Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04790-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04790-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04790-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04790-00
Accionante: LUZ MYRIAM MOLINA DE CARDONA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que negó reconocimiento de pensión
de jubilación post mortem. Defectos procedimental, fáctico y
sustantivo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Luz Myriam Molina de Cardona, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de junio de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, al mínimo vital y a la igualdad, así como el principio de congruencia,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Dejar sin valor o efecto jurídico la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado el 16 de octubre de 2025 en el
proceso radicado 6600123330002017000629, siendo demandante la accionante,
demandada la Universidad Tecnológica de Pereira y vinculadas COLPENSIONES y la
UGPP, mediante la cual confirma la proferida en primera instancia por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda el 07 de abril de 2022, para en su lugar decidir
en relación con la vinculación de todos (sic) las personas que fueron parte del proceso,
estudiar y declarar el derecho si se encuentra ajustado a las normas invocadas como
violadas; revocar la sentencia de primera (sic) grado para condenar a la entidad que,
conforme con las pruebas y las normas vigentes para el año 1988, deba reconocerle y
pagarle la pensión de jubilación pos mortem a la accionante.
Ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen procedentes o necesarios
para garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de quien acciona y el
cese en su vulneración”.
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Accionante: Luz Myriam Molina de Cardona
2. Hechos
La accionante relató que el 9 de julio de 1969 contrajo matrimonio con el señor
Humberto Cardona Restrepo, quien falleció el 25 de mayo de 1988, por lo que
mediante Resolución núm. 02017 de 1 de septiembre de 1988, modificada por la
Resolución núm. 1941 de 2012, el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS),
le reconoció la pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta el tiempo cotizado a
esa entidad de previsión por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Sostuvo que el 11 de octubre de 2016 solicitó a la Universidad Tecnológica de
Pereira el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post mortem, sin
embargo, mediante las Resoluciones núm. 2868 de 16 de junio de 2017 y 5642 de
24 de agosto de 2017, negó la petición, al considerar que dicho establecimiento
educativo vinculó a sus empleados al ISS, razón por la cual era esta entidad la
obligada al pago de la prestación solicitada.
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Universidad Tecnológica de Pereira, con la
pretensión de que se anularan las resoluciones mediante las cuales le negó la
pensión de jubilación post mortem y, en consecuencia, se le ordenara el
reconocimiento y pago de la mencionada prestación.
Aseguró que el Tribunal Administrativo de Risaralda1, durante la audiencia inicial
celebrada el 4 de febrero de 2019, ordenó la vinculación al proceso de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
Señaló que una vez se agotaron las etapas del proceso en primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Risaralda en fallo de 7 de abril de 2022 2 negó las
pretensiones, bajo el argumento de que la accionante no podía percibir,
conjuntamente, la pensión post mortem y la de sobrevivientes, por cuanto ambas
prestaciones tienen su origen en una misma relación laboral, sin que fuera factible
que por un mismo vínculo laboral se deriven dos pensiones, lo cual en modo alguno
genera un desconocimiento de los derechos adquiridos, ya que conforme a la ley
solo puede entrar a su patrimonio una de las dos, por ser excluyentes.
Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. La
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 16 de octubre de 2025 la confirmó, pero con sustento en que la actora erró al
formular la petición ante la Universidad Tecnológica de Pereira, en razón a que ese
establecimiento educativo afilió a sus empleados al ISS, es decir, cedió la
1
Radicado núm. 66001-23-33-000-2017-00629-00.
2
Decisión que contó con un salvamento de voto, en el que se indicó que no se podía confundir el reconocimiento de la pensión
de jubilación post mortem con la incompatibilidad de devengarla junto con la pensión de sobreviviente, más aún cuando no
fue la pretensión de la demanda. Adicionalmente, se precisó que con ocasión al fallecimiento del causante y en atención que
en virtud del Acuerdo núm. 023 de 10 de noviembre de 1987 los empleados de la Universidad Tecnológica de Pereira fueron
afiliado al ISS, dicha obligación correspondía asumirla a Colpensiones, “asumiendo la carga prestacional concreta frente a su
afiliado, subrogando a la entidad empleadora, la cual únicamente queda obligada a pagar el mayor valor que hubiese de la
pensión, en virtud de la mentada compartibilidad pensional, evitando un doble pago respecto de un mismo y único derecho
pensional”. En consecuencia, consideró que se debía acceder a las pretensiones y que los reconocimientos a cargo de la que
en su momento fue empleadora solo debía consistir en el exceso del mondo de las mesadas con relación a las que fueron
pagadas por el ISS.
