Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04845-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04845-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04845-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04845-00
Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Pensión de sobreviviente a favor de madre de miembro
de las fuerzas militares desaparecido / Ausencia de acreditación
de dependencia económica / Caducidad / Defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Efigenia Pinilla Méndez, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Efigenia Pinilla Méndez promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la dignidad y al mínimo vital, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia proferida el 27 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Quinta de Decisión, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 27001-33-330-03-2014-
00730-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. Su hijo, Pedro Nel Girón Pinilla, estuvo vinculado al Ejército Nacional desde el 20
de agosto de 1993 hasta el 15 de agosto de 2001, fecha en la que desapareció
mientras se encontraba en servicio activo. Pese a contar con 8 años de servicio, la
entidad demandada calificó su conducta como «presunto abandono del servicio»,
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_DEMANDA_22_6_20262_4(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04845-00
Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
mediante informe rendido al comandante del Batallón, sin adelantar actuaciones
tendientes a establecer su paradero ni requerir a sus familiares.
2.2. Entrelos años 2004 y 2013, elevó múltiples derechos de petición ante las
autoridades competentes en los que solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de
las prestaciones sociales derivadas de la situación de su hijo, entre ellas las
equivalentes a muerte en actividad y la pensión de sobrevivientes, las que fueron
negadas sistemáticamente o resueltas mediante silencio administrativo negativo.
2.3. El Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Bogotá en sentencia del 1° de
octubre de 2010, declaró la muerte presunta por desaparecimiento de su hijo, Pedro
Nel Girón Pinilla, decisión puesta en conocimiento de la entidad demandada sin que
esta modificara su postura inicial.
2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército
Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos
mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones
salariales y sociales, incluida la pensión de sobrevivientes.
2.5. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó en sentencia
del 27 de agosto de 2025 negó las pretensiones de la demanda al considerar que las
pruebas recaudadas no permitieron concluir que la desaparición de Pedro Nel Girón
Pinilla fuera atribuible al Ejército Nacional ni que hubiera ocurrido durante el servicio
activo. Aunque se solicitó información sobre las investigaciones adelantadas, la
entidad informó que no existían registros y únicamente aportó el radiograma de su
retiro por inasistencia, mientras que la parte demandante no atendió el requerimiento
judicial. En consecuencia, no obró prueba que desvirtúe su retiro del servicio ni la
declaración de las autoridades militares exigida para el reconocimiento de las
prestaciones reclamadas. En contra de esta decisión interpuso recurso de apelación.
2.6. El Tribunal Administrativo del Chocó en providencia del 27 de mayo de 2026
modificó la decisión del a quo para declarar de oficio las excepciones de caducidad
e inepta demanda, así:
2.7. La primera, respecto de las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y
pago de las cesantías liquidadas mediante la Resolución No. 15836 del 12 de
diciembre de 2001 y demás acreencias salariales, por cuanto su situación jurídica
había sido definida desde el oficio del 9 de noviembre de 2011.
2.8. Lasegunda, al evidenciarse que en sede administrativa no se solicitó la
modificación de la causal de retiro consignada en la hoja de servicios de Pedro Nel
Girón Pinilla.
2.9. En cuanto a la pensión de sobrevivientes, confirmó la negativa, pues, aunque se
advirtieron inconsistencias en el trámite administrativo relacionado con el retiro y la
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
posterior declaratoria de muerte presunta del causante, no se acreditaron los
requisitos previstos en el artículo 197 del Decreto Ley 1211 de 1990 ni los
establecidos en la Ley 100 de 1993, en particular, la dependencia económica de la
demandante.
2.10. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en un defecto fáctico por omisión, al abstenerse de ejercer sus facultades oficiosas
para decretar y practicar las pruebas necesarias con el fin de establecer su situación
socioeconómica y la afectación de su mínimo vital, pues no verificó su avanzada
edad, su condición de vulnerabilidad económica y social, ni la incidencia que la
desvinculación laboral de su hijo tuvo sobre su subsistencia, pese a tratarse de un
sujeto de especial protección constitucional. Por lo cual, existió una valoración
incompleta del material probatorio y una decisión que prescindió de circunstancias
determinantes para la resolución del caso.
