Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04826-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04826-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04826-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04826-00
Demandante: FRANE JAVIER VIZCAINO CABALLERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por
no superar el requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Frane Javier Vizcaino Caballero, a través de apoderado judicial1, presentó
acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Magdalena a efectos de que
le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital,
a la seguridad social e igualdad.
Dichas garantías constitucionales las estimó trasgredidas, con ocasión de la
sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 13 de agosto de 2025, que
confirmó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta el 16 de diciembre de 2024, al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47001-3333-003-2023-00117-
00/01 en el que se negaron las pretensiones de la demanda.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Poder otorgado a través de mensaje de datos al abogado Sergio Andrés Parra del Campo, quien
figura como representante legal de la Sociedad Sampayo & Asociados S.A.S., conforme al certificado
de existencia y representación allegado al plenario - índice 02 de Samai.
2 La cual fue presentada el 23 de junio de 2026 con secuencia: 7751
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Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida el 13
de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del radicado
47-001-3333-003-2023-00117-01.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal accionado que profiera una nueva decisión en la
que se aplique correctamente el precedente judicial vigente sobre la liquidación del
subsidio familiar al 70% en favor de FRANE JAVIER VIZCAINO CABALLERO.3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Frane Javier Vizcaino Caballero prestó sus servicios al Ejército Nacional
como soldado profesional durante 20 años, 5 meses y 5 días; por lo que, al cumplir
con los requisitos de ley, solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el
reconocimiento y pago de su asignación de retiro, la cual, le fue concedida mediante
Resolución No. 11886 del 2 de noviembre de 2021.
No obstante, y según lo indicado por el accionante, al momento de efectuarse el
reconocimiento de la referida prestación el subsidio familiar le fue liquidado en un
porcentaje equivalente al 30%, cuando lo correcto es que dicha partida le sea
computada sobre un 70% de lo devengado en actividad, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1161 de 2014, en virtud del principio de igualdad
contemplado en el artículo 13 de la Constitución Política.
Por lo expuesto, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la referida entidad, a efectos de que se declarara
la nulidad del acto administrativo identificado de manera previa; y que en
consecuencia, se ordenara el reajuste de su pensión en los términos señalados de
manera anterior.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Santa Marta que, mediante sentencia del 16 de diciembre de
2024, negó las pretensiones al considerar que, conforme a lo establecido en los
artículos 5º del Decreto 1161 de 2014 y 1° del Decreto 1162 de la misma anualidad,
las partidas que deben tenerse en cuenta para efectuarse el reconocimiento de la
asignación de retiro son aquellas respecto de las cuales se hicieron las cotizaciones,
sin que ello genere un trato discriminatorio o diferenciado que se aparte de los
postulados constitucionales o de los elementos básicos del régimen de los soldados
profesionales que causen su derecho a partir del 1° de julio de 2014.
Así mismo determinó que, conforme a las pruebas arrimadas al plenario, se logró
demostrar que el señor Frane Javier fue escalonado como soldado profesional del
Ejército Nacional el 11 de enero de 2003, y se retiró del servicio activo el 30 de
octubre de 2021, de tal suerte que le serían aplicables en materia de asignación de
retiro las normas contenidas en los Decretos 1794 del 2000, 1161 y 1162 de 2014.
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
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En este orden, y al evidenciar que la prestación social aludida se adquirió en el año
2021, concluyó que el demandante tenía derecho a que el subsidio familiar le fuera
reconocido como partida computable en dicha prestación, en un porcentaje
equivalente al 30% conforme a lo regulado en el Decreto 1794 de 2000, en
tratándose de un beneficio que venía percibiendo en actividad con la entrada en
vigor de los Decretos 1161 y 1162 de 2014.
De manera que, los soldados profesionales que al momento de su retiro hubieren
devengado el subsidio familiar regulado en el Decreto 1794 de 2000 tenían derecho
a que la referida partida le fuera liquidada en un porcentaje equivalente al 30%; y
los que no la percibían al momento de la entrada en vigor de los decretos de 2014
les sería otorgada en un 70%, por lo que no había razón para sostener que se
vulneró el derecho a la igualdad del actor.
