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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04825-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04825-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Concédese el amparo del derecho constitucional fundamental del debido proceso de la señora Sandra Magally Leal Siachoque, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Acéptanse las solicitudes de coadyuvancia presentadas por el municipio de Ibagué e IBAL SA ESP respecto de la demanda, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 3º) Déjanse sin efectos los apartes del auto proferido oralmente el 9 de octubre de 2025 por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de protección de derechos e intereses colectivos con radicación no. 73001-23-00-000- 2001-01676-00, que: i) atribuyeron a la señora Sandra Magally Leal Siachoque temeridad, mala fe y abuso del derecho de litigar; ii) le impusieron costas por diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes; iii) le impusieron multa por diez (10) 22 Expediente: 11001-03-15-000-2026-04825-00 Parte actora: Sandra Magally Leal Siachoque Acción de tutela salarios mínimos mensuales legales vigentes y iv) ordenaron remitir copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. Esta determinación comprende el auto oral que resolvió la reposición en la misma audiencia, únicamente en cuanto mantuvo esas consecuencias. 4º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Tolima que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, comunique la presente decisión a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y a cualquier autoridad a la que hubiera remitido la providencia cuestionada para su cobro, ejecución, registro o reporte, y adopte las medidas necesarias para que cesen los efectos derivados de los apartes dejados sin valor. 5º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04825-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04825-00
Demandante: SANDRA MAGALLY LEAL SIACHOQUE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES. ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS FÁCTICO,
SUSTANTIVO Y DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN. SE
CONCEDE EL AMPARO.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó los autos proferidos en audiencia, mediante los
cuales se le atribuyó temeridad, mala fe y abuso del derecho de litigar; se le impuso costas y
multa y se ordenó remitir copias a la autoridad disciplinaria. La Sala encontró que esas
consecuencias se sustentaron en que el tribunal atribuyó a la demandante, en condición de
apoderada judicial, la presentación de una solicitud de nulidad, pese a que el escrito fue
presentado por otra profesional y a que aquella aclaró que su petición se limitó a solicitar la
integración de un comité de verificación. La autoridad demandada no individualizó ni acreditó
los supuestos legales que sustentaron las consecuencias impuestas, razón por la cual se
concede el amparo del derecho fundamental del debido proceso.

La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada1 por la señora Sandra
Magally Leal Siachoque contra el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de
obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, defensa y contradicción, acceso a la administración de justicia, buena fe,
trabajo y libre ejercicio de la profesión, presuntamente vulnerados con los autos
proferidos dentro del proceso de protección de derechos e intereses colectivos con
radicación no. 73001-23-00-000-2001-01676-00.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 22 de junio de 2026. Índice 0001 del aplicativo

SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04825-00
Parte actora: Sandra Magally Leal Siachoque
Acción de tutela

1) Los señores Félix Eduardo Martínez Ramírez y Joaquín Augusto Torres Nieves
promovieron el proceso de protección de derechos e intereses colectivos con
radicación no. 73001-23-00-000-2001-01676-00 contra el municipio de Ibagué, la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado SA ESP (en adelante IBAL SA
ESP), el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (en adelante
Infibagué) y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (en adelante Cortolima) por
considerar vulnerados derechos colectivos con ocasión del vertimiento de aguas
residuales en la quebrada Hato de la Virgen.

2) El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 2 de mayo de 2005,
mediante la cual amparó los derechos colectivos de seguridad y salubridad públicas e
impartió órdenes dirigidas a la recuperación, mantenimiento y descontaminación de la
referida quebrada, la reubicación de los habitantes de sus riberas y la vigilancia del
sector.

3) En el numeral octavo de esa providencia se ordenó integrar un comité conformado
por el agente de la Procuraduría Ambiental y Agraria, las partes, el técnico de
saneamiento ambiental del municipio o quien hiciera sus veces y los miembros de la
Sala de Decisión del tribunal para verificar su cumplimiento.

4) El municipio de Ibagué apeló la decisión2 y la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó y adicionó el fallo, mediante sentencia del 4 de febrero de 2010, con
fundamento en que las pruebas demostraron que persistían la contaminación de la
quebrada y los asentamientos humanos en su ronda, que las medidas adoptadas por
el ente territorial habían sido insuficientes y que este había incumplido reiteradamente
sus deberes en materia de saneamiento ambiental; además, precisó y desglosó las
órdenes impartidas al municipio y los plazos para su cumplimiento.

5) El 7 de octubre de 2025, la entonces apoderada judicial del municipio de Ibagué,
Deisy Carolina Lozano Ramírez, presentó un memorial en el cual sostuvo que
mantener la actuación unipersonal del magistrado conductor del proceso podía generar
el riesgo de configurar causales de nulidad procesal por desconocimiento del juez
natural y vulneración del debido proceso, por lo cual solicitó que todos los miembros
de la Sala de decisión del Tribunal Administrativo del Tolima integraran el comité de

2 El municipio de Ibagué alegó que la comunidad también contribuyó a la afectación de la quebrada, que

no fueron valoradas las labores de limpieza adelantadas por la administración, que el plazo concedido
era insuficiente y que algunas órdenes requerían la intervención del Concejo Municipal.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04825-00
Parte actora: Sandra Magally Leal Siachoque
Acción de tutela

verificación para la audiencia de cumplimiento del fallo programada para el 9 de octubre
de 2025 y que las actuaciones de control se adelantaran con la intervención del comité
conformado en la sentencia.

