Resolución JR26-0016 del 13 de enero de
2026, por medio de la cual se publicaron los resultados de la etapa clasificatoria
para el cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil – Familia, y la
Resolución No. PCSJSR26-117 del 8 de mayo de 2026, mediante la cual se
confirmó el Registro Nacional de Elegibles fueron expedidas por la referida Unidad.
Agregó que la solicitud de reclasificación que discute el accionante fue dirigida a
esa dependencia, la cual dio respuesta, a través del Oficio CJO26-2753 del 2 de
junio de 2026, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1242 de 2001, y
contra dicha respuesta el actor presentó recurso de reposición, el cual no ha sido
resuelto y constituye el motivo de la presente acción de tutela.

17. Por tanto, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, ante
la falta de legitimación en la causa por pasiva, por no tener injerencia en los hechos
y pretensiones que dieron lugar a la formulación de este mecanismo de amparo.

18. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial (CARJUD) señaló que
en el presente asunto se configuró una carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que la petición del accionante estaba encaminada a que se
resolviera el recurso interpuesto contra el Oficio CJO26-2753 del 2 de junio de 2026,
el cual fue desatado mediante el Oficio CJO26-3301 del 30 de junio de 2026 y
notificado el 2 de julio de igual anualidad a los correos electrónicos suministrados.
Por lo anterior, estimó que no procedía un estudio de fondo, al no subsistir amenaza
o vulneración de algún del derecho fundamental.

19. Adicionalmente, explicó que varios de los Registros de Elegibles para
diferentes cargos judiciales fueron expedidos en febrero de 2026 porque sus
integrantes no interpusieron recursos contra los resultados de la etapa clasificatoria
y renunciaron a los términos de ejecutoria, lo que permitió que quedaran en firme
rápidamente. Agregó que esos aspirantes presentaron oportunamente sus
solicitudes de reclasificación antes de finalizar febrero, las cuales fueron tramitadas
conforme a la normativa vigente.

20. Sin embargo, precisó que el accionante no se encontraba en la misma
situación, comoquiera que el Registro de Elegibles del cargo de magistrado de
Tribunal Superior, Sala Civil – Familia no había sido expedido en febrero de 2026
debido a la presentación y trámite de recursos administrativos, así como a la
necesidad de que los actos correspondientes adquirieran firmeza.

21. Asimismo, esclareció que la oportunidad para presentar solicitudes es de
origen legal, por lo que esa entidad no podría modificar el término establecido y se
encuentra obligada a dar aplicación al marco normativo vigente, de manera que la
petición elevada por el actor el 29 de mayo de 2026 era claramente extemporánea,
tal como se le indicó en el Oficio CJO26-2753 de 2026. En ese orden de ideas,
consideró que su actuación respetó los principios de legalidad, igualdad y mérito,
por lo que solicitó negar el amparo deprecado.

22. Mónica Gabriela Rosero Muñoz aclaró que la ampliación del término para
la expedición de los actos administrativos de reclasificación del año 2026 era para
atender aquellas peticiones de los integrantes de los Registros de Elegibles ya
vigentes y no para el cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil – Familia,

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ya que sólo hasta el 8 de mayo de 2026 se expidió la Resolución PCSJSR26-1177
que conformó el Registro Nacional de Elegibles para esa especialidad.

23. No obstante, indicó que, dado que el concurso ha sufrido dilaciones
prolongadas entre los años 2023 y 2026, situación que no resulta imputable a
ninguno de los aspirantes, quienes, por el contrario, se les han afectado sus
derechos al acceso a los cargos públicos, igualdad, buena fe y confianza legítima,
de concederse el amparo, solicitó que la decisión produjera efectos inter comunis
para que todos los inscritos en el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de
magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil – Familia tengan la oportunidad de
presentar la solicitud de reclasificación.

24. Catalina Rosero Díaz del Castillo manifestó que, como el Registro de
Elegibles para el cargo multicitado se conformó mediante Resolución PCSJSR26-
117 de 8 de mayo de 2026, las solicitudes de reclasificación podrían ser elevadas
por los integrantes del Registro en los meses de enero y febrero de 2027. Por lo
anterior, estimó que pretender, a través de un derecho de petición y por fuera del
término legalmente establecido para ello, que se resuelva al accionante su solicitud
personal de reclasificación, supone una petición abiertamente contraria a la norma
y a las reglas del concurso de méritos, que vulnera además el derecho a la igualdad
del resto de integrantes del Registro de Elegibles.

