República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04860-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04860-00 (7710)
Accionante: José Abel Paz Julicue
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad.
Subtema 2: defecto procedimental. Subtema 3: subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por José Abel Paz Julicue contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
El señor José Abel Paz Julicue presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al acceso efectivo a la tutela judicial, que consideró
vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de las
decisiones y actuaciones proferidas dentro del proceso identificado con el radicado
núm. 11001 03-28-000-2026-00197-00.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor José Abel Paz Julicue presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de
que se anulara el contenido de la Resolución núm. 2580 de 5 de marzo de 2025,
1
Samai, expe, 11001-03-15-000-2026-04860-00, índice 2, certificado D56B973AE90A80DF 00F9732200621680
DF30E04A0ED1491D 6E1A5AED5C62A986.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04860-00 (7710)
Accionante: José Abel Paz Julicue
Accionado: Conse de Estado, Sección Quinta
mediante la cual se fijó el calendario electoral para las elecciones de presidente y
vicepresidente de la República, para el período constitucional 2026-2030, por
considerar que vulneraba disposiciones de superior jerarquía.
3. El asunto fue repartido entre los despachos de la Sección Quinta del Consejo
de Estado bajo el radicado núm. 11001-03-28-000-2026-00197-00, el 13 de mayo
de 2026.
4. El señor José Abel Paz Julicue, a través de escrito del 29 de mayo de 2026, le
solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que: «[…] asuma el conocimiento
definitivo, proceda con el impulso procesal inmediato de la actuación y efectúe la
notificación del auto correspondiente. Esto con el fin de evitar dilaciones
injustificadas y garantizar el principio de celeridad que gobierna la justicia
contencioso-administrativa»
5. El despacho ponente de la Sección Quinta de esta corporación, mediante auto
de 16 de junio de 2026, requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil a través
de la Dirección de Gestión Electoral de la entidad, para que allegara la siguiente
documentación: i) copia de la Resolución núm. 2580 de 5 de marzo de 2025 e ii)
informara si, para esa fecha, había expedido el formulario E-26 relativo a la elección
presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026 y, en caso afirmativo, lo remitiera.
6. La Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante memorial del 17 de junio,
dio respuesta al requerimiento y allegó los documentos solicitados.
7. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de auto del 22 de junio de
2026, rechazó la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 169 del CPACA, al considerar que la Resolución núm. 2580 de 5 de marzo
de 2025 no era susceptible de control judicial autónomo y directo.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
PRIMERA.
Que se AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.),
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) y acceso efectivo a la tutela judicial
(art. 86 C.P.), vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDA.
Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS la(s) providencia(s)
proferida(s) dentro del proceso de nulidad identificado con radicado 11001-03-28-000-
2026-00197-00, así como todas las actuaciones surtidas con posterioridad al momento
en que se configuró la vulneración del debido proceso.
TERCERA.
Que se DECLARE LA NULIDAD DE LO ACTUADO, a partir del momento en que debió
garantizarse la notificación efectiva al accionante, por haberse configurado un defecto
procedimental que generó indefensión material.
2
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Accionante: José Abel Paz Julicue
Accionado: Conse de Estado, Sección Quinta
CUARTA.
Que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado retrotraer la actuación
procesal al momento en que debió surtirse en debida forma la notificación inicial,
garantizando al accionante el conocimiento real del proceso.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
QUINTA.
Que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado admitir o inadmitir la
demanda con observancia estricta del debido proceso, permitiendo al accionante:
• Ejercer su derecho de defensa
• Subsanar la demanda en caso de inadmisión
• Intervenir en todas las etapas procesales
SEXTA.
Que se ordene a la autoridad accionada garantizar el acceso real, efectivo y funcional
al expediente judicial, incluyendo:
• Suministro del radicado
• Acceso al sistema SAMAI
• Notificaciones claras, completas y oportunas
PRETENSIONES DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL
SÉPTIMA. Que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado rehacer la
actuación judicial con estricta observancia de los principios de publicidad,
contradicción, transparencia y prevalencia del derecho sustancial, evitando la
repetición de las irregularidades denunciadas.
