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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04815-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04815-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor Wilson de Antonio Pinilla. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 9 de diciembre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo del Huila. En consecuencia, ORDENAR que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, la autoridad judicial accionada profiera una sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33- 004-2022-00560-01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04815-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04815-00
Accionante: WILSON DE ANTONIO PINILLA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Tema: Tutela contra providencia judicial. Subsidio familiar bajo las
previsiones del Decreto 1794 de 2000. Concede protección
constitucional por configuración de defecto sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Tribunal Administrativo del Huila. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 6 de julio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Wilson de Antonio Pinilla, actuando mediante apoderada judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila3. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
«prevalencia del derecho sustancial», al «respecto a los derechos adquiridos» y
al «principio de congruencia de las decisiones judiciales».

2. El accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales
a la providencia del 9 de diciembre de 2025 dictada por la autoridad judicial
accionada. En tal decisión se revocó, la sentencia del 21 de agosto de 2024

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 Samai. Se precisa que se notificó como accionado al Tribunal Administrativo del Huila.
Además, se vinculó como terceros con interés al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial Neiva, a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3
La solicitud de amparo se radicó el 19 de junio de 2026 a través de correo electrónico.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Wilson de Antonio Pinilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04815-00

proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
negarlas. Ello, al interior de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 41001-33-33-004-2022-00560-01.

3. En concreto, el tutelante solicitó lo siguiente:

1. Que se tutelen los derechos y principios invocados por el accionante, los cuales
fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila mediante la sentencia
proferida el 9 de diciembre de 2025, que negó en su totalidad el reconocimiento
y reajuste del subsidio familiar dentro de la asignación salarial mensual del actor.

2. Que, como consecuencia de la protección constitucional solicitada, se deje sin
efecto la sentencia del 9 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso radicado 41001-
33-33-004-2022-00560-01.

3. Que, una vez se deje sin efectos la sentencia en mención, se ordene al Tribunal
Administrativo del Huila proferir una nueva sentencia, en la que se reconozca que
el actor tiene derecho a que el subsidio familiar sea liquidado y pagado conforme
a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir de la fecha en
que consolidó el derecho objetivo al reconocimiento de dicha prestación. [Sic a
toda la cita]

1.2. Hechos

4. El señor Wilson de Antonio Pinilla se vinculó como soldado profesional del
Ejército Nacional el 01 de agosto de 2004.

5. El 18 de septiembre de 2010 contrajo matrimonio con la señora Adriana
Tolosa Quintero, según consta en el registro civil de matrimonio con indicativo
serial 04856211.

6. Por lo anterior, le pidió a la entidad demandada el reconocimiento del
subsidio familiar con base en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; solicitud
que fue negada por dicha autoridad mediante Oficio 20125590544871 del 29 de
mayo de 2012, con fundamento en la derogatoria de dicha disposición con el
Decreto 3770 de 2009.

7. Mediante Orden Administrativa de Personal 1309 del 30 de septiembre de
2014, el Ejército Nacional le reconoció al señor Pinilla el subsidio familiar de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1161 de 2014.

8. Posteriormente, y con ocasión a la expedición de la sentencia del 7 de
junio del 2017 proferida por el Consejo de Estado que declaró la nulidad con
efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, el 3 de octubre de 2022 el accionante
le solicitó al Ejército Nacional el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en
la cuantía establecida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

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9. La anterior solicitud fue atendida de manera desfavorable por la autoridad
mediante Oficio 2022311002170671 MDN –COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DIPER- 1.10 del 7 de octubre de 2022.

10. Por lo anterior, el señor Wilson de Antonio Pinilla ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, con el fin de que se anulara el
mencionado acto administrativo. A título de restablecimiento del derecho, solicitó,
entre otras, que se reconociera y pagara el subsidio familiar desde el 18 de
septiembre de 2010, conforme lo dispone el Decreto 1794 de 2000.

11. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2024, el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el
reajuste y pago de la diferencia del subsidio familiar en la forma prevista en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a partir del 18 de septiembre de 2010.

