Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04812-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04812-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04812-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04812-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia
María López Burgos
Demandado: Dusakawi EPS y otro
Temas: Traslado voluntario a entidad promotora de salud. Carencia
actual de objeto por situación sobreviniente
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por Javier David
Monterroza López como agente oficioso de Cilia María López Burgos contra
Dusakawi EPSI y la Nueva EPS S.A., de conformidad con lo establecido en el
artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de junio de 2026, el señor Javier David Monterroza López como agente
oficioso de Cilia María López Burgos interpuso acción de tutela contra Dusakawi
EPSI y la Nueva EPS S.A., por considerar vulnerados los derechos fundamentales
a la salud, a la vida digna, a la seguridad social y al principio de continuidad en el
servicio público de Salud. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones
dignas, la seguridad social y el principio de continuidad de la señora CILIA MARÍA
LÓPEZ BURGOS.
SEGUNDO: ORDENAR al REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE DUSAKAWI
EPSI reincorporar, activar y mantener de forma definitiva la afiliación de la agenciada,
haciendo uso de sus facultades legales y estatutarias de dirección.
TERCERO: ORDENAR SUBSIDIARIAMENTE al AGENTE INTERVENTOR Y
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE LA NUEVA EPS S.A., doctor JORGE
IVÁN OSPINA GÓMEZ, que, en el evento en que el Despacho declare inviable la
afiliación en la primera entidad, proceda de inmediato al REINTEGRO de la paciente en
su red prestacional, manteniendo la vigencia y el cumplimiento estricto de las órdenes
emitidas en la sentencia de tutela del 24 de abril de 2026.
CUARTO: ORDENAR al Representante Legal Principal que resulte responsable de la
afiliación (DUSAKAWI EPSI o NUEVA EPS S.A.) garantizar el Tratamiento Integral de
las afecciones de la actora, ordenando y ejecutando el suministro inmediato e
ininterrumpido del equipo CPAP con Humidificador y Máscara Nasal, insumos de
glucometría, Insulina Toujeo y demás medicamentos ordenados.
QUINTO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA
GUAJIRA y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que, en ejercicio de
sus funciones, coadyuven al cumplimiento del presente fallo y vigilen de forma estricta
el accionar de los Representantes Legales Nacionales aquí demandados».
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Cilia María López Burgos, de 67 años de edad, se encontraba afiliada al
régimen subsidiado de la Nueva EPS S.A. desde el 17 de noviembre de 2022.
Debido a su avanzada edad y a las patologías que padece, entre ellas diabetes tipo
2, hipertensión arterial, glaucoma, neuropatía diabética y síndrome de apnea-
hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) severo, requiere tratamiento médico
permanente, así como el suministro continuo de medicamentos, insumos de
glucometría y demás servicios prescritos por sus médicos tratantes.
Según lo expuesto por la parte accionante, desde noviembre de 2025 la Nueva EPS
S.A. presentó reiterados incumplimientos en la entrega de los medicamentos e
insumos requeridos para el tratamiento de la paciente, situación que atribuyó a la
ausencia de un contrato vigente con una farmacia en Riohacha para atender a los
afiliados del régimen subsidiado, circunstancia que comprometía la continuidad del
tratamiento y ponía en riesgo el estado de salud de la señora López Burgos.
De la acción de tutela con radicado 44001-33-40-003-2026-00054-00:
En consecuencia, el señor Javier David Monterroza López, actuando como agente
oficioso de su madre Cilia María López Burgos, promovió acción de tutela contra la
Nueva EPS S.A. con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales
a la salud, a la vida digna e integridad física de su agenciada.
El 24 de abril de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Riohacha
amparó los derechos fundamentales de la señora Cilia María López Burgos, al
considerar acreditado que la Nueva EPS S.A. había impuesto barreras
administrativas que impidieron la entrega oportuna de los medicamentos, insumos
de glucometría y del equipo CPAP prescritos por sus médicos tratantes, pese a que
se trataba de una paciente de especial protección constitucional.
Explicó que la entidad accionada no rindió el informe solicitado dentro del trámite de
tutela, por lo que dio aplicación a la presunción de veracidad prevista en el artículo
20 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, señaló que la interrupción del tratamiento
comprometía la continuidad e integralidad del servicio de salud y ponía en riesgo
los derechos fundamentales de la paciente.
