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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04800-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04800-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por los señores Juan Carlos González Díaz y Diana Patricia Sánchez Vitola. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04800-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04800-00
Accionantes: JUAN CARLOS GONZÁLEZ DÍAZ Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tema: Tutela contra providencia judicial — relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del
Magdalena. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 22 de junio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Los señores Juan Carlos González Díaz y Diana Patricia Sánchez Vitola,
por medio de apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena. Con la solicitud de amparo pretenden la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. Las anteriores garantías las estimaron vulneradas con ocasión de la
sentencia del 15 de abril de 2026, proferida por la autoridad judicial accionada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 promovido contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN). Mediante

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal

Administrativo del Magdalena. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Proceso identificado con el número de radicado 47001-3333-008-2023-00092-00/01.

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Accionantes: Juan Carlos González Díaz y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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dicho fallo, se revocó la providencia del 11 de marzo de 2024 proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta que accedió
a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. AMPARAR los derechos fundamentales invocados en favor de JUAN CARLOS
GONZÁLEZ DÍAZ y DIANA PATRICIA SÁNCHEZ VITOLA, los cuales fueron
desconocidos por el Tribunal Administrativo del Magdalena al incurrir en
defectos fácticos y sustantivos insuperables.
2. DECLARAR LA NULIDAD Y DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda
instancia proferida el 15 de abril de 2026 por el Despacho 004 del Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se revocó injustificadamente la
nulidad del decomiso de los 1.200.000 tapabocas.
3. ORDENAR al Tribunal accionado que, en un término perentorio, profiera una
nueva sentencia de mérito que respete la verdad material y la tarifa legal de
documentos establecida en el Artículo 594 del Decreto 1165 de 2019,
aplicando el estándar de flexibilización probatoria definido por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-484 de 2024.
4. RESTABLECER EL DERECHO de mis poderdantes, confirmando en
consecuencia la orden de primera instancia relativa al pago de la suma de
$460.800.000, suma que representa el valor de la mercancía lícitamente
nacionalizada y que debe entregarse debidamente indexada desde la fecha de
la aprehensión hasta su pago efectivo, para resarcir el daño antijurídico
consolidado.

1.2. Hechos

4. En noviembre de 2021, el señor Juan Carlos González Díaz compró a un
importador 1’360.000 tapabocas. Esta mercancía, previo a su compraventa, fue
declarada y nacionalizada mediante la declaración de importación
0320200000794198-0 del 14 de julio de 2020, en la que constaba una descripción
genérica del producto y en la que se declaró una cantidad de 1’500.000 unidades.

5. El 25 de febrero de 2022, mientras la mercancía era trasladada entre
Bogotá D.C. y Santa Marta, se adelantó una medida de control aduanero en la
que se efectuó una aprehensión de 1’200.000 tapabocas, de conformidad con el
Acta de Aprehensión 437 de dicha fecha expedida por la DIAN. Lo anterior, en
tanto tal producto físicamente se encontraba rotulado de manera visible con la
marca «Maibeijie™» y, por tanto, se consideró que los documentos exhibidos no
guardaban correspondencia con la mercancía inspeccionada.

6. Posteriormente, contra dicha acta los actores presentaron objeción y, en
desarrollo del procedimiento administrativo, la DIAN expidió la Resolución 405
del 13 de junio de 2022, la cual ordenó el decomiso de la mercancía.
Seguidamente, esta decisión fue confirmada mediante Resolución 781 del
primero de septiembre de 2022.

7. Por tanto, la parte actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de dichos actos
administrativos, al considerar que se configuraron indebidamente las causales de

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aprehensión previstas en el artículo 647 del Decreto 1165 de 2019. En tal sentido,
aseveró que la mercancía se encontraba amparada por la declaración de
importación, los documentos comerciales y las facturas de venta. Por tanto, alegó
que la DIAN incurrió en indebida valoración probatoria y falsa motivación.

