RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04826-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04826-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04826-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04826-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

3 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍDUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C. tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho – reconocimiento subsidio familiar – requisitos generales
de procedibilidad – Improcedencia por falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
de tutela del 16 de julio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
que resolvió declarar improcedente la presente acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de junio de 2026, Frane Javier Vizcaino Caballero, mediante apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra la sentencia del 13 de agosto de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO e IGUALDAD
del señor FRANE JAVIER VIZCAINO CABALLERO.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida el 13 de
agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del radicado 47-001-
3333-003-2023-00117-01.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal accionado que profiera una nueva decisión en la que
se aplique correctamente el precedente judicial vigente sobre la liquidación del subsidio
familiar al 70 % en favor de FRANE JAVIER VIZCAINO CABALLERO.»

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Situación administrativa que dio origen al medio de control

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

El señor Frane Javier Vizcaino Caballero prestó sus servicios como soldado
profesional del Ejército Nacional, desde el 1° de noviembre de 2003 hasta el 30 de
julio de 2021, fecha en la que se retiró de la institución por adquirir el derecho a la
asignación de retiro.

Mientras estuvo en actividad, el señor Vizcaino Caballero devengó como prestación
el subsidio familiar contemplado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que es
equivalente al cuatro por ciento (4 %) de su salario básico mensual más la prima de
antigüedad.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL), mediante
Resolución 11886 del 2 de noviembre 2021, ordenó el reconocimiento y pago de una
asignación mensual de retiro a favor del señor Vizcaino Caballero equivalente al 70 %
de su asignación básica, adicionado con un 38,5 % de la prima de antigüedad, y el
30 % del subsidio familiar devengado en actividad, efectiva desde el 30 de octubre de
2021.

El 4 de agosto de 2022, el señor Vizcaino Caballero solicitó el reajuste de la asignación
de retiro en la partida denominada subsidio familiar, con base en el porcentaje del
70 % de lo devengado en actividad y el pago del retroactivo por la partida computable
del subsidio familiar que corresponde en la asignación de retiro.

Mediante oficio 2022080356 de 19 de agosto de 2022, CREMIL negó la solicitud de
reajuste del actor, al considerar que la asignación de retiro y las partidas computables
se realizaron teniendo en cuenta la fecha de su retiro y fue liquidada acorde con lo
dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1162 de 2014.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Frane Javier Vizcaino Caballero promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de CREMIL, con el fin de que se declarara la
nulidad parcial de la Resolución 11886 del 2 de noviembre 2021 y, en consecuencia,
se ordenara la reliquidación de la asignación de retiro en la partida denominada
subsidio familiar, con base en el porcentaje del 70 % de lo devengado en actividad y
el pago del correspondiente retroactivo desde el mes de octubre del 2021 hasta que
se profiera sentencia.

El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, en sentencia del 16 de
diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que,
estando en actividad, el señor Vizcaino Caballero devengaba el subsidio familiar en
un 4 % del salario básico mensual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1794
de 2000 y, para la fecha de su retiro, tenía derecho a devengar la partida del subsidio
familiar en un porcentaje del 30 %, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del
Decreto 1162 de 2014.

El señor Vizcaino Caballero interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
al considerar que se debió inaplicar los Decretos 1794 del 2000 y 3770 de 2009, por
vulnerar el derecho a la igualdad. Además, argumentó que debía tenerse en cuenta
que la asignación de retiro fue reconocida después del mes de julio de 2014; por lo
tanto, le asistía el derecho a que el subsidio familiar fuera incluido como partida
computable, la cual debía liquidarse en un 70 % de lo devengado en actividad, de
conformidad con lo previsto en el artículo 5º del Decreto 1161 de 2014, que consagra

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

el subsidio familiar como partida computable para la liquidación de la asignación de
retiro del personal de soldados profesionales.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 13 de agosto
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia y concluyó que la liquidación del
subsidio familiar en la asignación de retiro del actor fue adecuada.