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obligación de pagar las prestaciones que inicialmente le correspondían, razón por
la que transfirió los derechos asociados al reconocimiento y pago de estas a la
entidad de previsión. Por consiguiente, si lo que pretendía la demandante era que
se reconociera la pensión de jubilación prevista en el artículo 1 de la Ley 12 de 1975
por resultar más favorable, la reclamación debió radicarse ante Colpensiones, mas
no al establecimiento educativo por carecer de competencia.
Finalmente, manifestó que el 5 de noviembre de 2025 solicitó la aclaración o adición
del fallo de 16 de octubre de 2025, sin embargo, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en proveído de 22 de mayo de 2026 la negó,
porque la inconformidad no se refiere a un concepto o frase que ofrezca un
verdadero motivo de duda y que esté contenido en la parte resolutiva de la
sentencia o influya en ella ni se trata de un punto que debió ser objeto de
pronunciamiento, más aún cuando lo pretendido por la actora es que se reforme la
sentencia para condenar a Colpensiones.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con el requisito general
de la relevancia constitucional, en tanto se le está imponiendo a la actora la carga
de iniciar un nuevo proceso contra una entidad que había sido vinculada al proceso
ordinario.
De otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental, toda vez que Colpensiones fue vinculada al proceso ordinario para
que respondiera por la pensión de jubilación post mortem solicitada por la actora.
Resaltó que “en los extremos de la litis no debía entonces resolverse solo la relación
entre la demandante y la Universidad Tecnológica de Pereira; era deber hacer
pronunciamiento expreso en relación con las demás personas jurídicas vinculadas
al proceso”, a lo que agregó que respecto a Colpensiones debió aplicarse la figura
de litisconsorcio necesario establecido en el artículo 613 del Código General del
Proceso.
Indicó que “solicitó a la Sala que complementara o adicionara la sentencia de
segunda instancia proferida el 16 de octubre de 2025, por cuanto a pesar de
considerar que la prestación demandada por la accionante debía reclamarse y
demandarse de la Administradora de Pensiones – Colpensiones-, en razón a que
la demandada, Universidad Tecnológica de Pereira había afiliado al causante al
3
ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse
sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de
manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones
o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el
juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio,
en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. En caso de no haberse ordenado el traslado
al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras
no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El
proceso se suspenderá durante dicho término. Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el
juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas. Los recursos y en general las actuaciones de cada
litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán
eficacia si emanan de todos. Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá
pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.
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Accionante: Luz Myriam Molina de Cardona
Instituto de Seguros Sociales, olvidó que esta entidad, -COLPENSIONES-, era
parte del proceso y por ende, al haber sido vinculada, con la notificación del auto
admisorio de la demanda y haber actuado en el mismo, no resultaba legal ni justo
que se omitiera definir el derecho sustancial frente a la misma, para someter a la
cónyuge supérstite del causante a un proceso nuevo después de transcurridos casi
8 años, para castigarla además, con la prescripción adicional de ese derecho, que
la ley sustancial consagrada a su favor como mínimo, fundamental e irrenunciable”.
Sostuvo que la demandante es una mujer que supera los 76 años y que por esa
razón el asunto debió examinarse con perspectiva de género.
Luego, aseguró que la sentencia objetada incurrió en defecto fáctico, porque
confundió el marco normativo aplicable al régimen pensional de los empleados
públicos vigentes para el año 1988, pues “con el régimen previsto en el Instituto de
Seguros Sociales bajo el reglamento del Decreto 3041 de 1966, pues bajo este se
ampararon las contingencias que surgen de la invalidez, vejez y muerte, no la
jubilación, sin perder de vista además, que la pensión de vejez que cubría del ISS
es distinta a la determinada en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 para
empleados oficiales”.
Afirmó que el hecho de que el causante hubiera sido afiliado por la Universidad
Tecnológica de Pereira al ISS antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no implica
que los servidores públicos pierdan ese estatus y los beneficios laborales que les
otorgaban, pues el único efecto sería compartir la pensión o subrogar la obligación
en un 100%. Por consiguiente, “el Instituto de Seguros Sociales no sería
competente ni obligado a reconocer la pensión de jubilación al 25 de mayo de
1988”.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada no apreció en debida forma las pruebas,
de las cuales podía concluir que la accionante tenía derecho a la pensión de
jubilación post mortem y que estaba a cargo de la Universidad Tecnológica de
Pereira como última empleadora para reconocerla y pagarla a prorrata del tiempo
cotizado en Cajanal y con el descuento de lo que por pensión de sobrevivientes
reconoce y paga Colpensiones.
