Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04791-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04791-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04791-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04791-00
Accionante: Luis Antonio Sotelo
Accionado: Policía Metropolitana de Bogotá – Grupo de Talento Humano.
Tema: Derecho de petición. Solicitud de nulidad y revocatoria directa de
un acto administrativo sancionatorio. CONCEDE AMPARO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Antonio Sotelo, en
nombre propio, en contra de la Policía Metropolitana de Bogotá - Grupo de Talento
Humano.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales de petición y
debido proceso, los cuales considera vulnerados por la entidad accionada, con la
respuesta emitida al derecho de petición radicado el 27 de abril de 2026, en el que
solicitó la nulidad y revocatoria directa del fallo de responsabilidad administrativa
No. 709 del 22 de diciembre de 2025, así como la suspensión de cualquier actuación
de cobro derivada del mismo.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el accionante fue notificado de su retiro de la institución el 12 de febrero de
2022 mediante la resolución 00248, oportunidad en la cual diligenció el formato de
«notificación de retiro» y autorizó expresamente las notificaciones por correo
electrónico, señalando la dirección sotelo059194@gmail.com
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Que el Grupo de Talento Humano de la Policía Metropolitana de Bogotá adelantó la
investigación administrativa No. A-MEBOG-2024-109 por la supuesta pérdida de la
placa chip No. 059194, actuación que culminó con el fallo de responsabilidad
administrativa No. 709 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual fue declarado
responsable por la suma de $160.000.
Que solo tuvo conocimiento de la existencia de dicho proceso el 24 de abril de 2026,
a través de una llamada telefónica y un posterior correo de cobro persuasivo recibido
de forma extemporánea.
Que el 27 de abril de 2026 radicó derecho de petición ante la entidad accionada,
mediante el cual solicitó la nulidad, la revocatoria directa del referido fallo y la
suspensión del cobro persuasivo, al considerar vulnerado su derecho de defensa
por indebida notificación.
Que la Policía Metropolitana de Bogotá emitió respuesta el 15 de mayo de 2026, la
cual calificó como evasiva e incompleta, pues, a su juicio, omitió pronunciarse de
fondo sobre la solicitud de nulidad y revocatoria directa, y se limitó a señalar que la
notificación se realizó por aviso web ante la inexistencia de la dirección física.
Que la entidad no utilizó el correo electrónico autorizado para efectuar la
notificación, y que el formato de retiro presenta inconsistencias en la dirección física,
lo que habría ocasionado la falla.
Que el informe de novedad que soporta la investigación se elaboró el 31 de marzo
de 2023, lo que, a su juicio, evidencia una demora en la verificación de los elementos
entregados y una ruptura en la cadena de custodia.
Que la entidad reconoció fallas administrativas internas relacionadas con el manejo
de las placas y el registro en el sistema, así como situaciones previas de pérdidas.
Que la administración dejó transcurrir el término previsto para verificar el inventario
de los elementos entregados y reportar irregularidades, por lo que considera
consolidada la presunción de entrega a satisfacción.
Que en escrito allegado el 2 de julio de 2026 manifestó que, al revisar los anexos
remitidos por la entidad accionada, específicamente el informe GS-2023-155398-
MEBOG del 31 de marzo de 2023, se evidenció la alteración del acervo probatorio,
por cuanto dicho documento consta de 3 páginas según su foliación, pero fue
aportado de manera incompleta, al omitirse la página final en la que reposan la firma,
nombre y grado del funcionario informante, situación que, a su juicio, le impide
controvertir dicha prueba.
Finalmente, sostuvo que la actuación administrativa desconoció el principio de
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inmediatez y vulneró su derecho de defensa, al atribuirle responsabilidad varios
años después de su retiro, sin que mediara notificación adecuada.
PRETENSIONES
El accionante solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y, se
le ordene a la autoridad accionada dar respuesta de fondo, clara, precisa y oportuna
a la solicitud de nulidad y revocatoria directa del fallo de responsabilidad
administrativa No 709 del 22 de diciembre de 2025.
