Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04803-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04803-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04803-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04803-00
Accionante: LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Sanción disciplinaria -
Improcedencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. El accionante pretende convertir este mecanismo
constitucional en una tercera instancia para reabrir un debate probatorio que fue
resuelto de manera razonable por el juez natural.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 22 de junio de 2026, el señor Luis Guillermo Namen Rodríguez presentó acción
de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso. Atribuyó la vulneración a las sentencias proferidas dentro del proceso
disciplinario No. 25000-25-02-000-2023-01297-00.
Hechos relevantes
3. La Comisión Seccional de disciplina Judicial de Cundinamarca y Amazonas
adelantó un proceso disciplinario contra Luis Guillermo Namen Rodríguez derivado
de la queja interpuesta por Sol Mireya González. El proceso se originó por el
ejercicio ilegal de la profesión1, al actuar como apoderado judicial a pesar de
encontrarse suspendido.
4. El 27 de febrero de 2026 se profirió sentencia de primera instancia, en la que se
declaró disciplinariamente responsable de las conductas descritas y se le impuso
sanción de exclusión del ejercicio de la profesión y multa de diez (10) SMLMV para
el año 2021, decisión que fue objeto de recurso de apelación e incidente de nulidad
por la presunta violación al principio de imparcialidad.
5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia del 4 de mayo
de 2026 confirmó la decisión adoptada por la primera instancia y se pronunció
1 La falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el numeral 4° del
artículo 29 ibidem
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Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez
respecto del incidente de nulidad.
Pretensiones
6. Aunque no aparecen formuladas en un capítulo separado de "pretensiones", se
desprenden de la solicitud del accionante que busca que se proteja el derecho al
debido proceso y, en consecuencia, se revoquen las decisiones de primera y
segunda instancia que lo sancionaron disciplinariamente con exclusión de la
profesión y multa.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. El accionante alega principalmente violación del debido proceso porque la
sentencia de primera instancia fue proferida por una sala dual integrada por dos
magistrados, cuando, según su interpretación constitucional y legal, debía ser
adoptada por un número impar de magistrados, conformación que afecta la
imparcialidad en la decisión. Además, no se garantizó la separación entre las etapas
de investigación y juzgamiento.
8. Alega un defecto probatorio y de valoración de la prueba, al considerar que
las autoridades disciplinarias omitieron aplicar el principio de duda razonable a su
favor. Señala que varios oficios remitidos por los juzgados y las entidades judiciales
no encontraron registros de procesos relacionados con la quejosa o con su
actuación profesional, lo que, en su criterio, contradice la versión de la denunciante.
Igualmente, afirma que no se valoró adecuadamente el testimonio de una psicóloga
forense que declaró no haber conocido conductas antiéticas de su parte.
9. Finalmente, sostiene que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en
un defecto procedimental y desconocimiento del derecho de defensa al
rechazar las pruebas solicitadas en segunda instancia. La autoridad interpretó
erróneamente que no era posible decretar o practicar pruebas en esa etapa
procesal, impidiéndole demostrar aspectos relacionados con la credibilidad de la
quejosa. Cuestiona que se tuvieran en cuenta sus antecedentes disciplinarios para
agravar la sanción, argumentando que ello desconoce el precedente constitucional
y el principio de no ser juzgado nuevamente por la misma infracción.
Trámite en primera instancia
10. Mediante auto del 23 de junio de 2026, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca y Amazonas y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Vinculó
en calidad de tercero con interés a la señora Sol Mireya González Guayacán porque
intervino en el proceso disciplinario con radicado No. 25000-25-02-000-2023-01297
00/01.
Intervenciones
11. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y
Amazonas, por intermedio del magistrado titular del Despacho 05, solicitó declarar
improcedente o negar la tutela al considerar que no existió vulneración del derecho
al debido proceso.
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Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez
12. Señaló que, el proceso disciplinario se adelantó respetando las etapas de
investigación, juzgamiento y doble instancia, con observancia de las garantías
procesales. El disciplinado ejerció su derecho de defensa y contradicción, solicitó
pruebas, presentó alegatos, promovió nulidad, pidió aclaración de la sentencia e
interpuso recurso de apelación, usando los mismos argumentos que expone en la
tutela.