Señaló que, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
25 de abril de 2019, la inclusión del subsidio familiar como partida computable en la
asignación de retiro depende de la situación del soldado profesional en julio de 2014.
Así, el 70 % del subsidio familiar, previsto en el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014,
corresponde a quienes no devengaban dicho beneficio en esa fecha; mientras que el
30 %, establecido en el artículo 1 del Decreto 1162 de 2014, aplica para quienes sí lo
percibían al momento de entrar en vigencia la normativa. En consecuencia, en
atención que, para julio de 2014, el accionante devengaba dicha partida, se le debía
reconocer en un porcentaje del 30 %, en los términos del artículo 1° del Decreto 1162,
tal como en efecto, CREMIL lo hizo.

La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena fue notificada
mediante correo electrónico enviado el 19 de diciembre de 2026.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Magdalena, al proferir
la sentencia del 13 de agosto de 2025, incurrió en los siguientes defectos:

• Defecto sustantivo por interpretación errónea de la normativa aplicable,
al limitar el reconocimiento del subsidio familiar al 30 % de la asignación básica
para efectos de la asignación de retiro, pese a que, de acuerdo con el Decreto
1161 de 2014, correspondía su cómputo en un 70 %. En criterio del accionante,
esa interpretación restrictiva desconoció el principio de irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos establecidos en las normas laborales establecido en el
artículo 53 de la Constitución Política y el derecho al mínimo vital.

Igualmente, el Tribunal vulneró el derecho a la igualdad, por cuanto en el
ordenamiento jurídico no se encontró fundamento racional y objetivo «que
permita poner en un plano de mayor protección a los soldados profesionales que no percibían
el subsidio familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, frente a los
soldados profesionales que venían devengando el subsidio familiar con base en los Decretos
1794 de 2000 y 3770 de 2009, como lo es el caso del demandante, por cuanto la finalidad de
dicho subsidio para ambos casos consiste en aliviar a los trabajadores del nivel más inferior en
jerarquía, grado y salario de la estructura de las Fuerzas Militares, de las cargas económicas
derivadas del sostenimiento de sus seres queridos».

• Desconocimiento del precedente judicial, por cuanto la providencia se
apartó de las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
que, en casos de supuestos fácticos y jurídicos similares, han reconocido la
inclusión del subsidio familiar en un 70 % como partida computable para la
asignación de retiro, sin exponer los motivos de manera suficiente y razonada
que justificaran el desconocimiento de la jurisprudencia vigente.

• Violación directa de la Constitución, en tanto la sentencia cuestionada aplicó
las disposiciones reglamentarias de manera mecánica, sin tener en cuenta que
el accionante percibía el subsidio familiar en el monto adecuado durante el
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

servicio activo. En consecuencia, la providencia realizó una interpretación
contraria a los principios y derechos constitucionales, especialmente, al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

El 26 de junio de 2026, el despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar al accionante y a los
magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Magdalena, como
demandados y al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta y a CREMIL, como
terceros con interés.

5. La respuesta del tutelado

El Tribunal Administrativo del Magdalena, por conducto del magistrado ponente de
la sentencia cuestionada, sostuvo que, por medio de esa decisión, concluyó que el
acto administrativo acusado se ajustaba al ordenamiento jurídico, por cuanto fue
expedido con fundamento en las normas vigentes.

En ese sentido, dado que a la fecha de su retiro (30 de julio de 2021), el accionante
devengaba el subsidio familiar, dicha partida le fue reconocida conforme a lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. En consecuencia, para efectos de su
inclusión en la asignación de retiro, resultaba a aplicable el artículo 1° del Decreto
1162 de 24 de julio de 2014, según el cual esta partida se computa en un 30 % de la
asignación básica para la liquidación de dicha prestación.

6. Intervenciones de los terceros vinculados

La Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL solicitó su
desvinculación, con sustento en que carece de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que el Tribunal Administrativo del Magdalena es el competente para emitir
un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la solicitud de amparo.

Igualmente, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela, porque no ha
transgredido ningún derecho fundamental del actor y la decisión acusada se encuentra
conforme con el ordenamiento jurídico.

El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta guardó silencio, pese a haber
sido notificado en debida forma.

7. Sentencia de primera instancia

El 16 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
mediante la cual negó la desvinculación de CREMIL y declaró improcedente la
solicitud de tutela. Para ello, consideró que los argumentos en los que se sustentan
los defectos alegados no satisfacen el requisito general de relevancia constitucional,
debido a que el actor reiteró los planteamientos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Respecto al defecto sustantivo, señaló que tampoco cumple el mencionado
requisito, por cuanto la controversia gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal. En ese sentido, advirtió que el accionante pretende reabrir un
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

debate que refleja su inconformidad con lo decidido por el juez natural en segunda
instancia.