2.11. En defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por la aplicación estricta
de las reglas sobre caducidad y carga de la prueba, sin valorar las particularidades
del caso ni la circunstancia de que los hechos se relacionaban con la desaparición
de su hijo durante el servicio activo, con lo cual, se privilegió el formalismo procesal
sobre la búsqueda de la verdad material, la dignidad humana y su derecho a la
reparación integral.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al MÍNIMO VITAL y a la DIGNIDAD
HUMANA de la accionante, vulnerados por la sentencia del 27 de mayo de 2026.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 27 de mayo de 2026 y ORDENAR al
Tribunal Administrativo del Chocó que dicte una nueva providencia en el término de 48
horas, en la cual:
1. Valore la situación socioeconómica de la accionante bajo un enfoque de protección
reforzada y enfoque diferencial, considerando el impacto que la ausencia de reparación
tiene sobre su mínimo vital.
2. Ejerza las facultades probatorias de oficio para recabar los elementos necesarios
que permitan cuantificar el daño y la reparación debida, garantizando una decisión de
fondo ajustada a la justicia material.
3. Resguarde la prevalencia del derecho sustancial sobre el formalismo procesal,
asegurando una reparación integral acorde a la realidad de la víctima». [sic]
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo del Chocó2 solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de tutela al considerar que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional y que no se configuraron los defectos fáctico ni de exceso ritual
manifiesto invocados, pues la sentencia censurada se fundamentó en las pruebas
válidamente incorporadas al proceso ordinario, las cuales fueron debidamente
valoradas, sin que el juez estuviera obligado a decretar pruebas de oficio para suplir
la carga probatoria que correspondía a la parte demandante, relativa a la
dependencia económica respecto del causante, máxime cuando dicha imposibilidad
no fue alegada ni acreditada en las oportunidades procesales previstas para ello, lo
que descarta cualquier actuación arbitraria, negligente u omisiva, y, por el contrario,
acredita que la decisión se adoptó conforme a las competencias y reglas procesales
que rigen la actuación judicial.
Juzgado Tercero Administrativo del Chocó3 si bien allegó copia del
5. El
expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
6. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iii)) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de abril
de 20214 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo del Chocó.
2 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado
«12RECIBEMEMORIAL_Memorial_Contestacionaccionde(.docx) NroActua 11».
3 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«16RECIBEPRUEBAS_Memorial_27001333300320140073(.zip) NroActua 12».
4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado5 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema6. Al respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo7, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 9, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales10.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
14. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales de Efigenia Pinilla
Méndez con ocasión de la sentencia del 27 de mayo de 2026, mediante la cual
modificó la decisión del a quo, que negó las pretensiones tendientes a lograr el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con la que incurrió,
presuntamente, en defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
15. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
16. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 11, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
17. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»12, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
9 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
11 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
12 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
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circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».13 La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»14.
18. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
19. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue ideado por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en que el juez ordinario
adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una
etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
20. A partir de la sentencia T-1306 de 200115, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por exceso
ritual manifiesto16, producto de una indebida preferencia por las formas procesales
en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en la
consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales17.
21. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya alegado
el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad de
hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión que
lesione bienes ius fundamentales18.
13 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
14 Sentencia T-538 de 1994.
15 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973
de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
16 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
17 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
18 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04845-00
Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
2.4.4. Sobre el caso concreto
22. Efigenia Pinilla Méndez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 27 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la cual, modificó la
sentencia de primera instancia para declarar de oficio las excepciones de caducidad
e inepta demanda y, en lo relativo a la pensión de sobreviviente reclamada con
ocasión de la desaparición de su hijo, quien se encontraba vinculado al Ejército
Nacional, negó su reconocimiento por no haberse acreditado la dependencia
económica exigida por la ley.
23. Lo anterior, al considerar que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto por la aplicación estricta de las reglas
sobre caducidad y carga de la prueba, sin valorar las particularidades del caso ni la
circunstancia de que los hechos se relacionaban con la desaparición de su hijo
durante el servicio activo, con lo cual, se privilegió el formalismo procesal sobre la
búsqueda de la verdad material, la dignidad humana y su derecho a la reparación
integral.