25. Señaló que el Acuerdo PCSJA-26-12444 de 4 de mayo de 2026, por medio
del cual se prorrogó hasta el 3 de julio el término que el Consejo Superior de la
Judicatura tenía para resolver las solicitudes de reclasificación del año 2026 no es
aplicable en este caso, puesto que dicha ampliación de términos únicamente
cobijaba a las solicitudes de reclasificación elevadas por los integrantes de los
Registros de Elegibles vigentes para finales de febrero de 2026, lo que no ocurre en
el caso de los registros expedidos con posterioridad. En consecuencia, solicitó
negar el amparo invocado.

26. El señor Gustavo Andrés Valencia Bonilla y otros3 estimaron que resultaría
«exótico» analizar la solicitud de reclasificación presentada por el actor, cuando esta
se formuló mediante un «simple derecho de petición», sin que existiera una
convocatoria para pública y abierta a todos los concursantes por parte de la Unidad
accionada o del competente, de manera que avalar por vía de tutela un actuar «a
espaldas de los demás concursantes», vulneraría su derecho a competir en
igualdad de condiciones y de méritos.

27. Adicionalmente, informaron que el «actor fue designado en el cargo de
magistrado Civil-Familia de Pasto, a través del Acuerdo No. 3024 del 4 de junio de
2026, con efectos a partir del 1 de julio de 2026, dado el interés directo en solicitar
por vía de tutela que se detengan los nombramientos en carrera de quienes
ocuparon un mejor lugar en el registro de elegibles que él, sin un argumento con
asidero jurídico» y en contravía clara de lo preceptuado en el artículo 165 de la Ley
270 de 1996.

3 Paula Andrea Zuluaga Giraldo, Diego Fernando Ramírez Sierra, Diana María López Aguirre, Eliana María Toro

Duque, Briyit Rocío Acosta Jara, José Alfredo Vallejo Goyes, María Andrea Arango Echeverri, William F.
Londoño Brand, Hugo A. Polanco López, Omar Alfonso Cárdenas Caycedo, Camilo Andrés Rosero Montenegro,
Carlos Eduardo García Granados, Manuel Gustavo Díaz Sarastry, Fabián Enrique Yara Benitez, David Mauricio
Nava Velandia, Claudia Marcela Castaño Uribe, Magda Lorena Ceballos Castaño y Rolando Serrano Garcés.

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28. Melvin Munir Cohen Puerta expresó que coadyuva de manera condicionada
la solicitud de amparo, frente a la vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso administrativo y acceso a cargos públicos. Además,
señaló que su intervención está centrada en demostrar la «palmaria
inconstitucionalidad» en que incurrió la entidad demandada al admitir y tramitar
solicitudes de reclasificación presentadas en enero y febrero de 2026, momento en
el cual no existía registro nacional de elegibles para el cargo de magistrado de
Tribunal Superior, Sala Civil – Familia, ya que este fue conformado apenas el 8 de
mayo de 2026, razón que muestra jurídicamente insostenible la actuación
administrativa.

29. Por lo anterior, solicitó emitir un fallo con efectos inter comunis en el que se
ordene 1) dejar sin efecto las actuaciones y Acuerdos (PCSJA26-12403 y PCSJA26-
12444) que avalaron estas «reclasificaciones prematuras sin cumplir los requisitos
legales»; o, subsidiariamente, 2) admitir y tramitar la solicitud de reclasificación
presentada por el suscrito, para garantizar un trato igualitario.

30. Posteriormente, en escrito separado, indicó que el 23 de julio de 2026, la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, a través del Oficio No. 026-3553,
no accedió a su solicitud de reclasificación radicada el 8 de julio de 2026,
comoquiera que el Registro Nacional de Elegibles para el cargo mencionado solo
se conformó el 8 de mayo de 2026, por lo que la oportunidad legal para formular
esa petición sería en los meses de enero y febrero de 2027.

