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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04818-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04818-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04818-00 Actora: MYRIAM DEL PILAR ACEVEDO DUQUE

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04818-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04818-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MYRIAM DEL PILAR ACEVEDO DUQUE

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE CARTAGENA1 y la SALA DE DECISIÓN NÚM. 1 DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora MYRIAM DEL PILAR ACEVEDO DUQUE, actuando a

través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela

1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.

2

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prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad

social, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las providencias de

19 de diciembre de 2023 y 18 de octubre de 2024, dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 2015-00443-01, al cual se acumuló el

expediente radicado con el núm. 2015-00455-01.

I.2. Hechos

Señaló que contrajo matrimonio el 14 de febrero de 2004 con el señor

WILLIAM FERNANDO SIERRA ORTIZ (q.e.p.d.), vínculo que se

mantuvo vigente hasta el 9 de junio de 2014, -fecha de fallecimiento-

, del cual nacieron las menores SARA SOFÍA y MARÍA PAULA

SIERRA ACEVEDO.

Afirmó que el causante fue miembro activo de la POLICÍA

NACIONAL3 desde el 1o. de septiembre de 2001 hasta su

fallecimiento, y que, por disposición de aquella, en el 2008 fue

trasladado al distrito de Cartagena de Indias, lugar en el que inició

una relación sentimental con la señora HELLEN CECILIA

3
En adelante Policía.

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3

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OLIVARES ZAPATA con la cual tuvo a la menor LUISA FERNANDA

SIERRA OLIVARES el 12 de enero de 2012.

Manifestó que el 8 de octubre de 2012, el causante rindió una

declaración extraprocesal en la que manifestó convivir con la señora

OLIVARES ZAPATA desde hace más de dos años, no obstante, no

precisó la fecha exacta que inició tal relación.

Indicó que mediante Resolución núm. 01849 de 18 de noviembre de

2014, confirmada por las resoluciones núm. 00156 de 16 de febrero

y 00964 de 25 de marzo de 2015, la POLICÍA reconoció la pensión

de sobrevivientes a favor de las tres hijas del causante y dejó en

suspenso el porcentaje correspondiente a la cónyuge o compañera

permanente, por existir controversia sobre dicha calidad.

Advirtió que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho radicada bajo el número 13001-33-33-006-2015-00443-00,

a la cual se acumuló el expediente núm. 13001-33-33-002-2015-

00455-00, promovido este último por la señora DUQUE OLIVARES.

Ambos procesos fueron tramitados por el JUZGADO que, en

sentencia de 19 de diciembre de 2023 negó las súplicas incoadas al

considerar que ninguna de las dos había acreditado una convivencia

de al menos cinco años con el causante, como lo exige el artículo 11

del Decreto 4433 de 2004.

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Destacó que contra dicha decisión interpusieron recursos de

apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria por el

TRIBUNAL en sentencia de 18 de octubre de 2024.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la providencia judicial incurrió en defecto

fáctico, por cuanto limitó el cómputo de la convivencia matrimonial

con el causante solamente entre los años 2004 y 2008, sin valorar el

período sobreviniente a esta última anualidad.

Sostuvo que dicha omisión resulta grave, pues la jurisprudencia

constitucional ha establecido que para los cónyuges supérstites de

miembros de la fuerza pública a quienes les aplica el Decreto 4433

de 20044, el requisito de convivencia continua por 5 años no es

absoluto y puede exceptuarse cuando la cohabitación se interrumpe

por una causa justa, como lo es el traslado o separación física por

motivos laborales.

Manifestó que también desconoció el precedente jurisprudencial

previsto en las sentencias T-228 de 20235 y T-290 de 20256,

4
Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”.
5
Corte Constitucional, sentencia T 228 de 23 de junio 2023, Magistrada Ponente: Paola Andrea Meneses
Mosquera.
6
Corte Constitucional, sentencia T 290 de 2 de julio de 2025, Magistrado Ponente: Miguel Polo Rosero.

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proferidas por la Corte Constitucional, que refieren sobre la justa

causa de interrupción de la cohabitación por motivos laborales.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] SEGUNDA: Dejar sin efectos la Sentencia No. 124 de 2024,
del 18 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión No. 001, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 13001-33-33-006-
201500443-01 (acumulado con 13001-33-33-002-2015-00455-
01), únicamente en lo que respecta a la negativa del
reconocimiento pensional de la accionante.