12. Como sustento de la decisión, el a quo consideró que el estado civil del
demandante cambió el 18 de septiembre de 2010; esto es, en vigencia del
Decreto 3770 de 2009 que derogó el subsidio familiar contenido por el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000 y antes del 30 de junio de 2014, fecha en la cual se
reestableció en menor cuantía dicha prestación. Por ende, consideró que al haber
consolidado su situación civil en el periodo dentro del cual la norma estuvo
derogada y no existía dicha prestación, tenía derecho a su reconocimiento.

13. Contra la anterior decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación. En concreto, afirmó que se había desconocido que el acto
administrativo demandado había sido proferido a la luz de lo contemplado en el
Decreto 1161 de 2014, que regula expresamente el subsidio familiar para los
soldados profesionales activos y excluye a quienes lo percibían con base en
normas anteriores.

14. La alzada fue resuelta en providencia del 9 de diciembre de 2025, por el
Tribunal Administrativo del Huila, quien revocó la decisión del a quo. Como
fundamento de la decisión, sostuvo que al demandante se le había reconocido el
subsidio familiar contenido en el Decreto 1161 de 2014 equivalente al 23% de su
salario básico. Por consiguiente, consideró que tenía una situación jurídica
consolidada y en esa medida no era posible su reajuste con lo señalado en el
Decreto 1794 de 2000.

15. Dicha decisión quedó ejecutoriada el 19 de enero de 20264.

4
Conforme se aprecia en la constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila, visible a índice 16 Samai – Expediente 41001-33-33-004-2022-00560-
01.

3
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1.3. Sustento de la vulneración

16. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada, al dictar la
sentencia cuestionada, incurrió en un defecto material o sustantivo. Según su
planteamiento, la decisión no interpretó de manera completa la situación jurídica
relacionada con el subsidio familiar de los soldados profesionales y, además,
desconoció los efectos ex tunc derivados de la nulidad del Decreto 3770 de 2009.

17. Al respecto, señaló que el fallador de segunda instancia consideró
erradamente que la situación jurídica del accionante se encontraba consolidada,
por cuanto el subsidio familiar le fue reconocido con base en el Decreto 1161 de
2014. Sin embargo, estimó que dicha conclusión constituía una interpretación
abiertamente errónea y restrictiva del concepto de situación jurídica consolidada,
pues desconoce que el hecho generador del derecho se estructuró antes de la
expedición del Decreto 1161 de 2014 y durante la vigencia aparente del Decreto
3770 de 2009, norma que posteriormente fue anulada con efectos retroactivos.

18. En ese sentido, afirmó que se desconocieron las consideraciones e
hipótesis de la sentencia del 8 de junio de 2017 del Consejo de Estado, en tanto
el hecho generador del subsidio familiar se produjo durante el período en que la
norma aplicable había sido expulsada de manera indebida por el ordenamiento
jurídico por el Decreto 3770 de 2009.

19. En otras palabras, explicó que la autoridad judicial tenía el deber de
verificar el momento en que se estructuró el hecho generador del derecho
reclamado, esto es, la fecha en que el actor cumplió el supuesto fáctico exigido
por la norma para acceder al subsidio familiar, particularmente contar con
matrimonio o unión marital de hecho vigente. Así, cuando dicho hecho generador
ocurrió con anterioridad al 1° de julio de 2014, la norma llamada a regular la
situación es el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en virtud de su reviviscencia
derivada de la nulidad con efectos ex tunc del Decreto3770 de 2009.

20. Por consiguiente, mencionó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo
al aplicar indebidamente el Decreto 1161 de 2014 como fundamento para
descartar los efectos ex tunc de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, y al
interpretar de manera errónea el concepto de situación jurídica consolidada.

1.4. Intervenciones

21. El Tribunal Administrativo del Huila manifestó que la solicitud de
amparo es improcedente por carecer de relevancia constitucional y no satisfacer
el requisito de inmediatez. El primero, en tanto los reparos que sirven de sustento
no exponen de manera clara y precisa porque es necesaria la intervención
constitucional. El segundo, porque la decisión cuestionada fue notificada el 19 de
diciembre de 2025, mientras que la tutela fue radicada el 22 de junio de 2026;
esto es, más de 6 meses después.

