Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04861-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04861-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04861-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04861-01
Accionante: DUPERLY ISOLINA RIAÑO ACELAS
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
23 de julio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Duperly Isolina Riaño Acelas solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, a
la igualdad, “[…] juez natural disciplinario, independencia judicial, autonomía
funcional, legalidad disciplinaria, culpabilidad, ilicitud sustancial y permanencia en
el ejercicio de funciones públicas […]”, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 10 de diciembre de 2025 y 15 de abril de 2026 proferidas por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, respectivamente, dentro del proceso disciplinario con número de
radicación 68001-25-02-000-2021-00771-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que se desempeña como titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Conocimiento de Bucaramanga desde el 5 de septiembre de 2016.
2.2. Adujo que fue objeto de una investigación disciplinaria por la presunta comisión de
la falta prevista en el artículo 242 de la Ley 1952 de 28 de enero de 20191 por el
1
“[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04861-01
Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
incumplimiento del deber establecido en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270
de 7 de marzo de 19962. Precisó que dicho reproche estuvo relacionado con la omisión
de iniciar el incidente de reconstrucción del proceso y de formular denuncia penal por
la pérdida de los registros audiovisuales correspondientes a las audiencias
celebradas dentro del proceso penal con radicación núm. 68081-60-00-135-2014-
01890-00, adelantado contra la señora María de la Pasión Ramírez.
2.3. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Santander, autoridad judicial que, mediante sentencia de 10 de
diciembre de 2025, la declaró disciplinariamente responsable y le impuso sanción
de suspensión del ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, al considerar
acreditada, a título de culpa, la infracción grave consistente en el incumplimiento del
referido deber funcional.
2.4. Señalóque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el recurso de
apelación y, a través de sentencia de 15 de abril de 2026, confirmó tanto la
declaratoria de responsabilidad disciplinaria como la sanción impuesta.
2.5. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en un defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución Política.
2.6. Adujo que el defecto sustantivo se configuró al estimar que las autoridades
disciplinarias equipararon indebidamente la declaratoria de nulidad de una
actuación judicial con la existencia automática de responsabilidad disciplinaria.
Afirmó que dichas autoridades prescindieron de un análisis autónomo de la ilicitud
sustancial, de la culpabilidad, de la independencia judicial y de la necesaria
diferenciación entre la invalidez de una actuación procesal y la responsabilidad
disciplinaria del funcionario judicial.
2.7. Además, señaló que no se tuvo en cuenta que el material probatorio incorporado
al expediente disciplinario demostró que la pérdida de los registros audiovisuales
ocurrió antes de su posesión como titular del Juzgado y que dicha situación
obedeció a inconvenientes de carácter técnico. Agregó que tales circunstancias
fueron puestas oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes y
que, desde su posesión, ordenó y adoptó todas las actuaciones razonablemente
exigibles para promover la búsqueda y recuperación de los archivos extraviados.
2.8. Señaló que las accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente
judicial vinculante relativo a la independencia judicial, la autonomía funcional de los
jueces, la prohibición de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria y la
necesidad de acreditar una afectación sustancial de los deberes funcionales para
estructurar responsabilidad disciplinaria.
2.9. Enese sentido, sostuvo que las autoridades accionadas desconocieron las
reglas fijadas por la Corte Constitucional, particularmente en la Sentencia T-296 de
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“[…] Estatutaria de la Administración de Justicia. […]”.
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Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
2025, según las cuales el control disciplinario sobre las decisiones judiciales reviste
carácter excepcional. Agregó que la Sentencia SP2430-2018 de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que la pérdida de registros
audiovisuales dentro de un proceso judicial exige un análisis casuístico de las
circunstancias particulares que rodean cada situación, de manera que dicho evento
no genera, por sí mismo, una consecuencia jurídica uniforme o automática ni permite
atribuir responsabilidad disciplinaria de forma inmediata.