13. Por ello afirmó que el actor pretende utilizar la tutela como una tercera instancia
para reabrir un debate resuelto por las autoridades disciplinarias competentes, pues
no demuestra una actuación arbitraria ni un defecto procesal, sino una simple
discrepancia con las conclusiones jurídicas y probatorias adoptadas en el proceso
disciplinario. Solicitó mantener incólumes las providencias de primera y segunda
instancia proferidas dentro del proceso disciplinario No. 25000-25-02-000-2023-
01297-00.
14. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que la tutela contra
providencias judiciales tiene un carácter excepcional y que, conforme a la
jurisprudencia constitucional, no puede convertirse en una nueva instancia para
debatir aspectos probatorios o discrepancias sobre la interpretación de las normas.
15. Indicó que el accionante no demostró la existencia de una causal específica que
justificara la intervención del juez constitucional contra las providencias
disciplinarias cuestionadas, únicamente manifestó su desacuerdo con las
conclusiones adoptadas. Defendió la legalidad de la decisión adoptada frente al
rechazo de pruebas en segunda instancia y destacó que la solicitud del disciplinado
buscaba acreditar circunstancias asociadas a la quejosa que no desvirtuaban los
fundamentos de la responsabilidad disciplinaria.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
16. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
17. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, se determinará si
la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto alegado y si, por consiguiente,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Guillermo Namen
Rodríguez.
Análisis de la Sala
18. Legitimación en la causa. El señor Luis Guillermo Namen Rodríguez se
encuentra legitimado para interponer la acción de tutela, al ser el titular del derecho
que considera vulnerado, en su condición de disciplinable en el proceso con
radicado 25000-25-02-000-2023-01297-00, en el marco del cual se profirieron las
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Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez
actuaciones cuestionadas.
19. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial fueron las autoridades judiciales que profirieron las
sentencias del 27 de febrero de 2026 y del 4 de mayo de 2026, respectivamente, a
las que la parte actora atribuye la vulneración del derecho al debido proceso.
20. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda
vez que la providencia que resolvió el recurso de apelación se profirió el 4 de mayo
de 2026 y la solicitud de amparo se presentó el 22 de junio siguiente, término
razonable.
21. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos
los recursos procedentes en el proceso ordinario.
22. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de
los jueces naturales2. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
23. La Corte Constitucional ha establecido que un asunto carece de relevancia
constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se limita a la
simple determinación de aspectos legales de un derecho (la correcta interpretación
o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico porque se trata de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas “que no
representen un interés general”5.
24. En síntesis, la acción de tutela contra providencias judiciales no es procedente
para evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos del juez natural, ni
para alegar que existen mejores argumentos a los que este utiliza. Lo que
corresponde es plantear que las decisiones censuradas tienen la aptitud de
desconocer derechos fundamentales. Este valioso mecanismo constitucional
tampoco es un instrumento para volver a proponer una discusión en torno a la
valoración probatoria del fallo que se cuestiona.
25. En el presente asunto los argumentos del accionante se dirigen a cuestionar
que la decisión que le impuso la sanción se profirió en sala dual, que no se realizó
una correcta valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada por los
jueces disciplinarios, lo que, por sí solo, no constituye una vía de hecho ni habilita
la intervención del juez constitucional, en tanto no se evidencia una interpretación
abiertamente arbitraria, caprichosa o irrazonable. No se evidencia vulneración de
una garantía fundamental, sino inconformidad con las conclusiones fácticas y
2 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
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Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez
jurídicas a las que arribó el juez disciplinario.
26. Además de que es evidente que el accionante pretende convertir este
mecanismo constitucional en una tercera instancia para reabrir un debate probatorio
que fue resuelto de manera razonable por el juez natural.