Por último, manifestó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado incurrió en defecto sustantivo, por inobservancia o falta de aplicación de
las normas bajo las cuales se fundamentaron y sustentaron las pretensiones de la
demanda, como las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1973, así como el Decreto 3135 de
1968, que evidenciaban que su cónyuge al momento de su deceso superaba los 20
años de servicios al Estado y que la pensión de jubilación post mortem resultaba
más favorable que la de sobrevivientes que ya devengaba la actora.
4. Trámite procesal
Por auto de 24 de junio de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó la notificación a la accionante y a la autoridad judicial accionada. De igual
modo, se vinculó al Tribunal Administrativo de Risaralda, a la Universidad Tecnológica
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de Pereira, a Colpensiones y a la UGPP. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 117173 a 117181
de 26 de junio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta de Colpensiones
El director de la Oficina de Acciones Constitucionales solicitó que se desvinculara
a la entidad del trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por
pasiva y que se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo, por resultar
improcedentes.
Afirmó que las pretensiones de la acción de tutela no se dirigen contra alguna
actuación adelantada por la entidad, pues solo puede asumir asuntos relativos a la
administración del régimen de prima media con prestación definida en materia
pensional.
5.2. Respuesta de la UGPP
La subdirectora de Defensa Judicial Pensional de la entidad pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, en tanto la demandante pretende utilizar el
mecanismo constitucional como una “cuarta instancia”, además que no se demostró
la vulneración de los derechos fundamentales.
Resaltó que la demandante cuenta con los recursos extraordinarios para
controvertir la sentencia objetada, razón por la cual la solicitud de amparo resulta
improcedente por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
5.3. Respuesta de la Universidad Tecnológica de Pereira
El rector encargado del establecimiento educativo solicitó que se declare que la
autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
Afirmó que la providencia cuestionada no adolece del defecto procedimental
alegado por la accionante, pues la ausencia de un pronunciamiento de fondo sobre
la responsabilidad de Colpensiones entidad que, si bien fue vinculada y participó
activamente en el trámite, no constituyó una omisión involuntaria del juzgador, sino
la consecuencia directa de la aplicación del principio de justicia rogada, toda vez
que el marco de la controversia estaba delimitado estrictamente por las
pretensiones de la demanda, las cuales se dirigieron contra un sujeto procesal que
carecía de legitimación, por consiguiente la autoridad judicial accionada se
encontraba impedida para reconfigurar el litigio de oficio con el fin de subsanar el
error técnico e inicial de la parte actora.
Señaló que la parte actora generó una confusión procesal que limitó el campo de
acción del juez natural del asunto, toda vez que demandó el acto administrativo de
la universidad que le negó la pensión post mortem, pero en ningún momento
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demandó la nulidad del acto administrativo del ISS (hoy Colpensiones) que le
reconoció la pensión de sobrevivientes.
Para terminar, manifestó que la acción de tutela no es una instancia para corregir
errores procesales ni para revivir términos.
5.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Risaralda, a pesar de que se les notificaron en debida
forma del auto admisorio, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
Colpensiones solicitó que se desvinculara de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada”4, se negará la solicitud de desvinculación porque ostenta interés
directo en el asunto, pues fue vinculada en el proceso ordinario objeto de tutela.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad de la accionante, al negarle
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó contra la Universidad Tecnológica de Pereira.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
4
Sentencia T-005 de 2022.
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constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 8, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii) Defecto
fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi) Decisión sin
5
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
6
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
7
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
11
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
12
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
13
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
7
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motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación directa de la
17
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo18 y de la Corte Constitucional19.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues debe definirse si la decisión de 16 de octubre de
2025 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio
de la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones
tendientes al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post mortem, con
argumentos diferentes, se limitó el contenido, alcance y disfrute de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al
mínimo vital y a la igualdad, así como el principio de congruencia de la accionante.
En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
sustentan la solicitud se encaminan a demostrar la supuesta configuración de los
defectos procedimental, fáctico y sustantivo por parte de la autoridad judicial
accionada. Aunado a lo anterior, se evidencia que, con respecto a la accionante el
sentido del fallo de primera instancia en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que originó la controversia fue diferente al de la
providencia objetada, por lo que la parte actora no tuvo la oportunidad de exponer
los reparos al interior de dicho trámite judicial.
