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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04786-00

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04786-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y seguridad social de la señora Johanna Milena Díaz Aguirre. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 22 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Quindío y en su lugar, ORDENAR que en el marco de sus competencias profiera en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, una nueva decisión de conformidad con las consideraciones consignadas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04786-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04786-00
Accionante: JOHANNA MILENA DÍAZ AGUIRRE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto fáctico se configura por
indebida apreciación de la prueba.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y seguridad
social de la accionante. El Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto
fáctico por valoración indebida de la prueba.

II. ANTECEDENTES
La demanda

2. El 19 de junio de 2026, la señora Johanna Milena Díaz Aguirre, en nombre propio,
presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
trabajo, seguridad jurídica, confianza legítima y al «principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades».

3. Atribuyó la vulneración al Tribunal Administrativo del Quindío por proferir la
sentencia el 22 de mayo de 2026, que modificó los numerales segundo y tercero de
la sentencia del 30 de septiembre de 2024 del Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Armenia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 63001-33-33-005-2022-00007-01.

Hechos relevantes

4. En el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Díaz Aguirre demandó al Municipio de Armenia, con el fin de que se
declarara la existencia de una relación laboral, con ocasión de la suscripción
sucesiva de contratos de prestación de servicios como abogada en la Secretaría de
Infraestructura, por lo que solicitó el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales, indemnizaciones y demás acreencias laborales derivadas de la presunta
relación laboral, entre el 4 de noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2018.

5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia encontró acreditados
los elementos propios de la relación laboral y accedió parcialmente a las
pretensiones.

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6. La entidad demandada presentó recurso de apelación. El Tribunal Administrativo
del Quindío, en sentencia del 22 de mayo de 2026, modificó los numerales segundo
y tercero para declarar probada la prescripción respecto de todos los periodos
anteriores al 9 de septiembre de 2016, salvo los aportes pensionales, y confirmó en
lo demás la sentencia recurrida.

Pretensiones

7. Solicitó la protección de sus derechos fundamentales, dejar sin efectos
parcialmente la sentencia del 22 de mayo de 2026 exclusivamente en lo relacionado
con el análisis y decisión sobre la prescripción extintiva y que se ordene al Tribunal
Administrativo del Quindío dictar una decisión de reemplazo en la que valore
integralmente las pruebas y aplique de manera expresa la sentencia de unificación
sobre contrato realidad del 9 de septiembre de 2021.

8. Igualmente pidió como medida provisional suspender los efectos de la sentencia
del 22 de mayo de 2026 en lo relativo a la prescripción parcial, mientras se resuelve
la presente acción constitucional.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. Luego de referir que la acción de tutela cumple todos los requisitos generales de
procedibilidad, para efectos de cuestionar una providencia judicial, señaló que la
sentencia del 22 de mayo de 2026 adolece de los siguientes defectos:

10. Defecto fáctico, el Tribunal valoró de manera incompleta y errónea las pruebas
del expediente al declarar prescritos los derechos laborales causados antes del 9
de septiembre de 2016. Afirmó la existencia de interrupciones superiores a 30 días
hábiles entre algunos contratos de prestación de servicios, cuando en realidad estos
tuvieron adiciones de tiempo y valor que impedían concluir la existencia de tales
interrupciones.

11. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, señaló que
el Tribunal aplicó de forma rígida y mecánica la regla jurisprudencial de los 30 días
hábiles para analizar la continuidad de la relación laboral. Afirma que dicha regla no
es absoluta y que la jurisprudencia del Consejo de Estado permite flexibilizar cuando
las circunstancias probadas del caso lo justifiquen. La sentencia cuestionada
privilegió las formalidades contractuales sobre la realidad laboral demostrada
durante casi diez años, desconociendo el principio constitucional de primacía de la
realidad y el precedente aplicable en materia de contrato realidad.

12. Finalmente, sostiene que la providencia incurre en una contradicción interna
y vulnera varios derechos fundamentales, porque reconoce la existencia de una
relación laboral continua entre 2008 y 2018, pero simultáneamente limita sus efectos
económicos mediante la declaratoria de prescripción parcial. Por lo que considera
que esta decisión afecta los derechos al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad, trabajo digno, seguridad jurídica y confianza legítima, además
de constituir una motivación insuficiente e incongruente frente a las pruebas y a las
conclusiones sobre la existencia del contrato realidad.

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Trámite en primera instancia

13. Mediante auto del 23 de junio de 2026, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío y en calidad
de tercero con interés, al municipio de Armenia porque intervino en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 63001-33-33-005-2022-00007-01.