En consecuencia, ordenó a la Nueva EPS S.A. autorizar y suministrar los
medicamentos, insumos y el equipo CPAP prescritos, garantizar el tratamiento
integral de la accionante y abstenerse de imponer barreras administrativas para el
acceso a los servicios de salud.
El 7 de mayo de 2026, la parte accionante, promovió incidente de desacato al
considerar que la Nueva EPS S.A. incumplió la sentencia de tutela proferida el 24
de abril de 2026, pese a que habían transcurrido más de diez (10) días desde su
expedición.
Sostuvo que la entidad no había suministrado el equipo CPAP con humidificador y
máscara, ni los medicamentos e insumos de glucometría ordenados en el fallo,
situación que mantenía en riesgo la vida y la salud de la paciente.
El 1.º de junio de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha declaró
que la Nueva EPS S.A. había incumplido las órdenes impartidas en la sentencia de
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
tutela del 24 de abril de 2026, al constatar que no existía evidencia de la entrega de
los medicamentos, insumos de glucometría y del equipo CPAP ordenados, pese al
vencimiento del término concedido para su cumplimiento.
Asimismo, concluyó que la entidad no acreditó una justificación válida para explicar
el incumplimiento, pues las razones relacionadas con trámites administrativos
internos y problemas estructurales del sistema no desvirtuaban la conducta omisiva
ni demostraban la adopción de medidas efectivas para acatar el fallo.
En consecuencia, declaró configurado el desacato, impuso a la señora María José
Lubo Gutiérrez en su condición de gerente zonal de la Guajira y a su superior
jerárquico, la gerente regional norte de la Nueva EPS S.A., Olga Patricia Taborda
Villalba una multa equivalente a tres (3) SMLMV y les advirtió que la sanción no las
eximía de cumplir de manera inmediata las órdenes impartidas en la sentencia de
tutela.
El 5 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de La Guajira, al resolver el
grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción impuesta al concluir que la
Nueva EPS S.A. continuaba incumpliendo las órdenes impartidas en la sentencia
de tutela del 24 de abril de 2026, pues no había suministrado los medicamentos,
insumos de glucometría ni el equipo CPAP ordenados.
De igual forma, consideró acreditada la responsabilidad subjetiva de las funcionarias
sancionadas, al evidenciar que, pese a haber sido debidamente notificadas y
requeridas durante el trámite incidental, no demostraron haber adelantado
gestiones efectivas para cumplir el fallo ni justificaron su omisión.
Del traslado voluntario de la señora Cilia María López Burgos a la empresa
promotora de salud indígena Dusakawi EPSI
Según lo expuesto por el accionante, ante el persistente incumplimiento por parte
de la Nueva EPS S.A. de las órdenes impartidas en la sentencia de tutela y la
consecuente imposibilidad de acceder a los servicios de salud requeridos por la
señora Cilia María López Burgos, decidió gestionar su traslado voluntario a
Dusakawi EPSI, con el propósito de garantizar la continuidad del tratamiento.
Indicó que el traslado se hizo efectivo el 1.º de junio de 2026; sin embargo, ese
mismo día Dusakawi EPSI habría retirado a la paciente de su base de afiliados,
dejándola sin cobertura dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la seguridad social y a la
continuidad en la prestación del servicio de salud. Sostuvo que, pese a haber
gestionado el traslado voluntario de la señora Cilia María López Burgos a Dusakawi
EPSI debido al reiterado incumplimiento de la Nueva EPS S.A. de las órdenes
impartidas en la tutela anterior, la entidad la retiró de su base de afiliados el mismo
día en que se hizo efectivo el traslado, sin mediar justificación ni notificación.
Afirmó que dicha situación dejó a la paciente sin afiliación activa en la Base de Datos
Única de Afiliados (BDUA), pues, mientras Dusakawi EPSI habría desconocido su
afiliación, la Nueva EPS S.A. tampoco asumió la prestación de los servicios de
salud, pese a las órdenes judiciales previamente impartidas.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
En consecuencia, solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y
que se ordenara a Dusakawi EPSI reactivar y mantener la afiliación de la señora
Cilia María López Burgos o, de resultar ello inviable, a la Nueva EPS S.A.
reintegrarla a su red prestacional y garantizar de manera continua e integral el
suministro del equipo CPAP con humidificador y máscara nasal, la insulina Toujeo,
los insumos de glucometría y los demás medicamentos prescritos por sus médicos
tratantes para el tratamiento de las patologías que padece.
