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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04811-00

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04811-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por los señores Julián Andrés Castillón González y Ariel Serrano González, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04811-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-04811-001
Accionantes : Julián Andrés Castrillón González y otro2
Accionado : Tribunal Administrativo del Tolima
Vinculados : Municipio de Purificación y Mario Gabriel Jiménez Martínez
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, incumplimiento de la non
reformatio in pejus por sentencia de segunda instancia dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
indebida escogencia de mejor oferta en licitación pública
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por los señores Julián Andrés Castrillón González y Ariel Serrano González
contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva y
acceso a la administración de justicia3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. Los señores Julián Andrés Castrillón González y Ariel Serrano González, quienes

actúan a través de apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Ariel Serrano González.
3
También alegaron el desconocimiento del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.

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Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia ,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima.

4. Por consiguiente, solicitaron:

[…] SEGUNDA. […] DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL TOLIMA dentro del proceso radicado No. 73001-33-33-002-2020-00117-01.

TERCERA. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA proferir una nueva
sentencia, bajo los límites de la no reformatio in pejus y del tantum devolutum quantum
appellatum, circunscribiéndose a los argumentos de la apelación; respetando además el
precedente vinculante, valorando integralmente el material probatorio y aplicando
correctamente las normas, considerando el valor real y verificable de la propuesta
económica y resolviendo de fondo las pretensiones de restablecimiento.

CUARTA. Prevenir al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA para que dentro del
proceso evite incurrir nuevamente en los mismos hechos que dieron lugar a la acción de
tutela.

Hechos4

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por

los accionantes se puede evidenciar que, el Municipio de Purificación (Tolima)
publicó el aviso de convocatoria del proceso de licitación pública núm. LP-013 de
2019, así como, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones; y
concurrieron ocho proponentes, entre ellos, los señores Ariel Serrano González y
Julián Andrés Castrillón González (quienes conformaron el Consorcio Vial
Purificación, como proponente 8).

6. Durante la audiencia de apertura de sobres y de adjudicación, el Comité
evaluador informó que la propuesta económica del Consorcio Vial Purificación se
encontraba «inmersa en causal de rechazo, toda vez que el valor presentado en números es
distinto al valor presentado en letras» . El señor Ariel Serrano González presentó una

observación para que su propuesta económica no fuera rechazada.

7. Sin embargo, el evaluador mantuvo su decisión porque evidenció que, en el

Formulario 1 (Presupuesto Oficial) presentado por el Consorcio Vial Purificación,
el valor estipulado en letras era distinto del establecido en números, lo cual
constituía una causal de rechazo, con fundamento en los literales O y Z del
numeral 1.15 del pliego de condiciones definitivo, las reglas de subsanabilidad del

4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 3.
2

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Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

numeral 1.6 y el artículo 623 del Código de Comercio, «por analogía».

8. Mediante la Resolución núm. 0-0314 del Diecisiete (17) de Diciembre de Dos

Mil Diecinueve (2019), el Alcalde adjudicó el proceso al señor Mario Gabriel
Jiménez Martínez.

9. Los actores presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Purificación y el señor Mario
Gabriel Jiménez Martínez, para que se declarara la nulidad de la Resolución núm.
0-0314 de 2019, por infracción de las normas en que debía fundarse y falsa
motivación en la escogencia de la mejor oferta. A título de restablecimiento,
solicitaron que se reconociera que la propuesta más favorable era la del
Consorcio Vial Purificación, que se declarara la nulidad del acto de adjudicación
y, en consecuencia, se les indemnizara.

10. El proceso fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado Segundo (2.°)

Administrativo de Ibagué, bajo el radicado núm. 73001-33-33-002-2020-00117-
00. Mediante sentencia del Dieciséis (16) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023),
el juzgado declaró la nulidad parcial de la Resolución núm. 0-0314 de 2019
«únicamente en lo que respecta al rechazo de la propuesta formulada por Consorcio Vial
Purificación, por encontrarse probado el cargo de falsa motivación» y negó las demás
pretensiones.