15
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
16
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
17
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
18
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
19
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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Por otra parte, ii) la decisión objetada se dictó al resolver los recursos de apelación,
por lo que la accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni el
asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA y 20 de la Ley 797
de 2003, ni en los supuestos normativos de procedencia del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia consagrados en el artículo 257 de la misma
normatividad, iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses 20
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional21; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
5.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos procedimental,
fáctico y sustantivo alegados22
La parte actora sostiene que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad, así como el principio de
congruencia de la accionante, al supuestamente incurrir en los defectos
procedimental, fáctico y sustantivo, con la decisión que confirmó, con razones
distintas, la de primera instancia que negó las pretensiones tendientes al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post mortem, al considerar que
fue solicitada ante la Universidad Tecnológica de Pereira y no ante Colpensiones
quien era la competente.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la solicitud de amparo, en tanto no
se demostró que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
procedimental, fáctico y sustantivo alegados.
El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de 7 de abril de 2022 negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
pretendía el reconocimiento de la pensión post mortem, al considerar que la
accionante no podía percibirla con la de sobrevivientes de manera simultánea, por
cuanto ambas prestaciones tienen su origen en una misma relación laboral, sin que
fuera factible que por un mismo vínculo laboral se causaran dos pensiones.
Adicionalmente, precisó que “de considerarse que la pensión que debía
reconocerse era la post mortem y no la de sobreviviente, debió demandarse el acto
que dispuso su reconocimiento, pues no resulta de recibo que a través de este
medio de control efectué un pronunciamiento sobre la legalidad del acto de
reconocimiento de la pensión de sobreviviente efectuado por el otrora ISS, pues
aun cuando se dispuso la vinculación al litigio de Colpensiones como tercero
interesado en las resultas del proceso, lo cierto es que ello por sí solo no legitima
el estudio de legalidad de dicho acto, al no haber sido objeto de demanda a través
de este medio de control, y gozar de presunción de legalidad”.
20
La providencia objetada es de 16 de octubre de 2025, respecto de la cual se solicitó adición o aclaración y que fue resuelta
en auto de 22 de mayo de 2026, notificada por estado de 2 de junio de 2026 y la acción de tutela se instauró el 19 de junio
de 2026, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
21
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
22
En atención a que los fundamentos de las causales especiales de procedencia son similares, estos se abordarán en
conjunto a partir de la caracterización del defecto procedimental.
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Accionante: Luz Myriam Molina de Cardona
La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo
cual señaló que con la demanda no pretendió el reconocimiento de las dos
pensiones, sino la de jubilación post mortem por resultar más favorable.
Indicó que su cónyuge (causante) laboró por más de 20 años al servicio del Estado,
lo cual le permitía solicitar la pensión de jubilación prevista en el artículo 1 de la Ley
12 de 1975, en cuantía equivalente al 75% del promedio devengado en el último
año de servicios, mientras que para la pensión de sobrevivientes el ISS solo tuvo
en cuenta las 527 semanas cotizadas, es decir, menos de la mitad del tiempo
efectivamente prestado al Estado.
Asimismo, aseguró que el ISS no fue entidad de previsión de su cónyuge para
efectos de la pensión de jubilación, por lo que era la Universidad Tecnológica de
Pereira quien debía reconocer la prestación.
Resaltó que la pensión de jubilación solicitada es distinta a la pensión de
sobrevivientes que reconoció el ISS, en la medida que para la primera se exigen 20
años de servicio y su monto no puede ser inferior al 75% de lo devengado en el
último año y que el hecho de que la Universidad Tecnológica de Pereira hubiese
afiliado al causante al ISS no le impedía acceder a la pensión de jubilación o a que
su cónyuge la percibiere, aunado al hecho de que esa afiliación, antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993, no implicaba que los servidores públicos perdieran su
estatus y los beneficios laborales que este les otorgaba, en la medida que esos
derechos tienen la connotación de irrenunciables e indiscutibles.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de 16 de
octubre de 2025, confirmó la decisión del a quo, pero en el entendido de que la
solicitud de reconocimiento pensional debió presentarse ante Colpensiones, por ser
la entidad competente.