4. Trámite previo
El 23 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela, ordenó notificar
a la parte accionante, a las entidades accionadas y vincular como terceros con
interés a la Secretaría departamental de La Guajira, a la Superintendencia Nacional
de Salud, al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Riohacha y al Tribunal
Administrativo de La Guajira.
Igualmente, se decretó una medida provisional y se ordenó a Dusakawi EPSI que,
de manera inmediata y a partir de la notificación del presente auto, procediera a
reactivar la afiliación de la señora Cilia María López Burgos y garantizara la
continuidad de los servicios de salud requeridos para el tratamiento de sus
patologías.
5. Oposiciones
La Nueva EPS S.A. guardó silencio.
Asimismo, Dusakawi EPSI guardó silencio.
6. Terceros con interés
El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Riohacha solicitó su desvinculación
del trámite constitucional al considerar que carecía de legitimación en la causa por
pasiva, pues sostuvo que no existía acción u omisión atribuible a ese despacho que
hubiera ocasionado la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
Explicó que la actuación judicial se limitó a tramitar la acción de tutela promovida
contra la Nueva EPS S.A., conceder el amparo solicitado, adelantar el trámite de
desacato ante el incumplimiento de la sentencia, imponer las sanciones
correspondientes y remitirlas al Tribunal Administrativo de La Guajira para surtir el
grado jurisdiccional de consulta, actuaciones desarrolladas en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales.
Finalmente, sostuvo que la controversia planteada en la presente acción de tutela
se originó en la presunta desvinculación de la señora Cilia María López Burgos por
parte de Dusakawi EPSI y en la situación de desprotección derivada de dicha
actuación, circunstancias que no guardan relación con las decisiones adoptadas por
ese despacho judicial.
La Superintendencia Nacional de Salud solicitó ser desvinculada del trámite al
sostener que carecía de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados no era atribuible a una acción
u omisión de esa entidad, sino a las EPS responsables de garantizar el
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
aseguramiento y la prestación de los servicios de salud requeridos por la
accionante.
Explicó que sus funciones se limitan a ejercer labores de inspección, vigilancia y
control sobre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin que
le corresponda prestar servicios médicos, garantizar el aseguramiento de los
usuarios o asumir las obligaciones propias de las entidades promotoras de salud.
Asimismo, señaló que tampoco ostenta la calidad de superior jerárquico de las EPS
ni de los agentes especiales interventores designados para administrarlas, quienes
actúan de manera autónoma y bajo su propia responsabilidad.
Finalmente, indicó que, si bien la jurisprudencia constitucional proscribe las barreras
administrativas que dificultan el acceso a los servicios de salud y exige la prestación
oportuna, continua e integral de dichos servicios, tales obligaciones recaen sobre
las entidades promotoras de salud.
La Secretaría departamental de La Guajira guardó silencio.
El Tribunal Administrativo de La Guajira guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si Dusakawi EPSI vulneró los derechos
fundamentales a la salud, la vida digna, la seguridad social y a la continuidad en la
prestación del servicio de salud de la señora Cilia María López Burgos, al dejarla
sin afiliación efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Salud y, como
consecuencia de ello, impedir el acceso oportuno a los medicamentos, insumos y
demás servicios requeridos para el tratamiento de las patologías que padece. De
no ser así, deberá establecerse si la afectación alegada es imputable a la Nueva
EPS S.A. por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las órdenes
judiciales previamente impartidas.
La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente, toda vez que, durante el trámite de la presente acción, la señora Cilia
María López Burgos fue nuevamente afiliada a la Nueva EPS S.A., por gestión de
su agente oficioso.
Para llegar a la conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de la falta
de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Juzgado Tercero
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
Administrativo Oral de Riohacha y la Superintendencia Nacional de Salud; (ii) de la
carencia de objeto por situación sobreviniente y (iii) del análisis del caso en
concreto.