OCTAVA. Que se exhorte a la autoridad judicial accionada para que en lo sucesivo
adopte medidas que garanticen el acceso efectivo de los ciudadanos al trámite judicial,
evitando situaciones de indefensión material.
NOVENA. Que se ordene que, mientras se rehace la actuación procesal, se garantice
que ninguna decisión adversa produzca efectos jurídicos en contra del accionante,
hasta tanto se le haya permitido intervenir plenamente dentro del proceso2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
autoridad accionada incurrió en defecto procedimental absoluto, porque omitió
notificarle de las actuaciones procesales surtidas al interior de la demanda de
nulidad «tales como la admisión, inadmisión o eventual rechazo de la misma». Esto
le impidió subsanar el escrito inicial y ejercer adecuadamente su derecho de
defensa y contradicción.
10. Asimismo, indicó que se desconoció su derecho al acceso a la administración
de justicia, debido a que no tuvo acceso efectivo al trámite judicial pues no le fue
suministrado el número del radicado del expediente, lo que le impidió hacer
seguimiento al asunto.
11. En suma, consideró que la actuación judicial desarrollada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado restringió de manera desproporcionada los principios
2
Se transcribe incluso con errores.
3
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Accionante: José Abel Paz Julicue
Accionado: Conse de Estado, Sección Quinta
rectores del servicio de administración de justicia como: i) la eficacia, al no
garantizarse que el proceso judicial produjera efectos reales de acceso a la justicia;
ii) la celeridad, al evidenciarse dilaciones sin respuesta pese a la solicitud expresa
de impulso procesal; y iii) la prevalencia del derecho sustancial, al privilegiarse una
actuación formal sobre la garantía material de los derechos del accionante.
2.3. Trámite procesal
12.El despacho ponente, mediante auto del 25 de junio de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la Sección Quinta del Consejo de Estado en su
condición de autoridad accionada, y puso en conocimiento el escrito de tutela a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en calidad de tercero con interés.
2.4. Intervenciones
13. La Sección Quinta del Consejo de Estado4 realizó un recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso e indicó que el aplicativo Samai permite
consultar los expedientes judiciales por el número de radicación asignado, el
nombre o número de identificación del ciudadano. De este modo, consideró que no
es admisible afirmar que el accionante no tuvo acceso al expediente digital
conformado con ocasión de la demanda que presentó en esta corporación.
14. Adicionalmente, refirió que la primera actuación sustancial dentro del proceso
con radicado núm. 11001-03-28-000-2026-00197-00 fue el auto que rechazó la
demanda, la cual se notificó mediante estado, conforme a las normas procesales
aplicables. En todo caso, esta decisión se comunicó al correo electrónico del
accionante junto con la identificación del proceso, constancia que fue recibida en su
buzón. Así pues, una vez se surtió la notificación de la providencia, se habilitó la
oportunidad procesal para interponer los recursos correspondientes dentro del
término de ejecutoria, sin que el accionante formulara actuación alguna ni acreditara
impedimento para ejercer dicha facultad.
15. En ese orden, concluyó que el accionante tuvo conocimiento de la radicación
del proceso ante la Sección Quinta y contó con los mecanismos dispuestos para
consultar su trámite a través del aplicativo Samai. Igualmente, la decisión de
rechazo de la demanda fue debidamente notificada, por lo que dispuso de los
medios procesales para controvertirla.
16. La Registraduría Nacional del Estado Civil5 manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los argumentos de la tutela se
dirigen a cuestionar las actuaciones adelantadas por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, dentro del expediente de nulidad con radicado núm. 11001-03-28-000-
2026-00197-00, en cuyo trámite no tuvo injerencia alguna. En consecuencia, solicitó
que se le desvincule del presente trámite constitucional.
3
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174BA51AAE3317C5 645A36460C6AAE65.
4
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E6866259EC92B8A6 2D2C34CA68492D4D.