Así mismo, solicitó que se ordene la suspensión inmediata de cualquier actuación
de cobro persuasivo, coactivo o descuento prestacional derivado del referido fallo.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 24 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela, y se ordenó notificar a la
autoridad accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Ministerio de Defensa – Policía Nacional informó que, mediante el oficio GS-
2026-295577-MEBOG, la jefe del Grupo de Talento Humano dio respuesta a la
petición presentada, «informándole que no era procedente acceder a la revocatoria
del acto administrativo mediante el cual fue declarado administrativamente
responsable por la pérdida de la placa chip asignada durante su vinculación activa
a la Institución Policial», luego de verificar el acervo documental del expediente y
constatar que la notificación se realizó en debida forma.
Señaló que dicha respuesta obra dentro del material documental aportado con la
acción de tutela y que el accionante tuvo conocimiento efectivo del pronunciamiento
de la administración.
Expuso que, adicionalmente, mediante comunicación oficial GS-2026-395852-
MEBOG, la misma funcionaria atendió la solicitud relacionada con el acceso a la
documentación del expediente administrativo, remitiendo la totalidad de los
documentos obrantes, conforme a lo requerido por el actor. Ambas respuestas
fueron notificadas por correo electrónico, para lo cual aportó como soporte capturas
de pantalla del envío y de la información relacionada con el proceso administrativo.
Agregó que la entidad atendió de manera efectiva las solicitudes formuladas, al
emitir respuesta sobre la revocatoria pretendida y suministrar la documentación
requerida, lo que permite afirmar que no existe vulneración actual del derecho
fundamental invocado.
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se denieguen las pretensiones de la
acción de tutela y se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición;
III) requisito de subsidiariedad en la acción de tutela y IV) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del derecho a
lo pedido»1.
1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las
Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
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En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2.
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.
Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:
«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en
cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su
estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio
2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales» 3.
Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional
con relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de
contenido particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar
la suspensión provisional de sus efectos; a través de los medios de control
ordinarios, así lo dijo la Corte Constitucional:
«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra,
fundamentos jurídicos 44-56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie
de posibles medidas cautelares para la protección y garantía provisional
del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia. Entre las
que se cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la
suspensión de un procedimiento o actuación, o la suspensión de los
efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas
cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»4
En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más
excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata
de los derechos fundamentales.
Análisis del caso concreto
El señor Luis Antonio Sotelo consideró vulnerados sus derechos fundamentales de
petición y debido proceso, con ocasión de la respuesta emitida por la Policía
Metropolitana de Bogotá al derecho de petición radicado el 27 de abril de 2026,
mediante el cual solicitó la nulidad y revocatoria directa del fallo de responsabilidad
administrativa No. 709 del 22 de diciembre de 2025, así como la suspensión de
cualquier actuación de cobro derivada del mismo.
En la referida solicitud, el accionante formuló, como pretensión principal:
«se REVOQUE DIRECTAMENTE el Fallo de Responsabilidad Administrativa Nro.
709 del 22 de diciembre de 2025, por configurarse una vulneración manifiesta al
debido proceso y al derecho a la defensa (Art. 93 numeral 1 del CPACA), derivado de
la ausencia de notificación en debida forma. Como consecuencia de lo anterior,
solicito se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA de cualquier actuación de cobro
persuasivo o coactivo por la suma de $160.000,00, y se decrete el archivo definitivo
de la actuación disciplinaria/administrativa en mi contra.»
De manera subsidiaria solicitó:
«(…)
3 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
4 Sentencia T-149 de 2023
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-Copia digital íntegra y auténtica del Fallo de Responsabilidad Administrativa Nro. 709
del 22 de diciembre de 2025.
-Constancia de la trazabilidad documental de la entrega y notificación de las
respectivas citaciones enviadas al suscrito durante el trámite.
-Nombre, grado y número de identificación de las personas encargadas de la custodia
de las placas chip desde febrero de 2022 a la fecha, así mismo, de los responsables
de la ventanilla de notificaciones de retiro de la Policía Metropolitana de Bogotá.