(i) Falta de legitimación en la causa por pasiva
En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por el Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha y la Superintendencia
Nacional de Salud, la Sala precisa que deben vincularse las autoridades y
particulares que pudieran resultar afectados con la decisión o que tengan interés
directo en su resultado, con el fin de garantizar su derecho de defensa y
contradicción.
En el presente asunto, el Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha fue vinculado
como tercero con interés, por cuanto conoció de la acción de tutela y del incidente
de desacato promovidos con anterioridad por el agente oficioso de la señora Cilia
María López Burgos, actuaciones que guardan relación directa con los hechos que
dieron origen a la presente solicitud de amparo.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud fue vinculada en la misma
calidad, en atención a las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce
sobre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al interés que
reviste para esa entidad la controversia planteada. En consecuencia, se negará la
solicitud formulada.
(ii) De la carencia de objeto por situación sobreviniente
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa
en las siguientes circunstancias: el daño consumado1, el hecho superado2, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente3.
En sentencia T-242 de 2025, la Corte Constitucional reiteró la postura que ha
mantenido en relación con la figura de la carencia actual de objeto 4, en el sentido
de indicar que se configura cuando el objeto jurídico de la acción de tutela ha
desaparecido5, de manera que «la orden del juez constitucional no tendría efecto
alguno»6.
1
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción
de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir
que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el
resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la
acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como
preventiva mas no indemnizatoria. Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
2
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada por el accionante, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger
derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597
de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
3
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no
debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea
porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el
derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.
4
Al efectó citó apartes de la sentencia T-154 de 2024 de la Corte Constitucional. M.P. Cristina Pardo Schlesinge
5
Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
Precisó que lo anterior puede suceder: (i) porque se obtuvo lo pedido –hecho
superado–; (ii) porque se consumó la afectación que pretendía evitarse –daño
consumado–, o (iii) porque ocurrieron hechos a partir de los cuales se pierde interés
en la prosperidad del amparo –situación sobreviniente–7.
Respecto de la situación sobreviniente, la Corporación, en sentencia T-248 de
2021, señaló que esta categoría fue diseñada con la finalidad de «cubrir escenarios
que no encajan en las categorías» de daño consumado o de hecho superado8. En
ese sentido, «remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente,
la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío»9. Por tanto, no es «una categoría
homogénea y completamente delimitada»10. Este evento puede configurarse, por
ejemplo, en los siguientes supuestos: (i) el accionante «asumió la carga que no le
correspondía»11, (ii) el accionante perdió el interés en el resultado del proceso12 o
(iii) «un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada– ha logrado que
la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental»13.
(iii) Caso concreto
En el presente asunto, el agente oficioso solicitó el amparo de los derechos
fundamentales a la salud, la vida digna, la seguridad social y a la continuidad en la
prestación del servicio de salud de la señora Cilia María López Burgos.
En consecuencia, pidió que se ordenara a Dusakawi EPSI reactivar su afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y garantizar la prestación continua
e integral de los servicios médicos requeridos para el tratamiento de las patologías
que padece. De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de existir una
imposibilidad jurídica para mantener dicho traslado, se ordenara a la Nueva EPS
S.A. reintegrarla a su red prestacional y garantizar la continuidad del tratamiento.
En el expediente se encuentra acreditado que la señora Cilia María López Burgos
padece diabetes mellitus, hipertensión arterial y síndrome de apnea-hipopnea
obstructiva del sueño (SAHOS) severo, patologías que requieren tratamiento
permanente mediante medicamentos, insumos de glucometría y el uso continuo de
un equipo CPAP con humidificador y máscara.
Asimismo, está demostrado que, ante las dificultades presentadas en la prestación
de los servicios de salud, gestionó su traslado a Dusakawi EPSI, el cual se hizo
efectivo a partir del 1.º de junio de 2026. Sin embargo, ese mismo día la entidad
dejó sin efectos su afiliación, circunstancia que dio origen a la presente solicitud de
amparo.
Ahora bien, durante el trámite de la presente acción de tutela, la Sala se comunicó,
por vía telefónica, el viernes 10 de julio de 2026, con el señor Javier David
Monterroza López, agente oficioso de la señora Cilia María López Burgos, quien
informó que gestionó nuevamente la afiliación de su madre a la Nueva EPS S.A.