4
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22. Aunado a lo anterior, precisó que tampoco se configuró el defecto
sustantivo alegado. Para ello, iteró los argumentos expuestos en la decisión
controvertida.

23. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la solicitud de
amparo. Para el efecto, mencionó que la tutela no acredita el presupuesto de la
inmediarez, tras considerar que entre la notificacion de la decision cuestionada y
la admision de la presente accion constitucional transcurrieron más de 6 meses,
sin que se hubiera justificada en modo alguno la tardanza.

24. En todo caso, afirmó se había transgredido el principio de subsidiariedad,
toda vez que se están reiterando los mismos argumentos del proceso ordinario,
de manera que lo pretendido es desplazar al órgano de la cierre de la jurisdicción.

25. El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva,
se limitó a remitir copia del expediente ordinario.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala accederá a la solicitud de amparo de la referencia, tras advertir
que la providencia censurada no incurrió en el yerro invocado por la parte
accionante. Para ello, se analizarán los siguientes puntos: (i) la superación de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales (ii) las generalidades del defecto alegado y (iii) el caso concreto.

2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

27. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

5
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28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

29. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

30. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

31. La Sala advierte que el señor Wilson de Antonio Pinilla está legitimado en
la causa por activa, porque fungió como demandante dentro del medio de control
en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por otro
lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila está legitimado en la
causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente
trámite constitucional.

32. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

33. En este caso, la Sala encuentra que no se pretende utilizar el mecanismo
de amparo constitucional como una extensión del proceso contencioso-
administrativo, como si se tratara de una tercera instancia. Esto, pues el interés
de la parte actora no es reabrir un debate zanjado por el juez natural de la causa,
sino evidenciar una seria tensión de garantías fundamentales al poner de
presente que la decisión censurada vulneró gravemente sus derechos a la
igualdad, debido proceso, «prevalencia del derecho sustancial», acceso a la
administración de justicia, «respeto a los derechos adquiridos», y el principio a la
seguridad jurídica.

9
Sentencia SU-215 de 2022.

6
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34. La parte actora cumplió con la carga de sustentar en debida forma el
defecto alegado y en qué se concreta el mismo. En su sentir, con la decisión
reprochada se omitió realizar una interpretación adecuada y juiciosa de las
normas que regulan el subsidio familiar; esto es, los Decretos 1794 de 2000 y
1161 de 2014.

35. Se destaca que dicho beneficio busca proteger la familia como núcleo
esencial de la sociedad, conforme lo establece el artículo 42 de la Constitución
Política. Al respecto, mediante Sentencia C-271 de 2021 la Corte Constitucional
definió el subsidio familiar de la siguiente manera:

Se trata de “una prestación social, porque su finalidad no es la de retribuir
directamente el trabajo-como sí lo hace el salario-, sino la de subvencionar las
cargas económicas del trabajador beneficiario”. Ha destacado que [t]iene por
objetivo fundamental la protección integral de la familia” señalando que
“[c]onstituye una valiosa herramienta para la consecución de los objetivos de la
política social y laboral del Gobierno” puesto que contribuye a “alcanzar la
universalidad de la seguridad social, en consonancia con el postulado
contemplado en el artículo 48 de la Carta Política”. Ha reiterado también que “es
una función pública, servida por el Estado a través de organismos intermediarios
manejados por empresarios y trabajadores” y su cumplimiento adecuado
compromete “el interés general de la sociedad, por los fines de equidad que
persigue”. Además de lo indicado, este tribunal ha precisado que el subsidio
supone “un sistema de compensación entre los salarios bajos y los altos, dentro
de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo
familiar” y, bajo esa perspectiva, constituye “un mecanismo de redistribución del
ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en dinero se reconoce al
trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso precarios,
que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más apremiantes
en alimentación, vestuario, educación y alojamiento”. [Comillas del texto original].

