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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04846-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04846-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la tutela presentada por el señor Juan José Carey Telles, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04846-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04846-00
Demandante: JUAN JOSÉ CAREY TELLES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela por presunta mora judicial. Carencia actual de objeto por
hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Juan José Carey Telles en nombre propio el 22 de junio de 20261 interpuso
acción de tutela contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo
vital, los cuales consideró conculcados por el despacho accionado ante la presunta
mora judicial dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000-23-42-000-2019-01045-00, promovido por Martha Milena Telles
Blanco contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
justicia, seguridad social y mínimo vital.

1 Generación de tutela en línea No. 3956612. Índice 2 del aplicativo Samai.

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Demandante: Juan José Carey Telles
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04846-00

SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de
un término perentorio:
• Impulse de manera inmediata el proceso No. 2019-01045-00
• Adopte las medidas necesarias para lograr la notificación de la tercera
interesada.
• Continúe el trámite procesal sin más dilaciones injustificadas.

TERCERO: Ordenar que se priorice el trámite del proceso dada la naturaleza
pensional del asunto2.

1.3. Hechos

Revisado el expediente se hallaron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente
asunto.

El 2 de julio de 2019, la señora Martha Milena Telles Blanco, en representación del
entonces menor Juan José Carey Telles, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, promovió demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, radicada bajo el expediente No. 25000-23-
42-000-2019-01045-00.

La demandante solicitó la nulidad de diversos actos administrativos 3 expedidos por
el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, entre ellos: el oficio
mediante el cual se negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente al
menor Juan José Carey Ochoa, la resolución que negó el derecho pensional a los
padres del cabo tercero Juan José Carey Ochoa, la resolución que reconoció y
ordenó el pago de prestaciones sociales con fundamento en un expediente
administrativo No. 330373 de 2003 y la resolución que declaró beneficiario al menor
Juan José Carey Telles y dispuso el pago íntegro de las prestaciones sociales a
través de su madre Martha Milena Telles Blanco.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente a favor de Juan José Carey Telles, el pago del retroactivo
indexado desde la solicitud presentada ante el director de Prestaciones Sociales
del Ejército Nacional, el cumplimiento de la sentencia dentro del término legal y el
pago de los intereses comerciales.

Indicó que el proceso fue admitido el 28 de febrero de 2022 y que la entidad
demandada presentó escrito de contestación el 5 de diciembre de 2023, en el cual
propuso como excepción previa la caducidad del medio de control.

2 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
3 Oficio No. 12-116528 MDSGDAGPS-1-10 del 19 de noviembre de 2012, Resolución No. 2038 de

3 de julio de 2009, Resolución No. 28523 de 3 de julio de 2003 y la Resolución No. 133692 de 9 de
abril de 2012.

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Demandante: Juan José Carey Telles
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04846-00

Explicó que mediante auto del 2 de mayo de 2024 la autoridad judicial resolvió la
excepción previa y ordenó vincular como tercero con interés a la señora Isidora de
Jesús Ochoa Mercado4, madre del causante.

Señaló que, a través de providencia del 11 de octubre siguiente, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A ordenó diversas
gestiones encaminadas a lograr la notificación de la tercera interesada. Desde dicha
actuación, el proceso ha permanecido suspendido por la falta de notificación, a
pesar de que el 30 de enero de 2026, la entidad COOSALUD EPS aportó al
expediente información relevante para ubicar a la ciudadana vinculada.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora alegó la existencia de una mora judicial injustificada atribuible al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

Manifestó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y, al mínimo vital.

Expuso que el proceso llevaba más de 6 años desde su radicación, que se
encontraba paralizado por más de 2 años sin decisión de fondo y que persistía la
inactividad pese a contar con información suficiente para notificar a la tercera
interesada.

Sostuvo que el tribunal desconoció el deber de impulso oficioso e invocó la
jurisprudencia constitucional que reconoce la mora judicial como vulneración del
debido proceso. Finalmente, advirtió que la dilación afectaba gravemente su mínimo
vital, y que era el único beneficiario de la pensión reclamada.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 26 de junio del 20265, el magistrado ponente de esta decisión admitió la acción
de tutela interpuesta contra la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y ordenó notificar a los magistrados de la autoridad
judicial accionada.