6) El 9 de octubre de 2025, antes de iniciar la audiencia convocada dentro del trámite
de cumplimiento, la señora Sandra Magally Leal Siachoque, aquí demandante, asumió
la representación judicial del municipio de Ibagué en sustitución de la anterior
apoderada.

7) Al inicio de la audiencia, el magistrado ponente consideró que el memorial del 7 de
octubre de 2025, presentado por la anterior apoderada del municipio y en el cual se
cuestionó la actuación individual de ese servidor judicial, contenía una solicitud de
nulidad por falta de competencia, motivo por el cual citó los artículos 78 a 81 del Código
General del Proceso para poner en conocimiento de la nueva apoderada las
disposiciones relativas a los deberes procesales, la temeridad, la mala fe y la
responsabilidad patrimonial de las partes y sus apoderados; le advirtió acerca de las
posibles consecuencias patrimoniales y disciplinarias de persistir en una petición que
pudiera calificarse como temeraria o de mala fe y decretó un receso de diez minutos
para que determinara si mantenía la solicitud.

8) Reanudada la audiencia, la señora Leal Siachoque manifestó que en el expediente
no se había radicado una solicitud de nulidad, aclaró que el memorial pretendía la
integración de la Sala de Decisión del tribunal al comité y mantuvo esa petición; a su
vez, en el mismo sentido, el delegado de la alcaldesa municipal afirmó que no se
pretendía retrotraer la actuación y el agente del Ministerio Público manifestó que en el
expediente no obraba una solicitud formal de nulidad.

9) Mediante auto proferido oralmente en la audiencia, el magistrado conductor del
proceso interpretó que la solicitud de integrar la Sala de Decisión al comité y el
cuestionamiento de su competencia para adelantar individualmente las actuaciones de
verificación, equivalían a promover una nulidad por falta de competencia; en
consecuencia, negó la nulidad que entendió formulada y descartó que todas las
decisiones relacionadas con el cumplimiento tuvieran que ser adoptadas por la Sala de
Decisión, en tanto consideró que las reformas procesales asignaron al magistrado
ponente las providencias interlocutorias y las actuaciones de trámite no reservadas al
órgano colegiado.

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Parte actora: Sandra Magally Leal Siachoque
Acción de tutela

10) En esa misma providencia, concluyó que la apoderada actuó con temeridad, mala
fe y abuso del derecho de litigar, porque consideró que, pese a la advertencia realizada
y al receso concedido, insistió en una petición alejada de la realidad, carente de
fundamento jurídico y dirigida a obstaculizar el trámite y a presionar al despacho para
que adoptara una forma decisoria no exigida por la ley.

11) Con fundamento en esa calificación y en el artículo 81 del Código General del
Proceso, le impuso lo que denominó “costas por el incidente” por diez salarios mínimos
mensuales legales vigentes, una multa por igual valor y ordenó remitir copias a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima para que se investigara su
conducta.

12) La actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación con fundamento
en que no existió una petición expresa de nulidad, que no había obstruido la audiencia
y que la solicitud se orientó a lograr el cumplimiento del numeral octavo del fallo.

13) Mediante otro auto dictado en la misma audiencia del 9 de octubre de 2025, el
magistrado no repuso la decisión inicial y concedió el recurso de apelación en el efecto
devolutivo.

14) A través de auto del 15 de mayo de 2026 la Sección Primera del Consejo de Estado
rechazó por improcedente el recurso de apelación, debido a que en las acciones
populares ese medio de impugnación solo procede contra el auto que decreta medidas
cautelares y la sentencia de primera instancia; asimismo, precisó que contra las demás
providencias procede reposición, recurso que ya se encontraba resuelto por el tribunal
en la audiencia.

2. Los fundamentos de la vulneración

La demandante afirmó que el auto del 9 de octubre de 2025, mediante el cual se
consideró que actuó con temeridad, mala fe y abuso del derecho de litigar, al tiempo
que se le impusieron costas y una multa, y se ordenó remitir copias a la autoridad
disciplinaria, incurrió en un defecto fáctico porque se sustentó en que promovió una
nulidad procesal, pese a que no fue ella quien presentó el memorial del 7 de octubre
de 2025 y, cuando asumió la representación judicial del municipio, aclaró que la petición
se limitaba a solicitar la integración del comité de verificación.

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Parte actora: Sandra Magally Leal Siachoque
Acción de tutela

Alegó también la configuración de un defecto sustantivo por la aplicación de los
artículos 78 a 81 del Código General del Proceso, sin demostrar una conducta
temeraria o de mala fe, y sostuvo que una discrepancia jurídica, incluso si se
considerara equivocada, no acredita -por sí sola- una finalidad ilegal, dolosa,
fraudulenta o dilatoria.

Finalmente, adujo que la decisión careció de motivación dado que no explicó la
conducta concreta atribuible a ella, el perjuicio causado, el fundamento de las costas
fijadas en diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, la necesidad de
acumularlas con la multa ni las razones específicas para remitir copias disciplinarias.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia, presunción de
buena fe, trabajo y libre ejercicio de la profesión, responsabilidad personal y
proporcionalidad.

2. DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada en audiencia del 9 de octubre
de 2025, únicamente en cuanto declaró o tuvo por configurada una actuación
temeraria, de mala fe o abusiva del derecho de litigar atribuida a la suscrita.

3. DEJAR SIN EFECTOS la condena en costas por diez (10) SMLMV y la
multa adicional por diez (10) SMLMV impuestas.

4. DEJAR SIN EFECTOS la orden de compulsa de copias disciplinarias
proferida.

5. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que, si estima necesario
adoptar alguna determinación correccional o sancionatoria, adelante
previamente una actuación que respete plenamente el debido proceso, la
contradicción, la defensa, la motivación suficiente y la proporcionalidad.

6. ORDENAR que se comunique la decisión de tutela a las autoridades
administrativas o disciplinarias a las que se hubieren remitido copias, para
que cesen los efectos derivados de la providencia dejada sin efectos.

7. MANTENER la medida provisional solicitada hasta que la decisión de tutela
quede ejecutoriada.”. (Mayúsculas y negrillas del original, archivo disponible
en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI).

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 23 de junio de 2026 se admitió la acción de tutela se notificó a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y se vinculó a la alcaldesa del

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Acción de tutela

municipio de Ibagué, al procurador 163 Judicial II para asuntos administrativos, al
representante de IBAL SA ESP, al director general de Cortolima, a los señores Félix
Martínez y Joaquín Augusto Torres Nieves y a los magistrados integrantes de la
Sección Primera del Consejo de Estado, entregándoles copia de la demanda y los
anexos.

Adicionalmente, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora, dirigida a
que se ordenara la suspensión provisional de la sanción impuesta en su contra por
parte de la autoridad judicial demandada.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

La magistrada ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó ser
desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva, indicó que la acción de
tutela se dirigió contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima y
que su despacho se limitó a rechazar el recurso de apelación por improcedente tras
constatar que la reposición ya había sido decidida en audiencia.

La apoderada judicial de Cortolima pidió la desvinculación de esa autoridad porque no
profirió ni podía modificar la decisión cuestionada y manifestó que el ejercicio del poder
correccional debe respetar el debido proceso y que una diferencia interpretativa no
puede transformarse automáticamente en una conducta temeraria.

El presidente y los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, el procurador
163 Judicial II para asuntos administrativos y el señor Joaquín Augusto Torres Nieves
no presentaron informe de respuesta a pesar de estar debidamente notificados3.

En relación con el señor Félix Eduardo Martínez, la parte actora informó que había
fallecido y manifestó que no contaba con copia del certificado de defunción.

6. Solicitudes de coadyuvancia

La alcaldesa del municipio de Ibagué coadyuvó la solicitud de amparo y para sustentar
esa posición explicó que el memorial del 7 de octubre de 2025 fue presentado por la

3 Índice 00020 del aplicativo SAMAI.

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anterior apoderada del ente territorial y que la sustitución en favor de la actora se radicó
el mismo día de la audiencia.

Ninguna petición concreta pidió declarar una nulidad -como lo entendió
equivocadamente el magistrado ponente- y la profesional del derecho aquí
demandante se limitó a sostener la integración del comité prevista en la sentencia.

No se acreditaron los supuestos de los artículos 78 a 81 del Código General del
Proceso y las consecuencias impuestas carecieron de justificación suficiente.

Con fundamento en lo anterior, solicitó amparar los derechos fundamentales de la
actora, dejar sin efectos las decisiones sancionatorias adoptadas en la audiencia del 9
de octubre de 2025 y acceder a las pretensiones de la acción de tutela en los términos
de su intervención.

Además, pidió dejar sin efectos el auto del 15 de mayo de 2026, por medio del cual la
Sección Primera del Consejo de Estado rechazó el recurso de apelación, y planteó que
la integración de la Sala de Decisión al comité de verificación fuera resuelta por el
órgano colegiado.

El apoderado judicial de IBAL SA ESP también solicitó acceder al amparo y señaló que
la controversia sobre la integración del comité era una discusión jurídica vinculada con
el alcance de una orden judicial y que no se demostró temeridad, mala fe ni una
actuación obstructiva.

A su juicio, la sanción tuvo como premisa una solicitud de nulidad que no fue formulada
de manera expresa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la coadyuvancia en la
acción de tutela, 3) delimitación del asunto y 4) el caso concreto.

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Acción de tutela

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para sustituir
recursos ordinarios o extraordinarios, desplazar o variar los procedimientos judiciales
preestablecidos, revivir términos precluidos o reabrir debates propios del juez natural.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales.

2. La coadyuvancia en la acción de tutela

El municipio de Ibagué e IBAL SA ESP manifestaron que coadyuvaban las
pretensiones de la acción de tutela, por lo cual la Sala se pronunciará sobre esas
solicitudes.

El inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 permite intervenir como
coadyuvante del actor o de la autoridad demandada a quien tenga un interés legítimo
en el resultado del proceso.

La finalidad de esa figura es prestar apoyo a una de las partes, no formular
pretensiones propias ni introducir una controversia distinta de la planteada en la
demanda.

En este asunto el municipio de Ibagué e IBAL SA ESP tienen interés legítimo en el
resultado del proceso en tanto la parte actora fue sancionada cuando ejercía la
representación judicial del municipio en el trámite de cumplimiento de la acción popular,
proceso en el cual también interviene IBAL como autoridad demandada, y ambas
entidades comparten los fundamentos con los que aquella cuestiona las consecuencias
impuestas, en consecuencia, se aceptarán sus coadyuvancias respecto de la
demanda.