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que,
dentro del término que se le señale, profiera una nueva sentencia
de segunda instancia que valore de manera íntegra el acervo
probatorio relativo al tiempo de convivencia matrimonial entre la
accionante y el causante, aplicando en su totalidad el precedente
jurisprudencial que la propia Corporación invocó.

CUARTA (subsidiaria): En caso de que se considere que el yerro
tiene origen también en la valoración efectuada en primera
instancia, ordenar al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Cartagena adoptar las medidas a que haya lugar dentro del proceso
de origen.

QUINTA: Disponer la vinculación de los terceros con interés
legítimo identificados en el acápite I, para garantizar su derecho de
defensa y contradicción dentro de la presente acción. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO solicitó ser desvinculado de la presente acción

constitucional por cuanto no ha vulnerado los derechos

fundamentales de la actora. También, manifestó que las actuaciones

surtidas dentro del proceso ordinario cuestionado se han realizado

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con apego a la normativa aplicable.

I.5.2.- el TRIBUNAL guardó silencio.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL solicitó declarar improcedente el

amparo solicitado, en razón a que no ha vulnerado derecho

fundamental alguno.

I.6.2.- la señora HELLEN CECILIA OLIVARES ZAPATA guardó

silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que el JUZGADO solicitó ser desvinculado de la

acción constitucional de la referencia, por falta de legitimación en la

causa por pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya

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omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el JUZGADO conoció del medio de control objeto

del presente estudio, la Sala concluye que le asiste interés directo en

la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la

que se denegará la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda

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meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 19 de diciembre de 2023 y 18

de octubre de 2024, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO

y el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2015-00443-01, al cual se acumuló el expediente radicado

con el núm. 2015-00455-01.

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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la seguridad social, habida cuenta que,

a juicio de la actora, incurrió en defecto fáctico, por cuanto limitó

el cómputo de la convivencia matrimonial con el causante solamente

entre los años 2004 y 2008, sin valorar el período sobreviniente a

esta última anualidad.

Sostuvo que dicha omisión resulta grave, pues la jurisprudencia

constitucional ha establecido que para los cónyuges supérstites de

miembros de la fuerza pública a quienes les aplica el Decreto 4433

de 2004, el requisito de convivencia continua por 5 años no es

absoluto y puede exceptuarse cuando la cohabitación se interrumpe

por una causa justa, como lo es el traslado o separación física por

motivos laborales.

Manifestó que también desconoció el precedente jurisprudencial

previsto en las sentencias T-228 de 2023 y T-290 de 2025, proferidas

por la Corte Constitucional, que refieren sobre la justa causa de

interrupción de la cohabitación por motivos laborales.

En este punto se advierte que si bien en la acción de tutela se solicita

dejar sin efecto tanto la providencia de 19 de diciembre de 2023

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 18 de octubre de 2024

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por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la

que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la

[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas

[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de

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derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por la

actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

En efecto, la inconformidad de la actora se sustenta, básicamente,

en que la autoridad judicial accionada no realizó en debida forma el

cómputo de la convivencia matrimonial que tuvo con el causante, ya

que la limitó al período comprendido entre los años 2004 y 2008, sin

valorar el período sobreviniente a esta última anualidad.

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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

“[…] La Sala de Decisión optará por confirmar el fallo de primera
instancia. La solicitud de pensión de sobrevivientes de Myriam
del Pilar Acevedo Duque fue negada porque no se pudo
demostrar que cumpliera con los requisitos de convivencia
establecidos en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004. Aunque
Myriam Acevedo presentó pruebas de su matrimonio con William
Fernando Sierra Ortiz y del nacimiento de sus hijas, los
testimonios y las pruebas presentadas no fueron suficientes para
acreditar una convivencia continua y estable durante los cinco
años requeridos.