5
Samai, expe, 11001-03-15-000-2026-04860-00, índice 12, certificado BFAC0CDBCCA6B673 FD88C2085548671A
5D29B497F045FFC2 363FC7761E39C9FF.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04860-00 (7710)
Accionante: José Abel Paz Julicue
Accionado: Conse de Estado, Sección Quinta
3. Consideraciones
3.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por José Abel Paz Julicue contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
18. La legitimación en la causa por activa del señor José Abel Paz Julicue está
acreditada, porque fue el demandante en el proceso de nulidad con radicado núm.
11001 03-28-000-2026-00197-00 en el que afirmó que se vulneraron sus derechos
fundamentales.
19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, debido a que fue la autoridad que realizó las
actuaciones cuestionadas en la solicitud de amparo.
20. Por otro lado, se advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó
su desvinculación, al considerar que la acción de tutela se dirigía contra una
providencia judicial, por lo cual no estaba llamada a responder por la vulneración de
los derechos fundamentales de la parte accionante.
21. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad fue la parte demandada dentro del proceso ordinario en el que
fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que
resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional7.
23.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5
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Accionante: José Abel Paz Julicue
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ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
24. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
25. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.
3.4. Problema jurídico
26. La Sala deberá establecer si ¿la acción de tutela interpuesta por la parte
tutelante contra la Sección Quinta del Consejo de Estado supera el requisito de
subsidiariedad?
27. En caso afirmativo, continuará con el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, a emitir una decisión de fondo.
3.5. Caso concreto
28. El señor José Abel Paza Julicue presentó acción de tutela con la pretensión
principal de que se dejen sin efectos las providencias expedidas al interior del
proceso de nulidad identificado con radicado 11001-03-28-000-2026-00197-00, que
se tramitó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque, en su criterio, no
se le notificaron las actuaciones procesales que se adelantaron en dicho asunto
«tales como la admisión, inadmisión o eventual rechazo de la misma», lo cual le
impidió subsanar el escrito inicial y ejercer adecuadamente su derecho de defensa
y contradicción.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
6
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29. Pues bien, al revisar las actuaciones surtidas al interior del expediente de
nulidad con radicado núm. 11001-03-28-000-2026-00197-00, se observa que la
demanda presentada por el señor José Abel Paz Julicue fue asignada a un
despacho de la Sección Quinta el 13 de mayo de 2026. Posteriormente, el ponente
designado, mediante auto del 16 de junio de 2026, requirió a la Registraduría
Nacional del Estado Civil para que allegara la siguiente documentación: i) copia de
la Resolución núm. 2580 de 5 de marzo de 2025 e ii) informara si, para esa fecha,
había expedido el formulario E-26 relativo a la elección presidencial celebrada el 31
de mayo de 2026 y, en caso afirmativo, remitiera copia de este.
30. Conviene aclarar que dicha providencia, tenía por objeto dar impulso a la
actuación judicial, por lo que fue expedida por el despacho ponente, bajo la
condición de «cúmplase». Este tipo de autos conforme lo dispuesto en el artículo
299 del Código General del Proceso no requieren ser notificados10.
31. En atención a lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de
oficio del 17 de junio de 2026 remitió los documentos requeridos en el auto del 16
de junio de 2026.
32. Con base en lo referido, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió el 22
de junio de 2026, rechazar la demanda de nulidad promovida por el accionante
contra la Resolución núm. 2580 del 5 de marzo de 2025 expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de la cual se fijó el calendario
para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República,
correspondientes al periodo constitucional 2026-2030.
33. Esta providencia fue notificada al señor José Abel Paz Julicue, el 23 de junio de
202611, por medio de correo electrónico remitido al buzón jos.abel.pz@gmail.com,
el cual fue referido por el accionante al momento de radicar la demanda12.
34. De acuerdo con lo anterior, se observa que la decisión que determinó la
continuidad del proceso de nulidad con radicado núm. 11001-03-28-000-2026-
00197-00 fue notificada directamente al demandante.
35. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 de la Constitución y del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, que el juez constitucional, por un lado, verifique que la
accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus
derechos fundamentales y, por otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan
10
Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Quinta, en auto del 5 de marzo de 2015, radicado núm. 11001-03-28-000-
2014-00097-00, expuso lo siguiente: « Ahora, la distinción entre autos notificables y no notificables se hace a partir de lo
previsto en el artículo 299 del CGP que con claridad prescribe que “Los autos de ‘cúmplase’ no requieren ser notificados.”, lo
cual se complementa con lo dispuesto en el artículo 204 del CPACA, que al respecto señala que “No requieren notificación
los autos que contengan órdenes dirigidas exclusivamente al Secretario. Al final de ellos se incluirá la orden ‘cúmplase’”. Así,
para la Sala es claro que los autos de “cúmplase” hacen parte del ordenamiento jurídico, pero no para impulsar el trámite
procesal ni para resolver asuntos accesorios propios de los autos interlocutorios, sino solamente para impartirle órdenes al
secretario del despacho o corporación judicial para que sea él quien exclusivamente las acate».
11
Samai, expe, 11001-03-28-000-2026-00197-00, índice 14, certificado 15D8840B24AAA1C7 83B5E5262702EE48
15DCC8591341AA16 E10F8E6169EC3813.
12
Samai, expe, 11001-03-28-000-2026-00197-00, índice 3, certificado 98F449EA875E3105 11D619801A3C7491
E2B71964E8F36B7D 55438BCF167629BA
7
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idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de
acuerdo con las particularidades de cada caso13.
36. Así pues, en el evento en que existan otros medios de defensa judicial, pero
que estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de
protección de derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configure
un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y cuyas medidas de
protección sean impostergables14.
37. Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales15. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:
La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.
38. A partir de lo anterior, es preciso indicar que, en relación con el argumento de
la falta o de la indebida notificación del auto que le ordenó subsanar la demanda, el
actor podía hacer uso del mecanismo de nulidad previsto en los artículos 133 y
siguientes del C.G.P., para solicitarle a la autoridad judicial accionada que anulara
la actuación que, en su criterio, afectó sus derechos fundamentales.
39. En todo caso, cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 24616 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA), el recurso de súplica procede contra los siguientes autos
dictados por el magistrado ponente: «[…] 2. Los enlistados en los numerales 1 a 8
del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única
instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios […]».
En este sentido, es pertinente mencionar que, según lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 243, el auto que rechaza la demanda es susceptible de recurso de
apelación.
40. Lo anterior, significa entonces que el auto del 22 de junio de 2026, proferido por
la autoridad judicial accionada era susceptible de recurso de súplica, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 y 246 del CPACA.
41. De esta manera, la Sala advierte que el señor José Abel Paz Julicue disponía
de otros instrumentos idóneos, eficaces y efectivos, a través del incidente de nulidad
o del recurso de súplica, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales,
13
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
14
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
15
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
16
ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
[…]
2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única instancia,
o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios. […]».
8
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sin embargo, no hizo uso de este, por lo que no resulta procedente analizar las
razones propuestas por la parte actora en su escrito de tutela, toda vez que las
mismas debieron ser expuestas dentro de los escenarios judiciales previstos por el
legislador y no dentro de esta acción constitucional.
42. En este punto de la providencia, conviene destacar que el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados
con los derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichos mecanismos o cuando estos no
sean idóneos para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir al
amparo constitucional.
43. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es
improcedente en el entendido de que el agotamiento efectivo de los medios de
defensa judicial no solo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a
sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de
la acción de tutela como instrumento de defensa.
4. Conclusión
44. En consecuencia, la Sala encuentra que el escrito de tutela no superó el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que el señor José Ábel Paz Julicue tuvo
a su alcance el incidente de nulidad y el mecanismo de la súplica para reclamar la
protección de los derechos fundamentales que, en su criterio, fueron vulnerados por
la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por tal motivo, se declarará improcedente
la solicitud de amparo invocada por la tutelante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por José Ábel Paz
Julicue contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
9
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Accionante: José Abel Paz Julicue
Accionado: Conse de Estado, Sección Quinta
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con permiso
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
10
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