14. Negó la solicitud de medida provisional porque no encontró una vulneración
evidente de los derechos fundamentales alegados, ni una arbitrariedad manifiesta
en la sentencia cuestionada. La medida resultaba improcedente en esa etapa
porque suspender los efectos de la sentencia equivaldría a conceder de manera
anticipada la principal pretensión de la tutela, sin haberse surtido el debate procesal
ni la contradicción de las partes.

Intervenciones

15. El Tribunal Administrativo del Quindío, a través del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, afirmó que la sentencia fue debidamente motivada, estudió
los argumentos de las partes, analizó los problemas jurídicos planteados y expuso
las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión.

16. Concluyó que la inconformidad de la demandante corresponde únicamente a un
desacuerdo con el alcance dado a las pruebas y a la decisión sobre la prescripción,
lo cual no constituye un defecto fáctico, sustantivo ni una irregularidad constitucional
que justifique dejar sin efectos la providencia judicial atacada.

17. El Municipio de Armenia defendió la interpretación realizada por el Tribunal
sobre la regla de los 30 días hábiles entre contratos. Señaló que la sentencia de
unificación del Consejo de Estado establece que, cuando ese término se supera, el
juez "podrá flexibilizarlo", lo que constituye una facultad discrecional y no una
obligación. Por ello, sostuvo que el Tribunal estaba autorizado para decidir si
flexibilizaba o no dicha regla según las circunstancias del caso, sin que ello implicara
vulneración de derechos fundamentales.

18. Destacó que la prescripción puede ser declarada de oficio por el juez
contencioso administrativo, incluso si no ha sido propuesta por las partes, con
fundamento en el artículo 187 del CPACA y en jurisprudencia del Consejo de
Estado.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

19. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del

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Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20191.

Problema jurídico y metodología de la decisión

20. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, se determinará si
la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados y si, por
consiguiente, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y al trabajo2 de la señora Johanna Milena Díaz
Aguirre.

Análisis de la Sala

21. Legitimación en la causa. La señora Johanna Milena Díaz Aguirre se
encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, al ser la titular de los
derechos que considera vulnerados, en su condición de demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento con radicado 63001-33-33-005-2022-00007-01, en el
marco del cual se adoptaron las decisiones cuestionadas.

22. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo del Quindío fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia del 22 de mayo de 2026, a la que la parte actora atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales.

23. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda
vez que la providencia cuestionada fue proferida el 22 de mayo de 2026 y notificada
el 25 del mismo mes y año. La solicitud de amparo se presentó el 19 de junio, dentro
de un término razonable.

24. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

25. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

26. Relevancia constitucional. La tutela contra providencias judiciales es
excepcional y, por ello, no procede en contra de cualquier decisión por ser contraria
a los intereses particulares de alguna de las partes, ya que con ello se invadiría la
competencia de los jueces ordinarios. Por ello, la Corte Constitucional estableció el
requisito de relevancia constitucional, el cual tiene la finalidad de que el
cuestionamiento planteado en la solicitud de amparo “se oriente a la protección de
derechos fundamentales, involucre garantías superiores y no sea de competencia
exclusiva del juez ordinario”3.

1 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las
secciones”.
2 Así como los principios a la seguridad jurídica, confianza legítima y primacía de la realidad sobre las formas y
de congruencia.
3 SU-573 de 2019.

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27. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales4.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

28. Para la Subsección, la tutela de la referencia satisface el requisito de relevancia
constitucional5 porque en primer lugar, la accionante no se limitó a alegar la
afectación a sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y al trabajo6, sino que expuso con claridad el
defecto fáctico que en su parecer se concretó con la sentencia del 22 de mayo de
2026, al valorar indebidamente los medios probatorios allegados al proceso y por
desconocer el precedente jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación
de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021.

29. En segundo lugar, el acaecimiento de los yerros alegados por la accionante
tendría la capacidad de afectar de manera grave y desproporcionada las garantías
constitucionales al debido proceso, al trabajo y a la seguridad social, por lo tanto,
no se trata de una simple controversia frente al sentido de la decisión adoptada por
la autoridad judicial accionada, sino que efectivamente se trata de un asunto en el
que se pretende la protección de derechos fundamentales y que versa sobre el
contenido, alcance y goce de los mismos.

30. Entonces, la controversia propuesta es relevante desde una perspectiva
constitucional, en atención a los derechos fundamentales presuntamente
desconocidos, descartando que el asunto se trate de un debate meramente
económico, o que se evidencie la intención de la parte actora de convertir este
escenario en una tercera instancia del proceso de origen.

31. Por lo anterior, la solicitud de amparo satisface los requisitos generales y, en
consecuencia, se realizará el análisis de fondo, a fin de verificar si se cumplen las
causales específicas de procedibilidad invocadas por la parte accionante.