31. En ese sentido, consideró que el acto mencionado constituye una
«confesión de la administración que afianza su anterior intervención»; en
consecuencia, solicitó valorar dicho acto como prueba sobreviniente de la actuación
de la entidad demandada, a fin de dejar sin efectos las actuaciones administrativas
derivadas de las solicitudes de reclasificación y, en caso de considerarlo valido,
ordenar que se admita y resuelva de fondo su petición de reclasificación y la del
accionante.

32. Germán Darío Rodríguez Páez peticionó declarar improcedente la acción
de la referencia, por no superarse la exigencia de subsidiariedad, al existir recursos
administrativos pendientes de resolver y encontrarse plenamente habilitados los
medios de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En su
defecto, requirió negar el amparo, dado que la Unidad accionada actuó con estricto
apego al artículo 165 de la Ley 270 de 1996 y a las reglas que rigen la Convocatoria
27, sin que se advierta un trato discriminatorio.

Oposición del accionante al informe rendido por la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial

33. El accionante indicó que la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al
resolver recurso que formuló contra la Resolución CJO26-2753, mediante
comunicación CJO26-3301, le indicó que el primer acto «no decidió de fondo una
actuación administrativa de reclasificación ni definió la procedencia o improcedencia
del derecho a la actualización del puntaje dentro del Registro Nacional de Elegibles»
y, en ese sentido, no resultaban procedentes sus recursos. Además, le explicó que
«la primera oportunidad para ejercer ese derecho respecto del Registro Nacional de

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Elegibles correspondiente al cargo de Magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil-
Familia será durante los meses de enero y febrero de 2027».

34. Por lo anterior, cuestionó que, si la única oportunidad para solicitar la
reclasificación del Registro Nacional de Elegibles corresponde a los meses de enero
y febrero de 2027, como se indicó en la comunicación CJO26-3301, no comprende
las razones por las cuales se expidió el Acuerdo PCSJA26-12444. En ese sentido,
sostuvo que, de ser cierta esa interpretación, la misma respuesta debió haberse
impartido a todos los concursantes que presentaron solicitudes de reclasificación
durante los meses de enero y febrero de 2026.

35. Finalmente, precisó que la Corte Constitucional, cuando se vulneran
derechos y principios, como la igualdad y la confianza legítima, ha admitido la
inaplicación de normas legales mediante la excepción de inconstitucionalidad, para
lo cual citó las sentencias T-496 de 2025 y la providencia de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado con radicado 68001-23-31-000-2006-
02724-01 (0296-13).

36. Por lo anterior, sostuvo que, debido a que el Consejo Superior de la
Judicatura decidió tramitar solicitudes de reclasificación presentadas antes de que
quedaran en firme los registros de elegibles, el término previsto en el artículo 165
de la Ley Estatutaria 270 de 1996 debía inaplicarse en su caso concreto, con el fin
de garantizar su derecho a la igualdad, pues, en su criterio, fue esa misma autoridad
la que propició «un trato desigual y arbitrario» al rechazar su solicitud de
reclasificación mientras dio trámite a otras peticiones que, a su juicio, tampoco eran
procedentes.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

38. Antes de plantear el problema jurídico que se analizará en esta sede, la Sala
aclara que no accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por la Corte
Suprema de Justicia y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, puesto que si bien
es cierto que el accionante no dirigió sus pretensiones contra ninguna de ellas,
también lo es que fueron relacionadas en los hechos e incluso la primera de las
mencionadas es la corporación judicial a la que la Unidad remitirá la lista de
candidatos para proveer las vacantes existentes en los tribunales superiores. En
consecuencia, aquellas podrían tener interés en los resultados del presente trámite.

Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en particular, el requisito de subsidiariedad, si

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la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura vulneró el derecho fundamental a la igualdad del accionante, al no
reclasificar su posición en el registro de elegibles.

Procedibilidad de la acción de tutela

40. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, por no encontrar
acreditado el requisito general de subsidiariedad, conforme a los argumentos que
pasan a exponerse:

41. El accionante solicitó la protección de su derecho fundamental a la igualdad,
el cual consideró vulnerado por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
pues el artículo 165 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 no podía aplicarse a su caso,
ya que durante los meses de enero y febrero de 2026 aún no existía el Registro
Nacional de Elegibles para el cargo al que aspiraba. Asimismo, sostuvo que las
autoridades del concurso no informaron a los aspirantes sobre la posibilidad de
solicitar la reclasificación en ese período y que el Acuerdo PCSJA26-12444 le
generó una expectativa legítima de que su solicitud sería tramitada, más aún cuando
se dio trámite a 218 solicitudes de reclasificación presentadas.