2.10. Manifestó que hubo una violación directa de la Constitución Política, en especial
de los artículos 29, 228 y 230, al sancionar una decisión jurisdiccional adoptada dentro
del ámbito de interpretación razonable reconocido a los jueces de la República y al
transformar una discrepancia jurídica en fundamento de responsabilidad disciplinaria.
En su criterio, las autoridades disciplinarias transformaron una discrepancia jurídica
respecto de la conducción del proceso en fundamento para atribuir responsabilidad
disciplinaria, desconociendo las garantías constitucionales que amparan la
independencia y autonomía de la función judicial.
2.11. Resaltó que el magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo salvó el voto
debido a que, a su juicio, la decisión mayoritaria equiparó indebidamente la
configuración de una nulidad procesal con la estructuración automática de
responsabilidad disciplinaria, cuando no toda irregularidad necesariamente deriva
en una falta disciplinaria.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primera. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, juez natural disciplinario, independencia judicial, autonomía funcional,
acceso efectivo a la administración de justicia, legalidad disciplinaria,
culpabilidad, ilicitud sustancial, igualdad y permanencia en el ejercicio de
funciones públicas, los cuales considero vulnerados por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Santander y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
con ocasión de las providencias proferidas dentro del proceso disciplinario
radicado No. 68001250200020210077101.
Segunda. DEJAR SIN EFECTOS, por vulnerar mis derechos fundamentales y
por encontrarse afectada por defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente constitucional, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la función
jurisdiccional, la sentencia proferida, el quince (15) de abril de dos mil veintiséis
(2026), por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del radicado No.
68001250200020210077101, mediante la cual se confirmó la sanción
disciplinaria impuesta en mi contra.
Tercera. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida, el diez (10) de
diciembre de dos mil veinticinco (2025), por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander dentro del mismo radicado, por medio de la cual se me
declaró disciplinariamente responsable y se me impuso sanción de suspensión
en el ejercicio del cargo, al haberse fundamentado en una interpretación
incompatible con los artículos 29, 228 y 230 de la Constitución Política.
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Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
Cuarta. DECLARAR que las providencias disciplinarias cuestionadas
incurrieron en defecto sustantivo al equiparar indebidamente la declaratoria de
nulidad de una actuación judicial con la configuración automática de
responsabilidad disciplinaria, prescindiendo del análisis autónomo de la ilicitud
sustancial, de la culpabilidad y de los límites constitucionales que gobiernan el
control disciplinario sobre actuaciones jurisdiccionales.
Quinta. DECLARAR que las autoridades disciplinarias accionadas
desconocieron el precedente constitucional vinculante relativo a la
independencia judicial, la autonomía funcional de los jueces, la prohibición de
responsabilidad objetiva en materia disciplinaria y la necesidad de acreditar una
afectación sustancial de los deberes funcionales para estructurar
responsabilidad disciplinaria.
Sexta. DECLARAR que las providencias cuestionadas vulneraron de manera
directa los artículos 29, 228 y 230 de la Constitución Política al sancionar una
decisión jurisdiccional adoptada dentro del ámbito de interpretación razonable
reconocido a los jueces de la República y al transformar una discrepancia
jurídica en fundamento de responsabilidad disciplinaria.
Séptima. ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro
del término que señale el fallo de tutela, profiera una nueva decisión ajustada a
los parámetros constitucionales desarrollados por la Corte Constitucional
respecto de la independencia judicial, la autonomía funcional, la ilicitud
sustancial, la culpabilidad disciplinaria y los límites materiales del control
disciplinario sobre decisiones jurisdiccionales.
Octava. ORDENAR que, al momento de emitir la nueva decisión, la autoridad
disciplinaria efectúe un análisis autónomo, estricto y constitucionalmente
adecuado de todos los elementos estructurales de la responsabilidad
disciplinaria, absteniéndose de derivar responsabilidad únicamente de la
existencia de una nulidad procesal o de la discrepancia frente al criterio jurídico
adoptado por la suscrita en ejercicio de la función judicial.