32. Con el fin de preservar la seguridad jurídica y respetar la independencia de los
funcionarios que administran justicia, así como el carácter excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial, se establece que debe cumplirse al menos una
de las causales taxativas para la procedencia de este tipo de acción de tutela7, estas

4 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación
de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
5 En sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que la acción de tutela no es procedente cuando
el asunto gira en torno a un debate fundamentalmente económico, y no jurídico sobre el contenido, alcance o
goce de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, o cuando se utiliza para reabrir un debate
legal decidido al interior de un trámite ordinario. Recordó, además, que «no toda incorrección en la aplicación
de normas legales o en la valoración de los hechos envuelve una violación del debido proceso susceptible de
ser planteada mediante la acción de tutela. Es imprescindible que dicha incorrección pueda ser traducida en un
debate iusfundamental concreto -no genérico o inespecífico- de manera tal que la intervención de la Corte sea
indispensable para precisar el alcance de la carta de derechos».
6 Así como los principios a la seguridad jurídica, confianza legítima y primacía de la realidad sobre las formas y
de congruencia.
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-074 de 2022.

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son: (i) defecto orgánico8, (ii) defecto procedimental absoluto9, (iii) defecto fáctico10,
(iv) defecto material o sustantivo11, (v) error inducido12, (vi) decisión sin
motivación13, (vii) desconocimiento del precedente14 y, (viii) violación directa de la
Constitución15.

Caso concreto.

33. La censura a la providencia cuestionada se edifica en la configuración de los
defectos fáctico, sustantivo y por la aplicación rígida y mecánica del precedente de
unificación jurisprudencial fijado en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado del 9 de septiembre de 2021. No obstante, el argumento determinante
para la protección de los derechos fundamentales invocados es el relativo al defecto
fáctico, en la medida en que la accionante controvierte la valoración incompleta y
errónea de las pruebas allegadas al expediente, que dio lugar a declarar prescritos
los derechos laborales causados antes del 9 de septiembre de 2016, pese a la
relación laboral encubierta acreditada entre la actora y el Municipio de Armenia. Por
esta razón, el análisis de la Sala se concentrará en dicho defecto.

34. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión16. Este yerro se relaciona con la actividad probatoria
desplegada por el juez y comprende tanto el decreto y la práctica de pruebas, como
su valoración.

35. Teniendo en cuenta que la función del juez de tutela no es la de fungir como
una instancia adicional en el proceso judicial ordinario, la protección de la acción de
tutela por defecto fáctico solo puede prosperar cuando la actuación probatoria del
juez permita identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, que tenga una
incidencia directa en la decisión adoptada.

36. La Sala considera que, en el presente caso, en efecto se configuró un defecto
fáctico en la sentencia del 22 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal

8 Por carencia absoluta de competencia del funcionario judicial que dicta la providencia judicial.
9 Porque cuando el funcionario judicial en el trámite de la actuación judicial desconoce la ritualidad previamente
establecida para el efecto.
10 Supone fallas sustanciales en la decisión atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
11 Se presenta cuando se: “(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad”. Corte Constitucional.
Sentencia SU-918 de 2013.
12 Se presenta cuando la decisión judicial adoptada resulta equivocada y causa un daño iusfundamental como
consecuencia del engaño u ocultamiento al funcionario judicial de elementos esenciales para adoptar la
decisión, o por fallas estructurales de la Administración de Justicia
13 Cuando las determinaciones adoptadas en la parte resolutiva de la providencia, mediante las cuales se
resuelve de fondo el asunto, no encuentran en la parte motiva el fundamento o ratio decidendi.
14 Cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance de un derecho fundamental, y éste es ignorado por
el juez al dictar una decisión judicial en contra de ese contenido y alcance fijado en el precedente.
15 Cuando el juez da alcance a una disposición normativa de forma abiertamente contraria a la Constitución, o
cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad debiendo hacerlo.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-084 de 2017.

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Administrativo del Quindío, por indebida valoración de los elementos probatorios
aportados, como pasa a analizarse.

37. El Tribunal, al resolver los motivos de la apelación, verificó que Johanna Milena
Díaz Aguirre prestó servicios personales, remunerados y bajo subordinación al
Municipio de Armenia durante cerca de diez años, pese a estar vinculada
formalmente mediante contratos de prestación de servicios.

38. Se acreditó que las funciones desempeñadas por la demandante eran
permanentes, necesarias y propias de la Secretaría de Infraestructura, pues
durante todo el periodo ejecutó labores jurídicas, contractuales y de defensa judicial
de manera continua, y que los testimonios demostraron que cumplía horarios,
permanecía en las instalaciones de la Alcaldía, utilizaba equipos suministrados por
el municipio, recibía instrucciones de sus superiores, solicitaba permisos y
participaba en actividades institucionales como cualquier servidor de planta. Con
fundamento en estos elementos, el Tribunal tuvo por acreditada la subordinación y,
en consecuencia, desestimó los argumentos de apelación.