En efecto, en la sentencia objetada se explicó el marco normativo aplicable al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993, para lo cual explicó que, a partir de lo dispuesto en los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, así como las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, el derecho a la
pensión de jubilación post mortem surgía, en principio, para los beneficiarios de un
empleado público cuando a la fecha de su fallecimiento había consolidado
completamente el derecho jubilatorio. No obstante, agregó, el legislador extendió
tal beneficio a aquellos eventos en los cuales el empleado público hubiese
alcanzado el tiempo de servicios, pero no tuviera la edad exigida, con el fin de
amparar al núcleo familiar que dependía de él y que, por la contingencia de la
muerte, no logró consolidar su derecho pensional.
Igualmente, señaló que el reconocimiento de la pensión y el pago directo de las
mesadas corresponde a la última entidad a la que se realizaron aportes y esta, a
su vez, será la encargada de recaudar los recursos aportados a otros entes de la
misma naturaleza, en beneficio de la salud financiera de aquella y del sistema
mismo.
Luego, al resolver el caso concreto evidenció que el señor Humberto Cardona
Restrepo nació el 24 de noviembre de 1944 y falleció el 26 de mayo de 1988, es
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decir, a los 43 años y que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a la
demandante mediante la Resolución núm. 02017 de 1 de septiembre de 1988, la
prestación en caso de muerte, dado que el causante falleció por razones de origen
no profesional y, para ello, tuvo en cuenta las 527 semanas que la Universidad
Tecnológica de Pereira le había cotizado al causante.
Ahora bien, la autoridad judicial accionada precisó que la actora no pretendió el
reconocimiento de dos pensiones, toda vez que en sede administrativa y judicial,
expuso que su intención era que se le reconociera la pensión de jubilación a la que
pudo tener derecho su esposo pues, por favorabilidad, esta le resultaba mucho más
beneficiosa que aquella que en su momento le reconoció el ISS.
Por lo anterior, señaló que la accionante erró al formular la petición ante la
Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta que al haber afiliado a sus
empleados al ISS, cedió la obligación de pagar las prestaciones que inicialmente le
correspondió, razón por la que transfirió los derechos asociados al reconocimiento
y pago de estas a la entidad de previsión.
Por último, resaltó que “si la señora Luz Myriam Molina de Cardona consideraba
que la pensión de jubilación prevista en el artículo 1 de la Ley 12 de 1975 le era
más favorable que la pensión de sobrevivientes, la reclamación debió presentarla
ante COLPENSIONES por ser la entidad que tenía el registro de los aportes del
causante y quien, actualmente, tiene a cargo la administración y pago de su
prestación económica; entidad que, además, está habilitada para repetir contra las
entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional
que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas,
tal y como se expuso en el marco normativo”.
El 5 de noviembre de 2025, la demandante solicitó la adición o aclaración de la
sentencia de 16 de octubre de 2025, con el fin de que se complementara o corrigiera
la decisión en la que se declara que la entidad obligada a reconocer la pensión era
Colpensiones, pues esta fue convocada al proceso, sin embargo, “de manera
inexplicable se hace alusión a esa entidad, como si no hiciera parte del mismo”.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en proveído de 22
de mayo de 2026 negó la solicitud porque la inconformidad no se refiere a un
concepto o frase que ofrezca un verdadero motivo de duda y que esté contenido en
la parte resolutiva de la sentencia o influya en ella, ni se trata de un punto que debió
ser objeto de pronunciamiento.
Adicionalmente, precisó que las figuras procesales de aclaración, corrección y
adición de las providencias no pueden instrumentalizarse para subsanar el hecho
de que la demandante pretermitió solicitar lo debido ante la entidad que era la
responsable directa porque, reiteró, el hecho de que la Universidad Tecnológica de
Pereira no tuviera competencia para pronunciarse sobre el asunto no suponía que
Colpensiones debiera responder por lo pretendido, máxime si se tiene en cuenta
que a dicho ente no se le ha otorgado la oportunidad de manifestar su voluntad
como la última entidad a la que el causante realizó aportes, situación que quedó
debidamente explicada en la sentencia.
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La Corte Constitucional23 ha precisado que el defecto procedimental tiene lugar
siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de
manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo
un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se ha admitido
que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual
manifiesto, a consecuencia del cual el juez resta o anula la efectividad de los
derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.