Novena. ORDENAR que la nueva decisión valore integralmente las
circunstancias objetivas acreditadas dentro del expediente, particularmente
aquellas relacionadas con la pérdida de los registros audiovisuales antes de mi
posesión como titular del despacho, las fallas técnicas institucionales existentes
para la época de los hechos, las actuaciones desplegadas para intentar la
recuperación de los archivos, la congestión judicial y el contexto excepcional
dentro del cual fue adoptada la decisión jurisdiccional objeto de
cuestionamiento.
Décima. DISPONER, como medida de restablecimiento integral de los
derechos fundamentales vulnerados, la suspensión inmediata de todos los
efectos jurídicos, disciplinarios, administrativos, laborales, funcionales y
registrales derivados de las providencias aquí cuestionadas, mientras se adopta
una nueva decisión respetuosa de los parámetros constitucionales fijados en el
fallo de tutela.
Décima Primera. ORDENAR a las autoridades accionadas que, en futuras
actuaciones disciplinarias relacionadas con el ejercicio de funciones
jurisdiccionales, observen estrictamente los estándares constitucionales
relativos a la independencia judicial y a la autonomía funcional, garantizando
que la potestad disciplinaria no se convierta en un mecanismo indirecto de
revisión de criterios interpretativos ni de interferencia en la libertad de las
decisiones judiciales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04861-01
Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
Décima Segunda. ADOPTAR cualquier otra medida de protección, reparación
o restablecimiento que el Despacho constitucional estime necesaria para
garantizar la eficacia de los derechos fundamentales vulnerados, evitar la
consolidación de un perjuicio constitucional irremediable y restablecer
plenamente las garantías constitucionales comprometidas con ocasión de las
providencias disciplinarias objeto de cuestionamiento. […]” [negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 30 de junio de 2026, el Despacho de la Sección Cuarta a cargo
de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela y decretó como
prueba de oficio requerir copia íntegra del expediente disciplinario cuestionado.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:
5.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó que esta acción de
tutela carece de relevancia constitucional por cuanto se pretende reabrir un debate
que ya se surtió por el juez natural, por lo que no es procedente considerar este
mecanismo como una tercera instancia. Agregó que la autoridad demostró la ilicitud
sustancial al encontrar que la conducta de la accionante afectó la correcta
prestación del servicio y que las providencias alegadas no comprometen la esencia
del debate, en ese sentido, no se acreditó defecto alguno y se deberían negar las
pretensiones de la demanda.
5.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander sostuvo que en
el trámite se garantizó el debido proceso y destacó que la sanción se impuso como
consecuencia de una valoración detallada de lo acreditado en el curso de la
investigación. Adujo que no se demostró vulneración alguna de derechos
fundamentales, por lo que deben negarse las pretensiones de la demanda.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 23 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo al concluir que no se superó
el requisito de relevancia constitucional. Consideró que la accionante pretendía
utilizar el mecanismo constitucional como una instancia adicional para controvertir
las decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario, pues reiteró los mismos
argumentos que había formulado en el recurso de apelación.
7. Como sustento de lo anterior, señaló que “[…] la autoridad disciplinaria confirmó
la decisión que declaró disciplinariamente responsable a la accionante, tras advertir
que esta tenía conocimiento de la pérdida de los audios de las diligencias
celebradas el 4 de abril y el 29 de agosto de 2016, frente a lo cual, con el fin de
evitar una declaratoria de nulidad, dejó constancia de dicha circunstancia en la
sentencia absolutoria del 25 de marzo de 2021. Además, sostuvo que la accionante
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04861-01
Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
no actuó bajo un error invencible y que, dada su condición de servidora pública, no
podía justificar tal conducta en la carga laboral ni en la proximidad de la fecha de
prescripción […]”.