11. El a quo consideró que el proponente «en ningún momento modificó, adicionó, suprimió

o cambió las filas correspondientes a las columnas de ítems, descripción, unidades o cantidades
señaladas en el Formulario 1» , sino que cambió y modificó las columnas que sí eran
«sujetos de alteración de conformidad con lo previsto en el inciso final del numeral 4.1. – Oferta
Económica – del pliego de condiciones». Por lo tanto, no se configuró el primer
fundamento para el rechazo de la propuesta económica del Consorcio Vial
Purificación (literal O del numeral 1.15 del pliego).

12. Así, estableció que el Comité evaluador no podía rechazar la oferta por
aspectos puramente formales, comoquiera que, (i) el Excel del Formulario 1
(Presupuesto Oficial) contenía unas fórmulas automáticas que cambiaban el
resultado del valor total en función de los otros montos ingresados; y (ii) el valor
en letras no era un requisito necesario para la comparación de las propuestas,

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Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

sino que el puntaje se determinaba a partir de la casilla de «valor total» (en
números) prevista en el numeral 4.1 del pliego.

13. Precisó que la prevalencia de la suma escrita en palabras, que informa el
artículo 623 del Código de Comercio, «no tiene un carácter absoluto» , y concluyó que
la discrepancia constituía «un yerro que podía ser aclarado y corregido allí mismo» , en los
términos del literal a del numeral 4.1.2 del pliego, en concordancia con el artículo
286 del Código General del Proceso (CGP).

14. No obstante, el juzgado negó las pretensiones de restablecimiento porque, a

su juicio, «no existen elementos de prueba suficientes que indiquen que la propuesta de
CONSORCIO VÍAL PURIFICACIÓN era la mejor o la más favorable para la entidad» . En

particular, expuso que, el análisis contenido en la demanda «no está respaldad[o] con
un dictamen pericial que le permita al suscrito determinar que al aplicarse la fórmula señala[da]
en el numeral 4.1.4 del pliego de condiciones definitivo tenía derecho a [la adjudicación]».

15. La parte demandante, como apelante único, solicitó modificar el numeral
segundo de la sentencia (declaratoria de nulidad parcial de la Resolución núm. 0-
0314 respecto del rechazo de la propuesta formulada por el Consorcio Vial
Purificación), para agregar la declaratoria de nulidad por escogencia indebida de
la mejor oferta; y revocar los numerales tercero y cuarto, para acceder a las
pretensiones declarativas y condenatorias planteadas en relación con el
restablecimiento del derecho.

16. Los señores Castrillón y Serrano sostuvieron entonces que ninguna norma
establece una tarifa legal que exija la presentación de un dictamen pericial,
máxime, cuando existía una fórmula para asignación de puntajes que le permitía
al juez adelantar por sí mismo los cálculos, y que el expediente contaba con el
informe de evaluación definitivo, el pliego de condiciones y la totalidad de las
ofertas económicas de los proponentes habilitados.

17. Además, señalaron que el a quo citó de manera incompleta la sentencia del

Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018) de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado 5, y relacionaron dos decisiones en que

5
Radicado interno 39066.
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Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

las Subsecciones B6 y C7, sin necesidad de perito, hicieron una evaluación de las
ofertas y los puntajes por asignar, inclusive sin tener todos los documentos de los
oferentes de la licitación.

18. Mediante sentencia del Treinta (30) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025),

el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó, en su totalidad, la decisión de
primera instancia. No obstante, se apartó expresamente de la postura del a quo
según la cual podía aceptarse la modificación de la cifra en letras, pues, aquello
no era procedente en la etapa en que se hallaba el proceso precontractual, en
virtud del numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Además, conocidas ya
las propuestas económicas de los demás oferentes, «para el actor le era fácil escoger
la cifra que se acomodara a sus intereses, dejando en desventaja a los demás participantes» .

Agregó que, en virtud del precedente sentado por el Consejo de Estado, como
esa modificación podía incidir en la calificación del oferente, el defecto no era
subsanable.