42. Pues bien, de las pruebas obrantes en el expediente, se observa que el 29
de mayo de 2026, el accionante solicitó ante la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura la reclasificación del puntaje asignado
en la Resolución PCSJSR26-117 del 8 de mayo de 2026, acto mediante el cual se
conformó el Registro Nacional de Elegibles, para el cargo de magistrado de Tribunal
Superior, Sala Civil – Familia, con el fin de que se le reconozca su experiencia
profesional y de docente, su especialización en derecho Constitucional, dos
maestrías, un doctorado en filosofía, y la publicación de un libro denominado «Guía
práctica de la factura electrónica».

43. El 2 de junio de 2026, la Unidad mencionada, a través del Oficio No. CJO26-
2753, informó al accionante que no era procedente tramitar su solicitud de
reclasificación presentada el 29 de mayo de 2026, debido a que el artículo 165 de
la Ley Estatutaria 270 de 1996 establece que dichas solicitudes solo pueden
presentarse durante los meses de enero y febrero de cada año. Explicó que, para
ese período de 2026, el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de magistrado
de Tribunal Superior, Sala Civil-Familia no había sido conformado, pues ello solo
ocurrió con la expedición de la Resolución PCSJSR26-117 del 8 de mayo de 2026.

44. Asimismo, precisó que los acuerdos que prorrogaron el término para
resolver las solicitudes de reclasificación no modificaron el plazo establecido en la
disposición mencionada para su presentación. Además, señaló que las
circunstancias alegadas por el actor, relacionadas con la fecha de conformación del
Registro Nacional de Elegibles, la existencia de recursos pendientes y los principios
de buena fe, confianza legítima, mérito e igualdad tampoco alteraban ese término.

45. Por lo anterior, consideró que no era procedente tramitar la petición, toda
vez que para la anualidad 2026 el período legalmente establecido para la
presentación de solicitudes de reclasificación ya había culminado, de manera que
la primera oportunidad para solicitar la reclasificación sería durante los meses de
enero y febrero de 2027, momento en el cual podrá aportar la documentación que

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estime pertinente para la actualización de los factores susceptibles de modificación,
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

46. Inconforme con la anterior decisión, el 9 de junio de 2026, el accionante
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en el cual indicó que
si bien la petición de recalificación solo puede presentarse en los meses de enero y
febrero de cada año, la Unidad dejó de lado esto, pues admitió solicitudes de
reclasificación cuando aún no existía un Registro Nacional de Elegibles en firme.
Afirmó que esa posibilidad nunca fue informada a los participantes de la
Convocatoria 27 y que, de haberlo sido, habría presentado oportunamente su
solicitud. Agregó que el Acuerdo PCSJA26-12444, al fijar hasta el 3 de julio de 2026
para resolver dichas solicitudes, le generó la confianza de que podía presentar la
suya. En consecuencia, solicitó revocar el acto administrativo recurrido.

47. El 30 de junio de 2026, la Unidad referida, mediante el Oficio CJO26-3301,
le informó al actor que los recursos formulados eran improcedentes, al estimar que
el Oficio CJO26-2753 no constituía un acto administrativo definitivo en los términos
de los artículos 43 y 75 del CPACA, toda vez que, en su criterio, no resolvió de fondo
una actuación administrativa de reclasificación ni definió la procedencia o
improcedencia de la actualización del puntaje del accionante en el Registro Nacional
de Elegibles.

48. Así las cosas, como lo pretendido por la parte accionante es obtener un
pronunciamiento de fondo sobre su solicitud de reclasificación y lograr el
reconocimiento de la experiencia profesional y docente, la formación académica y
las publicaciones que afirma haber acreditado, con independencia de que la petición
hubiese sido presentada por fuera de los meses de enero y febrero de 2026, la Sala
advierte que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura resolvió el anterior pedimento a través de los Oficios No. CJO26-
2753 del 2 de junio de 2026 y Oficio CJO26-3301 del 30 de junio de 2026.