8. Precisó que “[…] la accionada señaló que la actuación desplegada por la
demandante repercutió en la decisión absolutoria, toda vez que esta se adoptó sin
valorar ochenta y siete pruebas documentales y tres declaraciones de testigos
presentados por la Fiscalía General de la Nación. Por ello, en sus palabras, se negó
al ente acusador el derecho de acceso a la administración de justicia […]”.
9. Adicionalmente advirtió que el alegado desconocimiento de la sentencia SP2430-
2018 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia constituía un
argumento encaminado a replantear una controversia que ya había sido objeto de
análisis y decisión en sede de apelación por parte del juez natural.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. La accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, reiteró los defectos
mencionados en el escrito de la demanda y solicitó se acceda a las pretensiones de
la demanda por considerar que dicha providencia incurrió en errores de apreciación
y de motivación, razones por las cuales se debía estudiar el asunto de fondo.
11. Adujo que la sentencia impugnada incurrió en tres errores principales: i) interpretó
de manera equivocada el requisito de relevancia constitucional al confundir los
defectos constitucionales denunciados con una simple discrepancia con las
decisiones cuestionadas; ii) fusionó el examen de procedencia con el estudio de
fondo al valorar anticipadamente la corrección de las providencias para concluir la
improcedencia de la tutela; y iii) omitió considerar que la decisión de segunda
instancia de la jurisdicción disciplinaria contó con salvamento de voto, circunstancia
que, a su juicio, evidenciaba la existencia de una controversia jurídica seria y
constitucionalmente relevante.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
3
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04861-01
Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 10 de diciembre de 2025 y 15 de abril de 2026, proferidas por
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la
providencia de 15 de abril de 2026 vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.
14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
17. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
7
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
8
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04861-01
Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
22. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González
Cuervo.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04861-01
Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
VIII.4. El caso concreto
23. Laseñora Duperly Isolina Riaño Acelas solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, a
la igualdad “[…] juez natural disciplinario, independencia judicial, autonomía
funcional, legalidad disciplinaria, culpabilidad, ilicitud sustancial y permanencia en
el ejercicio de funciones públicas […]”, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 10 de diciembre de 2025 y 15 de abril de 2026 proferidas por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, respectivamente, dentro del proceso disciplinario con número de
radicación 68001-25-02-000-2021-00771-00/01.
24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
25. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental14 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones15.
26. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales16, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces17.
27. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04861-01
Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del (sic) rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
28. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
29. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202320.
30. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucren derechos fundamentales21.
31. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicados
supra, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución Política.
31.1. Adujo que el defecto sustantivo se configuró al estimar que las autoridades
disciplinarias equipararon indebidamente la declaratoria de nulidad de una
actuación judicial con la existencia automática de responsabilidad disciplinaria.
Afirmó que dichas autoridades prescindieron de un análisis autónomo de la ilicitud
sustancial, de la culpabilidad, de la independencia judicial y de la necesaria
diferenciación entre la invalidez de una actuación procesal y la responsabilidad
disciplinaria del funcionario judicial.
31.2. Además, señaló que no se tuvo en cuenta que el material probatorio incorporado
al expediente disciplinario demostró que la pérdida de los registros audiovisuales
ocurrió antes de su posesión como titular del Juzgado y que dicha situación
obedeció a inconvenientes de carácter técnico. Agregó que tales circunstancias
fueron puestas oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes y
que, desde su posesión, ordenó y adoptó todas las actuaciones razonablemente
exigibles para promover la búsqueda y recuperación de los archivos extraviados.
20
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
31.3. Señaló que las accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente
judicial vinculante relativo a la independencia judicial, la autonomía funcional de los
jueces, la prohibición de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria y la
necesidad de acreditar una afectación sustancial de los deberes funcionales para
estructurar responsabilidad disciplinaria.