-Copia de las actas de entrega y de los informes de novedad por la pérdida del
elemento placa chip Nro. 059194.
-Copia de la última dirección física y electrónica que reposa en mi hoja de vida
institucional.
-Identificación plena de los funcionarios que adelantaron dicho fallo de
responsabilidad administrativa.»
De las pruebas allegadas al expediente se advierte que la Policía Metropolitana de
Bogotá emitió respuesta mediante oficio GS-2026-295577-MEBOG del 15 de mayo
de 2026, remitido posteriormente al correo electrónico shlegalmind@gmail.com el
19 de mayo de la misma anualidad.
En dicha comunicación, la entidad se limitó a indicar que, revisados los
antecedentes administrativos del proceso, se evidenció la existencia del fallo de
responsabilidad administrativa y las actuaciones surtidas para efectos de la
notificación. En ese sentido, describió el envío de citación personal, la devolución
de la correspondencia por inconsistencia en la dirección y la posterior notificación
por aviso.
La Sala advierte que la información suministrada por la entidad accionada no resulta
completa, clara ni congruente con lo solicitado por el accionante, en la medida en
que este requirió de manera expresa un pronunciamiento sobre la nulidad y
revocatoria directa del acto administrativo, así como sobre la suspensión de los
efectos derivados del mismo, peticiones frente a las cuales la entidad no emitió
decisión alguna.
En efecto, si bien en la contestación de la tutela la entidad afirmó que mediante la
comunicación GS-2026-295577-MEBOG negó la procedencia de la revocatoria
directa, lo cierto es que, al verificar el contenido del documento aportado al
expediente por parte del actor, se constata que la entidad no adoptó una decisión
expresa en tal sentido, ni resolvió de manera clara la solicitud principal del
accionante.
Así mismo, la accionada manifestó en su contestación que mediante la
comunicación GS-2026-395852-MEBOG dio respuesta a la solicitud relacionada
con el acceso al expediente administrativo y dijo aportarlo como anexo, sin embargo,
en el expediente no obra el referido documento.
Aunado a ello, el accionante, en memorial allegado el 2 de julio de 2026, indicó que
los anexos remitidos por la entidad presentan inconsistencias, en particular el
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informe GS-2023-155398-MEBOG del 31 de marzo de 2023, al proceder con su
revisión se tiene que el documento consta de tres páginas según su foliación, pero
fue aportado de manera incompleta, al omitirse la página final en la que reposan la
identificación y firma del funcionario informante.
.
En este sentido, la Sala concluye que la respuesta emitida por la entidad accionada
no satisface el estándar constitucional del derecho fundamental de petición, el cual
exige que la contestación sea de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la garantía del derecho de petición
no se agota con la emisión de una respuesta formal, sino que impone a la
administración el deber de resolver de manera material y efectiva las solicitudes
elevadas, de forma coherente con el contenido de lo pedido.
En lo que respecta a la pretensión orientada a obtener la nulidad del acto
administrativo y la suspensión de sus efectos, la Sala advierte que esta no resulta
procedente, pues cuestiona la validez de un acto administrativo, cuyo control
corresponde a la jurisdicción de lo contencioso - administrativo. Por lo tanto, la tutela
no constituye el escenario adecuado para exponer dicha pretensión, cuando no se
sustentó, ni se avizora por la Sala, la existencia de un perjuicio de carácter
irremediable que exija la intervención del juez constitucional de manera transitoria.
En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental de petición del señor Luis
Antonio Sotelo y, se ordenará a la Policía Metropolitana de Bogotá emitir una
respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado en el derecho de
petición del 27 de abril de 2026.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por el señor Luis
Antonio Sotelo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. ORDENAR a la Policía Metropolitana de Bogotá que, dentro del término
de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita una
respuesta de fondo, completa, clara, precisa y congruente al derecho de petición
presentado por el accionante el 27 de abril de 2026.
Tercero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en relación con la pretensión de
suspensión de los efectos del fallo de responsabilidad administrativa No. 709 del 22
de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
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2591 de 1991.
Quinto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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