35. En este punto, se recuerda que el literal d) numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa,
dispuso:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al
de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según
el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales. […].
36. Con fundamento en la normativa expuesta, el Tribunal Administrativo del
Chocó, en lo referente a la caducidad en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consideró:
«[…] 43. En el caso bajo estudio, se advierte que la parte demandante pretende la nulidad
de los actos administrativos contenidos en los Oficios Nos. 360534 C.E.
JEDEH-DIPSO-CES-177-W del 4 de enero de 2005, 20115620954951
MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU del 9 de noviembre de 2011 y el Oficio No.
20125320572031 MDN-CGFM-CE-DIPSO-FALL-22.1 del 4 de junio de 2012, así, como
del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo frente al derecho de petición
radicado el 20 de junio de 2013, mediante los cuales la entidad demandada le negó el
reconocimiento, liquidación y pago de unas acreencias salariales y prestacionales,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04845-00
Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
incluida la pensión de sobrevivientes solicitada en calidad de madre del señor Pedro Nel
Girón Pinilla. 44. Al respecto, observa la Sala que las peticiones elevadas por la actora ante la entidad
demandada, esto es, la primera de fecha 7 de julio de 2004 y la segunda de fecha 5 de
octubre de 2011 refieren similares hechos y reclaman lo mismo, es decir, el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales (vacaciones, cesantías, primas, tres
meses de alta, compensación por muerte, seguro de vida, auxilio mutuo y pensión de
sobrevivientes) y salarios, que considera tiene derecho en su calidad de madre del
desaparecido uniformado Pedro Nel Girón Pinilla desde tal hecho hasta su declaratoria
definitiva. 45. En respuesta a ello, la entidad demandada los días 4 de enero de 2005 y 9 de
noviembre de 2011 negó lo solicitado, lo que habilitó a la demandante para acudir
directamente a la sede de lo contencioso administrativo para enjuiciar la legalidad de tales
actos administrativos, si consideraba que le lesionaba algún derecho subjetivo. 46. Asimismo, aunque no se aportó la solicitud de fecha 1 de junio de 2012 de la lectura
del oficio No. 20125320572031 MDN-CGFM-CE-DIPSO-FALL-22.1 del 4 de junio de
20126 se advierte que, con aquella la actora también pretendía obtener el reconocimiento
y pago de los salarios y prestaciones sociales en calidad de madre del señor Girón Pinilla. 47. Conforme lo anterior, es claro para la Sala que, en el presente asunto, la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada por fuera de la oportunidad legal
que prescribe el literal d) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA. 48. Ello es así, porque el término de caducidad en el presente asunto debió iniciarse a
contabilizar desde la notificación del acto que resolvió la petición de fecha 7 de julio de
2004. De modo que al haber tenido conocimiento del aludido oficio de fecha 4 de enero
de 2005, el 14 de enero de 2005 conforme a la constancia de recibido, los cuatro (4) meses
con los que contaba para radicar la demanda, vencía el 14 de mayo de 2005; sin embargo,
solo lo hizo el 24 de octubre de 2014, es decir, cuando ya se había superado con creces
dicho término. 49. Al respecto, conviene precisar, que si bien la demandante, mediante escritos radicados
los días 5 de octubre de 2011 y 1 de junio de 2012, reiteró la petición de fecha 4 de enero
de 2005 efectuada ante la entidad demandada y tal solicitud dio origen a los oficios de
fecha 20115620954951 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU del 9 de noviembre de 2011
y el Oficio No. 20125320572031 MDN-CGFM-CE-DIPSO-FALL-22.1 del 4 de junio de
2012, su situación ya había sido definida a través del referido acto administrativo contenido
en el oficio de fecha 4 de enero de 2005 por lo que es evidente que, con dicha petición lo
que realmente se pretendió fue modificar los plazos para acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. 50. Ahora, revisado el plenario se advierte que, a la fecha de la primera petición, es decir,
al 7 de julio de 2004 la jurisdicción ordinaria no había declarado la muerte presunta del
señor GIRÓN PINILLA, lo cual le impedía obtener las prestaciones y demás emolumentos
reclamados. No obstante, teniendo en cuenta que para el 1octubre de 2010 fue resuelta
dicha situación, al 9 de noviembre de 2011 que se le notifica la respuesta otorgada por la
entidad demandada quedó habilitada la demandante para presentar el respectivo medio
de control. 51. Por tal razón, no podría la Sala realizar un estudio sobre dicha decisión administrativa,
toda vez que con ella se procura revivir términos fenecidos, lo que implicaría desconocer
la perentoriedad y obligatoriedad de los plazos previstos en la ley procesal y avalar el no
ejercicio oportuno de los medios de defensa, configurándose así el fenómeno jurídico de
la caducidad, sin que el oficio de fecha 4 de junio de 2012, tenga la capacidad suficiente,
se reitera, de revivir el término ya vencido. 52.