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Sin embargo, la intervención del municipio de Ibagué incluyó dos planteamientos que
exceden las pretensiones de la señora Sandra Magally Leal Siachoque: dejar sin
efectos el auto del 15 de mayo de 2026 de la Sección Primera del Consejo de Estado
y obtener un pronunciamiento sobre la integración de la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Tolima al comité de verificación, solicitudes que no serán
examinadas porque la coadyuvancia no permite ampliar el objeto de la demanda.

3. Delimitación del asunto

La Sala estima necesario precisar que la acción de tutela de la referencia se dirigió en
contra: i) del auto proferido oralmente por el Tribunal Administrativo del Tolima, durante
la audiencia del 9 de octubre de 2025, por medio del cual interpretó que la parte
demandante, en condición de apoderada del municipio de Ibagué, formuló una solicitud
de nulidad por falta de competencia, negó esa petición, consideró que la profesional
actuó con temeridad, mala fe y abuso del derecho de litigar, le impuso costas y multa
y ordenó remitir copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, y ii) del auto
dictado en la misma diligencia que resolvió el recurso de reposición y mantuvo la
decisión inicial.

En esos términos, la controversia consiste en determinar si el Tribunal Administrativo
del Tolima vulneró el derecho fundamental del debido proceso de la actora por
imponerle y mantener esas consecuencias personales con fundamento en que
promovió una nulidad y actuó con temeridad y mala fe.

Lo anterior, pese a que el memorial fue presentado por otra apoderada judicial, las
peticiones se limitaron a solicitar la integración del comité de verificación y la decisión
no individualizó ni acreditó los presupuestos legales de las medidas adoptadas.

Previamente, corresponde establecer si la acción de tutela satisfizo el requisito general
de la inmediatez, dado que se presentó más de ocho meses después de las
providencias cuestionadas, pero dentro de los treinta y ocho días siguientes al rechazo
de la apelación que el propio tribunal había concedido.

La actora invocó expresamente los defectos fáctico y sustantivo; igualmente, también
planteó como cargo la existencia de una “decisión sin motivación” como causal
específica de procedencia, para lo cual transcribió la regla correspondiente de la

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sentencia C-590 de 2005 y afirmó que la providencia no justificó de manera
individualizada y proporcional las consecuencias impuestas.

Por tanto, la Sala examinará separadamente esos tres reproches, todos ellos
comprendidos en el objeto de la demanda, sin que sea necesario acudir a un análisis
oficioso de causales distintas de las alegadas.

Por consiguiente, la Sala no examinará si el comité de verificación debía integrarse con
todos los miembros de la Sala de Decisión, si la solicitud podía interpretarse como una
nulidad, si el magistrado conductor era competente para las actuaciones de
seguimiento ni si procedía inaplicar alguna decisión adoptada en el proceso de
protección de derechos e intereses colectivos, por cuanto esos asuntos no conforman
las pretensiones de la acción de tutela y la propia actora indicó que no pretende reabrir
el debate sobre el cumplimiento material del fallo.

4. El caso concreto

En los términos en que se propuso la controversia, la Sala concederá el amparo del
derecho constitucional fundamental del debido proceso de la señora Sandra Magally
Leal Siachoque porque la decisión sancionatoria incurrió en defectos fáctico, sustantivo
y de decisión sin motivación, por las razones que se exponen a continuación.

4.1 La procedencia de la acción de tutela

1) La controversia cumple los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales: i) tiene relevancia constitucional porque se discute
el ejercicio del poder sancionatorio judicial respecto de una abogada, con
consecuencias patrimoniales y disciplinarias personales; ii) la actora interpuso recurso
de reposición que fue resuelto en la misma audiencia y de manera subsidiaria el recurso
de apelación contra esa decisión, el cual fue concedido y, posteriormente, rechazado
por improcedente, de modo que acudió a los mecanismos que estuvieron a su alcance;
iii) los hechos, derechos y defectos fueron identificados de manera concreta; iv) la
supuesta irregularidad tiene incidencia directa en la decisión y v) no se controvierte una
sentencia de tutela.

2) El requisito de inmediatez exige un análisis particular dado que las providencias
censuradas fueron dictadas y notificadas en estrados el 9 de octubre de 2025, mientras

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que la demanda de tutela se presentó el 22 de junio de 2026, por lo cual, entre esas
fechas transcurrieron ocho meses y trece días, lapso que, en principio, supera el
parámetro ordinario de seis meses empleado por la jurisprudencia constitucional para
valorar la oportunidad del amparo contra providencias judiciales.

3) Sin embargo, es de señalar que durante ese periodo la actora no permaneció
inactiva, sino que, como quedó anotado, en la misma audiencia del 9 de octubre de
2025 interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra las
determinaciones que estimó vulneradoras de sus derechos fundamentales.

La autoridad judicial demandada resolvió la reposición y mantuvo la decisión inicial y
aunque el agente del Ministerio Público advirtió que la apelación no procedía, la propia
autoridad judicial demandada la concedió expresamente, en el efecto devolutivo, ante
el Consejo de Estado.