Además, de la consulta de la información de afiliación en la Base de Datos Única
7
Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Ver también sentencia T-086 de 2020.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
10
Ibídem.
11
Corte Constitucional, sentencias T-481 de 2016 y T-149 de 2018.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
13
Corte Constitucional, sentencia T-248 de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
de Afiliados, se encuentra que la señora Cilia María López Burgos actualmente
figura afiliada a la Nueva EPS S.A.14:
A partir de lo anterior, la Sala advierte que sería del caso determinar si Dusakawi
EPSI vulneró los derechos fundamentales de la señora Cilia María López, de no ser
porque la situación que dio origen a la presente solicitud de amparo se modificó
durante el trámite constitucional.
En efecto, la pretensión principal estaba encaminada a obtener la reactivación y
permanencia de la señora López Burgos en Dusakawi EPSI y, de manera
subsidiaria, su reintegro a la Nueva EPS S.A. No obstante, durante el trámite de la
presente acción, la agenciada fue nuevamente afiliada a esta última entidad,
circunstancia que fue confirmada por su agente oficioso y corroborada mediante la
consulta de la información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados.
En ese sentido, se advierte que la solicitud de amparo perdió sustento, toda vez que
la situación que motivó su interposición —la falta de afiliación efectiva de la señora Cilia
María López Burgos al Sistema General de Seguridad Social en Salud— cesó en virtud
de la gestión adelantada por el propio agente oficioso, quien afilió nuevamente a la
agenciada a la Nueva EPS S.A., sin que ello obedeciera a una actuación de las
entidades accionadas. Este hecho determina la configuración de la carencia actual
de objeto por situación sobreviniente, dado que la agenciada actualmente se
encuentra afiliada a la Nueva EPS S.A. y, por ende, cualquier orden dirigida a definir
su afiliación carecería de eficacia.
En efecto, la nueva situación fáctica elimina la necesidad de emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la afiliación de la señora Cilia María López Burgos,
pues la finalidad sustancial perseguida con la presente acción de tutela, consistente
en garantizar su aseguramiento efectivo dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, ya se encuentra satisfecha. En consecuencia, cualquier orden
adicional sobre este aspecto resultaría inocua.
Ahora bien, frente a la solicitud relacionada con el suministro del equipo CPAP con
humidificador y máscara nasal, la insulina Toujeo, los insumos de glucometría y los
demás medicamentos prescritos por sus médicos tratantes, la Sala advierte que
tales prestaciones ya fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia de tutela del
24 de abril de 2026, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Riohacha, cuyo cumplimiento incluso dio lugar al trámite de un incidente de
desacato.
Por tanto, las controversias relacionadas con el cumplimiento de las órdenes
impartidas en dicha providencia deben ser planteadas ante el juez que conserva la
competencia para hacer efectivo el fallo, sin que resulte procedente impartir nuevas
órdenes en esta acción de tutela sobre prestaciones que ya fueron objeto de
protección judicial.
14
https://aplicaciones.adres.gov.co/BDUA_Internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=86xEy9J+jUAVWKThufw9pA==
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04812-00
Demandante: Javier David Monterroza López como agente oficioso de Cilia María
López Burgos
En esa medida, se declarará la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente, toda vez que la circunstancia que dio origen a la presente solicitud
de amparo se modificó durante el trámite constitucional y, en la actualidad, la señora
Cilia María López Burgos se encuentra nuevamente afiliada a la Nueva EPS S.A.,
de modo que cualquier orden encaminada a definir su afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud carecería de objeto.
Asimismo, se levantará la medida provisional decretada mediante auto del 23 de
junio de 2026, en atención a que la modificación sobreviniente de la situación de
afiliación de la agenciada hace innecesario mantener la protección transitoria
adoptada al inicio del trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia de objeto por configurarse una situación sobreviniente,
acorde con las consideraciones expuestas y, en consecuencia, levantar la medida
provisional decretada en auto de 23 de junio de 2026, por las razones expuestas en
la parte motiva.
2. Ordenar a la Secretaría General que garantice la reserva de la información
contenida en la historia clínica de la señora Cilia María López Burgos.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha,
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.