Por otro lado, la solicitud de Hellen Olivares Zapata también fue
negada debido a la falta de pruebas suficientes que demostraran
una convivencia de cinco años con el causante antes de su
fallecimiento. Aunque Hellen Olivares afirmó haber convivido en
unión libre con William Sierra desde febrero de 2009, las pruebas
y testimonios presentados no lograron establecer de manera
clara y precisa el inicio y la duración de la relación. Los
testimonios de los testigos fueron vagos y no especificaron
fechas exactas o aproximadas. La declaración del hermano del
causante solo pudo aproximar el inicio de la relación a 2010, lo
que no cumplía con el requisito de tiempo establecido por la
normativa. Por lo tanto, la Sala de Decisión determinó que no se
cumplían los requisitos legales para otorgar la pensión a Hellen
Olivares (…)

b) La solicitud pensional de la cónyuge supérstite, Myriam
del Pilar Acevedo Duque. La señora Myriam Acevedo Duque
fundamenta su pretensión con base el registro civil de
matrimonio, en el que se puede observar que contrajo nupcias
con William Fernando Sierra Ortiz. Durante este vínculo
matrimonial, nacieron María Paula y Sara Sofía en los años 2004
y 2008, respectivamente. (…) No obstante, la convivencia
alegada por Myriam Acevedo en la demanda y en su recurso de
apelación, no tiene solidez probatoria. Para empezar, el
testimonio de María Ortiz Vanegas presentó contradicciones
internas. En un primer momento, indicó que no tenía
conocimiento sobre alguna relación extramatrimonial;
textualmente afirmó: “No señora, yo nunca me di cuenta de otra
pareja, ni nada. Cuando él venía de Cartagena, ellos salían
[inaudible] y amanecían en la calle, volvían al otro día. Yo no

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sabía de más parejas”. Sin embargo, luego precisó que el
cadáver de William Fernando fue entregado a “Hellen”, quien
bajo su dicho era la “amante” del causante. Es decir, sí tenía
conocimiento que William Fernando tenía otra pareja
sentimental.

Asimismo, no es creíble su declaración porque no podía
corroborar que Hellen simplemente era una “amante” del
causante, siendo que, (i) William Sierra tuvo una hija con Hellen
Olivares Zapata y, además, (ii) el lugar de residencia de dicha
pareja era en la ciudad de Cartagena, por lo cual, se encontraba
a una distancia alejada (Cúcuta) para esclarecer si la relación
con Hellen Olivares tenía vocación de permanencia.

En relación al testimonio de Ana Ley Guerrero Vega se predica
una conclusión similar. La testigo señaló que conocía a Hellen
Olivares, ya que “era con la persona que [William] Fernando
había tenido una bebé, con la que le había sido infiel a la cuñada
[Myriam Acevedo”. Frente a la vocación de permanencia de esta
pareja, manifestó que no tenía conocimiento, por lo cual, no es
creíble para detallar el tipo de relación que tenía el fallecido con
Hellen Olivares.

Ahora bien, conviene destacar que, Luis Carlos Sierra Ortiz
(hermano del causante) señaló que la relación entre William
Fernando y Myriam del Pilar comenzó a presentar problemas
cuando su hermano fue trasladado al departamento de Bolívar.
En ese sentido, indicó que “[…] cuando mi hermano se fue a
trabajar al Departamento de Policía Bolívar Seccional Tránsito y
Transporte, de ahí en adelante él empezó a tener problemas y
ya fue cuando empezó a entablar algún tipo de relación con la
señora Hellen Olivares y pues él ya el tiempo que le quedaba
pues se quedaba era en Barranquilla, donde la familia de la
señora Hellen. Ya él no viajaba como lo hacía ocasionalmente a
Cúcuta a visitar a la ex señora o a sus hijas, puesto que él tenía
una relación en cierta forma algo complicada después de que
ellos terminaron un momento”.

El testimonio de Luis Carlos Sierra Ortiz cuenta con eficacia
probatoria por las siguientes razones: (i) manifestó que tenía
una relación cercana con su hermano, William Fernando Sierra
Ortiz; (ii) su relato es creíble porque fue espontáneo y, además,
dio detalles de la vida íntima que tenía el causante con las dos
parejas sentimentales que tuvo en vida; (iii) sus explicaciones
guardan coherencia con otros medios de prueba, por ejemplo, la
declaración juramentada que rindió el señor William Fernando
en el año de 2012, en la que afirmó que llevaba conviviendo más
de dos (2) años con Hellen Cecilia Olivares Zapata.