4) A juicio de la Sala, en este caso esa concesión formal constituye una razón objetiva
para justificar el tiempo empleado en el trámite del recurso puesto que la parte actora
debía esperar razonablemente que el superior se pronunciara sobre la impugnación
admitida por el juez del proceso, sin promover de manera simultánea una acción de
tutela que, por su naturaleza subsidiaria, solo procede cuando no existe otro medio
judicial disponible. Además, el recurso fue presentado de inmediato, se dirigió contra
las mismas consecuencias que ahora se cuestionan y no se advierte que hubiera sido
utilizado con la finalidad de prolongar artificialmente el término para solicitar el amparo.

5) La Sección Primera de esta Corporación rechazó la apelación por improcedente
mediante auto del 15 de mayo de 2026, mientras que la acción de tutela fue presentada
el 22 de junio siguiente, es decir, treinta y ocho días después.

En consecuencia, valoradas las particularidades del trámite, existe una correlación
temporal razonable entre la culminación del medio de impugnación que el tribunal había
concedido y la solicitud de protección constitucional; por consiguiente, la parte actora
no cuenta con otro mecanismo judicial para obtener el examen de fondo de las
consecuencias personales impuestas y la demanda satisface los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.

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4.2 Caracterización del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de
acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional ha reconocido
que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace
del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello,
ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

4) En la sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional enunció esta causal específica
en los siguientes términos:

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.4

4.3 El análisis del defecto fáctico en el caso concreto

1) El acta de la audiencia celebrada el 9 de octubre de 2025 demuestra que el Tribunal
Administrativo del Tolima distinguió dos decisiones: primero, negó la solicitud que
interpretó como una “nulidad por falta de competencia” y rechazó la intervención
permanente de la Sala de Decisión; después, calificó la conducta de la parte actora
como “temeraria, de mala fe y abusiva” y le impuso consecuencias personales.

4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. Las reglas jurisprudenciales fueron invocadas en la

demanda de tutela, archivo “1. TUTELA.pdf”, pp. 6 a 8.

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2) Desde ya se advierte que la Sala no se detendrá en analizar la competencia del
tribunal para interpretar la solicitud ni la razonabilidad de su respuesta al problema
procesal, como se delimitó, esos extremos permanecen incólumes.

3) El análisis constitucional se concentrará en establecer si las razones utilizadas para
negar la petición demostraban, además, los presupuestos cualificados necesarios para
sancionar personalmente a la apoderada.

4) De entrada, esta Colegiatura anticipa que la respuesta a ese interrogante es
negativa, dado que, es un hecho acreditado y reconocido por las partes que el memorial
del 7 de octubre de 2025, mediante el cual se solicitó la integración de la Sala de
Decisión del tribunal al comité de verificación, no fue suscrito ni presentado por la
apoderada Sandra Magally Leal Siachoque, sino por la señora Deisy Carolina Lozano
Ramírez; aunque la motivación aludió al riesgo de configurar eventuales causales de
nulidad, sus dos peticiones fueron las siguientes:

“PRIMERO. Disponer la integración de los miembros de la Sala de Decisión
al Comité de Verificación, conforme a lo ordenado en el numeral octavo de la
sentencia del 2 de mayo de 2005, para la diligencia de verificación del fallo
programada el día 9 de octubre de 2025 a las 2:30 p.m.”.

“SEGUNDO. Garantizar que toda actuación de control de cumplimiento al
fallo se adelante con la intervención del comité conformado por el Procurador
Ambiental y Agrario, las partes, el Técnico de Saneamiento Ambiental del
Municipio o quien haga sus veces y los miembros de la Sala de Decisión”. 5

5) Por tanto, el escrito no pidió declarar inválida una actuación, identificar una causal
de nulidad ni retrotraer el proceso.

6) Además, se encuentra igualmente demostrado que la abogada Leal Siachoque -aquí
actora- recibió la sustitución del poder el mismo día de la audiencia celebrada el 9 de
octubre de 2025, oportunidad en la cual el magistrado ponente le preguntó si persistía
en la supuesta nulidad, como quedó registro en el acta donde se indicó que la
apoderada:

“[...] expresó que en la plataforma Samai no existe radicación de solicitud de
nulidad impetrada por el municipio de Ibagué. [...] Señaló que [...] la radicación
del memorial es de que se convoque a la Sala de decisión, más no es un
ataque contra el actuar o magistrado conductor del proceso, es un ejercicio

5 Memorial suscrito por Deisy Carolina Lozano Ramírez el 7 de octubre de 2025, índice 0002 del
aplicativo SAMAI.

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Parte actora: Sandra Magally Leal Siachoque
Acción de tutela

del derecho de defensa y contradicción. Afirmó que el municipio se ratifica en
la solicitud de integración de la Sala [...]6”.

7) En similares términos, el agente del Ministerio Público que participaba en la
audiencia coincidió en que la manifestación de la profesional daba cuenta de “que no
interpuso nulidad alguna, ni propuso incidente de nulidad en el trámite judicial7”.

8) Así entonces, la primera premisa de la decisión cuestionada contrasta con el
contenido literal del memorial y con la aclaración efectuada en la audiencia, dado que
el tribunal sostuvo que:

“La solicitud es la nulidad de lo actuado, porque el Magistrado conductor
del proceso no tiene competencia, por ser competencia de la Sala de
Decisión”.