19. El Tribunal señaló que, en caso de no rechazarse la propuesta económica de

la parte demandante, debía primar «el valor o la suma escrita en palabras», de forma
que, estableció el puntaje que le hubiera correspondido con la propuesta
económica, en DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
CON VEINTE CENTAVOS ($2.763.163.883,20). Aplicada la fórmula de la media
aritmética baja (numeral 4.1.4 del pliego), le asignó 69,38 puntos en el factor
económico y 99,38 puntos en total, con lo cual concluyó que «al actor no le hubiere
correspondido el primer lugar en el orden de elegibilidad» , sino el quinto y que, por lo tanto,

«no tendría derecho a la adjudicación».

20. Finalmente, el Tribunal aclaró que la garantía de la non reformatio in pejus no

es absoluta, y que no afectó los intereses del apelante único, «como quiera que la
decisión tomada en primera instancia no accedió a las pretensiones en su totalidad, y tampoco
reconoció derechos» . En consecuencia, confirmó la sentencia recurrida «en el
entendido que la propuesta del demandante no fuera rechazada, pero que su participación en la
licitación pública, se tomaría con la propuesta económica relacionada en letras» .

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de
2014, Rad. 25000-23-26-000-1997-15038-01(26903), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de julio de
2022, Rad. 15001-23-31-00-1996-16430-01 (56663), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
5

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Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

21. Los accionantes expusieron, en su tutela, que la sentencia de segunda
instancia incurrió en defecto procedimental, al desconocer los principios de non
reformatio in pejus y tantum devolutum quantum appellatum, porque el tribunal
excedió la competencia limitada que tenía para pronunciarse. Esto por cuanto, el
análisis hecho en primera instancia sobre la inaplicación del artículo 623 del
Código de Comercio no fue apelado y, pese a ello, el tribunal se pronunció en el
sentido contrario, con lo cual agravó la situación del apelante único.

22. Alegaron también un defecto sustantivo, por la aplicación analógica del artículo

623 del Código de Comercio, una norma propia del régimen de los títulos valores,
a un supuesto regido por el estatuto de contratación estatal, que lo llevó a
desconocer el artículo 11 del Decreto 019 de 2012 (prohibición de rechazar
solicitudes contenidas en formularios por errores de mecanografía o similares,
salvo que afecten el fondo del asunto y exista duda sobre el querer del solicitante)
y el numeral 4.1 del pliego de condiciones (que precisó que el valor total para la
calificación económica correspondía a la casilla en números del Formulario de
Presupuesto Oficial, sin referirse al valor en letras).

23. Aseguraron, además, que se configuró un defecto fáctico en sus dimensiones

positiva y negativa, comoquiera que el Tribunal tomó como precio de la oferta el
texto pre-diligenciado del presupuesto oficial sin tener en cuenta que los cálculos
parciales coincidían con el valor numérico; y que dejó de valorar dos hechos
probados (que el formulario estaba correctamente presentado con todos los
valores en números y que el informe de la audiencia de apertura de sobres
identificó correctamente los montos numéricos de cada proponente, y con base
en ellos adelantó la corrección aritmética).

24. Por último, invocaron el desconocimiento del precedente de esta Corporación 8

sobre la distinción entre subsanación y aclaración de las ofertas y sobre el deber
de dilucidar la intención del oferente ante discrepancias entre letras y números. A
su vez, la decisión sin motivación radicaría en que el Tribunal no abordó los
argumentos expuestos en la apelación, relativos a la equivocada exigencia de un

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 2 de septiembre de 2010, Rad.
25000-23-24-000-2004-00948-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de noviembre de 2014, Rad. 25000-23-26-000-1996-12809-01 [27986],
C.P. Enrique Gil Botero.
6

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peritaje para aplicar las fórmulas de calificación de las ofertas económicas.

II. TRÁMITE PROCESAL

25. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del

Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)9, admitió la presente acción
de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y
(ii) dispuso vincular al señor Mario Gabriel Jiménez Martínez, al Municipio de
Purificación (Tolima), y al Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Ibagué, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

26. 2.1.1. El Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Tolima10 allegó copia del

expediente digital sin pronunciarse frente al presente asunto.

