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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04869-00

Fecha
22 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04869-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04869-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

22 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04869-00
Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por Augusto
Óscar Trujillo Bravo contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia que confirmó la decisión que negó las pretensiones
de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido contra Empresas Municipales de Cali (en adelante EMCALI), con
el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que declaró infundadas las
excepciones presentadas contra el mandamiento de pago librado en un proceso de cobro
coactivo y de la Resolución que decidió no reponer ese acto. Se declara la improcedencia
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 23 de junio de 2026, el señor Augusto Óscar Trujillo Bravo presentó, mediante
apoderada judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y seguridad social. Según el accionante, esas garantías constitucionales
fueron vulneradas por la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001-23-33-002-2016-01875-00/01.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la buena fe y a la seguridad social del
señor Augusto Óscar Trujillo Bravo, vulnerados por la sentencia del 28 de mayo
de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el radicado
76001-23-33-002-2016-01875-01 (30287).

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Proceso de cobro

coactivo / Se declara la improcedencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04869-00
Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Se declara la improcedencia

SEGUNDA: Que en consecuencia se DEJE SIN EFECTO la sentencia del 28 de
mayo de 2026 y la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca del 28 de febrero de 2025.
TERCERA: Que se ORDENE a la autoridad judicial competente proferir nueva
sentencia que: (i) analice de fondo la procedencia de la compartibilidad pensional
a la luz de la Resolución No. GNR 250784 del 10 de julio de 2014 de Colpensiones;
(ii) valore la aplicación del artículo 164 literal c) de la Ley 1437 de 2011 sobre buena
fe en el recibo de prestaciones periódicas; y (iii) garantice al accionante el derecho
a una decisión de fondo sobre la obligación que se le exige.
CUARTA: Que como medida provisional, y mientras se resuelve la presente acción
de tutela, se SUSPENDA el proceso de liquidación de costas y cualquier actuación
dentro del proceso de cobro coactivo No. 000104 adelantado por EMCALI contra
el accionante2. (mayúsculas y negrillas del original)

B. Hechos

3.De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud
de amparo son los siguientes:

4. Mediante Resolución número GRH-00504 del 14 de marzo del 20003, EMCALI
reconoció al actor una pensión de jubilación convencional, efectiva desde el 10 de
septiembre de 1999. No obstante, el pago de la mesada pensional quedó suspendido,
porque el accionante continuó laborando como Magistrado del Consejo Seccional de la
Judicatura del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

4.1. En Resolución número 11111 del 20 de octubre de 2010, el Instituto del Seguro Social
(en adelante ISS) le reconoció al accionante una pensión de vejez, con efectos desde el
1º de noviembre de 2010, por una suma de nueve millones trescientos cuarenta y ocho
mil setecientos noventa y tres pesos ($9.348.793).

4.2. Al tener conocimiento del reconocimiento pensional por parte del ISS, el 1º de julio
de 2013, EMCALI procedió a realizar la compartición de la pensión. Mediante Oficio
número 832-DGL-4378 del 16 de julio de 2013, EMCALI informó al accionante que, por
motivo del reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS y por haber recibido
pagos dobles, debía devolver trescientos cuarenta millones doscientos cincuenta y dos
mil cincuenta y ocho pesos ($340.252.058.00), por concepto de novecientos sesenta
(960) días.

4.3. Mediante escrito del 12 de agosto de 2025, el accionante solicitó que se revisara la
liquidación de la deuda por no estar de acuerdo con ella y realizó una propuesta de pago.
En Oficio número 832-DGL-4686 del 27 de agosto de 2015, EMCALI le informó al
accionante que no aceptaba la propuesta de pago y manifestó que se mantenía el valor
adeudado.

4.4. El 5 de abril de 2016, EMCALI libró mandamiento ejecutivo de pago número 000104
contra el accionante, por la suma de trescientos cuarenta y cuatro millones novecientos
noventa y un mil trescientos setenta y siete pesos ($344.991.377.00), más la

2 Índice 2 del expediente digital en SAMAI.
3 Modificado mediante Resolución número 003077 del 27 de noviembre de 2002.