En este punto, cabe precisar, que la caducidad sólo se decreta frente a las
pretensiones correspondientes al reconocimiento y pago de las cesantías reconocidas a
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04845-00
Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
través de la resolución No. 15836 del 12 de diciembre de 2001 por la suma de $4.992.574
y demás acreencias salariales, tales como sueldos, vacaciones, primas, tres (3) meses de
alta, compensación por muerte, seguros de vida y auxilio mutuo, más no así respecto de
la pensión de sobreviviente solicitada, por tratarse de una prestación periódica.
53. Así las cosas, se declarará probada de oficio parcialmente la excepción de caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, la interesada no se
encontraba habilitada para provocar un nuevo pronunciamiento de la administración, en
tanto su situación jurídica había sido definida por el oficio de fecha 9 de noviembre de
2011. […]» [sic].
24. Como se observa, la autoridad judicial demandada aplicó lo previsto en el literal d)
del numeral 2.º del artículo 164 del CPACA para concluir que operó parcialmente el
fenómeno de la caducidad respecto de las pretensiones dirigidas al reconocimiento y
pago de las acreencias salariales y prestacionales. En ese sentido, determinó que la
situación jurídica de la demandante había quedado definida mediante los actos
administrativos que negaron tales reclamaciones, por lo que las solicitudes
posteriores solo reiteraban pretensiones ya resueltas y carecían de la virtualidad de
reabrir o prorrogar el término para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
25. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el término de caducidad debía
contabilizarse desde la notificación del acto administrativo que resolvió la petición
presentada el 7 de julio de 2004 y, respecto de las reclamaciones que solo podían
formularse una vez declarada la muerte presunta del desaparecido, desde la decisión
notificada el 9 de noviembre de 2011. En consecuencia, declaró parcialmente
probada la excepción de caducidad frente a las pretensiones relacionadas con las
acreencias salariales y prestacionales, al estimar que la demanda fue presentada por
fuera del término legal, más no respecto de la pensión de sobrevivientes, por tratarse
de una prestación periódica.
26. Por lo anterior, no se evidencia irregularidad alguna por parte de la autoridad
judicial demandada al declarar parcialmente probada la excepción de caducidad,
pues contabilizó el término para promover el medio de control desde la notificación
de los actos administrativos que definieron la situación jurídica de la demandante, sin
otorgar efectos interruptivos o renovadores a las solicitudes posteriores que
reiteraban pretensiones ya resueltas.
27. A juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que, en un primer momento, la
autoridad judicial demandada contabilizara el término de caducidad a partir de la
notificación del oficio del 4 de enero de 2005, de la cual la demandante tuvo
conocimiento el 14 de enero del mismo año, fecha desde la que comenzó a correr el
plazo de cuatro (4) meses previstos para promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En consecuencia, la interesada contaba hasta el 14 de
mayo de 2005 para presentar la demanda; sin embargo, únicamente la radicó el 24
de octubre de 2014, cuando el término legal había vencido ampliamente.