“[...] aquí hubo una actuación temeraria, de mala fe y abusiva del derecho de
litigar8”. (negrillas de la Sala).

9) Si bien es cierto que el tribunal, en el marco de su competencia y en ejercicio de la
autonomía judicial que le es propia, podía inferir de la motivación del memorial un
supuesto cuestionamiento a su competencia, la Sala considera que esa posibilidad
hermenéutica no convierte la inferencia judicial en una conducta procesal expresa de
la apoderada ni demuestra que esta hubiera alegado un hecho contrario a la realidad
o procedido de manera torticera, mendaz o temeraria.

10) Ahora bien, en la motivación específica de la sanción la autoridad agregó lo
siguiente:

“Esa fragilidad dogmática trasciende el mero error interpretativo y se inserta
en los supuestos de temeridad y mala fe procesal previstos en los artículos
78 y 79 del C.G. del P.: se promueve un incidente sin asidero normativo
actual, se instrumentaliza la nulidad para obstaculizar la marcha del proceso
y se presiona a la autoridad judicial para que adopte una forma decisoria que
la ley vigente no exige. Tal conducta, además de erosionar los deberes de
lealtad y buena fe, configura un abuso del derecho de litigar al perseguir,
mediante una vía impropia, la paralización o deslegitimación de actuaciones
regulares del despacho9”.

11) Sin embargo, esa consideración no explicó por qué la tesis jurídica defendida
carecía manifiestamente de todo fundamento, “erosiona” los deberes de lealtad y

6 Acta de audiencia del 9 de octubre de 2025, índice 0002 del aplicativo SAMAI.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.

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buena fe ni configura un abuso del derecho, en tanto la solicitud de la parte actora se
apoyó, puntual y específicamente, en el mismo texto del numeral octavo de la sentencia
del 2 de mayo de 2005, que incluyó a los miembros de la Sala de Decisión en el comité;
además, antes de la audiencia, el Procurador 163 Judicial II Administrativo consideró
que esa orden permanecía vigente y respaldó la integración pedida, aunque precisó
que las providencias debían adoptarse conforme a las reglas legales de competencia.

12) En esos términos, la existencia de esos soportes no obliga a aceptar la solicitud y
tampoco define cuál era la interpretación correcta del régimen de transición procesal,
no obstante, sí impide equiparar sin mayor demostración la discrepancia con una
petición abiertamente carente de fundamento o formulada de mala fe.

13) La providencia cuestionada afirmó que la solicitud pretendía paralizar o deslegitimar
las actuaciones del despacho, pero no individualizó un hecho que acreditara ese
propósito, no señaló una prueba de finalidad ilegal, dolo o fraude y tampoco identificó
una prueba cuya práctica hubiera sido obstruida ni una actuación concreta que hubiera
entorpecido el desarrollo normal del proceso más allá del tiempo empleado en resolver
la diferencia jurídica, máxime si -se reitera- la solicitud no la presentó la aquí actora
sino la abogada anterior y ella lo que hizo, en un claro ejercicio de defensa judicial y en
virtud del mandato que se le confirió, fue simplemente aclararla e insistir en que no se
trataba de una nulidad y ni pretendía entorpecer el proceso.

14) Esa omisión es especialmente relevante porque el tribunal citó los numerales 1, 3,
4 y 5 del artículo 79 del Código General del Proceso10, de cuyo contenido se advierte
que cada hipótesis exige un supuesto distinto: carencia manifiesta de fundamento o
afirmación consciente de hechos falsos; finalidad ilegal, dolosa o fraudulenta;
obstrucción de pruebas, o entorpecimiento del proceso; sin embargo, la providencia no
efectuó la subsunción individual de la conducta de la parte actora en ninguno de ellos
ni la motivó o justificó.

10 “Artículo 79. Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes

casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos
dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.

5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.”.

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Parte actora: Sandra Magally Leal Siachoque
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15) Por consiguiente, la Sala considera que se configuró un defecto fáctico en su
dimensión negativa dado que la autoridad judicial demandada atribuyó a la parte actora
haber formulado e insistido en una nulidad sin valorar que el escrito fue presentado por
otra apoderada, que las peticiones no solicitaron invalidar la actuación ni pretendían
entorpecerla y que Sandra Magally Leal Siachoque aclaró expresamente el alcance de
la postura que asumía. A la vez, la decisión se apoyó en inferencias sobre una finalidad
obstructiva que no cuentan con respaldo probatorio ni justificación concreta, pese a su
gravedad.

4.4 Caracterización del defecto sustantivo

Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas
luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.”.11

La Corte Constitucional estableció que el defecto sustantivo abarca múltiples causas
que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por
tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido
proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de
normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:12

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una
interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente
irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –
horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de
las partes en el proceso13”.

11 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.

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Parte actora: Sandra Magally Leal Siachoque
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4.5 Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

1) El artículo 79 del Código General del Proceso presume la temeridad o mala fe, entre
otros eventos, cuando es manifiesta la carencia de fundamento legal de una demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente; cuando se utiliza el proceso, incidente o
recurso con fines claramente ilegales o propósitos dolosos o fraudulentos; cuando se
obstruye la práctica de pruebas, o cuando por cualquier otro medio se entorpece el
desarrollo normal y expedito del proceso14.