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Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Se declara la improcedencia

actualización de la deuda, los intereses de mora y las costas causadas hasta el pago total
de la obligación, por haber recibido pagos dobles de la pensión.

4.5. El accionante presentó excepciones contra el mandamiento de pago, sin embargo,
mediante Resolución número 00013 del 6 de julio de 2016, EMCALI las declaró
infundadas y ordenó seguir adelante con la ejecución del proceso administrativo de cobro
coactivo.

4.6. Contra esa decisión, el accionante presentó recurso de reposición 4, el cual fue
resuelto desfavorablemente mediante Resolución número DCC-00027 del 10 de octubre
de 2016.

5. El accionante presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra EMCALI E.S.P, con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución número 00013 del 6 de julio de 2016, mediante la cual se
declararon infundadas las excepciones presentadas contra el mandamiento de pago y de
la Resolución DCC-00027 del 10 de octubre de 2016, que la confirmó.

5.1. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) que se declarara terminado el
proceso ejecutivo de cobro coactivo y, en consecuencia, se levantaran las medidas de
embargo y secuestro; (ii) que se declararan probadas las excepciones propuestas contra
el mandamiento de pago; (iii) que se declarara que no se encontraba obligado a
reintegrar a EMCALI E.S.P. el valor de las mesadas pensionales y los intereses; (iv) la
devolución de las sumas de dinero embargadas o pagadas, con sus respectivos intereses
y (v) la devolución de las sumas de dinero que se hubiesen pagado o retenido.

6. Mediante sentencia del 28 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la demanda. Expuso que los actos administrativos que
sirvieron de fundamento del proceso de cobro coactivo conservan plena validez y
legalidad, por cuanto, pese a que contra ellos se presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, esta fue rechazada.

6.1. Además, el Tribunal señaló que las excepciones contra el mandamiento de pago se
encuentran previstas de manera taxativa en el artículo 831 del Estatuto Tributario, dentro
de las cuales no se encuentra la buena fe, por lo tanto, que dicho argumento resulta
improcedente en vía judicial. Así mismo, afirmó que los cargos de violación expuestos en
la demanda no desvirtuaban la presunción de legalidad de los actos administrativos, ni
se dirigen a cuestionar la legalidad del acto que ordenó seguir adelante la ejecución, sino
que se limita a reiterar los argumentos presentados como excepciones en sede
administrativa.

4 Expuso que no era posible presumir su mala fe. Además, alegó la falta de competencia de EMCALI para ordenar el

reintegro de las mesadas pensionales, así como la prejudicialidad debido a que promovió un proceso laboral en el que
se discute la compartibilidad de la pensión. Finalmente, afirmó que había operado la prescripción extintiva de la ación
de cobro.

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Se declara la improcedencia

7. El demandante apeló la decisión de primera instancia5 y, mediante sentencia del 28
de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la confirmó. En primer lugar,
expuso que las reglas del Estatuto Tributario resultaban aplicables, toda vez que el
proceso de cobro coactivo inició con la expedición del mandamiento de pago del 5 de
abril de 2016, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

7.1. De otro lado, expuso que no se pronunciaría frente a los argumentos relacionados
con: (i) la buena fe en el recibo de las mesadas pensionales; (ii) la revocatoria directa de
la Resolución número 11111 de 2010 del ISS; (iii) la procedencia de la compartibilidad
pensional y (iv) la falta de información de los recursos procedentes en el Oficio del 16 de
julio de 2013, por cuanto dichos argumentos no se dirigían a controvertir las decisiones
que resolvieron las excepciones dentro del proceso de cobro coactivo, sino a cuestionar
la legalidad de los actos administrativos que sirvieron como fundamento del título
ejecutivo. En consecuencia, afirmó que se trataba de asuntos que debieron ser objeto de
discusión en el proceso judicial dirigido contra esos actos, pero no en el marco del
procedimiento de cobro coactivo.