31.4. En ese sentido, sostuvo que las autoridades accionadas desconocieron las
reglas fijadas por la Corte Constitucional, particularmente en la Sentencia T-296 de
2025, según las cuales el control disciplinario sobre las decisiones judiciales reviste
carácter excepcional. Agregó que la Sentencia SP2430-2018 de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que la pérdida de registros
audiovisuales dentro de un proceso judicial exige un análisis casuístico de las
circunstancias particulares que rodean cada situación, de manera que dicho evento
no genera, por sí mismo, una consecuencia jurídica uniforme o automática ni permite
atribuir responsabilidad disciplinaria de forma inmediata.
31.5. Manifestó que hubo una violación directa de la Constitución Política, en especial
de los artículos 29, 228 y 230, al sancionar una decisión jurisdiccional adoptada dentro
del ámbito de interpretación razonable reconocido a los jueces de la República y al
transformar una discrepancia jurídica en fundamento de responsabilidad disciplinaria.
En su criterio, las autoridades disciplinarias transformaron una discrepancia jurídica
respecto de la conducción del proceso en fundamento para atribuir responsabilidad
disciplinaria, desconociendo las garantías constitucionales que amparan la
independencia y autonomía de la función judicial.
31.6. Resaltó que el magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo salvó el voto
debido a que, a su juicio, la decisión mayoritaria equiparó indebidamente la
configuración de una nulidad procesal con la estructuración automática de
responsabilidad disciplinaria, cuando no toda irregularidad necesariamente deriva
en una falta disciplinaria.
32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción disciplinaria.
33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
34. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no está
exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad
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judicial. Por el contrario, se observa que su inconformidad radica en el juicio
realizado por las autoridades accionadas respecto de su conducta, al haber
concluido que esta resultaba contraria a los deberes funcionales previstos en la
normativa disciplinaria aplicable.
35. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la providencia
cuestionada así:
“[…] Sobre la tipicidad de la conducta. […] la imputación jurídica sí se adecua
perfectamente a la situación fáctica reprochada porque la funcionaria judicial, al
advertir que al interior del proceso penal de radicado No.
680816000135201401890 01 no contaba con el registro fidedigno de las
actuaciones surtidas al interior del proceso penal, debía ajustar su
comportamiento a asegurar el derecho constitucional al debido proceso (Articulo
(sic) 29 Constitución Política), y en ese sentido garantizar que el proceso penal
se siguiera según las formas establecidas en el Código de Procedimiento Penal
(numeral 4° del precepto 146) que, a su vez, establece el deber de registrar en
audio y video las actuaciones realizadas, como las audiencias del 4 de abril y
29 de agosto de 2016. Y, a pesar de no contar con ellas, de lo que dejó
constancia, omitió dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 126
del Código General del Proceso, relacionado con el trámite para la
reconstrucción de expediente22 y referirse a todos los hechos y asuntos
planteados en el proceso por los sujetos procesales, pues omitió valorar las
evidencias aportadas y los testimonios practicados en dichas diligencias
(Articulo (sic) 55 Ley 270 de 1996).
En ese sentido, esta Corporación no observa que se le reproche a la encartada
la no aplicación automática o aislada del artículo 126 del Código General del
Proceso, que reproduce el procedimiento para realizar la reconstrucción del
expediente, así:
[…]
[…] Tal y como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-328 de 202023:
“[…] 4.4. Es parte esencial de todo proceso judicial o actuación
administrativa la existencia de un expediente con base en el cual se
pueda determinar lo necesario para proferir una decisión de fondo. Sin
embargo, es posible que, por diferentes circunstancias, el expediente o parte
de este se extravíe. Frente a esta situación, el legislador ha previsto el
trámite de reconstrucción de expedientes, regulado en el artículo 133 del
Código de Procedimiento Civil y, actualmente, en el artículo 126 del
Código General del Proceso (…)
[…] Por último, es menester advertir que, en materia penal, la Ley 906 de
2004 –Código de Procedimiento Penal– no previó un mecanismo de
reconstrucción de expedientes. No obstante, en virtud del principio de
integración normativa establecido en el artículo 25 de dicho
22
Norma aplicable en virtud de lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 906 “(…) ARTÍCULO 25. Integración. En materias que
no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de
Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal
(…)”. Asimismo, el artículo 1° de la Ley 1564 de 2012, estableció que “(…) artículo 1°. Objeto. Este código regula la actividad
procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier
jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan
funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes (…)”.