En relación con el desconocimiento del precedente jurisprudencial, sostuvo que
tampoco superó el requisito de relevancia constitucional, dado que el tutelante
incumplió la carga argumentativa de identificar la decisión que estimaba desatendida,
así como la ratio decidendi aplicable al caso concreta y su incidencia en la decisión
objeto de reproche.

Frente al cargo de violación directa de la Constitución, precisó que no es suficiente
afirmar la vulneración de disposiciones constitucionales. Indicó que era necesario que
era necesario que la solicitud de tutela tuviera una carga argumentativa que permitiera
determinar que la controversia versaba sobre el alcance, contenido y goce de un
derecho fundamental.

8. Impugnación

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia, con base en las siguientes
razones:

• «La controversia trasciende la esfera puramente legal», por cuanto la aplicación
mecánica de normas reglamentarias hace que se presente una diferencia injustificada
en la liquidación de la asignación de retiro, lo cual implica un trato discriminatorio entre
soldados profesionales con los mismos requisitos. Lo anterior, desconoce el principio
constitucional de a trabajo igual salario igual. Además, la reducción del subsidio
familiar en la asignación de retiro desmejora la mesada mensual del accionante, lo
cual impactó sustancialmente en su sustento y en el de su núcleo familiar.

• Al aplicar de manera «autómata» el artículo 1º del Decreto 1162 de 2014 sobre el 30
%, el Tribunal pasó por alto el principio de progresividad de los derechos sociales,
establecido por el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, en detrimento
de los derechos laborales adquiridos, y el derecho a la igualdad establecido en el
artículo 13 de la Constitución Política, lo cual dio lugar a la configuración del defecto
violación directa de la Constitución.

• La acción de tutela no fue utilizada como una tercera instancia, pues el propósito de la
misma no fue reabrir un debate resuelto por el juez natural, sino lograr la «armonización
de las normas reglamentarias con la Constitución». En ese sentido, resulta imperativa la
intervención del juez constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde determinar si resulta procedente revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela contra
la sentencia del 13 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que el actor asegura se encuentra incursa en defecto sustantivo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, porque no se supera el requisito general de
relevancia constitucional, toda vez que, la parte demandante insiste en los argumentos
propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma
discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra CREMIL, con el fin de que se le
incluyera el subsidio familiar dentro de la liquidación de la asignación de retiro en un
porcentaje del 70 % de lo devengado en servicio y no del 30 % que liquidó la entidad,
así como el correspondiente retroactivo desde el mes de octubre de 2021 hasta que
se profiriera sentencia.

Si bien la parte actora alega que la providencia objeto de tutela incurrió en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la
Constitución, al no ordenar el reajuste de la asignación de retiro con la inclusión del
subsidio familiar en un porcentaje del 70 % por derecho a la igualdad, lo cierto es que,
en últimas lo que pretende es que se inaplique el artículo 1° del Decreto 1162 de 2014.
Esta disposición establece que los soldados profesionales que percibieron el subsidio
familiar durante el servicio activo, en virtud de los Decretos 1794 del 2000 y 3770 de
2009, tienen derecho a que dicha partida sea incluida en su asignación de retiro en un

4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

porcentaje del 30 %. Asimismo, la parte actora pretende que se determine que esta
prestación debe reconocerse con base en un porcentaje del 70 %, tal como la misma
norma lo tiene previsto para los soldados que no percibieron el subsidio mientras se
encontraban en actividad.

La Sala advierte que la parte actora presentó demanda contra CREMIL, con el
propósito de obtener la nulidad parcial del acto administrativo que reconoció su
asignación de retiro. Igualmente, solicitó el reajuste de la partida correspondiente al
subsidio familiar, con base en el 70 % de lo devengado durante su periodo de
actividad. Lo anterior, bajo el argumento de que dicha asignación se causó con
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014, cuyo artículo 5°
establece que el subsidio familiar constituye una partida computable para liquidar la
asignación de retiro del personal de soldados profesionales.

