Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04881-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04881-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04881-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04881-00
Accionante: Erick Humberto Orlando Acevedo Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela – hecho superado. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Erick Humberto Orlando Acevedo
Vega, a nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 16 de junio de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de su derecho fundamental de petición que considera
vulnerado por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, debido a que no ha dado respuesta a la solicitud
de traslado al cargo de oficial mayor en los Juzgados Segundo y Cuarto
Administrativos de Florencia, Caquetá, presentada el 5 de febrero de 2026.
2. Hechos
2.1. El accionante manifiesta que es servidor inscrito en carrera judicial y titular en
propiedad del cargo de “oficial mayor o sustanciador nominado del Juzgado Primero
Administrativo de San Gil, Santander”.
2.2. La parte actora señala que el 5 de febrero de 2026 presentó solicitud de traslado
al cargo de oficial mayor en los Juzgados Segundo y Cuarto Administrativos de
1
Índice 2 de SAMAI, certificado 261CFC1524F758AC 895C6002FCE617D8 7A0C7227A29DEB33 D7A2F2AF3A80F67C.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado 35532CB9DB6F7779 821E6659E1750B3B 70C1D60C8C65CC7D D0F12245A0FACB2F.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04881-00
Accionante: Erick Humberto Orlando Acevedo Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Florencia, Caquetá, a través de la plataforma dispuesta por la Rama Judicial para
dicho trámite.
2.3. El accionante manifiesta que han transcurrido más de 4 meses sin que la
autoridad accionada dé respuesta a la solicitud presentada el 5 de febrero de 2026.
3. Fundamentos de la acción de tutela
El tutelante sostuvo:
3.1. La inactividad de la accionada ante la solicitud elevada ha vulnerado su derecho
fundamental de petición, porque han transcurrido más de 4 meses sin que dé
respuesta a la solicitud presentada el 5 de febrero de 2026, ni tampoco ha informado
sobre el estado del trámite, la necesidad de aportar documentación adicional o la
existencia de alguna circunstancia que impida adoptar una decisión.
3.2. La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que el núcleo
esencial del derecho de petición comprende i) la posibilidad de presentar solicitudes
ante las autoridades; ii) obtener una respuesta oportuna; iii) recibir una respuesta
de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado; y iv) la efectiva comunicación
de la decisión adoptada.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“PRIMERA. Amparar mi derecho fundamental de petición y debido proceso.
SEGUNDA. Ordenar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del fallo, proceda a emitir y comunicar una respuesta de fondo, clara, precisa,
congruente y debidamente motivada respecto de la solicitud de traslado presentada el 5
de febrero de 2026.
TERCERA. Ordenar a la entidad accionada que informe de manera completa el estado
actual del trámite administrativo iniciado con la referida solicitud.”3. (Resaltado original
del texto).
3
Índice 2 de SAMAI, certificado 261CFC1524F758AC 895C6002FCE617D8 7A0C7227A29DEB33 D7A2F2AF3A80F67C,
folio 3.
3
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Accionante: Erick Humberto Orlando Acevedo Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 25 de junio de 20264 el despacho ponente admitió la acción
de tutela. También dispuso la notificación a las partes.
5.2. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial 5 indicó que mediante Oficio CJO26-3020 del 17 de junio de 2026, notificado
al accionante al correo electrónico eacevedo3@unab.edu.co, se dio respuesta a la
solicitud allegada el 5 de febrero del mismo año.
En consecuencia, manifestó que se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado, al haberse proferido una respuesta clara, expresa y congruente frente a
la solicitud presentada y emitido un concepto desfavorable respecto de la sede
solicitada por el accionante, por lo que no subsiste vulneración actual alguna de los
derechos fundamentales invocados. Así, la acción de tutela pierde su objeto y
carece de finalidad constitucional, al encontrarse satisfecho el núcleo esencial del
derecho de petición.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Erick
Humberto Orlando Acevedo Vega en contra del Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala analizará si en el presente asunto se configuró una carencia
actual de objeto, con ocasión de la respuesta emitida por la entidad accionada frente
a la solicitud presentada el 5 de febrero de 2026.
4
Índice 4 de SAMAI, certificado D0B45FA143C6D90D 5FC8E097F279F7EF EF76DFF4A3E546DA 6B489466178A1839.