Dicha decisión fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 13 de agosto de 2025, al
estimar que, conforme a lo demostrado en el proceso, se logró determinar que, para
la fecha en la que el demandante se retiró del servicio militar, esto es, el 30 de julio
de 2021, devengaba el concepto de subsidio familiar, lo que dejaba en evidencia
que el mismo fue reconocido en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, por lo que la norma aplicable en su caso para la liquidación de la citada partida
en su asignación de retiro es la dispuesta en el artículo 1° del Decreto 1162 de 24
de junio de 2014, que la calcula en un 30%.
La citada providencia fue notificada a las partes el 19 de diciembre de 2025, a través
de correo electrónico4.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, a través de la providencia acusada, el Tribunal
Administrativo de Santander incurrió en los siguientes defectos:
(i) Sustantivo por interpretación restrictiva y errónea: al considerar que el
tribunal realizó una interpretación que desconoce la naturaleza salarial del subsidio
familiar percibido legítimamente por el accionante durante su servicio activo.
En igual sentido, señaló que al haberse limitado la base de liquidación al 30% en la
asignación de retiro, el operador judicial aplicó una hermenéutica que ignora la
protección constitucional del mínimo vital y la irrenunciabilidad de los beneficios
laborales (Art. 53 C.P.), convirtiendo una norma pensada para la equidad en una
herramienta de desmejora económica del soldado profesional retirado.
(ii) Desconocimiento del precedente judicial vinculante: toda vez que, según su
criterio, el fallo judicial acusado transgrede el precedente constitucional y
administrativo consolidado que ordena, en casos idénticos, la nivelación y
reconocimiento del subsidio familiar como partida computable en un 70%. Al
4 Índice 14 del expediente ordinario.
3
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apartarse de esta línea jurisprudencial sin una justificación suficiente y razonada, el
Tribunal fractura la seguridad jurídica y la igualdad frente a otros servidores
públicos, convirtiendo el fallo en un acto arbitrario que, bajo la apariencia de
legalidad, desconoce el derecho fundamental a recibir un trato igualitario conforme
a lo preceptuado en el artículo 13 superior; frente a quienes ostentaron la misma
calidad y méritos en el servicio.
(iii) Violación directa de la Constitución: por estimar que la sentencia cuestionada
no solo se aparta de la ley, sino que contradice principios constitucionales básicos,
y frente a lo cual, la Corte Constitucional ha reiterado que el juez no puede ser un
simple aplicador autómata de la norma cuando su decisión perpetúa una
discriminación histórica.
Precisó que, la falta de una valoración integral de la realidad fáctica del accionante,
quien recibía el subsidio correctamente mientras estaba en actividad, evidencia que
la providencia cuestionada carece de la racionalidad mínima exigida a toda
providencia judicial, configurando una vulneración flagrante al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 26 de junio de 2026, la Magistrada Ponente avocó el
conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar como accionados a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Magdalena5.
Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico legítimo, al juez Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta6 [quien profirió la sentencia de
primera instancia dentro del proceso ordinario que se cuestiona], y a la Nación - Ministerio
de Defensa7 - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares8 [quien fungió como extremo
pasivo de la litis al interior del proceso ordinario].
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena
El ponente de la sentencia que se cuestiona rindió informe en el que trajo a colación
los argumentos consignados en la respectiva providencia, para concluir que la
misma fue adoptada conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicable a la
materia.
5 Enviada a: sgtadminmgd@notificacionesrj.gov.co stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 Enviada a: j03admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co contactenos@mindefensa.gov.co
8 Enviada a: notificacionesjudiciales@cremil.gov.co atenusuario@cremil.gov.co
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Así mismo, manifestó que de los argumentos expuestos en el escrito de amparo de
forma palmar se puede evidenciar que el accionante pretende utilizar la acción de
tutela como una instancia adicional para variar el sentido de decisiones
debidamente fundadas utilizándola como una tercera instancia, y de dicho modo
cuestionar tópicos que ya fueron dilucidados en las decisiones controvertidas.
Refirió que, contrario a lo señalado por el extremo tutelante, en el fallo dictado por
dicha entidad no se incurrió en ningún defecto susceptible de ser estudiado en sede
constitucional, habida consideración de que en la sentencia reprochada se,
analizaron de manera concienzuda los argumentos expuestos en el trámite de
segunda instancia al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 47001-3333-003- 2023-00117-00/01.