7.2. Indicó que, el accionante afirmó que interpuso una demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que sirvieron de
fundamento al cobro, lo cual configuraba una falta de ejecutoria sobre el título y una
situación de prejudicialidad que impedía continuar el proceso de cobro coactivo hasta que
se definiera dicha controversia. No obstante, sostuvo que la interposición de dicha
demanda no afecta la firmeza ni la ejecutoriedad del acto administrativo y que, de
conformidad con el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011 la admisión de la demanda contra
los actos que sirven de título ejecutivo no suspende el procedimiento administrativo de
cobro coactivo.

7.3. De otro lado, expuso que (i) contrario a lo afirmado por el demandante, la acción de
cobro no había prescrito; (ii) el Oficio del 16 de julio de 2013 constituye el título ejecutivo
pues contiene una obligación clara, expresa y exigible, en tanto definió de manera
concreta la existencia de una obligación dineraria a cargo del demandante, precisó el
valor adeudado por concepto de las mesadas pensionales pagadas en exceso y
constituyó el fundamento jurídico que habilitó a EMCALI para adelantar el procedimiento
de cobro coactivo; (iii) la inactividad de la demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no releva a la parte actora de su carga probatoria ni
conduce, por sí sola, a la prosperidad de las pretensiones.

C. Fundamentos de la vulneración

8. El accionante afirma que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental absoluto, pues, en primer lugar, presentó una demanda contra los actos
base del cobro coactivo, la cual fue rechazada mediante auto del 20 de septiembre de

5 Afirmó que la primera instancia debió revisar los argumentos basados en las mismas causales presentadas como

excepciones, pues (i) el Oficio del 16 de julio de 2013 no le informó sobre los recursos procedentes; (ii) las excepciones
al mandamiento de pago constituyen la vía procesal adecuada para cuestionar la validez del título ejecutivo y el
procedimiento de cobro; (iii) el control judicial de los actos que deciden excepciones y ordenan seguir adelante la
ejecución es un derecho reconocido en el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011; (iv) se omitió el deber de motivación
adecuada. Añadió que el Tribunal incurrió en error al exigir que los argumentos fueran debatidos en sede administrativa
y expuso que la compartibilidad pensional aplicada por la demandada resultaba improcedente.

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Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Se declara la improcedencia

2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, decisión que fue
confirmada en auto del 14 de junio de 2018, proferido por la Sección Segunda del Consejo
de Estado6.

8.1. Expone que, según la jurisprudencia de la Sección Cuarta, en el proceso de cobro
coactivo no es posible discutir la legalidad del título ejecutivo. Además, según la
providencia cuestionada, la demanda presentada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las resoluciones de cobro coactivo tampoco puede
revisar argumentos de fondo sobre la compartibilidad.

8.2. Señala que “el resultado es que (…) debe pagar $344.991.377 a EMCALI sin que
ningún juez, en ninguna instancia, haya resuelto si debe o no esa suma”. En su concepto,
esa situación constituye una violación directa del artículo 229 de la Constitución Política
y desconoce la garantía fundamental del debido proceso.

9. De otro lado, expone que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico, pues omitió valorar la Resolución número GNR 250784 del 10 de julio de 2014,
en la cual Colpensiones rechazó la compartibilidad pensional. Indica que la autoridad
judicial accionada se limitó a indicar que “el tema debía discutirse en otro proceso, el cual
ya estaba archivado”.

10. Alega la configuración de violación directa de la Constitución, por desconocimiento
del principio de buena fe “y de la prohibición de recuperar prestaciones periódicas
pagadas de buena fe”. Señala que, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 establece de manera expresa que, cuando se trate de reconocimiento de
prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, no habrá lugar a recuperar lo pagado a
particulares de buena fe7.

10.1. Afirma que recibió las mesadas pensionales por parte de EMCALI durante años, sin
que existiera el acto de reconocimiento pensional ni ninguna cláusula de compartibilidad,
y sin que Colpensiones la hubiese aceptado.

11. Indica que se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la
compartibilidad pensional, en tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
establecido que esta solo procede cuando (i) existe previsión expresa en el acto de
reconocimiento pensional; (ii) hay continuidad en el pago de aportes al sistema de
seguridad social y (iii) el pensionado hadado su consentimiento. No obstante, en su caso
particular no se cumplió ninguno de los requisitos establecidos jurisprudencialmente y, la
autoridad judicial accionada “avaló el cobro coactivo sin examinar si el título ejecutivo que
lo sustenta cumple con estos requisitos constitucionales”.