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
28. Asimismo, frente a la situación particular, esto es, la declaración de la muerte
presunta de Girón Pinilla tuvo «en cuenta que para el 1 octubre de 2010 fue resuelta dicha
situación, al 9 de noviembre de 2011 que se le notifica la respuesta otorgada por la entidad
demandada quedó habilitada la demandante para presentar el respectivo medio de control».
29. En el caso concreto, la aplicación de las reglas sobre caducidad no puede
calificarse como un exceso ritual manifiesto. La caducidad constituye una institución
de orden público que establece un límite temporal para el ejercicio de los medios de
control, su finalidad consiste en garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las
relaciones jurídicas, por esta razón, su observancia no depende de la
discrecionalidad del juez ni puede exceptuarse por la sola condición personal de
quien acude a la jurisdicción, salvo que exista una razón constitucional o legal que
justifique dicha excepción.
30. Así, el hecho de que la demandante sea una persona adulta mayor o manifieste
encontrarse en una situación de vulnerabilidad no permite, por sí solo, desconocer
las reglas de caducidad aplicables al medio de control ejercido, pues se trata de
reglas de orden público. Para que la aplicación de dicha figura pudiera considerarse
constitutiva de un exceso ritual manifiesto sería necesario demostrar que el tribunal
realizó una interpretación irrazonable o desproporcionada de la norma aplicable o
que su decisión desconoció de manera manifiesta una circunstancia jurídicamente
relevante que impedía declarar la caducidad; sin embargo, tal situación no se advierte
en el presente asunto.
31. Por otra parte, la demandante también consideró que se incurrió en un defecto
fáctico por omisión, al abstenerse de ejercer sus facultades oficiosas para decretar y
practicar las pruebas necesarias con el fin de establecer su situación socioeconómica
y la afectación de su mínimo vital, pues no verificó su avanzada edad, su condición
de vulnerabilidad económica y social, ni la incidencia que la desvinculación laboral
de su hijo tuvo sobre su subsistencia, pese a tratarse de un sujeto de especial
protección constitucional. Por lo cual, existió una valoración incompleta del material
probatorio y una decisión que prescindió de circunstancias determinantes para la
resolución del caso.
32. Al respecto, la Sala recuerda el análisis probatorio realizado por la autoridad
judicial demandada, el cual le permitió concluir que la demandante no acreditó los
requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su hijo,
específicamente, el de la dependencia económica, en los siguientes términos:
«[…] 82. Luego, a través del oficio No. 2125320572031 MDN-CGFM-CE-DIPSON-
FALL22.1 del 4 de junio de 2012 la entidad demandada indicó que para el reconocimiento
de las prestaciones sociales a favor de los beneficiarios del señor GIRÓN PINILLA era
necesario solicitar ante la Dirección de Personal del Ejército la corrección de la causal de
retiro y posterior remisión de la hoja de servicio.
83. El 26 de septiembre de 2013 la demandante nuevamente radicó derecho de petición
ante la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional solicitando nuevamente
la pensión de sobreviviente y el pago de las demás prestaciones sociales a que tuviera
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
derecho con ocasión a la desaparición del señor Pedro Nel Girón Pinilla y mediante oficio
No. 20135350680363 MDN-CGFM-CE-DIPSO-CES22.1 del 24 de octubre de 2013 remitió
a la Subdirección de Personal y esta a su vez emitió el oficio No. 20135621024181 MDN-
CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU del 18 de noviembre de 2013 con el que lo remitió a
diferentes dependencias para su trámite. 84. El 25 de noviembre de 2013 la Dirección de Familia y Asistencia Social del Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional informó que no se encontró en el expediente del señor
Pedro Nel Girón Pinilla declaración provisional y/o definitiva de desaparición y que
tampoco se encuentra incluido en la base de datos del programa SEC-LIB-DES como
des[a]parecido de la institución. 85. Sin embargo, no se observa en el plenario que se haya dado respuesta de fondo al
derecho de petición de fecha 26 de septiembre de 2013 en el cual se solicitó el
reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de la demandante. 86. Conforme a la valoración probatoria efectuada, la Sala advierte que para la fecha de
desaparición del señor Pedro Nel Girón Pinilla, este se encontraba en servicio activo, y, si
bien la muerte presunta fue declarada como ocurrida el 15 de julio de 2003, lo cierto es
que, dicha fecha cumple la función de habilitar jurídicamente a los beneficiarios para
acceder a la pensión de sobreviviente, mientras que, de acuerdo con el marco
jurisprudencial referido en líneas superiores, el origen real de ese derecho se originó en
la desaparición de aquel que data del 15 de julio de 2001 cuando aún estaba vinculado a
la entidad demandada. 87. En ese orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso el régimen pensional
aplicable es el que cobija a los miembros del Ejército Nacional. Respecto al régimen
aplicable, se advierte que el artículo 191 del Decreto 1211 del 8 de junio de 1990 dispuso
que tienen derecho a la sustitución de la asignación de retiro los miembros del grupo
familiar del oficial o suboficial que fallezca en servicio activo o en goce de asignación de
retiro o pensión por vejez […]
94. Por su parte, el artículo 41 previó que, para los soldados profesionales que se hayan
vinculado con anterioridad al 1 de enero de 2001, el Ministerio de Defensa Nacional
efectuará el cálculo de un bono pensional, dentro del año siguiente a la expedición del
presente decreto, por el número de años de servicio equivalente al aporte del doce por
ciento (12%) que le corresponde realizar al empleador, utilizando la metodología prevista
en la Ley 100 de 1993. 95. En cuanto a la pensión de sobreviviente, el literal d) del artículo 47 y 74 de la Ley 100
de 1993, previó que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de
este, requisito que constituye un presupuesto esencial para la procedencia de la
prestación. 96. Por su parte, el artículo 279 de la aludida Ley 100 de 1993 estableció que el Sistema
Integral de Seguridad Social en el contenido no es aplicable a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990,
con excepción de aquel que se vincule a partir de su entrada [en] vigencia, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. 97. En el caso bajo estudio, conforme a la hoja de servicio del señor GIRÓN PINILLA se
advierte que prestó sus servicios durante 8 años, 1 mes y 21 días. En virtud de ello, al no
cumplirse el requisito de tiempo exigido en el decreto – ley 1211 de 1990 no puede
aplicarse el régimen pensional allí contenido.
Asimismo, se tiene que para el momento de
la desaparición de aquel (15 de julio de 2001), el orden de beneficiarios previsto en el
régimen especial ubicaba en primer lugar a la cónyuge, es decir, a la señora Lina María
Castaño Duque quien era la llamada a percibir los haberes y prestaciones durante el
período ahí establecido, sin que la demandante, en su condición de madre, tuviera
vocación para acceder a tales derechos en ese estadio inicial.
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
98. Ahora bien, aunque en el expediente se encuentra acreditado que la cónyuge del
causante no promovió reclamación alguna en relación con dichas prestaciones, ello en su
momento, no habilitaba a la demandante para sustituirla en el orden preferencial fijado por
la ley y, por tanto, carecía de legitimación para reclamar tales derechos.
99. Con todo, la Sala advierte que el panorama fáctico y jurídico ha variado
sustancialmente, en la medida en que se encuentra acreditado que no existe actualmente
cónyuge con derecho, comoquiera que el 10 de septiembre de 2004 el Juzgado de Familia
de Manizales decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio entre los señores
Lina María Castaño Duque y Pedro Nel Girón y, adicionalmente, se estableció que quien
se señaló como hijo del causante no ostenta tal calidad, lo que habilitaría a la demandante
en principio para acceder a la prestación pretendida a la luz del régimen general de
seguridad social, en aplicación del principio de favorabilidad.
100. Ante tal panorama, no cabe duda de que la demandante tiene la condición de
beneficiaria del extinto Cabo Primero Pedro Nel Girón Pinilla, sin embargo, aquella
además del parentesco no acreditó la dependencia económica requerida para acceder a
la pensión de sobreviviente reclamada. En consecuencia, la Sala estima que no hay lugar
a dicho reconocimiento. […]» [sic].