8. Mediante fallo del 11 de marzo de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Santa Marta accedió a las pretensiones del medio de
control, al considerar que la DIAN omitió valorar pruebas relevantes obrantes en
el expediente, entre ellas, la declaración de importación y las facturas
comerciales aportadas con el escrito de objeción. Concluyó que la marca exigida
por la autoridad aduanera no era jurídicamente relevante, puesto que aparecía
únicamente en el empaque de la mercancía, lo que no era un elemento exigible
para efectos de la descripción aduanera, según la Resolución 046 de 2019. Por
tanto, expuso que la actuación administrativa se fundamentó en exigencias no
previstas en la normativa vigente, lo que se configuró en una falsa motivación de
los actos demandados.

9. Inconforme con ello, la DIAN promovió recurso de apelación. Por medio de
sentencia del 15 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Magdalena
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda. Como fundamento de su decisión, consideró que un análisis integral
del acervo probatorio acreditaba que la mercancía aprehendida no estaba
amparada por documentos idóneos. Lo anterior, en la medida en que la DIAN
valoró de fondo la declaración de importación de 2020 y las facturas aportadas y
concluyó que estas no correspondían a la mercancía aprehendida, lo que
configuraba la causal de aprehensión prevista en el artículo 647, numeral 2, del
Decreto 1165 de 2019.

10. Al respecto, la autoridad judicial argumentó que dicha declaración
amparaba unos tapabocas sin marca, mientras que la mercancía aprehendida
ostentaba una marca visible («Maibeijie™»), asociada a un fabricante distinto al
allí registrado y a características físicas que no coinciden plenamente con lo
declarado. De esta forma, aseguró que estas características corresponden a
elementos de individualización de la mercancía que no son simplemente
formales.

11. En relación con las facturas de venta, señaló que su eficacia probatoria en
materia aduanera es limitada, pues no individualizaban la mercancía en términos
que permitan establecer su correspondencia con la aprehendida. Aunado a lo
anterior, señaló que las cantidades facturadas (1’360.000) no coincidían ni con la
cantidad declarada en la importación (1’500.000), ni con la cantidad
efectivamente aprehendida (1’200.000), lo que rompía la trazabilidad exigida por
el régimen aduanero.

1.3. Sustento de la vulneración

12. La parte actora argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en

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defecto fáctico pues, desde la objeción al acta de aprehensión se han aportado
las pruebas que, a su juicio, acreditaban la importación de la mercancía y su
adquisición. Al respecto, agregó que no podía ser considerado como motivo de
aprehensión ni de decomiso lo expuesto por el Tribunal sobre la marca del
producto y, a su vez, afirmó que dicha marca no era exigible por la norma
aduanera.

13. Por su parte, hizo referencia al Decreto 1165 de 2019 y a «su resolución
reglamentaria la número 46 del año 2019, modificada por la resolución 39 del 7
de mayo de 2021». Asimismo, citó el siguiente apartado textual que, según los
accionantes, «señala unos criterios que el acto de decomiso desconoce»:

ERRADA O INCOMPLETA Y MERCANCÍA DIFERENTE. Para efectos de aplicar
las definiciones de descripción errada o incompleta y mercancía diferente previstas
en el artículo 3 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:

La resolución vigente de descripciones mínimas señala las características únicas
exigibles para las mercancías importadas que deberán consignarse en la
declaración de importación.

La autoridad aduanera deberá tener presente que no puede exigir descripciones
adicionales no previstas en la resolución de descripciones mínimas. Cuando se
consignen de manera errónea en la declaración de importación características no
exigibles, estas no producirán efecto legal alguno.

Se entenderá por marca el nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación
de los mismos, que identifica a los productos en el mercado.

La marca exigible será aquella que se encuentra físicamente consignada en el
producto, y únicamente se requerirá la del empaque, envase y embalaje cuando la
mercancía no sea susceptible de comercializarse o usarse sin los mismos4.

14. Del mismo modo, alegó que los tapabocas fueron nacionalizados por los
importadores mediante la «declaración de importación con preimpreso No.
92032003977208 del 13 de julio de 2020» y la «aceptación
No.032020000794198-0 del 14 de julio de 2020». A su vez, señaló que la
mercancía fue vendida cuando se encontraba embarcada hacia Colombia y
agregó que este negocio está avalado por la legislación aduanera y comercial.
Asimismo, sostuvo que la trazabilidad y el nexo comercial desde la
nacionalización hasta la posesión de la mercancía se encontraba demostrado
mediante las facturas electrónicas de venta, de conformidad con lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 594 del Estatuto Tributario.