6 Radicado 76001-23-33-007-2016-00635-00.
7 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: (…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”

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Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Se declara la improcedencia

D. Trámite procesal

12. Mediante auto del 25 de junio de 20268, se admitió la demanda de tutela y se notificó
a la Sección Cuarta del Consejo de Estado como autoridad judicial accionada y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en calidad de terceros
con interés.

13. A su vez, se negó la medida provisional consistente en la suspensión del proceso de
liquidación de costas y “cualquier actuación dentro del proceso de cobro coactivo”
promovido por EMCALI contra el actor.

E. Oposiciones e intervenciones

14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado (accionada) solicitó que se declare la
improcedencia de la demanda de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones.
Expuso que el accionante no cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues
pretende reabrir el debate zanjado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia
15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

16. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en
esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de
procedencia9.

H. El requisito de relevancia constitucional

17. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos

8 Índice 5 del expediente digital en Samai.
9
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional
ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).

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Se declara la improcedencia

fundamentales10. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

18. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones12.

19. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental.

(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental.

(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.

10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina

Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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20. Para la Corte Constitucional13, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

21. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional14”.

I. Requisitos específicos de procedibilidad de los reparos contra la providencia
judicial invocados en la demanda de tutela

22. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia, que
negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el accionante contra EMCALI.

23. El accionante afirma que la providencia cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y seguridad social, pues a su
juicio incurrió en los defectos procedimental, fáctico, desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución. A continuación, la Sala describirá
las características y elementos de esos defectos, con el propósito de determinar el objeto
de la litis.

24. Frente al defecto procedimental, la Corte Constitucional15 ha establecido que ese
se manifiesta de dos maneras: (i) el defecto procedimental absoluto, cuando el operador
judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido y (ii) el exceso
ritual manifiesto, que se presenta cuando “el goce efectivo de los derechos de los
individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales”.

25. De otro lado, el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o
valoración del material probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que,
en esencia, se configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”16. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto se manifiesta en dos
dimensiones.

13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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25.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias17. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción o,
habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

25.2.Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba18. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción19.

26. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional
ha determinado que constituye precedente una sentencia previa relevante para la
solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver nuevos casos, ha
establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior7”.

26.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un valor
vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los principios
de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a justificar
adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.

27. Finalmente, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional determinó que la
violación directa de la Constitución es un requisito específico y autónomo que habilita
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional lo ha definido como el defecto que se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4 de la
Constitución Política 20. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes
supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta
aplicable al caso concreto21 y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen
de los postulados constitucionales.

J. El caso concreto

28. La Sala evidencia que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una actuación arbitraria o
ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.

29. La Sala observa que, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de
primera instancia, la parte actora planteó su inconformidad respecto de la negativa de
declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales (i) se declararon
infundadas las excepciones presentadas contra el mandamiento de pago y (ii) se

17 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas y SU-037 de 2019, M.P. Luis

Guillermo Guerrero Pérez.
21 Corte Constitucional, sentencia T-809 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04869-00
Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Se declara la improcedencia

confirmó esa decisión. Particularmente, expuso que la compartibilidad de la pensión no
resultaba procedente; que se debieron revisar los argumentos basados en las causales
presentadas como excepciones; que se encontraba habilitado para acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa y reiterar tales argumentos, debido al ejercicio legítimo de los
derechos de defensa y contradicción, y que se omitió el análisis de los efectos procesales
derivados de la falta de contestación de la demanda por parte de la demandada.