5
Índices 8 y 9 de SAMAI, certificados 2BB5290B8A622C29 60118C4EA6B78197 BB602889557C6DE7 7FC9197467CFBEA1
y 073A39A9A8A0901F 197C5C917EE39EDF 0A90D56D87B232B0 C9FC444F437C1550, respectivamente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04881-00
Accionante: Erick Humberto Orlando Acevedo Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
3. Carencia actual de objeto
En lo relativo a la supuesta vulneración al derecho de petición del actor, resulta
necesario reiterar que el Alto Tribunal Constitucional, en repetidas ocasiones 6, ha
indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando, frente a las
pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez
sería inane. Específicamente esta figura tiene lugar cuando se presenta un daño
consumado7, un hecho superado8 o una situación sobreviniente9.
4. Derecho de petición
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “[t]oda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”10.
En desarrollo del referido precepto constitucional, la Ley 1437 de 2011, en el Título
II de su primera parte, modificado por la Ley 1755 de 2015, reguló lo relativo al
ejercicio de dicho derecho11.
Sobre el asunto, la Corte Constitucional ha sostenido que “dentro de sus garantías
se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
6
Se toma de la sentencia T-038 de 2019.
7
Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no puede
emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el asunto,
consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
M.P. Alexei Julio Estrada.
8
Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se percibe cuando, como consecuencia del
obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención
del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los
casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece “[s]i,estando en curso
la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
9
Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección solicitada no se
hace relevante, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque la nueva situación no da lugar
a conceder el derecho. La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual
de objeto, cuando acece un hecho posterior a la demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), T-585 de 2010 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016
(M.P. Alberto Rojas Ríos), entre otras.
10
Constitución Política de Colombia, artículo 23.
11
“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o
particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.”
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04881-00
Accionante: Erick Humberto Orlando Acevedo Vega
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha
indicado que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”12.
5. Del hecho superado en el caso concreto
5.1. La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando, entre la
radicación de la acción de tutela y la sentencia, se satisface lo solicitado en el
amparo, de manera que la orden de tutela pretendida deja de ser necesaria y, por
ende, el juez constitucional debe finalizar la actuación13.
5.2. En el caso concreto, el señor Acevedo Vega estimó vulnerado su derecho
fundamental de petición, en razón de que la entidad accionada no había dado
respuesta a la solicitud presentada el 5 de febrero de 2026. En su criterio, entre la
fecha de radicación de dicha petición y la interposición de la acción de tutela habían
transcurrido más de cuatro (4) meses sin que la autoridad accionada emitiera
respuesta alguna ni informara sobre el estado del trámite, la necesidad de aportar
documentación adicional o la existencia de alguna circunstancia que impidiera
adoptar una decisión.
5.3. Una vez revisados los documentos allegados al expediente, se observa lo
siguiente:
• El 5 de febrero de 2026, el accionante radicó solicitud de traslado ante el
Consejo Superior de la Judicatura.14
• El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial, mediante Oficio CJO-3020 del 17 de junio de 202615, dio respuesta a
la solicitud de traslado elevada por el accionante, en los siguientes términos:
12
Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver, entre otras, las sentencias: T-737 de 2005, T-236 de 2005,
T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T-083 de
2017.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
14
Índice 2 de SAMAI, certificado C481399EF2963595 AE0509AF64B5DFB5 1E0116DD6A0C3E88 9DACC19BC64F3401,
folios 7 al 10.
15
Índice 8 de SAMAI, certificado 073A39A9A8A0901F 197C5C917EE39EDF 0A90D56D87B232B0 C9FC444F437C1550.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04881-00
Accionante: Erick Humberto Orlando Acevedo Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
“[…] Verificada la información que reposa en esta Corporación, se encuentra que
no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia y en el Acuerdo PCSJA25-12352 de
2025, por las siguientes razones:
1. Se cuenta con consentimiento expreso a través de la petición de traslado
presentada el día 5 de febrero de 2026, dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles del mencionado mes, durante los cuales se publicó la vacante.
2. El cargo para el cual se solicita el traslado tiene funciones afines, la misma
categoría, especialidad, jurisdicción y exige los mismos requisitos del cargo actual
en carrera judicial desde el cual solicita el traslado. Así mismo, se advierte que el
servidor judicial participó y aprobó el concurso para el cargo de oficial mayor o
sustanciador de juzgado de circuito grado nominado, y se desempeña en el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de San Gil (Santander) desde el
23 de mayo del 2023, de manera que cumple con este requisito.
3. Sin embargo, el servidor judicial no ha prestado servicios por un tiempo mínimo
de (3) años en el cargo actual en carrera desde el cual solicita el traslado, toda vez
que se posesionó como oficial mayor o sustanciador en el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de San Gil (Santander), el 23 de mayo del 2023, lo cual
no cumple con el requisito señalado en el Parágrafo 2°del Artículo 134 - 4 de la
Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024.