Bajo estos argumentos, se puede concluir que, Myriam Acevedo
Duque se separó de hecho de William Fernando Sierra Ortiz,

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tiempo después de que fue trasladado al departamento de
Bolívar por cuestiones del servicio en la Policía Nacional. A pesar
de lo anterior, la Sala de Decisión advierte que Myriam Acevedo
Duque puede ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes,
dado que, nunca se divorció del causante, ni tampoco se disolvió
la sociedad conyugal.

(…)

De acuerdo con lo transcrito, Myriam Acevedo podría,
eventualmente, acceder al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en el caso que demuestre haber convivido con
William Sierra por el lapso de cinco (5) años en cualquier
momento de su relación, en la medida que, nunca se divorciaron,
ni disolvieron su sociedad conyugal.

En este sentido, se observa el registro civil de matrimonio de la
pareja, el cual afirma que contrajeron nupcias desde el 14 de
febrero de 2004. A su vez, la señora Ana Ley Guerrero Leal indicó
lo siguiente: “Pilar y Fernando se conocieron más o menos en el
2002. Se casaron en el 2004, tuvieron 2 niñas, pues fue una
relación en lo que a mí me consta una buena relación de pareja”.
Por lo anterior, no existe claridad si fue desde ese mismo año,
2002, fue que inició la convivencia entre Myriam Acevedo y
William Sierra. Téngase en cuenta que, la testigo dijo claramente
que fue en el 2002 cuando se conocieron, es decir, omite en
precisar si desde ese mismo iniciaron una vida común.

Ahora bien, frente al día en que se separaron los cónyuges no
existe una fecha exacta en este sentido. La única persona que
precisó este dato fue Hellen Olivares Zapata, quien afirmó que su
relación terminó en 2007. No obstante, su declaración no puede
ser tenida en cuenta, por tratarse de la compañera permanente
que busca desplazar en su derecho a la cónyuge supérstite, por
ende, no goza de suficiente credibilidad. Además, el órgano de
cierre ha señalado que la declaración de parte solo se puede
apreciar cuando produzca consecuencias jurídicas adversas al
confesante, o que favorezca a la parte contraria; situación que no
se vislumbra en este caso concreto.

En todo caso, se recuerda que, Luis Carlos Sierra Ortiz (hermano
del causante) manifestó que, con ocasión al traslado que tuvo su
hermano, la relación entre Myriam y William empezó a tener
problemas, lo que derivó en que este último conociera a Hellen
Olivares y, a la postre, empezara una relación con aquella.

Cabe mencionar que, el testigo no da detalles sobre los años en
que ocurrieron estos acontecimientos, por consiguiente, se
entenderá que la relación de Myriam Acevedo Duque y William
Sierra Ortiz perduró entre los años de 2004 y 2008, fecha en la
que nació su última hija, Sara Sofía, completando un total de

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cuatro (4) años de convivencia. En consecuencia, se negará el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por
Myriam del Pilar Acevedo Duque.

c) La solicitud pensional de la compañera permanente
supérstite, Hellen Olivares Zapata. En su demanda, la
compañera permanente precisó que convivió en “unión libre” con
William Sierra Ortiz desde el mes de febrero de 2009. Al respecto,
la Sala de Decisión indicará que está probado que Hellen Olivares
acompañó en sus últimos de vida al causante. Sin embargo, con
las pruebas incorporadas al proceso, no se puede comprobar que
hubiesen convivido cinco (5) años antes del fallecimiento del
causante.

Para empezar, el causante señaló el 8 de octubre de 2012 que
convivía con Hellen Olivares Zapata “desde hace más de dos
años”. No obstante, esta declaración no precisa el inicio temporal
de la relación, por lo cual, no es posible inferir -como lo pretende
su apoderado- que llevaban tres (3) años de convivencia. Si ese
hubiese sido la intención del causante, fácilmente pudo haber
clarificado este asunto en aquella oportunidad.

Además, conviene destacar que, todos los testigos que rindieron
declaración en la audiencia de pruebas no especificaron que
llevasen más de 5 años de convivencia. Por ejemplo, Nancy
Villadiego Martínez precisó que la pareja convivió en “Bonanza”
desde el año 2012 hasta la fecha de fallecimiento de William
Sierra. Es decir, no especificó que llevaban más tiempo
conviviendo.