De igual forma, dispuso vincular al ministro de Defensa Nacional, al comandante del
Ejército Nacional y a las señoras Martha Milena Telles Blanco e Isidora de Jesús
Ochoa Mercado, como terceros con interés en las resultas del proceso.

4 Por medio de la Resolución No. 1057 del 12 de febrero de 2021 le fue reconocida la pensión de

sobreviniente.
5 Índice 4 del aplicativo Samai.

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Demandante: Juan José Carey Telles
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04846-00

1.6. Contestación

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A

Con memorial del 7 de octubre de 2026, el titular del despacho rindió informe en el
que precisó que durante el tercer trimestre de 2025 se registró un ingreso de 129
procesos frente a un egreso de 158 expedientes, lo cual dejó un inventario final
consolidado de 585 procesos en trámite. Ante dicho estado de cosas, sustentó la
necesidad de priorizar los procesos de contrato realidad, en la medida en que
representaban el mayor volumen de la carga judicial en segunda instancia y
contaban con reglas uniformes y jurisprudencia unificada aplicable.

Adicionalmente allegó escrito del 6 de julio de 20266 en el que informó que asumió
el cargo el 18 de marzo de 2025, fecha en la cual recibió un inventario activo de 709
procesos, de los cuales 521 correspondían a procesos ordinarios de nulidad y
restablecimiento del derecho en primera y segunda instancia.

Indicó que, durante el año 2025, el despacho No. 8 organizó la evacuación de los
asuntos prioritarios y diseñó un plan de trabajo basado en la plataforma SAMAI para
clasificar cronológicamente los procesos más antiguos, medidas que permitieron
generar un total de 490 egresos del inventario general.

Precisó que el expediente del accionante ingresó al despacho el 17 de febrero de
2025, ocupando el turno número 191 respecto de otros 190 procesos adicionales
de distinta naturaleza con mayor retraso.

Reseñó que el 4 de diciembre de 2025 se profirió un auto ordenando medidas
complementarias para lograr la notificación personal de la tercera interesada, la
señora Isidora de Jesús Ochoa Mercado, y se aclaró que, aunque COOSALUD EPS
allegó respuesta el 31 de enero de 2026, la secretaría del tribunal omitió la gestión
de la respectiva comunicación.

Reportó que, con el propósito de garantizar el debido proceso y la tutela judicial
efectiva, en la misma fecha de expedición del informe se dictó un auto ordenando
la práctica inmediata de la notificación dispuesta.

Con fundamento en la inexistencia de dilación injustificada y en la acreditación del
esfuerzo operativo del despacho No. 8, el magistrado solicitó formalmente negar el
amparo solicitado por el ciudadano Juan José Carey Telles y requirió la valoración
de las pruebas aportadas y de las actuaciones consignadas dentro del expediente
ordinario al momento de proferirse la decisión de fondo.

6 Índice 14 del aplicativo Samai.

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Demandante: Juan José Carey Telles
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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1.6.2. A pesar de ser notificadas en debida forma las demás autoridades vinculadas
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción constitucional presentada contra
la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20157, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si la
autoridad judicial demandada desconoce los derechos al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital de la parte
actora, los cuales consideró conculcados por el despacho accionado ante la
presunta mora judicial dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-42-000-2019-01045-00, promovido por la señora
Martha Milena Telles Blanco contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) generalidades
de la acción de tutela, ii) mora judicial y el iii) caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

7 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
8 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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2.4. Mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a trasgredir el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.9

Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»10.

En esa línea esa corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial11, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y, de contera, al debido proceso de las partes en el
desarrollo de la causa.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

9 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
10 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-

2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.

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2.5. Caso concreto

Como se expuso en líneas anteriores, el señor Carey Telles cuestionó la presunta
mora judicial injustificada tribuida a la autoridad judicial accionada, derivada de la
falta de impulso procesal en el expediente referido.