El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido
para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente
ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso. También por exceso ritual
manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a
manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
Descendiendo al asunto bajo examen, la demandante alega la configuración de los
defectos procedimental, en tanto que la autoridad judicial accionada consideró que
la competente para reconocer la pensión de jubilación post mortem era
Colpensiones y que la demandante no lo solicitó ante dicha entidad. Aunado al
hecho de que no se tuvo en cuenta el marco normativo aplicable de la mencionada
prestación cuando se causa con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
Al respecto, esta Sala considera necesario precisar que las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fueron negadas a la
demandante, no por un supuesto incumplimiento de los requisitos frente a esta o
por aplicación indebida del marco normativo que dispone el reconocimiento de la
pensión de jubilación post mortem. Ese aspecto no fue objeto de análisis por la
autoridad judicial accionada, sino que simplemente se limitó a determinar la
competencia de la entidad encargada del reconocimiento de la mencionada
prestación. Por consiguiente, es dable concluir que los alegatos referentes a los
requisitos y la calidad de servidor del causante de la pensión, no será motivo de
pronunciamiento, toda vez que en la sentencia objetada solo se mencionaron los
temas de edad, fecha de deceso y el historial laboral del causante, a manera de
relato.
Por otra parte, se evidencia que la autoridad judicial accionada se refirió al marco
normativo aplicable al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, estudió los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, así como las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, y concluyó que el derecho
a la pensión de jubilación post mortem surgía para los beneficiarios de un empleado
público cuando a la fecha de su fallecimiento había consolidado completamente el
derecho jubilatorio.
Es decir, contrario a lo manifestado por la accionante, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado analizó el marco normativo aplicable a la
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Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la sentencia T-401 de 2019, M.P.: Cristina
Pardo Schlesinger.
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prestación solicitada y consideró que se reconocía a los beneficiarios de un
empleado público que fallece luego de haberse consolidado su derecho de
jubilación. Cuestión diferente es que en el curso del proceso ordinario quedó
demostrado que la actora solicitó su reconocimiento y pago una entidad que carecía
de competencia.
En la sentencia objetada se observa que la autoridad judicial accionada indicó a la
demandante que constató que la Universidad Tecnológica de Pereira afilió a sus
empleados al ISS, por lo que cedió la obligación de pagar las prestaciones que
inicialmente le correspondían.
Ahora bien, la demandante reprocha el hecho de que Colpensiones ya estaba
vinculada al proceso, razón por la cual podía ordenarle el reconocimiento de la
pensión, sin embargo, se debe precisar a la actora que acceder a lo pretendido
sería cercenarle a dicha entidad la posibilidad de manifestar su voluntad en sede
administrativa, lo que vulneraría el debido proceso, aunado al hecho de que es una
carga que recae sobre la interesada, esto es, agotar los trámites administrativos
ante la entidad competente para el reconocimiento y pago de la prestación que se
reclama.
Igualmente, no sobra recordar el principio general del derecho nemo auditur
propriam turpitudinem allegans, según el cual no se puede alegar en su beneficio
su propia culpa. Es decir, la demandante no puede pretender con la acción de tutela
que se deje sin efectos la sentencia objetada, al no ordenar a Colpensiones el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post mortem, cuando fue ella
quien solicitó equívocamente el reconocimiento del derecho pensional ante la
Universidad Tecnológica de Pereira.
Por otra parte, en lo relacionado con la aplicación de un enfoque con perspectiva
de género, la Sala aclara que las razones de la autoridad judicial accionada para
negar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post mortem
obedecieron a una situación objetiva, esto es, la falta de competencia de la
Universidad Tecnológica de Pereira (entidad demandada) para conceder dicha
prestación y que no lo solicitara ante Colpensiones en sede administrativa, quien
era la entidad encargada de reconocerla. Es decir, no obedecieron a aspectos
relacionados con la condición de mujer de la demandante.
Asimismo, la demandante alegó que la autoridad judicial accionada debió aplicar la
figura del litisconsorte necesario, respecto del cual se debe precisar que esto hace
alusión a la manera en que se vincula a las partes y se conforma el contradictorio,
razón por la cual quien ostenta el interés legítimo para alegar dicho cargo es
Colpensiones, no la señora Luz Myriam Molina de Cardona.
Por último, con respecto al fundamento relacionado con la vinculación de los
empleados al ISS antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que esto no
implicaba que los servidores públicos perdieran ese estatus, se debe precisar a la
demandante que la Universidad Tecnológica de Pereira lo único que hizo fue ceder
la obligación de pagar las prestaciones que le correspondía, como se precisó en la
decisión objeto de reproche constitucional, no modificó algún derecho de naturaleza
laboral ni prestacional al causante.
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Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por ostentar interés directo en el asunto.
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Luz Myriam Molina de Cardona, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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