2) El artículo 80 del mismo código dispone que la parte responde por los perjuicios que
su actuación temeraria o de mala fe cause a otra parte o a terceros, siempre que en el
proceso o incidente aparezca la prueba de la conducta; a su turno, el artículo 81
establece que al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá esa
condena, el pago de las costas del proceso, incidente o recurso y una multa de diez a
cincuenta salarios mínimos mensuales, además de remitir copia a la autoridad
disciplinaria15.

3) A partir de esas disposiciones se desprende que el solo resultado adverso de una
petición o la existencia de un error jurídico no bastan para imponer las consecuencias
previstas en los artículos 80 y 81, puesto que la autoridad debe explicar cuál supuesto
del artículo 79 se acreditó, qué conducta concreta lo realizó, por qué es imputable
personalmente al apoderado y cuál es el soporte de las consecuencias patrimoniales.

4) Asimismo, es pertinente señalar que, en una providencia con contornos fácticos
similares a los discutidos en el presente asunto, la Sección Quinta del Consejo de
Estado diferenció entre la improcedencia de una petición y la mala fe de quien solicita
su resolución en un asunto en el cual el profesional recibió la sustitución del poder el
mismo día de la audiencia y el escrito había sido formulado por otro apoderado, precisó:

“En conclusión, las circunstancias descritas en criterio de la Sala impiden
considerar que el abogado [...] actuó de manera desleal, temeraria o de mala
fe al solicitar la resolución de dicha excepción, tampoco se evidencia que con
la misma haya entorpecido el transcurso normal del proceso o pretendido
afectar a las partes del mismo [...]16”.

14 Ley 1564 de 2012, artículo 79. El texto de la norma fue reproducido por el Tribunal en el acta de

audiencia, archivo.
15 Ley 1564 de 2012, artículos 80 y 81; acta de audiencia, archivo “3. ACTA AUD 9-10-25.pdf”, p. 8.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 11 de octubre de

2018, expediente no. 73001-23-33-000-2018-00204-02, CP Rocío Araújo Oñate.

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5) En esa oportunidad, la Corporación mantuvo la decisión que negó la excepción, pero
revocó la multa y la remisión disciplinaria porque no encontró demostrada una
actuación desleal, temeraria, de mala fe u obstructiva atribuible al sancionado.

6) En esa medida, la Sala estima que en este caso también se configuró un defecto
sustantivo porque la autoridad hizo derivar automáticamente la temeridad de la
improcedencia que atribuyó a la solicitud, lo cual desbordó los supuestos de los
artículos 79 a 81 del Código General del Proceso: el desacierto jurídico puede justificar
negar una petición, pero las consecuencias personales requieren demostrar una de las
conductas cualificadas previstas por el legislador.

7) El precedente de la Sección Quinta antes transcrito refuerza esta conclusión, por
cuanto las coincidencias relevantes con este asunto son objetivas: distinta autoría del
memorial, sustitución el día de la diligencia y ausencia de prueba de una finalidad
obstructiva, la diferencia consiste en que aquí la parte actora inclusive, aclaró que no
insistía en una nulidad, sino que su petición se sustentaba en que la propia sentencia
fue la que reconoció la necesidad de que el comité fuera integrado por la Sala de
Decisión.

8) Ahora bien, en el momento de imponer las consecuencias personales en la
providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó:

“Luego, a juicio de esta Sala Unitaria no hay lugar a imponer la sanción
máxima determinada en la norma, pues si bien la apoderada insistió en una
petición alejada de la realidad, sin fundamento jurídico y sin acatamiento a la
normativa que regula el trámite actual del medio de control, tal y como se
detalló anteriormente, deberá entonces asumir las costas que se tasan en 10
salarios mínimos mensuales legales vigentes por el incidente y, 10 salarios
mínimos mensuales mínimos [sic] como multa, además de compulsarse
copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial [...]”.17

9) La motivación de esas consecuencias patrimoniales presenta deficiencias
adicionales dado que el artículo 80 del Código General del Proceso exige que aparezca
en el proceso la prueba de los perjuicios causados a la otra parte o a un tercero y, en
el presente caso, el tribunal no identificó quién sufrió un perjuicio, en qué consistió, qué
prueba lo demostraba ni cuál era su cuantía.

17 Acta de audiencia del 9 de octubre de 2025, archivo “3. ACTA AUD 9-10-25.pdf”, p. 9.

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10) A su vez, el artículo 81 de esa misma norma diferencia la condena por perjuicios,
el pago de costas y la multa, mientras que la providencia cuestionada no explicó qué
expensas o agencias integraban las costas, quién era su beneficiario ni cuál operación
o parámetro permitía fijarlas en diez salarios mínimos.

11) Aunque la multa fue establecida en el mínimo previsto por el artículo 81, esa
circunstancia solo se relaciona con la dosificación y no suple la demostración de la
temeridad o mala fe que habilita su imposición; por la misma razón, la remisión de
copias disciplinarias no podía sustentarse en la sola improcedencia de la tesis procesal.

4.6 Caracterización de la decisión sin motivación

1) Respecto a la decisión sin motivación, como criterio específico de procedibilidad,
debe decirse que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional18, se configura
cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o cuando
los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte
que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos.