Aunado a lo expuesto, precisó que en el referido trámite se respetaron todas las
garantías procesales de las partes, culminándose con la expedición de la
plurimentada providencia, en la que, por demás, se valoraron la totalidad de los
reparos expuestos por la totalidad de los extremos que conformaron la litis y las
pruebas obrantes en el expediente.
Por tanto, señaló que, al no estructurarse las causales genéricas de procedibilidad
de la acción tutelar incoada y no hallarse además configuradas las violaciones
alegadas por el extremo tutelante, se declarare improcedente el amparo impetrado.
1.6.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Allegó escrito en el que manifestó que, carece de competencia funcional y de
legitimación en la causa por pasiva; para pronunciarse frente a las pretensiones
incoadas por el accionante, toda vez que el conocimiento y decisión del asunto
corresponde de manera única y exclusiva al Tribunal Administrativo del Magdalena,
a quien le corresponde pronunciarse frente a las pretensiones y emitir un
pronunciamiento definitivo y de fondo respecto del asunto objeto de controversia.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó que, se disponga sobre su desvinculación.
1.6.3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta,
pese a estar debidamente notificado del presente asunto, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Colegiatura es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por el señor Frane Javier Vizcaino Caballero, de conformidad con
lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5º del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y
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799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación 9, por
cuanto se dirige contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.
2.2. Cuestión previa
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al considerar que carece de legitimación para soportar las
pretensiones invocadas por la parte actora, al no tener injerencia alguna en la
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se invoca.
Sin embargo, la Sala no accederá a lo solicitado, comoquiera que su vinculación al
proceso obedeció a que dicha entidad conformó el extremo pasivo de la litis al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado
por el ahora accionante y que se discute en esta sede, por lo que les asiste interés
en las resultas de este mecanismo.
2.3. Problema jurídico
Conforme a lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena, vulneró los derechos
fundamentales del accionante, con ocasión de la sentencia del 13 de agosto
de 2025, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Santa Marta el 16 de diciembre de 2024, al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
47001-3333-003-2023-00117-00/01.?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, en caso de
encontrase superados, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
9 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia.12
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202213, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
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búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Al respeto, refirió
que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial, la Corte Constitucional esbozó que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico; en segunda medida la
acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental y por último,
cuando el referido mecanismo se dirija contra decisiones de las altas cortes el
examen debe ser más riguroso, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal15.
2.6. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales a la providencia del 13 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta el 16 de diciembre de 2024, al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
de manera previa.
Lo anterior, al considerar que, a través de esta se incurrió en los defectos
sustantivo por interpretación restrictiva y errónea, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibid.
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Al respecto, se advierte que los argumentos expuestos en los yerros aludidos giran
en torno a la decisión adoptada por el tribunal accionado, y que le resultó
desfavorable a sus intereses; pues según la tesis planteada por el actor desde el
libelo introductorio del proceso ordinario, el subsidio familiar que le fue incluido como
partida computable en la asignación de retiro que le fue reconocida debe ser
liquidado sobre un 70% de lo devengado en actividad, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1161 de 2014, en virtud del principio de igualdad
contemplado en el artículo 13 de la Constitución Política; mas no en un 30% como
lo determinó CREMIL en los actos administrativos demandados ante el juez natural.
Sin embargo, considera la Sala que los reparos realizados en los defectos alegados
no cumplen con el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto, no se
avizora un argumento sólido que demuestre la transgresión de sus garantías
constitucionales que permitan superar el referido presupuesto tratándose de acción
de tutela contra providencia judicial.
Ello; comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal, (ii) además de advertirse que el amparo constitucional estudiado
no tiene la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, ya que la discusión planteada por la parte accionante pone en
evidencia una inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda
instancia.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, las inconformidades expuestas en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
evidencia, prima facie, la vulneración de los derechos fundamentales por parte de
la autoridad judicial accionada.
Pues revisado el escrito de amparo, se observa que el tutelante reitera los
argumentos que fueron estudiados a lo largo del proceso ordinario, y que además
fueron planteados en el recurso de apelación formulado contra la sentencia de
primera instancia.