El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, mediante sentencia del 16 de
diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en que en la
fecha de retiro el actor percibía el subsidio familiar en un porcentaje del 4 % su salario
básico mensual más la prima de antigüedad, conforme a lo establecido en el Decreto
1794 de 2000. Por tal motivo, la asignación de retiro debía reconocerse en un 30 %,
pues el artículo 1° del Decreto 1162 de 2014, estableció que «[a] partir de julio del 2014,
para el personal de Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas
Militares que al momento del retiro estén devengando el subsidio familiar, regulado en los
decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, se tendrá en cuenta como partida computable para
liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez el treinta por ciento (30 %) de dicho valor
(…)». Por consiguiente, no existe fundamento jurídico para inaplicar tal disposición.

Contra la anterior decisión el ahora tutelante interpuso recurso de apelación, al
considerar que, pese a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1162 de 2014, el juez
debía inaplicar el mandato por ser contrario al derecho a la igualdad, toda vez que «al
analizar la norma, la jurisprudencia y el espíritu de esta partida (subsidio familiar), no se encontró un
fundamento racional y objetivo que permita poner en un plano de mayor protección a los soldados
profesionales que no percibían el subsidio familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de
2009, frente a los soldados profesionales que venían devengando el subsidio familiar con base en los
Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, como lo es el caso del demandante, por cuanto la finalidad de
dicho subsidio para ambos casos consiste en aliviar a los trabajadores del nivel más inferior en
jerarquía, grado y salario de la estructura».

Además, señaló que, en el caso particular, la asignación de retiro se causó con
posterioridad al mes de julio de 2014, razón por la que considera que tiene el derecho
a que se incluya el subsidio familiar como partida computable, debiendo ser liquidada
en un 70 % de lo devengado en actividad, toda vez que el artículo 5º del Decreto 1161
de 2014 consagra el subsidio familiar como partida computable para liquidar la
asignación de retiro del personal de soldados profesionales.

Por su parte, en el escrito de tutela, el actor adujo que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución porque, a su juicio, en virtud del
principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales y del derecho a la igualdad, debió ordenarse el reajuste de la asignación de
retiro incluyendo el subsidio familiar como partida computable en un porcentaje
equivalente al 70 % de lo devengado en actividad, pues el derecho a devengar la
asignación de retiro surgió con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1161
de julio de 2014 y el porcentaje que debió tomarse como base para el reconocimiento
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

de la prestación debía ser el mismo para los soldados profesionales que devengaron
o no en actividad la referida prestación, teniendo en cuenta que su finalidad es aliviar
las cargas económicas de los trabajadores de menor rango.

En criterio del accionante, esa interpretación restrictiva desconoció el principio de
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales
establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, así como el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la misma.

A partir de lo anterior, la Sala observa que el actor plantea nuevamente la misma
discusión jurídica que ya fue objeto de análisis en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual también actuó como demandante. En esta
ocasión, reitera los argumentos expuestos en el trámite ordinario, fundamentándose
en la presunta configuración del defecto sustantivo, desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución. Según su postura, la autoridad
judicial accionada interpretó de manera errónea el Decreto 1161 de 2014, pues, en
virtud del principio del derecho a la igualdad, debió establecer que el subsidio familiar
como partida computable en la asignación de retiro debía liquidarse en un porcentaje
del 70 %, tal como se prevé para los soldados profesionales que no lo percibían
durante el servicio activo.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el
demandante fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia
del 13 de agosto de 2025, que, en relación con el artículo 1° del Decreto 1161 de 2014
y en lo que interesa, consideró:

De acuerdo con esta norma, este subsidio familiar es reconocido a partir del 01 de julio de 2014 a
los soldados profesionales o infantes de marina de las Fuerzas Militares, que a esa fecha no eran
beneficiarios del subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de 2000.