4. De igual forma, al momento de presentar la solicitud de traslado, no manifestó
expresamente su voluntad de prestar servicios por un tiempo igual o mayor a tres
(3) años en el cargo para el cual solicita el traslado, por lo cual no cumple con el
requisito señalado en el Parágrafo 2° del Articulo 134 – 4 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024.
5. Finalmente, el servidor judicial no acreditó el requisito de haber obtenido la
última calificación integral de servicios en firme en el cargo y despacho del cual
solicita el traslado, toda vez que un aportó formato de calificación de servicios del
período comprendido entre el 1° de enero de 2024 y el 21 de marzo de 2024, por
tal razón no cumple con el requisito señalado en el parágrafo 2 del artículo 134 de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
En este sentido, el formato de calificación de servicios debe cumplir con lo
establecido en el Artículo 4º del Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de
2016, que reglamenta la calificación de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial para el año 2017 y siguientes, toda vez que éste señala como período de
calificación para empleados, el comprendido entre el 1° de enero al 31 de
diciembre del respectivo año y consolidarse antes del último día hábil del mes de
agosto siguiente a la finalización del periodo, por el nominador donde tiene el cargo
en propiedad. No obstante, esa fecha asignada al nominador puede cumplirse con
antelación, del periodo terminado de tiempo.
Así las cosas, la calificación integral de servicios debe ser consolidada por el
periodo de tiempo comprendido entre 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre de
2024, como oficial mayor o sustanciador del Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito de San Gil (Santander).
En consecuencia, dado que no cumple con los presupuestos determinados en el
Artículo 134 - 4 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04881-00
Accionante: Erick Humberto Orlando Acevedo Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
de 2024, no es viable emitir concepto favorable a su solicitud.”16 (Resaltado
original del texto).
Aquella respuesta fue enviada al accionante el 22 de junio de 2026, al correo
electrónico eacevedo3@unab.edu.co18, correo que suministró como dirección de
notificación en la solicitud del 5 de febrero del mismo año.
5.4. Bajo este panorama, la Sala advierte la ocurrencia de un hecho superado, en
la medida en que, después de la interposición de la acción de tutela, esto es, el 16
de junio de 202619 y antes de que se profiriera fallo de primera instancia, el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial se
pronunció de fondo sobre la solicitud presentada por el señor Erick Humberto
Orlando Acevedo Vega.
Así las cosas, es preciso resaltar que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial informó que no era viable emitir concepto
favorable al traslado solicitado, porque, aunque el servidor judicial presentó
oportunamente la petición y el cargo al que aspira tiene la misma categoría,
especialidad, jurisdicción, funciones y requisitos del que actualmente desempeña,
no cumple varios de los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024.
En particular, advirtió que i) no ha permanecido por un mínimo de tres años en el
cargo actual, pues se posesionó como oficial mayor o sustanciador del Juzgado
Primero Administrativo Oral de San Gil el 23 de mayo de 2023; ii) al presentar la
solicitud no manifestó expresamente su compromiso de permanecer al menos tres
años en el cargo al que pretende trasladarse; y iii) no acreditó la última calificación
integral de servicios en firme, ya que aportó una evaluación correspondiente
únicamente al período comprendido entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2024,
cuando debía presentar la calificación consolidada del período 1 de enero al 31 de
diciembre de 2024, conforme a las reglas del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016.
Por estas razones, se determinó que la solicitud no satisface los requisitos legales
para el traslado y, en consecuencia, se emitió concepto desfavorable.
16
Índice 8 de SAMAI, certificado 073A39A9A8A0901F 197C5C917EE39EDF 0A90D56D87B232B0 C9FC444F437C1550.
17
Índice 8 de SAMAI, certificado F168D9AE42EDFC9C D03742EC9DF2A1FC 16C4E1332B768D9C 364167E4C9F3BCB5.
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Índice 8 de SAMAI, certificado F168D9AE42EDFC9C D03742EC9DF2A1FC 16C4E1332B768D9C 364167E4C9F3BCB5.
19
Índice 2 de SAMAI, certificado 35532CB9DB6F7779 821E6659E1750B3B 70C1D60C8C65CC7D D0F12245A0FACB2F.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04881-00
Accionante: Erick Humberto Orlando Acevedo Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.5. En suma, se constata que la amenaza o vulneración del derecho fundamental
invocado cesó, razón por la cual la intervención del juez constitucional resulta
innecesaria, pues carecería de un objeto directo sobre el cual actuar.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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