15. De igual manera, argumentó que el Tribunal incurrió en un «falso
raciocinio» al concluir que las cantidades facturadas no coincidían con las
importadas ni con las aprehendidas y al respecto agregó que ello se explicaba
porque la totalidad del producto no fue vendido al señor González Díaz. Aunado
a ello, afirmó que «el hecho que todas las mercancías facturadas (1.360.000) no

4 Al respecto, es pertinente

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coincidan con las aprehendidas y posteriormente decomisadas (1.200.000) no
significan por ello que no correspondan a las importadas y adquiridas por los
accionantes».

16. Seguidamente, indicó que el sustento de la relevancia constitucional de
esta acción era la configuración del daño antijurídico ocasionado. Frente a ello,
puso de presente que se acreditó «la legalidad de la mercancía mediante la tarifa
legal de documentos exigida por el artículo 594 del Decreto 1165 de 2019,
desvirtuando cualquier deber de soportar la pérdida de su patrimonio». De tal
forma, argumentó que dicho artículo establece un listado taxativo de los
documentos para acreditar la importación y permanencia de mercancías
extranjeras, requisitos que, a su juicio, cumplió a cabalidad mediante la
declaración de importación, al ser este el documento idóneo, de conformidad con
el numeral 1 de dicha norma.

17. De otro lado, alegó que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió
en defecto sustantivo y, a su vez, en una violación directa de la Constitución
«al validar un decomiso por una marca en el empaque, desconociendo la
prohibición técnica del artículo 303 de la Resolución 46 de 2019, la cual ordena
que tales elementos no produzcan efectos legales negativos». Al respecto,
añadió que la autoridad le brindó una prevalencia a una formalidad sobre la
«verdad material del ingreso legal», lo que generó una lesión patrimonial de
$460’800.000.

1.4. Intervenciones

18. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional solicitó que se declare
la improcedencia de la acción o, en su defecto, se niegue el amparo al no
acreditarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Argumentó
que la decisión fue producto de una valoración razonable de la prueba y no de
una actuación arbitraria, motivo por el cual la inconformidad de la parte actora
constituye un simple desacuerdo con el proceder de la autoridad. En dicha
medida, aseguró que su intención es usar este mecanismo como una instancia
adicional al proceso.

19. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta solicitó declarar la improcedencia de la acción ante su falta de relevancia
constitucional, pues no se acreditó alguna vulneración de derechos
fundamentales y la actuación adelantada se ajustó a los principios de legalidad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

II. CONSIDERACIONES

20. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
los señores Juan Carlos González Díaz y Diana Patricia Sánchez Vitola. En tal
sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.

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2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

21. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

22. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

23. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos generales de procedencia, como pasa a
exponerse.

24. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

25. La Sala advierte que los señores Juan Carlos González Díaz y Diana
Patricia Sánchez Vitola están legitimados en la causa por activa, porque
conformaron la parte demandante en el proceso objeto de esta acción. A su vez,
se evidencia que el Tribunal Administrativo del Magdalena está legitimado en la
causa por pasiva al haber proferido la providencia controvertida en el asunto sub
judice.

26. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

27. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y,
con ello, reabrir discusiones en materia normativa y probatoria zanjadas y
decididas por el juez natural de la causa.

28. En relación con los defectos sustantivo y por violación directa de la
Constitución que formuló, insistió en que el Tribunal habría desconocido «la
prohibición técnica del artículo 303 de la Resolución 46 de 2019» al considerar el
decomiso fundado en la marca del empaque de la mercancía transportada estuvo
acorde con el ordenamiento jurídico. A su vez, señaló que dicha norma estableció
unos criterios desconocidos por el acto de decomiso de la mercancía y, al
respecto, citó textualmente una norma sin especificar la referencia. Del mismo
modo, señaló que la trazabilidad y el nexo comercial desde la nacionalización
hasta la posesión de la mercancía se encontraba demostrado de conformidad
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 594 del Estatuto Tributario.

29. Por su parte, en relación con el defecto fáctico alegado, sostuvo que
dicha trazabilidad se acreditó mediante las facturas electrónicas de venta, al igual
que la nacionalización de los productos que se probó mediante la declaración de
importación respectiva. En ese orden, resaltó que desde la objeción del acta de
aprehensión se aportaron estas pruebas y que, a pesar de ello, se avaló que la
inconsistencia en la marca del producto fuera un motivo para decomisar la
mercancía.