30. Si bien en la demanda de tutela el accionante invoca los defectos procedimental
absoluto, fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
jurisprudencial, lo cierto es que sus reparos se dirigen a obtener una decisión favorable
a sus intereses en el asunto que fue zanjado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

31. La Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante, dirigidos a
cuestionar la legalidad de las Resoluciones número 00013 del 6 de julio de 2016 y 00027
del 10 de octubre de 2016, por medio de las cuales se declararon infundadas las
excepciones formuladas contra el mandamiento de pago proferido por EMCALI y se
ordenó seguir adelante con la ejecución del proceso coactivo, fueron expuestos ante la
autoridad judicial accionada en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de
primera instancia.

32. En el recurso de apelación, el accionante indicó expresamente lo siguiente:
(…) Si las excepciones incoadas son rechazadas en el proceso de cobro ejecutivo
coactivo, entonces la ley permite que se demande judicialmente dicho acto
administrativo, que a su vez contiene la orden de seguir adelante la ejecución. Y es
apenas lógico y jurídico que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que se incoa, se planteen de nuevo los argumentos jurídicos ampliados que fueron
rechazados por la Administración.
Por ello, censurar, como lo hace la sentencia recurrida, que se invoquen análogos
argumentos en la presentación de las excepciones al mandamiento de pago y en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisión que las resuelve,
es contrario al derecho fundamental de defensa y de contradicción que le asiste al
demandante.
EMCALI pretendió constituir un título ejecutivo a partir de un simple oficio (No. 832-DGL
4686 del 27 de agosto de 2015), sin expedir un acto administrativo formal que reuniera
los requisitos de claridad, expresividad y exigibilidad (…)
EMCALI carecía de competencia para adelantar el procedimiento de cobro coactivo por
obligaciones pensionales, conforme al artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, que limita esta facultad exclusivamente al cobro
de deudas derivadas de la prestación de servicios públicos (…)
La Resolución No. GRH-00504 del 14 de marzo de 2000, que reconoció inicialmente la
pensión, no estableció su carácter compartible. La modificación posterior mediante
Resolución No. 003077 del 27 de noviembre de 2002 constituyó una revocatoria parcial
no consentida de un acto administrativo de carácter particular y concreto, contraviniendo
el artículo 97 del CPACA (…)
Un elemento de particular trascendencia jurídica en el presente caso, y que el Tribunal
omitió valorar adecuadamente, es el pronunciamiento expreso de la entidad
administradora del Sistema General de Pensiones. En efecto, Colpensiones, mediante
Resolución GNR 250784 del 10 de julio de 2014, rechazó categóricamente la solicitud
de revocatoria directa presentada por EMCALI, fundamentando su decisión en el
incumplimiento de los requisitos esenciales para la procedencia de la compartibilidad
pensional (…)

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04869-00
Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Se declara la improcedencia

33. Tales planteamientos fueron resueltos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 –aquí cuestionada–, en la cual indicó
que (i) EMCALI tenía la facultad para promover el cobro coactivo; (ii) la interposición de
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de
naturaleza no tributaria no afecta su firmeza ni su ejecutoriedad; (iii) la acción de cobro
no se encontraba prescrita; (iv) el Oficio del 16 de julio de 2013 tiene naturaleza de acto
administrativo definitivo, por cuanto mediante este se constituyó en debida forma la
obligación a cargo del demandante y (v) la inactividad de la entidad demandada no releva
a la parte demandante de su carga probatoria ni conduce, por sí sola, a la prosperidad
de las pretensiones.

34. Además, la Sección Cuarta del Consejo de Estado afirmó que la parte actora reiteró
los argumentos expuestos en las excepciones contra el mandamiento de pago y en el
recurso de reposición contra el acto que las declaró infundadas. Sin embargo, precisó
que no se pronunciaría de fondo sobre los argumentos relacionados con la buena fe en
el recibo de las mesadas pensionales; la revocatoria directa de la Resolución número
11111 del 2010 proferida por el ISS; la improcedencia de la compartibilidad pensional y
la falta de información sobre los recursos procedentes en el Oficio del 16 de julio de 2013,
toda vez que esos planteamientos no pretendían controvertir las decisiones que
resolvieron las excepciones dentro del proceso de cobro coactivo, sino cuestionar la
legalidad de los actos que sirvieron de fundamento al título ejecutivo.