36. Como se observa, esta prestación está orientada a la protección integral
de las familias de ingresos medios y bajos, en especial respecto de la satisfacción
de sus necesidades básicas. En ese sentido, aunque pudiera pensarse que, al
tratarse de una reliquidación económica el asunto no va más allá de un ajuste
monetario, lo cierto es que su alcance es mucho mayor, pues incide directamente
en el mínimo vital de los núcleos familiares. Se trata de una prestación que busca
garantizarles el derecho a la igualdad frente a aquellos que cuentan con una
ventaja económica.

37. Conforme a lo anterior, para la Sala es claro que el asunto reviste
relevancia constitucional, puesto que como se ha reiterado con anterioridad10,
aparte de un asunto de debate complejo que involucra el desconocimiento de una
norma que vuelve a la vida jurídica con ocasión de una Sentencia del Consejo de
Estado11, los reparos concretos contra la providencia cuestionada buscan

10
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil, Sentencia 02.07.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-01132-01; Sentencia
24.11.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-05672-00; M.P. Rocío Araújo Oñate.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
M.P. César Palomino Cortés, Sentencia 08.07.17, Rad. 11001-03-25-000-2010-00065-00.

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evidenciar irregularidades cometidas por una autoridad judicial en violación de
derechos fundamentales.

38. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.

39. Al respecto, la Sala debe precisar que la Sentencia del 9 de diciembre de
2025 resolvió el recurso de apelación propuesto contra la sentencia de primera
instancia del 21 de agosto de 2024, dictada por el Juzgado Décimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Neiva, por lo que es dable tener por agotados los
recursos ordinarios. Del mismo modo, no se advierte, prima facie, el cumplimiento
de requisitos de procedencia de recursos extraordinarios, razón por la que se
tiene por cumplido el requisito de subsidiariedad.

40. Inmediatez. También se acredita este presupuesto, pues la sentencia que
se reprocha quedó ejecutoriada el 19 de enero de 2026, mientras que la tutela se
presentó el 19 de junio de 2026. Es decir, dentro de los seis meses que estableció
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo razonable
para ejercer la acción constitucional.

41. Naturaleza de la decisión cuestionada. Se supera este presupuesto ya
que no se controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue
proferida al interior del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Del mismo modo, la Sala advierte que la providencia sub judice
tampoco fue dictada en el marco de un proceso de control abstracto de
constitucionalidad ni corresponde a una sentencia interpretativa adoptada por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.

42. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías.

2.2. Generalidades del defecto alegado

43. En torno al defecto sustantivo, se destaca que la Corte Constitucional12,
ha explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica»13.

12
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002., T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de
2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-043 del 2005, T-295 de 2005, T-657 del
2006, T-686 del 2007, T-743 del 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.

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44. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente14 o porque ha sido derogada15, es inexistente16,
inexequible17 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador18.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma19.
c) La disposición aplicada es regresiva20 o contraria a la Constitución21.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición22.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma23
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

2.3. La providencia del 9 de diciembre de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila incurrió en defecto sustantivo

2.3.1. Marco normativo del reconocimiento del subsidio familiar

45. El Gobierno Nacional en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 creó un
subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares casados
o con uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía reportarse a
partir de su inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad con la
reglamentación vigente24.

46. Posterior a ello, se dictó el Decreto 3770 de 2009, «por el cual se deroga
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000», es decir, dejó sin efectos el
reconocimiento del subsidio familiar a favor de los soldados profesionales. Esta
norma empezó a regir a partir de su publicación, es decir, desde el 30 de
septiembre de 2009. Sin embargo, en contra de aquel, se interpuso una demanda
en ejercicio del medio de control de simple nulidad. Esta fue decidida en la
sentencia del 8 de junio de 2017, por medio de la cual la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770
de 200925.