En esas condiciones, en el artículo 5° del mismo estatuto, dicha partida fue incluida como
computable para liquidar la asignación de retiro y la pensión de invalidez, véase:

«Artículo 5. A partir de julio del 2014, se tendrá en cuenta como partida computable
para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez del personal de Soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares, el setenta
por ciento (70 %) del valor que se devengue en actividad por concepto de subsidio
familiar, establecido en el artículo primero del presente decreto; el cual será sumado
en forma directa, al valor que corresponda por concepto de asignación de retiro o
pensión de invalidez, liquidado conforme a las disposiciones normativas contenidas
en el Decreto 4433 de 2004 o normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan»

En atención a las dos normas, en sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, expediente 85001-
33-33-002-2013-00237-01 (1701-16) CESUJ2-015-19, el Consejo de Estado precisó que para la
liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, la partida de subsidio familiar se
reconoce en un porcentaje del 30 % para quienes la venían devengando en virtud de los Decretos
1794 de 2000 y 3770 de 2009, y en un porcentaje del 70 % para el personal de soldados
profesionales que no percibía tal partida. Asimismo, concluyó que los Soldados Profesionales que
causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad a julio de 2014, fecha de creación de
la partida como factor liquidado para la prestación, no sería computable, sin que esa diferenciación
resulte violatoria del derecho a la igualdad, véase:

«(…) La diferencia de trato está constitucionalmente justificada: En este punto, es
igualmente relevante remitirse al ámbito de aplicación del principio de progresividad,
el cual admite la adopción de medidas que amplíen el catálogo de derechos, se
presente de manera gradual. Así las cosas, el hecho de que el derecho a la asignación
de retiro no abarque desde su nacimiento a la vida jurídica absolutamente todas las
partidas que se espera que lleguen a conformarla, no vulnera por sí mismo el derecho
a la igualdad, teniendo en cuenta que es constitucionalmente admisible que el derecho
se amplíe de manera escalonada, lo que de suyo implica que los sujetos que logren

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

consolidar el derecho más adelante podrán gozar lógicamente de mejores
condiciones.

201. De esta manera, se observa que existe una razón suficiente para un trato jurídico
desigual dada por el principio de la progresividad27 a lo que se agrega el principio
formal de la libertad de configuración del legislador o en este caso el ejecutivo para
regular la materia, tal y como antes se analizó, de manera que el trato en el plano
jurídico de la asignación de retiro que se otorga a los soldados profesionales antes de
la entrada en vigencia de los Decretos 1161 y 1162 de 2014 no resulta arbitrario ni
injustificado».

De acuerdo con la anterior interpretación, la Corporación afirmó que el hecho de que los soldados
profesionales que accedieron a la asignación de retiro con anterioridad a julio de 2014 no tengan
como partida computable de esta prestación el subsidio familiar, y que otros soldados profesionales
la perciban en un porcentaje del 30 % o 70 % dependiendo la fecha de causación, no vulnera el
derecho a la igualdad, si se atienden sus situaciones de hecho particulares y los principios de
progresividad y libertad de configuración del legislador.

De lo previamente expuesto, es posible concluir que la autoridad judicial demandada
analizó el contenido del artículo 1° del Decreto 1162 de 2014, según el cual los
soldados profesionales que devengaban el subsidio familiar en virtud de lo previsto en
los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, como el caso del actor, tenían derecho a
la inclusión de dicho factor dentro de la asignación de retiro en un porcentaje
equivalente al 30 % de lo devengado en actividad.

Igualmente, señaló que no se vulneraba el derecho a la igualdad, por el hecho de
determinarse en la misma normativa que los soldados que no hubiesen percibido en
actividad la referida prestación debía incluírsele en la asignación de retiro en un
porcentaje del 70 %, por razones de equidad, pues nunca recibieron tal
contraprestación y la finalidad de la norma es hacer una compensación al respecto.

Siendo así, aunque la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró
los derechos fundamentales invocados, porque, realizó una interpretación indebida de
los Decretos 1161 y 1162 de 2014, lo cierto es que el demandante pretende hacer uso
de la acción de tutela de la referencia para insistir en los mismos argumentos que
alegó en el trámite ordinario, los cuales, como se vio, ya fueron resueltos por los jueces
naturales de la causa.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque la parte actora reiteró los
argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, lo que permite evidenciar
que la inconformidad del actor se generó con las conclusiones del juez natural, las
cuales no coinciden con sus intereses.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la parte demandante, dado que la acción
de tutela no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos
invocados por parte del juez constitucional, en consecuencia, la Sala revocará la
decisión de primera instancia y, en su lugar, se declarara improcedente la acción de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04826-01
Demandante: Frane Javier Vizcaino Caballero

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2026, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.