27. 2.1.2. La Alcaldía Municipal de Purificación11 alegó que la tutela no cumple el

requisito de inmediatez, ya que, «[…] el fallo de segunda instancia motivo de esta acción
quedó definitivamente ejecutoriado con el auto de OBEDEZCASE y CUMPLASE proferido en
diciembre 10 de 2025 y el escrito de tutela fue radicado el 22 de junio, lo que indica que durante
dicho lapso se superó el término razonable». Agregó que, tampoco se cumple el requisito

de subsidiariedad porque «[…] se observa que todo lo que pretende esta acción es la de
obtener el amparo del derecho a la igualdad, de la tutela judicial efectiva y del acceso a la
administración de justicia, todos los cuales apuntan a una nulidad que viola el debido proceso y en
esa medida, si en el fallo cuestionado se present[a] dicha irregularidad, esta es una causal expresa
enlistada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA para acudir al recurso extraordinario de
revisión y es por ello que existiendo ese otro medio de defensa judicial eficaz para obtener su
pretensión, debió haber agotado previamente este mecanismo».

28. 2.1.3. El Tribunal Administrativo del Tolima12 precisó que, en primera
instancia, el Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Ibagué accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda al declarar la nulidad parcial de la Resolución 0-
0314 de 2019, pero negó el restablecimiento del derecho al no encontrar
acreditados los presupuestos probatorios necesarios para su reconocimiento. En

9
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 4.
10
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 15.
11
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 17.
12
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 17.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

tanto la parte actora interpuso recurso de apelación contra los aspectos de la
decisión que le fueron desfavorables, «[…] la Sala realizó un examen integral del asunto y
arribó a conclusiones jurídicas distintas de las expuestas por el juez de primera instancia. No
obstante, dichas consideraciones no podían traducirse en una modificación de la decisión apelada,
en atención al principio de la “non reformatio in pejus”, que impide desmejorar la situación del
apelante único. En consecuencia, se confirmó íntegramente la sentencia recurrida, aunque con una
fundamentación jurídica diferente a la empleada por el a quo».

29. Agregó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no había

lugar, ni siquiera, a declarar la nulidad del acto acusado, ya que, aun considerando
la participación del Consorcio Vial Purificación dentro de la evaluación de ofertas,
«[…] la aplicación de las reglas del pliego y la valoración de su propuesta económica con el valor
consignado en letras demostraban que no ocupaba el primer lugar en el orden de elegibilidad. En
consecuencia, no acreditaba tener derecho a la adjudicación del contrato ni al restablecimiento
reclamado». Por ende, concluyó que no vulneró los derechos fundamentales
invocados.

30. Considera la autoridad judicial accionada que la tutela no cumple el requisito de

subsidiariedad porque los actores disponían del recurso extraordinario de revisión,
con fundamento en la causal del numeral 5° del artículo 250 del CPACA, por cuanto,
«[…] la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la vulneración del principio de la
non reformatio in pejus puede constituir una causal de nulidad de la sentencia, aspecto susceptible
de ser debatido a través del citado mecanismo extraordinario».

31. El señor Mario Gabriel Jiménez Martínez guardó silencio, pese a que fue
debidamente notificado del presente asunto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

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33. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

34. Se contrae a determinar si resulta procedente la presente acción de tutela, para

examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales de los señores Julián
Andrés Castrillón González y Ariel Serrano González que pueda comportar la
sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima del Treinta (30) de Octubre de Dos
Mil Veinticinco (2025), por la presunta configuración de los defectos sustantivo,
fáctico, procedimental y decisión sin motivación.

3.4. Requisito general de inmediatez

35. Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar

que, la jurisprudencia constitucional13 ha establecido para tal propósito varios
requisitos generales, entre los que se encuentra la inmediatez. Al respecto, el
Consejo de Estado, mediante sentencia del Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Catorce
(2014)14, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, el
lapso de seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.

36. Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque

el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto
es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar

13
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección
Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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derechos de terceros.

37. Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que, resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular:

[…] (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado;15 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición 1617.

38. De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 18,

existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, que son:

(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que
el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado
el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.

39. Estas situaciones deberán ser analizadas en cada caso, en el evento en que se

acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6 meses).

3.5. Solución al caso concreto

40. Para dilucidar si en el asunto sub judice se colma la exigencia de la inmediatez,

debe advertirse que, la providencia del Tribunal Administrativo del Tolima atacada
quedó ejecutoriada el Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)19.

41. Por su parte, la solicitud de amparo se presentó el Diecinueve (19) de Junio de

Dos Mil Veintiséis (2026)20, es decir, siete (7) meses y seis (6) días después de
la ejecutoria del fallo.

42. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 2010, sostuvo lo

siguiente:

15
Sentencia SU-961/99.
16
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
18
Sentencia T-584 de 2011.
19
Visible en el expediente electrónico del proceso 73001-33-33-002-2020-00117-01 en SAMAI, índice 14, en el que el
Tribunal Administrativo del Tolima dejó constancia de que la providencia fue notificada electrónicamente el 6 de noviembre
de 2025, por lo que, conforme al artículo 203 del CPACA, la misma se entendió surtida a los dos (2) días hábiles, esto es, el
10 de noviembre de 2025.
20
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 14.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04811-00
Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

[…] esta Corporación ha precisado que, en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de
tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se
presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un
daño palpable”21. Ese “plazo razonable” es consustancial a las regulaciones
procedimentales de la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del
juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, “en
presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a
través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. […]. Incluso, la real configuración de
una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la demanda de
tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que
supuestamente la generó”22.

43. La Corte, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que, cuando existe un lapso

prolongado entre la ocurrencia del hecho vulnerador y la presentación de la acción
de tutela, el análisis debe someterse al criterio de razonabilidad y proporcionalidad
aplicada al caso concreto, con el fin de establecer si la demora está válidamente
justificada:

La razonabilidad en la interposición de la acción de tutela está determinada, tanto en su aspecto
positivo, como en el negativo, por la proporcionalidad entre medios y fines. El juez debe
ponderar una serie de factores con el objeto de establecer si la acción de tutela es el medio
idóneo para lograr los fines que se pretenden y así determinar si es viable o no. Dentro de los
aspectos que debe considerarse, está el que el ejercicio inoportuno de la acción implique una
eventual violación de los derechos de terceros. Para hacerlo, el juez debe constatar: 1) si existe
un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados23.

44. Ahora bien, en su escrito de demanda, los accionantes adujeron que, el caso

exigió un tiempo de preparación que supera el requerido en asuntos ordinarios,
debido a su complejidad técnica y jurídica; la vulneración de los derechos
fundamentales invocados se ha prolongado en el tiempo en cuanto «el
reconocimiento de su derecho a la adjudicación y a la indemnización permanece negado» ; y el

requisito de inmediatez no opera como un término de caducidad, sino que debe
evaluarse la razonabilidad del plazo en el caso concreto. Por lo anterior, estiman
que, la tutela se presentó en un término razonable.

45. Para esta Sala, no son de recibo ninguno de los argumentos expuestos por los

accionantes. Primero, no demostraron por qué el planteamiento de varios defectos
constitucionales, la revisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado y el cálculo
del puntaje asignado en el proceso de licitación pública requerían más del término
de seis (6) meses para formular la presente acción. Por el contrario, la Sala advierte

21
Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
22
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
23
Sentencia SU-961/99 de la Corte Constitucional M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
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Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

que se trata de una afirmación sin soportes que busca justificar el incumplimiento
de un plazo que resultaba suficiente y razonable, en el caso concreto, para el
ejercicio de la acción.

46. Segundo, no es cierto que se esté ante una afectación, prolongada en el tiempo,

de sus derechos fundamentales, sino que, lo que debe valorarse es que, la decisión
judicial atacada quedó ejecutoriada en un momento específico y lo que se censura
en la tutela es la presunta configuración de los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental y de falta de motivación.