27. Del análisis de las providencias cuestionadas se tiene que el juez natural
efectuó un estudio integral y razonado de la situación fáctica, con fundamento en
las pruebas, los preceptos normativos y la jurisprudencia aplicable al caso como
pasa a exponerse:
28. En la decisión de primera instancia se concluyó que el hoy accionante ejerció
ilegalmente la profesión cuando se encontraba suspendido pues con las pruebas
allegadas al proceso encontró probado que, el 6 de mayo de 2021 envió un correo
electrónico a la Fiscalía 2 Local de La Mesa en el que se identificó como abogado,
indicó su número de tarjeta profesional y manifestó actuar como apoderado de
confianza de la señora Sol Mireya González Guayacán, realizó gestiones propias
de la actividad profesional.
29. La Sala verificó que para esa fecha el disciplinado tenía vigentes varias
sanciones de suspensión que le impedían ejercer la abogacía. Además, encontró
probado que dichas sanciones le habían sido comunicadas formalmente, por lo que
tenía pleno conocimiento de la prohibición legal. En consecuencia, su actuación se
ajustó en la falta de ejercicio ilegal de la profesión prevista en el artículo 39 de la
Ley 1123 de 2007, en concordancia con la incompatibilidad aplicable a los
abogados suspendidos.
30. Frente a los argumentos de defensa, el abogado sostuvo que existían dudas
sobre la recepción del correo por parte de la Fiscalía, que la quejosa utilizaba sus
datos de contacto y que no estaba demostrado que hubiera actuado formalmente
como apoderado. Sin embargo, la Comisión consideró que esas explicaciones no
desvirtuaban la prueba, pues el documento obrante en el expediente mostraba
claramente que se presentó como abogado y representante de la denunciante,
utilizando un lenguaje técnico y jurídico propio del ejercicio profesional.
31. Finalmente, la Comisión estimó que la conducta fue dolosa porque el abogado
conocía las sanciones que pesaban en su contra y, aun así, decidió actuar
profesionalmente. Para graduar la sanción tuvo en cuenta la gravedad del
comportamiento, el desprestigio que genera para la profesión y sus numerosos
antecedentes disciplinarios, varios de ellos relacionados con conductas similares,
por ello le impuso la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión y una multa
de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2021.
32. Al resolver el recurso de apelación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la sentencia porque concluyó que existía plena certeza de que el abogado
Luis Guillermo Namen Rodríguez, hoy accionante, ejerció actos propios de la
profesión mientras se encontraba suspendido y ninguno de los argumentos de la
apelación logró desvirtuar esa conclusión.
33. El fundamento principal de la confirmación de la sentencia apelada fue la
valoración conjunta de las pruebas. La Comisión destacó que encontró acreditado
que: (i) la Fiscalía consideraba al disciplinado como representante de la víctima; (ii)
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Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez
existía el requerimiento que la Fiscalía le dirigió el 16 de abril de 2020 en calidad
de apoderado; (iii) reposaba copia del correo electrónico del 6 de mayo de 2021
aportado por la quejosa, en el que el abogado se presentó como "apoderado de la
víctima", "defensor" y "abogado de confianza" de Sol Mireya González y; (iv) para
esa fecha tenía vigentes sanciones de suspensión conocidas por él. Por ello, se
acreditó el ejercicio ilegal de la profesión.
34. La Sala también rechazó el argumento de duda razonable cuando explicó que
los oficios remitidos por los juzgados en los que se indicaban que el abogado no
actuó en otros procesos eran irrelevantes, porque el cargo disciplinario no se refería
a esos asuntos, sino exclusivamente a su intervención en la investigación penal
número 2018-80206. Igualmente, señaló que el testimonio de Claudia Rodríguez
Yepes era una apreciación subjetiva que no podía prevalecer sobre la prueba
documental que demostraba la actuación profesional del abogado durante la
suspensión.
35. Rechazó la solicitud probatoria porque fue presentada en la etapa de apelación,
cuando se había vencido la oportunidad procesal. Explicó que el periodo probatorio
se agotó en la primera instancia y en segunda proceden únicamente las de oficio
que el magistrado considere necesarias. Además, concluyó que el expediente
contaba con suficientes elementos de convicción para resolver el recurso, por lo
que la información que el disciplinable pretendía obtener sobre la vinculación
laboral de la quejosa no era determinante para establecer el hecho disciplinario
investigado.