En cuanto a la señora Jacklin Diaz Carmona precisó que conoció
a William Fernando Sierra desde el año 2009, pero no especificó
si a partir de esa fecha empezaron a convivir juntos. Por otro
lado, Omaida Tapias de Quiroz manifestó que no sabía desde qué
momento iniciaron su relación William y Hellen. En concreto, la
testigo declaró lo siguiente: “bueno, la verdad es que no tengo
fecha, no, pero ellas tenían tiempo de tener relación. Una vez se
ve la relación y por lo menos yo no noto fecha, sí que es tiempo,
pero sí duraron un tiempo porque ellos siempre han andado
juntos”.

Igualmente, Graciela María Carmona Vergara se le preguntó si
sabía desde qué año empezaron a convivir juntos William Sierra
y Hellen Olivares. Frente a lo cual, la declarante indicó “En la
fecha no”. Finalmente, se debe destacar que, el único declarante
que indicó una fecha aproximada fue Luis Carlos Sierra Ortiz
(hermano del causante), quien señaló que, “diría desde el 2010
o antes del 2010, porque mi hermano ya me había expresado en
varias ocasiones, pues que donde estaba trabajando desde que
lo habían trasladado, pues para el departamento de Bolívar para
tránsito, él tenía, pues estaba en una relación con una muchacha

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que pues que había conocido por allá, y que pues que estaba con
ella y pues ella venía teniendo pues sus problemas en cuanto a lo
a la parte de su matrimonio. Entonces desde ese tiempo, doctora”

Es importante señalar que, el periodo de tiempo delimitado por
Luis Carlos Sierra Ortiz coincide con lo manifestado por William
Fernando Sierra Ortiz en la declaración juramentada que fue
anexada a este proceso judicial.

Por último, se reitera que, el interrogatorio de parte rendido por
Hellen Olivares Zapata no puede ser tenido en cuenta para
establecer el lapsus de tiempo que perduró la pareja, toda vez
que, el Consejo de Estado ha señalado que la declaración de parte
solo se puede apreciar cuando produzca consecuencias jurídicas
adversas al confesante, o que favorezca a la parte contraria;
situación que no se vislumbra en este caso concreto.

Así entonces, tomando como referencia el 1° de enero de 2010
(fecha que indicó el hermano del causante) hasta la muerte de
William Sierra Ortiz, 9 de junio de 2014, esta pareja sentimental
solo perduró 4 años, 5 meses y 8 días. Es decir, no se cumple con
el requisito de tiempo que exige el artículo 11 del Decreto 4433
de 2004, por lo tanto, deberá negarse la solicitud presentada por
Hellen Cecilia Olivares Zapata […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se advierte

que el TRIBUNAL elaboró un recuento de las pruebas aportadas y

recaudadas dentro del proceso ordinario cuestionado y, a partir de

dicho análisis, concluyó que había lugar a confirmar la decisión de

primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

En efecto, se advierte que contrario a lo alegado por la actora, el

TRIBUNAL sí analizó el cómputo de la convivencia matrimonial entre

la accionante y el causante, pues de las pruebas aportadas al proceso

ordinario, las cuales fueron analizadas de forma integral y razonada,

concluyó que no había lugar al reconocimiento prestacional de las

señoras ACEVEDO DUQUE y OLIVARES ZAPATA, ya que ninguna

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de ellas cumplió con el requisito del término de 5 años que exige el

artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.

Señaló que si bien la señora ACEVEDO DUQUE podía eventualmente

acceder al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en la

medida que no se divorció del causante ni disolvió su sociedad

conyugal, ello no se materializó, por cuanto solo acreditó una

convivencia de 4 años con aquel.

Con fundamento en lo anterior, la providencia cuestionada concluyó

que las actoras dentro del proceso ordinario no cumplieron con los

requisitos para ser beneficiarias de la pensión de sobreviviente por

causa de la muerte del señor SIERRA ORTÍZ (q.e.p.d.), pues como

ya se mencionó, del material probatorio no se logró establecer que

alguna de ellas hubiera acreditado los 5 años de convivencia exigidos

en la ley.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

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Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple con

la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto

la parte actora se limitó a citar las sentencias a las que hace

alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir

entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario

cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección17 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso

y a la aplicación de la jurisprudencia dispuesta para el caso, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

acción de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

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de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el JUZGADO

SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04818-00
Actora: MYRIAM DEL PILAR ACEVEDO DUQUE

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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