47. Si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido algunas
situaciones donde la vulneración de derechos permanece en el tiempo 24, tales
circunstancias se caracterizan por la continuidad y actualidad de la afectación de
garantías iusfundamentales y por la reproducción de los hechos u omisiones
generadoras de la violación de los derechos invocados.

48. Así, la Corte ha establecido25 que, «una vez resuelta judicialmente la controversia en

torno a la que se alegó la violación de derechos, no es posible valorar el carácter continuo del
daño a partir de la discrepancia de las partes con lo decidido jurisdiccionalmente. Aceptar lo
contrario implicaría, primero, pasar por alto los efectos de cosa juzgada de las providencias
judiciales y, segundo, suponer que, tratándose de la tutela contra providencias, el daño siempre
es continuo, pues, por regla general, la parte vencida en el proceso muestra i nconformidad con lo
decidido por el juez».

49. En este caso, no existe una afectación prolongada en el tiempo que se derive

del fallo atacado. Una vez se adelantaron todas las etapas del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, y no habiéndose demostrado la nulidad total de la
Resolución núm. 0-0314 del Diecisiete (17) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve
(2019), el tribunal confirmó la decisión del a quo de declarar su nulidad únicamente
respecto al rechazo de la propuesta formulada por el Consorcio Vial Purificación,
sin que ello bastara para reconocer que la propuesta más favorable fue la del
Consorcio Vial Purificación, ni para declarar la nulidad del acto de adjudicación e
indemnizar a los actores.

50. Por tanto, la existencia de una decisión de segunda instancia, confirmatoria del

24
Corte Constitucional, sentencias T-398 de 2019 y T-663 de 2012.
25
Corte Constitucional, sentencia T-001 de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

fallo del a quo, que no fue totalmente favorable a los intereses de los demandantes
no se traduce en una vulneración de derechos, máxime, cuando ello corresponde
al fondo de la discusión planteada por la presente acción, que no fue radicada
dentro de un término razonable, desde que el fallo del Tribunal Administrativo del
Tolima fue notificado y quedó debidamente ejecutoriado.

51. Es claro que la fuente del daño atacado es la sentencia cuestionada, aunque sus

efectos puedan haberse extendido en el tiempo. De ahí que, no existe ninguna
razón válida para justificar la tardanza de los actores en la interposición de la acción.
En consecuencia, al tratarse de una tutela contra providencia judicial, los señores
Castrillón y Serrano no cumplieron la carga de presentar, de manera convincente,
las razones que les impidieron acudir, en un plazo prudencial, al mecanismo
constitucional. Así mismo, no se evidencia un sustento válido respaldado por algún
medio de prueba que permita justificar, bajo un examen de razonabilidad, que la
demora en la presentación de la acción se encuentra justificada.

52. En síntesis, el tiempo transcurrido entre la ejecutoria de la sentencia de segunda

instancia y la presente solicitud de tutela superó el término que la jurisprudencia ha
considerado prudencial para la interposición del mecanismo excepcional, fijado en
seis (6) meses. El transcurso de siete (7) meses y seis (6) días entre ambos
momentos elimina cualquier apariencia de urgencia o necesidad y, en
consecuencia, impide tener por acreditado el requisito de inmediatez exigido para
la procedencia de la tutela.

53. Así mismo, cabe precisar que, en reciente sentencia de unificación SU-304 de

202426, la Corte Constitucional sostuvo que, en tratándose de tutelas contra fallos
proferidos por una alta corte, como en este caso, el examen debe realizarse con
mayor rigurosidad para poder constatar «una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria», lo que implica que no se permita su uso

con el propósito de reabrir debates concluidos en el proceso ordinario.

54. Además, en este punto, la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela

no habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente

26
M. P. Vladimir Fernández Andrade.
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vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.

IV. DECISIÓN

55. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en el
presente asunto, no se cumplió el presupuesto de la inmediatez, debe declararse
la improcedencia de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por los señores Julián Andrés Castillón González y Ariel Serrano González, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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Accionantes: Julián Andrés Castrillón González y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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