Explicó que el proceso llevaba más de 6 años desde su radicación, que permanecía
paralizado por más de 2 años sin decisión de fondo y que persistía la inactividad
pese a existir información suficiente para notificar a la tercera interesada.

Sostuvo que el tribunal desconoció el deber de impulso oficioso e invocó la
jurisprudencia constitucional12 que reconoce la mora judicial como vulneración del
debido proceso. Finalmente, advirtió que la dilación afectaba gravemente su mínimo
vital, al ser el único beneficiario de la pensión reclamada.

Al revisar en el sistema de gestión judicial samai, se advierte que dentro del proceso
con radicado 25000-23-42-000-2019-01045-00, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A profirió auto el 6 de julio de 202613.

En dicha providencia, se ordenó notificar personalmente a la señora Isidora de
Jesús Ochoa en la ciudad de Cartagena de Indias, de forma física y electrónica
según los datos provistos por COOSALUD EPS, suministrándole la demanda y el
expediente para que ejerza su defensa y se pronuncie sobre las pretensiones y la
medida cautelar, y que tras surtirse la diligencia y dejarse las respectivas
constancias de entrega, el proceso reingresara al despacho para continuar con su
trámite legal.

Esto obedeció a que, con anterioridad, se había solicitado formalmente a la entidad
de salud la entrega de la dirección y los datos necesarios para la notificación de la
tercera interesada, requerimiento efectuado mediante oficio del 27 de enero de
202614.

En síntesis, la inconformidad planteada por el accionante respecto de la inactividad
judicial quedó superada, pues lo solicitado, que era que el despacho adoptara
medidas para notificar a la señora Isidora de Jesús Ochoa Mercado y se priorizara
el trámite procesal por su naturaleza pensional.

La sala observa que dentro del proceso dicha pretensión fue satisfecha con la
emisión del oficio del 27 de enero de 2026, respondido por COOSALUD EPS
mediante escrito del 30 del mismo mes y año, y con el auto del 6 de julio de 2026,
mediante el cual se ordenó la notificación del trámite a la tercera interesada.
desapareciendo así los supuestos fácticos que sustentaban la alegada vulneración

12 Sentencia T-230 de 2013 y Sentencia T-062 de 2015.
13 Índice 113 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2019-01045-00. Y notificado el 22 de

julio de 2026.
14 Índice 107 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2019-01045-00.

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de derechos fundamentales.

Sobre este punto, la sala ha explicado en varias ocasiones15 que la acción de tutela
ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección
de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de las
garantías constitucionales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.

Al respecto, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial.

Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la
eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda
tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción16.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza.

Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una
objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el
evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como
en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado.
(negrillas propias)

15 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
16 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual

se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».

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Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente17”.

A partir del marco de referencia, el máximo tribunal constitucional ha sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales18.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del cumplimiento del fallo de primera
instancia siempre que ello no sea en virtud de cumplir la orden judicial, (resalta
esta Sección Quinta) lo que implica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal19.

Así pues, en el sub examine, la inconformidad del señor Carey Telles radicó
originalmente en la falta de impulso del proceso con radicado 25000-23-42-000-
2019-01045-00 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional; no obstante, se constató que dicha autoridad dio trámite al
proceso ordinario antes de dictarse la sentencia de primera instancia, pues profirió
la providencia correspondiente y notificó la decisión a las partes.

En consecuencia, esta sala de decisión advierte que, encontrándose en curso el
proceso iniciado con la radicación de la tutela el 22 de junio de 2026, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, notificó el 22 de
julio de 2026 a la tercera interesada dentro del medio de control de nulidad y

17 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, en el número 6, la cual se

transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
18 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
19 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.

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restablecimiento del derecho.

Por lo anterior, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda
vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto de los
derechos fundamentales alegados por el señor Juan José Carey Telles, de modo
que cualquier orden impartida por esta sala resulta inane, dado que la posible
vulneración cesó con la actuación de la parte enjuiciada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la tutela
presentada por el señor Juan José Carey Telles, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
y enviar copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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