36. Consideró válida que la decisión de primera instancia fuera adoptada por una
Sala dual, conforme a las normas aplicables y al reglamento interno de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, Acuerdo No. 01 del 23 de febrero
de 2024, modificado por el Acuerdo No. 02 del 27 de septiembre de 2024, en el que
se dispuso que la función jurisdiccional estaría a cargo de los Magistrados de cada
despacho y de las Salas Duales que estos integren.
37. Finalmente negó que existiera vulneración del principio de no ser juzgado
nuevamente por la misma infracción, porque las sanciones disciplinarias utilizadas
para demostrar que el abogado estaba suspendido eran distintas de aquellas
tomadas en cuenta como antecedente agravante para graduar la sanción.
38. Conforme al análisis efectuado de las providencias atacadas, es evidente que
el juez disciplinario tanto en primera como en segunda instancia, efectuó un análisis
integral de las pruebas obrantes en el proceso y las normas aplicables y con
fundamento en ello se justificó en cada instancia los argumentos de defensa o
inconformidades expuestas por el hoy accionante, concluyó por qué, en el caso
particular las actuaciones surtidas por el abogado resultaban en una actuación
contraria al ejercicio y decoro profesional, que tuvo como consecuencia la sanción
y multa impuesta, con lo que se desvirtúa la vulneración al debido proceso alegada
por el accionante.
39. En consecuencia, para esta Subsección la parte actora pretende reabrir el
debate jurídico y probatorio definido por el juez natural de la causa, lo cual resulta
ajeno a la finalidad de la acción de tutela, por ello, no se satisface el requisito
de relevancia constitucional, en tanto este mecanismo no es una instancia adicional
para controvertir interpretaciones jurídicas ni valoraciones probatorias adoptadas
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por las autoridades judiciales en ejercicio de sus competencias.
40. Los argumentos expuestos por la autoridad judicial enjuiciada son razonables y
no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de
que el accionante no comparta el fundamento de la decisión adoptada, no significa
que la autoridad judicial haya tomado una decisión irracional, absurda o
contraevidente, o al margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la
jurisprudencia aplicable.
41. Entonces, es evidente que el juez natural efectuó un análisis integral y razonado
de la situación fáctica, por tanto, la inconformidad del actor se limita a evaluar la
calidad de los razonamientos del juez natural, lo que, más que vicios o defectos de
la sentencia, denotan su intención de convertir la acción de tutela en instancia
adicional del proceso ordinario.
42. En ese contexto, la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional,
toda vez que no se acredita una afectación que justifique la intervención del juez de
tutela. En efecto, aunque se alegó la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, principalmente porque la decisión que impuso la sanción fue adoptada por
una sala dual y no se garantizó la separación entre las etapas de investigación y
juzgamiento, dicho cuestionamiento fue analizado y resuelto en segunda instancia.
43. Además, esta Subsección considera que tal circunstancia no compromete de
manera directa el contenido ni el alcance de una garantía fundamental que deba
ser objeto de control por vía constitucional, puesto que se encuentra sustentada en
las normas aplicables y en el reglamento interno correspondiente.
44. La conformación de salas integradas por dos magistrados constituye una
estructura orgánica legítima, compatible con los estándares constitucionales de
independencia, imparcialidad y debido proceso. Adicional a ello, no puede
predicarse la vulneración al principio de imparcialidad por la sola circunstancia de
que el magistrado que participó en la instrucción también intervenga en la decisión
adoptada por la sala, pues ello, por sí mismo, no evidencia la existencia de un
prejuicio, interés particular o actuación contraria a las garantías que integran el
debido proceso, tal y como lo sostiene la Corte Constitucional en sentencia C-440
de 2022.
45. Conforme con lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por el señor Luis Guillermo Namen Rodríguez, por
incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Luis Guillermo Namen Rodríguez.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04803-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez
TERCERO: Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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