33. Como se observa, a partir de una lectura integral de la sentencia, para la Sala,
contrario al decir de la parte demandante, el análisis efectuado por la autoridad
judicial demandada se encuentra debidamente sustentada en el acervo probatorio
obrante en el expediente. En particular, valoró el registro civil que acreditó el
parentesco entre la demandante y Pedro Nel Girón Pinilla, el vínculo matrimonial y
su posterior disolución, la hoja de servicios del causante, los actos administrativos
relacionados con su retiro y con las reclamaciones prestacionales, la sentencia que
declaró su muerte presunta, así como las demás actuaciones administrativas y
judiciales que permitían establecer las circunstancias de su desaparición y la
situación jurídica de los posibles beneficiarios.
34. A partir de dicho análisis, concluyó que, si bien la demandante tenía la condición
de madre del causante y, tras la cesación de los efectos civiles de su matrimonio y la
inexistencia de otros beneficiarios con mejor derecho, podía ser considerada
beneficiaria potencial de la pensión de sobrevivientes, no acreditó el requisito de
dependencia económica exigido para acceder a dicha prestación. En consecuencia,
determinó que no procedía su reconocimiento, al no encontrarse satisfecho uno de
los presupuestos legales indispensables para su otorgamiento.
35. Ahora bien, frente al defecto fáctico alegado por omisión al no haber decretado ni
practicado pruebas de oficio, la Sala advierte que el decreto oficioso de pruebas
constituye una facultad de carácter excepcional y no una obligación del juez, pues de
ningún modo está llamada a suplir la negligencia de las partes en el cumplimiento de
la carga procesal que les corresponde. En efecto, el artículo 167 del Código General
del Proceso19 dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
19 En adelante CGP.
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
36. Sobre dicha facultad, la Corte Constitucional ha sido enfática en que, si bien esta
es relevante para la búsqueda de la verdad material, no puede entenderse como una
inclinación indebida de la balanza de la justicia a favor de alguna de las partes, sino
como un compromiso del juez con la verdad y con el derecho sustancial. Esto lo
señaló en los siguientes términos20:
«En relación con las pruebas de oficio, la jurisprudencia constitucional ha respaldado su
legitimidad e incluso sostenido su necesidad, partiendo de la idea de que la búsqueda
de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de
decisiones justas. Tal potestad no debe entenderse como una inclinación indebida de la
balanza de la justicia para con alguna de las partes, sino como “un compromiso del juez
con la verdad, ergo con el derecho sustancial”. El decreto oficioso de pruebas no es una
mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal. De acuerdo a esta Corporación,
el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos
narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja
en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii)
cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas
razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la
justicia material; (iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia o
mala fe de las partes».
37. Ahora bien, la misma Corporación21 ha precisado que dicha facultad deja de ser
discrecional para convertirse en un verdadero deber del juez únicamente cuando
concurren circunstancias excepcionales, tales como que los hechos narrados y las
pruebas aportadas por las partes generen en el funcionario la necesidad de
esclarecer aspectos indefinidos de la controversia, o que la parte interesada se
encuentre en imposibilidad material de aportar la prueba requerida por hallarse en
una situación de debilidad manifiesta.
38. En esa misma línea, el Consejo de Estado ha sido enfático en que la facultad de
decretar pruebas de oficio no puede emplearse para suplir la negligencia o inactividad
probatoria de las partes, al advertir que, si bien el juez cuenta con la facultad de
decretar pruebas de oficio, con ello no es posible suplir la carga probatoria que
incumbe a las partes en la oportunidad procesal correspondiente22.
39. Asimismo, esta Corporación reiteró que quien reclama la reparación de un daño
debe satisfacer la carga probatoria que le corresponde conforme al artículo 167 del
CPG sin que la ausencia de dicha acreditación sea exigible al juez contencioso
mediante el ejercicio de sus facultades oficiosas23.
40. Así las cosas, el decreto oficioso de pruebas es una facultad del juez y no una
obligación absoluta, cuyo ejercicio se torna imperativo únicamente ante
circunstancias excepcionales que en el presente caso no se encuentran acreditadas,
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-615 de 2019.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado
interno 44819, M.P. Alberto Montaña Plata.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 10 de marzo de 2025, radicado
interno 63788, M.P. Adriana Polidura Castillo.