14
Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004
16
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006
17
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002
19
Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009. y T-1101 de 2005
20
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008
21
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007
22
Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994
23
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 2004
24
Al respecto, el inciso segundo del artículo 11 del referido decreto dispuso: «Para los efectos
previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir
de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente».
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 8
de junio de 2017. Rad. 11001-03-15-000-2010-00065-00. Como fundamento de su decisión,
indicó que la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de 2009 que
suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados
profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04815-00

47. Es importante anotar que entre la interposición de la demanda contra el
Decreto 3770 de 2009 y la sentencia del 2017 de esta corporación, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual creó nuevamente un
subsidio familiar para los soldados profesionales, pero en una cuantía inferior a
la del Decreto 1794 de 200026.

48. A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación jurídica
antes mencionada:

14 de 30 de 24 de junio de 8 de junio de
Fecha septiembre de septiembre de 2014 2017
2000 2009
Decreto 1161 Sentencia de
de 2014 – crea la Sección
Decreto 3770 nuevamente el Segunda del
Decreto 1794 de de 2009 – subsidio familiar Consejo de
2000 – crea el derogó el para los Estado que
Suceso subsidio familiar subsidio familiar soldados declaró la
para soldados para los profesionales, nulidad del
profesionales. soldados pero en cuantía Decreto 3770
profesionales. inferior al del de 2009 con
Decreto 1794 efectos ex
de 2000. tunc.

2.3.2. De la configuración del defecto sustantivo en el caso concreto

49. Como se expuso en los antecedentes de esta decisión, el actor adujo que
el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo, dada la indebida
interpretación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que establece que los
soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de
hecho vigente, tendrán derecho al reconocimiento mensual de un subsidio
familiar equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de
antigüedad y del Decreto 1161 de 2014.

50. En síntesis, el accionante señala que, en virtud de los efectos de la
sentencia de 8 de junio de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, se dejó sin efectos el Decreto 3770 de 2009. De conformidad
con ello, señaló que el tribunal pasó por alto que, al haber cumplido los requisitos
del Decreto 1794 de 2000 y no haberlo podido solicitar en tiempo dada su
derogatoria, le debía ser reajustado su subsidio familiar bajo los supuestos de
esta última norma.

51. Pues bien, en sentencia del 9 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo
del Hula consideró que el señor Wilson de Antonio Pinilla no tenía derecho al

tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los que se
debería fundar, sino también porque no es compatible con el contenido esencial de los hechos a
la protección y seguridad social, al trabajo y a la seguridad jurídica.
26
Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones.

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reajuste del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000, toda vez
que su situación jurídica se consolidó con el reconocimiento que se hizo de
aquella prestación en los términos del Decreto 1161 de 2014.

52. Al respecto, la autoridad judicial dispuso:

[…] se evidencia que en actividad al demandante le fue incluido el subsidio
familiar de que trata el Decreto 1161 de 2014 equivalente al 23% de su salario
básico, según se desprende de los comprobantes de nómina de los meses de
diciembre de 2022 y enero de 2023 (f. 35, archivo 8 Id.), lo cual implica que no le
asiste el derecho a que el subsidio familiar le sea reajustado con el Decreto 1794
de 2000, pues ya tiene una situación jurídica consolidada.

53. Además, expuso que, en el auto de aclaración del 8 de septiembre de
2017, el Consejo de Estado había señalado que la declaratoria de nulidad con
efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 había revivido las previsiones del
Decreto 1794 de 2000, únicamente para las situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación, hasta cuando fue subrogado el Decreto
1161 de 2014. En ese sentido, señaló que, como la situación del demandante si
había sido consolidada, no tenía derecho al reajuste.

54. Así las cosas, al contraponer la argumentación del tribunal tutelado, las
disposiciones normativas indicadas y puntualmente los efectos de la sentencia
de 8 de junio de 2017, para la Sala se configuró el defecto sustantivo alegado por
desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009. Por ende, al actor le asiste el derecho a que se le reajuste
en su totalidad el subsidio familiar del que goza, de acuerdo al artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por lo que pasa a explicarse.

55. En el caso concreto se encontró acreditado que, el 18 de septiembre de
2010 el tutelante contrajo matrimonio católico con la señora Adriana Tolosa
Quintero, según registro civil de matrimonio con indicativo serial 04856211. Esto
quiere decir que, en principio adquirió el derecho al reconocimiento del subsidio
familiar bajo las previsiones del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez
que el hecho generador ocurrió antes de la expedición del Decreto 1161 de 2014.