30. Aunado a ello, aseguró que se encontraba probado que el producto
cumplía con la tarifa legal exigida por el artículo 594 del Decreto 1165 de 2019,
norma que establece los requisitos de importación y permanencia de mercancías
extranjeras y que, a su juicio, se encontraban probados mediante la declaración
de importación.

31. En primer lugar, si bien la tutelante identificó las normas que, a su juicio,
el tribunal accionado habría desconocido, lo cierto es que lo expuesto en el
escrito inicial simplemente da cuenta de una inconformidad con la interpretación

9 Sentencia SU-215 de 2022.

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y aplicación de las normas que se llevó a cabo en el fallo cuestionado. Los
argumentos esbozados no dan cuenta de alguna arbitrariedad o error evidente
por parte del operador judicial, puesto que la parte actora se limitó a mencionar
algunas disposiciones sin exponer mínimamente su contenido normativo, las
razones por las cuales aquellas eran aplicables al caso en concreto y el sentido
en que la autoridad judicial accionada las desconoció o aplicó arbitrariamente.

32. En tal sentido, su referencia a las normas aludidas no tuvo desarrollo
argumentativo alguno más allá de reiterar que el producto, a diferencia de lo
considerado por la DIAN y la autoridad judicial accionada, fue debidamente
importado y cumplía con los estándares establecidos por la legislación aduanera.
Por tanto, la ausencia de razones mediante las cuales se exponga o se vislumbre
algún proceder arbitrario por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena,
permite concluir frente a este defecto que la intención de la parte actora es
manifestar su inconformidad.

33. Por su parte, en relación con el defecto fáctico, se advierte que, si bien el
identificó las pruebas que, a su juicio, habrían sido valoradas arbitrariamente, la
parte actora tampoco desarrolló mínimamente los motivos por los cuales la
autoridad judicial accionada habría incurrido en una valoración arbitraria o
irracional de los documentos aludidos. En efecto, en el escrito inicial simplemente
se insistió en que la mercancía decomisada cumplía con la normatividad
aduanera exigible y que, por tanto, no debía ser aprehendida.

34. En dicha medida, ninguna de las razones expuestas por los accionantes
está dirigida a dar cuenta de los motivos por los cuales el proceder valorativo del
Tribunal Administrativo del Magdalena no habría estado acorde con las reglas de
la lógica y la sana crítica. Por tanto, de los argumentos formulados no es posible
concluir que se haya incurrido en alguna arbitrariedad o error manifiesto en la
valoración de las pruebas mencionadas por la parte actora, dado que la
formulación de este cargo está directamente relacionada con la interpretación
que, a juicio de la parte actora, se ha debido efectuar del material probatorio
obrante en el expediente.

35. En este orden de ideas, los cargos formulados por la parte actora no
cuentan con la relevancia constitucional requerida que permitan al juez de tutela
llevar a cabo un estudio de fondo del litigio propuesto, en la medida en que lo
pretendido es que se efectúe un análisis de corrección sobre el ejercicio
hermenéutico del operador judicial, tanto normativo como probatorio. De tal
forma, la finalidad de la parte actora es simplemente manifestar su inconformidad
con lo decidido y que, mediante esta acción constitucional, se lleve a cabo una
interpretación de dicha prueba favorable a sus intereses.

36. En relación con este punto, es necesario traer a colación lo reiterado
pacíficamente la Corte Constitucional, en el sentido de establecer que la acción

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de tutela no es un juicio de corrección del fallo cuestionado10 y, por tanto, escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional reabrir una controversia
probatoria que ya ha sido zanjada en el trámite ordinario. En tal sentido, se
configura un indebido uso de este mecanismo cuando, como en el asunto
estudiado, se pretende que el juez de tutela profiera una nueva valoración de una
prueba, pues ello implicaría invadir la esfera funcional de la autoridad de
instancia.

37. Por lo anterior, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

38. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por los señores Juan Carlos González Díaz y Diana Patricia Sánchez Vitola.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

10 Ver, entre otras, las sentencias SU-128 de 2021, T-016 de 2019 y T-352 de 2025.

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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