39. Sin embargo, para resolver sobre la prescripción, el Tribunal realizó una
indebida valoración probatoria, pues desconoció las certificaciones expedidas por
la Secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia según las cuales los
contratos números 2010-0095, 2016-0485 y 2018-0813 tuvieron adiciones en
tiempo y valor, y se limitó a contrastar únicamente las fechas de inicio y terminación
consignadas en cada contrato. De la relación de contratos que hizo el Tribunal para
establecer las interrupciones entre cada uno de ellos se destaca17:

No. de Fecha de inicio Fecha de Interrupción contabilizada por el
contrato terminación Tribunal

2010-0095 04 enero 2010 03 mayo 2010 Interrupción: 41 días hábiles

2016-0485 19 enero 2016 18 junio 2016 Interrupción: 56 días hábiles

2018-0813 23 enero 2018 22 mayo 2018 Interrupción: 46 días hábiles

40. No obstante, las certificaciones expedidas por la Secretaría de Infraestructura
del municipio de Armenia, que obran en el archivo digital 003.1.Anexos.pdf, folios
33 a 72 y 73 a 108, dan cuenta de que los contratos 2010-0095, 2016-0485 y 2018-
0813 fueron objeto de adiciones en tiempo y valor: el contrato 2010-0095 se
adicionó por dos (2) meses; el contrato 2016-0485 se adicionó por dos (2) meses y
medio; y el contrato 2018-0813 se prorrogó por dos (2) meses. Ninguna de estas
adiciones fue considerada por el Tribunal al contabilizar las interrupciones entre
contratos.

41. Al respecto, el propio Tribunal reconoció la existencia de una interrupción
relevante entre el 18 de junio y el 9 de septiembre de 2016, al precisar: “no
encuentra la Sala elementos probatorios que expliquen las razones de la

17 páginas 9 a 12 de la sentencia de segunda instancia.

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interrupción presentada entre junio y septiembre de 2016, ni circunstancias
particulares que permitan justificar la demora en la suscripción del contrato posterior
o flexibilizar, para este específico efecto, el término fijado por la jurisprudencia
unificada”. Esta afirmación es precisamente la que resulta desvirtuada por la
certificación de adición del contrato 2016-0485, que el Tribunal omitió valorar y que
explica, con soporte documental, la razón de la separación temporal entre ambos
contratos.

42. Al recalcular el término contractual con inclusión de estas adiciones, se advierte
que la ejecución del contrato 2016-0485 se extendió, en realidad, hasta el 2 de
septiembre de 2016, de manera que la separación con el contrato siguiente, iniciado
el 9 de septiembre de 2016, no correspondió a cincuenta y seis (56) días hábiles,
como se advierte:

No. de contrato Fecha de inicio Fecha de Plazo de ejecución
terminación
2010-0095 04 enero 2010 03 mayo 2010 4 meses
Este contrato se adicionó en 2 meses

2010-0896 6 julio 2010 5 octubre 2010 3 meses
2016-0485 19 enero 2016 18 junio 2016 5 meses y 2 días
Este contrato se adicionó en 2 meses y medio

2016-02421 9 septiembre 2016 31 diciembre 2016 3 meses y 23 días
2018-0813 23 enero 2018 22 mayo 2018 4 meses y 2 días
Este contrato se prorrogó en 2 meses

2018-2271 1 agosto 2018 31 octubre 2018 3 meses

43. Al hacer el recuento del término contractual con las adiciones certificadas, es
dable concluir que no existió interrupción mayor a treinta (30) días hábiles,
parámetro fijado por la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, lo que
descarta el fenómeno prescriptivo y los efectos derivados de su declaratoria.

44. Con base en las consideraciones expuestas, el Tribunal Administrativo del
Quindío no valoró de manera adecuada las pruebas obrantes en el proceso, pues
al omitir las certificaciones sobre las adiciones de los contratos afectó los derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la seguridad social de la accionante.

45. La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo y a la seguridad social de la señora Johanna Milena Díaz Aguirre, tras
constatar que la sentencia proferida el 22 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Quindío incurrió en defecto fáctico.

46. En consecuencia, dejará sin efecto la sentencia y, en su lugar, ordenará a la
referida autoridad judicial que en el término de veinte (20) días hábiles contados a
partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión, en la que
valore en conjunto todas las pruebas según las consideraciones expuestas en esta
providencia.

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Accionante: Johanna Milena Díaz Aguirre

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y
seguridad social de la señora Johanna Milena Díaz Aguirre.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 22 de mayo de 2026 por
el Tribunal Administrativo del Quindío y en su lugar, ORDENAR que en el marco de
sus competencias profiera en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir
de la notificación de esta sentencia, una nueva decisión de conformidad con las
consideraciones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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