56. Sin embargo, la norma para ese momento se encontraba fuera del
ordenamiento jurídico en virtud de su derogatoria ordenada por el Decreto 3770
del 30 de septiembre de 2009.

57. Lo anterior implica que la autoridad judicial accionada debía analizar lo
atinente a la situación concreta planteada por el accionante desde la óptica de la
norma sustancial; esto es, que inicialmente no pudo acceder al subsidio familiar
consignado en el Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el momento en el que
contrajo matrimonio, esa norma había sido derogada.

58. Sin embargo, con ocasión del fallo de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que declaró la nulidad del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009

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con efectos retroactivos, dicha situación imponía verificar si en el periodo
comprendido entre el 18 de septiembre de 2010 –fecha en la que cambió el
estado civil del soldado profesional– y la expedición del Decreto 1161 de 2014
que data del 24 de junio del mismo año, se había consolidado el derecho a favor
del señor García Martelo. No después de la expedición de esta última disposición.

59. Ello demuestra que, pese a resolver el litigio que conoció por cuanto realizó
un pronunciamiento frente a las pretensiones planteadas en la demanda, la
autoridad judicial accionada erró en el ejercicio de selección de las normas. Esto,
porque omitió lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, teniendo
en cuenta que para el momento de su decisión se había declarado la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 que derogó la anterior norma, lo que implicaba que estaba
vigente para la fecha en que el señor Pinilla inició su vida marital con la señora
Tolosa Quintero.

60. Vale aclarar que el soldado profesional no contó con la oportunidad de
solicitar el reconocimiento de su prestación de acuerdo con el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, precisamente porque fue solo hasta que cobró ejecutoria
la providencia del 8 de junio de 2017 que, se reitera, fue la que declaró la nulidad
del Decreto 3770 de 2009, que se contó con la certeza de que los soldados
podrían solicitar el pago de esta prestación, de acuerdo con la norma que revivió
al mundo jurídico.

61. A la par de lo anterior, no se le podía exigir que declarara ante las
autoridades su cambio de estado civil tan pronto esto ocurrió, sobre la base de
considerar que para la fecha en que esta se produjo (2010) no existía el subsidio
familiar, por la derogación expresa que en su momento realizó el Decreto 1794
de 2000. Por ende, para esa fecha era innecesario que el actor declarara su
vínculo familiar.

62. En consecuencia, el fallo censurado mediante esta tutela incurrió en el
defecto sustantivo propuesto porque realizó una indebida interpretación de la
norma cuya reviviscencia fue declarada por la Sección Segunda de esta
corporación. Lo anterior, al exigir una solicitud de reconocimiento en el periodo
en el que esta disposición no estaba produciendo efectos jurídicos.

63. En suma, el defecto sustancial invocado por la parte accionante se
configura desde 2 puntos de vista: i) en primer lugar, por cuanto para la resolución
del caso, la autoridad judicial accionada empleó normas que no tenían cabida,
dado que su análisis se circunscribió a referir que la persona ya recibía la
prestación del Decreto 1161 de 2014 sin estudiar que el matrimonio se contrajo
en 2010; y ii) en segundo lugar, como consecuencia de la anterior situación,
omitió aplicar las normas que efectivamente eran las llamadas a resolver el
conflicto, en consonancia con lo resuelto por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

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64. Por lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del accionante.
En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 9 de diciembre de 2025
emitida por el Tribunal Administrativo del Huila y se ordenará que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, la autoridad
judicial accionada profiera una sentencia de reemplazo dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 41001-33-33-004-2022-
00560-01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa
del presente fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor Wilson de Antonio
Pinilla.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 9 de diciembre de 2025
emitida por el Tribunal Administrativo del Huila. En consecuencia, ORDENAR
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia,
la autoridad judicial accionada profiera una sentencia de reemplazo dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-
004-2022-00560-01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04815-00

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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