En este orden, y analizada la motivación desplegada por el ad quem en la
providencia censurada, se evidencia que en la misma se dejó señalado:
[…] En sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, expediente 85001-33-33-002-
2013-00237-01 (1701-16) CE-SUJ2-015-19, el Consejo de Estado precisó que para
la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, la partida de
subsidio familiar se reconoce en un porcentaje del 30% para quienes la venían
devengando en virtud de los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, y en un
porcentaje del 70% para el personal de soldados profesionales que no percibía tal
partida. Asimismo, concluyó que los Soldados Profesionales que causaron su
derecho a la asignación de retiro con anterioridad a julio de 2014, fecha de creación
de la partida como factor liquidado para la prestación, no sería computable, sin que
esa diferenciación resulte violatoria del derecho a la igualdad.
[…]
9
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De acuerdo con la anterior interpretación, la Corporación afirmó que el hecho de que
los soldados profesionales que accedieron a la asignación de retiro con anterioridad
a julio de 2014 no tengan como partida computable de esta prestación el subsidio
familiar, y que otros soldados profesionales la perciban en un porcentaje del 30% o
70% dependiendo la fecha de causación, no vulnera el derecho a la igualdad, si se
atienden sus situaciones de hecho particulares y los principios de progresividad y
libertad de configuración del legislador.
[…]
De acuerdo con lo demostrado en el proceso, se pudo evidenciar que, para la fecha
en la que el demandante se retiró del servicio militar, esto es, el treinta (30) de julio
de dos mil veintiuno (2021), devengaba el concepto de subsidio familiar, lo que deja
en evidencia que el mismo fue reconocido en los términos del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 , por lo que la norma aplicable en su caso para la liquidación de esta
partida en su asignación de retiro es la dispuesta en el artículo 1° del Decreto 1162
de 24 de junio de 2014, que la calcula en un 30%.
Teniendo en cuenta que el órgano de cierre de esta jurisdicción ya sentó las bases
del asunto, es dable concluir que el acto administrativo acusado goza de legalidad, al
haberse expedido con fundamento en las normas vigentes, lo que impide declarar la
inaplicación de una norma que es constitucional.
Así entonces, en los términos del Alto Tribunal, en casos como este, la igualdad en
materia prestacional no impide que la ley establezca tratos diferentes, sino que exige
que tengan fundamento objetivo y razonable, condición que no se quebranta al
establecer criterios diferentes para grados diferentes, para los que se exigen
calidades así mismo, diferentes.
Lo anterior, permite concluir que, si bien, la parte actora intenta exponer las razones
por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en
una vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se vislumbra es
una simple inconformidad con lo dispuesto por el ad quem en la sentencia
censurada, y las conclusiones a las cuales arribó, lo cual, per se, no implica una
trasgresión de los mencionados derechos.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate propuesto por el accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia.
Aunado a lo expuesto, advierte la Sala que el cargo formulado como
desconocimiento del precedente, tampoco supera el requisito de relevancia
constitucional, como quiera que en reiterados pronunciamientos esta Sección ha
considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial
debe cumplir con la carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la
decisión que considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del
nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y
(iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
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Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-00
En este orden, se observa que si bien el señor Vizcaino Caballero adujo que existe
jurisprudencia en la que, en casos idénticos, se ha reconocido la nivelación y
reconocimiento del subsidio familiar como partida computable en un 70%, lo cierto
es que no identificó las sentencias que de manera presunta fueron desatendidas
por parte de la autoridad judicial accionada, como tampoco demostró que los casos
en ellas analizados fueran similares o idénticos a su situación particular, ni precisó
la regla aplicable y mucho menos argumentó el por qué su proceso debe ser fallado
en sentido contrario.
Al respecto, se hace menester recordar que esta Sección en repetidas ocasiones16
ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
Por último, y si bien el tutelante planteó además una posible violación directa de la
Constitución, se hace menester recordar que, la afirmación consistente en que se
vulneraron determinadas prerrogativas superiores no conlleva a que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Acorde con lo analizado y de las argumentaciones expuestas en la acción de tutela,
concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por el
tribunal accionado con fundamento en la normativa y precedente aplicable al caso,
sin que sea permitido reabrir el debate ya zanjado por el juez natural, so pretexto de
la interpretación legal realizada por el accionante.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial enjuiciada, que
amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela no
se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal, se declarará la
improcedencia del mecanismo de la referencia, por no encontrarse satisfecho el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, por las razones expuestas en la parte considerativa.
16 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 6
de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Frane Javier Vizcaino Caballero, por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
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