35. En concreto, la autoridad judicial accionada indicó:

En efecto, aunque la obligación objeto de cobro no tiene naturaleza tributaria, EMCALI
ejerce función administrativa de cobro respecto de una obligación a su favor, sin que
exista una regulación especial que regule el procedimiento coactivo aplicable a este tipo
de acreencias. En consecuencia, la entidad demandada podía acudir a las reglas del
procedimiento de cobro coactivo previstas en el Estatuto Tributario, de manera conjunta
con las disposiciones contenidas en el Título IV de la Parte Primera de la Ley 1437 de
2011.
Por ello, contrario a lo sostenido por la parte demandante, la circunstancia de que la
obligación discutida tenga origen pensional no despoja a EMCALI de la facultad de
adelantar el cobro coactivo, ni torna inaplicables las disposiciones del Estatuto Tributario
en aquello que resulte compatible con la naturaleza de la obligación y con el
procedimiento administrativo regulado por la Ley 1437 de 2011 (…)
De otra parte, la Sala advierte que en el presente proceso únicamente se discute la
legalidad de las actuaciones administrativas proferidas dentro del procedimiento de
cobro coactivo que son susceptibles de control judicial, mas no la de los actos expedidos
en la etapa de cobro persuasivo. En consecuencia, no resulta procedente emitir
pronunciamiento alguno respecto de la legalidad de las actuaciones surtidas en dicha
fase del cobro. En consecuencia, el cargo no es procedente (…)
Por ello, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 829 del Estatuto Tributario, en el marco
de la Ley 1437 de 2011 la interposición de una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra actos administrativos de naturaleza no tributaria no afecta su firmeza
ni su ejecutoriedad. Incluso, el artículo 101 ibidem dispone expresamente que la
admisión de la demanda contra los actos que sirven de título ejecutivo no suspende el
procedimiento administrativo de cobro coactivo, salvo en los eventos excepcionales
previstos en esa disposición (…)

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04869-00
Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Se declara la improcedencia

En ese contexto, la Sala concluye que, si bien el demandante cuestiona que el Oficio
núm. 832-DGL-4686 del 27 de agosto de 2015, lo cierto es que este acto es de trámite
y no constituye título ejecutivo dentro del procedimiento de cobro coactivo objeto de
discusión. En efecto, tal y como se ha expuesto en precedencia, el Oficio núm. 832-DGL-
004378 del 16 de julio de 2013 constituye el título ejecutivo objeto del presente cobro.
Lo anterior, en el entendido de que este último contiene una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, en tanto definió de manera concreta la existencia de una obligación
dineraria a cargo del demandante, precisó el valor adeudado por concepto de mesadas
pensionales pagadas en exceso y constituyó el fundamento jurídico que habilitó a
EMCALI para adelantar el respectivo procedimiento de cobro coactivo. Así, contrario a
lo afirmado por la parte actora, mediante dicho acto administrativo se creó y determinó
en debida forma una obligación exigible a cargo del demandante (…)
Finalmente, porque, dada la naturaleza del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el debate se centra en la legalidad del acto administrativo,
de modo que corresponde a la parte demandante desvirtuar la presunción de legalidad
que lo ampara, mediante la demostración de los vicios que alega. En consecuencia, la
inactividad de la entidad demandada no releva a la parte actora de su carga probatoria
ni conduce, por sí sola, a la prosperidad de las pretensiones. En consecuencia, el cargo
no es procedente.

36. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada
se pronunció expresamente frente a los reparos planteados por el actor y resolvió
confirmar la decisión que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

37. Adicionalmente, se evidencia que, si bien en la demanda de tutela el accionante alegó
la configuración de un desconocimiento del precedente jurisprudencial y expuso que se
omitió la aplicación de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, en las cuales se estableció la procedencia excepcional de la compartibilidad
pensional, no precisó las sentencias que consideró desconocidas.

38. De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que, con la demanda de tutela el
accionante pretende que se profiera una decisión favorable a sus intereses y busca
utilizar el mecanismo constitucional para controvertir la decisión adoptada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad
de los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04869-00
Accionante: Augusto Óscar Trujillo Bravo
Se declara la improcedencia

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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