4.7 Análisis de la decisión sin motivación en el caso concreto.

1) Para la Sala, la providencia cuestionada incurrió también en el defecto de decisión
sin motivación, por cuanto el Tribunal Administrativo del Tolima negó la solicitud
presentada por la parte actora y la asimiló a una nulidad, sin justificar de manera
individualizada la responsabilidad personal de Sandra Magally Leal Siachoque, las
hipótesis de mala fe aplicadas, los perjuicios, las costas, la multa y la remisión
disciplinaria.

2) La Sala reconoce que, antes de decidir, el tribunal citó las normas aplicables, advirtió
consecuencias patrimoniales y disciplinarias, decretó un receso de diez minutos y
escuchó a la actora y a los intervinientes y por ello no puede afirmarse que se omitió
toda oportunidad de defensa; sin embargo, la vulneración que aquí se declara no
proviene de la falta absoluta de audiencia previa, sino de la ausencia de soporte
probatorio y de motivación individual suficiente para adoptar y mantener las
consecuencias personales.

18 Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, entre otras.

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3) En efecto, en el momento en que resolvió el recurso de reposición formulado en la
misma audiencia, la autoridad judicial demandada reiteró:

“No se accede a revocar la providencia por las siguientes razones: del escrito
textual y contextual sí se desprende que están indicando que el juez
conductor del proceso carece de competencia, porque esas decisiones las
tiene que adoptar la Sala de Decisión. La competencia es un asunto
insaneable [...]”.

“Entonces, el ejercicio de un derecho debe hacerse con mesura,
responsabilidad, seriedad y fundamento jurídico, y en razón de todo ello, no
se repone la decisión adoptada19”.

4) A juicio de esta Sala, esa respuesta mantuvo las mismas falencias por cuanto el
Tribunal reiteró su interpretación del memorial y el deber de formular peticiones
fundadas, pero no respondió a los cuestionamientos sobre la falta de autoría del escrito,
el alcance expreso de las pretensiones, la aclaración de la apoderada ni la ausencia
de prueba de los supuestos sancionatorios.

5) La vulneración tiene incidencia directa y actual por cuanto la providencia produjo una
condena económica personal derivada de una calificación judicial de temeridad y mala
fe y la remisión de copias para una eventual investigación disciplinaria; por tanto, los
defectos identificados tienen entidad suficiente para comprometer el derecho
fundamental del debido proceso.

4.8 Síntesis de la decisión y alcance del amparo

1) En conclusión, la Sala accederá a las súplicas de la demanda, puesto que se
demostraron los defectos invocados, sin embargo, se aclara que el amparo se limitará
a dejar sin efectos los apartes de la decisión del 9 de octubre de 2025 que: i) declararon
que Sandra Magally Leal Siachoque actuó con temeridad, mala fe y abuso del derecho
de litigar; ii) le impusieron costas por diez salarios mínimos mensuales legales vigentes;
iii) le impusieron multa por otros diez salarios mínimos mensuales legales vigentes y
iv) ordenaron remitir copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. La misma
medida comprenderá el auto que resolvió la reposición únicamente en cuanto mantuvo
esas determinaciones.

19 Acta de audiencia del 9 de octubre de 2025, índice 00002 del aplicativo SAMAI.

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2) No se dejará sin efectos la decisión mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Tolima negó la solicitud que interpretó como nulidad y rechazó que las actuaciones de
seguimiento tuvieran que adelantarse por la Sala de Decisión.

3) Tampoco se ordenará proferir una nueva decisión sancionatoria, por cuanto el
expediente examinado no contiene prueba de las hipótesis que sirvieron de
fundamento a las consecuencias impuestas y el remedio adecuado consiste en retirar
sus efectos, sin que ello limite las potestades legales con que cuenta la autoridad
judicial frente a conductas nuevas o distintas que, con respeto integral del debido
proceso, pudieran llegar a demostrarse.

4) El Tribunal Administrativo del Tolima deberá comunicar esta providencia a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial y a cualquier autoridad a la que hubiera
remitido la decisión para su cobro, ejecución, registro o reporte, y adoptar las medidas
necesarias para que cesen los efectos derivados de los apartes dejados sin valor.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Concédese el amparo del derecho constitucional fundamental del debido proceso
de la señora Sandra Magally Leal Siachoque, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Acéptanse las solicitudes de coadyuvancia presentadas por el municipio de Ibagué
e IBAL SA ESP respecto de la demanda, en los términos expuestos en la parte motiva
de esta providencia.

3º) Déjanse sin efectos los apartes del auto proferido oralmente el 9 de octubre de
2025 por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de
protección de derechos e intereses colectivos con radicación no. 73001-23-00-000-
2001-01676-00, que: i) atribuyeron a la señora Sandra Magally Leal Siachoque
temeridad, mala fe y abuso del derecho de litigar; ii) le impusieron costas por diez (10)
salarios mínimos mensuales legales vigentes; iii) le impusieron multa por diez (10)

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salarios mínimos mensuales legales vigentes y iv) ordenaron remitir copias a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial. Esta determinación comprende el auto oral
que resolvió la reposición en la misma audiencia, únicamente en cuanto mantuvo esas
consecuencias.

4º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Tolima que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, comunique la presente
decisión a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y a cualquier autoridad a la que
hubiera remitido la providencia cuestionada para su cobro, ejecución, registro o reporte,
y adopte las medidas necesarias para que cesen los efectos derivados de los apartes
dejados sin valor.

5º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

6º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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