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
y en ningún caso puede utilizarse para relevar a las partes de la carga procesal que
les corresponde.
41. En el caso bajo estudio, la Sala no encuentra que el Tribunal Administrativo del
Chocó estuviera en el deber de ejercer la facultad discrecional de decretar pruebas
de oficio, pues la demandante contó a lo largo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con las oportunidades procesales para solicitar y
aportar los medios de prueba que estimara pertinentes para acreditar los supuestos
fácticos de su pretensión, sin que se advierta una circunstancia excepcional que
hiciera necesaria la intervención oficiosa del juez. Por consiguiente, al no haberse
acreditado en el presente caso la concurrencia de circunstancias excepcionales que
tornaran imperativo el decreto de pruebas de oficio, no puede predicarse la existencia
de un defecto fáctico por omisión.
42. Tampoco se configura el defecto alegado a partir de la aplicación de las reglas
sobre carga de la prueba, pues correspondía a la parte demandante acreditar en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho los supuestos fácticos de sus
pretensiones, entre ellos aquellos relacionados con la dependencia económica que
ahora invoca, dicha exigencia de esta carga procesal no constituye, por sí misma,
una actuación excesivamente formalista; por el contrario, responde a las reglas que
rigen el proceso y garantiza el derecho de contradicción de las partes.
43. En este punto, la Sala advierte que la condición de adulta mayor de la demandante
y la dependencia económica que afirma haber tenido respecto de su hijo no fueron
alegadas ni acreditadas de manera oportuna dentro del proceso ordinario, según se
desprende de los elementos de juicio allegados a esta actuación, por tanto, no resulta
jurídicamente posible atribuir al Tribunal Administrativo del Chocó una omisión en la
valoración de circunstancias que no fueron sometidas a su conocimiento en las
oportunidades procesales correspondientes.
44. Sobre este aspecto, debe precisarse que el juez natural debe resolver la
controversia con fundamento en los hechos alegados y las pruebas incorporadas al
proceso conforme a las reglas que rigen su trámite, pues si bien cuenta con
facultades para decretar pruebas de oficio cuando las considere necesarias para
esclarecer la verdad de los hechos, estas no tienen como finalidad suplir de manera
general la falta de actividad probatoria de las partes ni relevarlas de las cargas que
les corresponden, como ya se expuso, por ello, la ausencia de una prueba que no
fue solicitada ni aportada oportunamente no permite, por sí sola, afirmar que el juez
incurrió en un exceso ritual manifiesto.
45. De igual manera, la Sala advierte que los documentos24 aportados con la solicitud
de tutela tendientes a acreditar la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la
demandante, no tienen la entidad suficiente para variar la decisión en esta instancia,
24Certificado de SISBEN, historia clínica del Centro Oftalmológico del Llano SA y consulta de
beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado.
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Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
pues no hicieron parte del medio de control en cuestión, razón por la cual, la Sala se
abstendrá de hacer un pronunciamiento adicional.
46. Máxime cuando se pretende acreditar en esta sede hechos y circunstancias que
no fueron oportunamente alegados ni demostrados dentro del proceso ordinario, con
el propósito de controvertir las conclusiones a las que arribó el juez natural. En ese
sentido, la solicitud de amparo contra providencias judiciales no constituye una
instancia adicional ni un mecanismo para subsanar las deficiencias probatorias de las
partes o incorporar de manera extemporánea elementos de juicio que pudieron ser
aportados durante el trámite ordinario, por tanto, el amparo constitucional no puede
utilizarse como un mecanismo paralelo para reabrir un debate probatorio y jurídico
que ya fue agotado ante el juez competente.
47. Así las cosas, se observa que la corporación judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados, debido a que la providencia acusada fue proferida conforme a las
normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el
material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que
consideró más ajustada al caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez
natural del asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus
decisiones.
48. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que
conduce a la denegatoria del recurso de amparo.
49. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
50. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Efigenia Pinilla Méndez, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04845-00
Demandante: Efigenia Pinilla Méndez
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Efigenia Pinilla
Méndez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del
Chocó.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DMOR/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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