49. En consecuencia, la Sala considera que el accionante tiene a su alcance
otro mecanismo de defensa judicial para formular los desacuerdos planteados en
esta sede, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, comoquiera que los actos cuestionados
definieron la situación jurídica del accionante, al negar la posibilidad de tramitar su
solicitud de reclasificación durante la anualidad 2026 y poner fin a la actuación
administrativa iniciada con la petición del 29 de mayo de 2026. Por tanto, dichos
oficios produjeron efectos jurídicos concretos y, por ende, no corresponden a actos
administrativos de trámite, sino a decisiones susceptibles de ser sometidas a control
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

50. Así las cosas, ante la existencia de otro medio de defensa judicial, mediante
el cual el peticionario del amparo puede alegar la inconformidad que expuso en esta
sede, la acción de tutela se torna improcedente, en virtud del carácter residual que
tiene este tipo de trámite, el cual le impide al juez constitucional pronunciarse sobre
el fondo del asunto hasta tanto el accionante no haya acudido a los medios
ordinarios de defensa judicial que dispone, pues emitir un juicio sobre la legalidad
de dicho acto administrativo conllevaría a invadir las competencias que le fueron
conferidas al juez natural de la causa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04781-00
Demandante: Ronald Zuleyman Rico Sandoval

51. Por tanto, la Subsección concluye que la acción de la referencia no satisface
el requisito de subsidiariedad, como causal genérica para la procedibilidad de la
acción de tutela, puesto que el mecanismo de amparo solo procede cuando no se
tengan otros medios de defensa judicial para la protección de los derechos que se
estimen conculcados.

52. De otra parte, la Sala tampoco encuentra acreditada la configuración de un
perjuicio irremediable, pues si bien el actor sostuvo que la urgencia de la
intervención constitucional radicaba en que el Consejo Superior de la Judicatura ya
había expedido los formatos de opción de sede y las relaciones de aspirantes para
el cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Civil-Familia con fundamento en
el Registro Nacional de Elegibles conformado el 8 de mayo de 2026, así como los
acuerdos mediante los cuales se integraron y remitieron a la Corte Suprema de
Justicia las listas de candidatos para proveer las vacantes existentes en los
Tribunales Superiores de Ibagué y Cúcuta, sedes respecto de las cuales manifestó
interés.

53. Sin embargo, tales circunstancias no permiten concluir la existencia de un
daño inminente, grave e impostergable que haga indispensable la intervención del
juez constitucional. En primer lugar, porque el accionante conserva la posibilidad de
solicitar la actualización de su inscripción y la correspondiente reclasificación
durante los meses de enero y febrero de 2027, conforme al procedimiento previsto
en el artículo 165 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. En segundo lugar, porque no
se evidencia que alguno de los aspirantes incluidos en el Registro Nacional de
Elegibles para el cargo objeto de discusión hubiese obtenido una reclasificación que
colocara al actor en una situación de desventaja material frente a los demás
concursantes.

54. Adicionalmente, se precisa que la circunstancia de que no haya sido posible
valorar la documentación aportada en la anualidad 2026 no implica su exclusión del
Registro Nacional de Elegibles ni le impide participar en futuras opciones de sede,
máxime cuando no demostró que las vacantes de Ibagué y Cúcuta constituyeran
las únicas posibilidades reales para acceder al cargo al que aspira.

55. Finalmente, debe resaltarse que el accionante dispone de la posibilidad de
solicitar ante el juez ordinario la adopción de medidas cautelares, en los términos
de los artículos 229 y siguientes del CPACA, con el propósito de evitar la eventual
afectación de los derechos cuya protección reclama mientras se decide el medio de
control correspondiente.

56. En esos términos, se declarará improcedente la acción de tutela instaurada
por Ronald Zuleyman Rico Sandoval en contra del Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, por no haberse
acreditado el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad ni demostrado la
probable ocurrencia de un perjuicio irremediable.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04781-00
Demandante: Ronald Zuleyman Rico Sandoval

III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
Ronald Zuleyman Rico Sandoval en contra del Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial.

SEGUNDO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Corte
Suprema de Justicia y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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