23
Corte Constitucional Colombiana. Sentencia del 19 de agosto de 2020 T-328. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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ordenamiento, cabe acudir a las reglas generales del procedimiento civil
en lo relacionado con este trámite judicial. […]”.
Por lo tanto, no puede tenerse como excusa valida el hecho de que el proceso
se encontraba próximo a prescribir, pues la reconstrucción – en los términos
establecidos en la norma- no implica de forma automática la nulidad de lo
actuado, pues precisamente para ese fin era que debía seguir los pasos
referidos en la citada norma y así asegurar que al momento de proferir sentencia
se pudieran valorar las pruebas allegadas y practicadas, en garantía del debido
proceso.
[…]
Sobre la ausencia de ilicitud sustancial. […] Al respecto, esta Corporación
resalta que la ilicitud sustancial hace relación a la infracción de los deberes
funcionales por parte del servidor público, al desconocer los principios de la
función pública […] la funcionaria debía orientar su comportamiento a la
prestación eficiente del servicio de administración de justicia, lo que no hizo.
Situación que no solamente afectó su deber de cumplir con la ley, sino que
además influyó en la decisión absolutoria que tomó, […] resolvió no valorar
cerca de 87 pruebas documentales y tres declaraciones de los testigos citados
por la fiscalía, así […]:
[…] estima este despacho imposible valorar los documentos obrantes desde
el folio 78 hasta el 165 del expediente toda vez que no se puede tener
conocimiento acerca de lo ocurrido durante la práctica de los interrogatorios
mediante los cuales se habrían aducido como pruebas, no se conoce ni se
puede saber cuál es el alcance probatorio de los mismos […]
[…] Sobre la graduación de la culpabilidad […] a pesar de que la Seccional
de instancia consideró adecuado degradar la conducta que, inicialmente, fue
endilgada a título de dolo, a la modalidad culposa. Y, que ello no puede ser
objeto de modificación en esta instancia en virtud del principio de la “non
reformatio in pejus” […] la funcionaria conocía de los hechos constitutivos de
falta disciplinaria, de su ilicitud y materializó su realización24. Circunstancia que
no la exime de responsabilidad disciplinaria.
Tal y como viene de verse, la servidora judicial conocía de las constancias
secretariales en las que se le informó de la ausencia de los registros de audio y
video de las diligencias celebradas los días 4 de abril y 29 de agosto de 2016.
Situación que sabía que era irregular, pues para evitar nulidades dejó
constancia de ello en la sentencia absolutoria del 25 de marzo de 2021, con la
que se materializó dicha irregularidad […] Conducta indebida, pues debía optar
por realizar la reconstrucción del expediente de cara a analizar la situación
jurídica de acuerdo con la totalidad de las pruebas allegadas al expediente con
el propósito de garantizar el debido proceso y la integridad de la acción penal.
[…]” [negrilla del texto].
36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción disciplinaria y no se observa que la
decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen desconocido los derechos
fundamentales de la parte accionante en el trámite del proceso.
24
Ley 1952 de 2019. “(…) ARTÍCULO 28. Dolo. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos
constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización (…)”.
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37. Así las cosas, la Sala evidencia que la discusión planteada por la parte actora fue
resuelta por la autoridad judicial accionada, la cual fue enfática en señalar que se
incurrió en una falta disciplinaria al omitir el trámite pertinente de reconstrucción del
expediente. Por consiguiente, la demanda de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional.
38. En tal virtud, es pertinente precisar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”25. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte
Constitucional, que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede
ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]”26.
39. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”27.
40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de julio de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
26
Ibid.
27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Duperly Isolina Riaño Acelas
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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