Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04890-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04890-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04890-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04890-00
Accionante: RAFAEL DANIEL LARA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial y acto administrativo —
declara la improcedencia de la solicitud de amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia
y de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 6 de julio del 2026 se admitió la solicitud de amparo de la referencia2.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 22 de junio del 20263, el señor Rafael Daniel Lara, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
específicamente, el Área de Prestaciones Sociales. Con la solicitud de amparo,
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana, a la
tutela judicial efectiva y al «desconocimiento del precedente judicial».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas, por una parte, con la
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 004 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se tuvo como accionados al Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional. También se dispuso
la vinculación como terceros con interés del Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad y de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General
del Proceso.
3 Índice 002 de Samai, archivo «6ED_003Constanciareparto(.pdf) NroActua 2».
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Accionante: Rafael Daniel Lara
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04890-00
sentencia proferida el 11 de diciembre del 20244 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual revocó la providencia dictada el 19 de junio del 2020
por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que había
ordenado el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez. Esto, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 05001-33-33-030-2016-00714-00/01. Y, de otra parte, por el acto
administrativo del 6 de agosto de 2025, mediante el cual el Área de Prestaciones
Sociales de la Policía Nacional negó el reconocimiento de la pensión de invalidez
solicitada.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al Honorable Juez constitucional TUTELAR en
favor del actor RAFAEL DANIEL LARA, identificado con la cedula de
ciudadanía Nro. 11.317.584 de Girardot-Cundinamarca. Los derechos
invocados: Acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva,
al debido proceso, a la igualdad, dignidad humana y desconocimiento a
precedente judicial
ORDENAR A LA SALA SEPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA. Que en el término de esta providencia,
profiera una nueva sentencia dentro del proceso NULUDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL. Sentencia N°. 256
Radicado N°. 05001 33 33 030 2016 00714 01, del día 11 de diciembre de
2024. Que REVOCO sentencia proferida por el Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito de Medellín, del día 19 de junio de 2020. Decisión
irracional e injusta, no correspondiente a dicho caso. Equidad, jurisprudencia
y principios generales del derecho. Teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.
Declarar la nulidad del Acto Administrativo Nro. GS-2025-059463-DITAH del
día 06 de agosto de 2025. Grupo Prestaciones Sociales Policía-Nacional.
que indico: “…Como se puede evidenciar, dentro de la estructura
administrativa, no se encuentran previstas las Juntas Medico Regionales
para entrar a determinar y/o configurar una disminución de la capacidad
psicofísica del personal integrante de la Fuerza Pública….Bajo este
panorama es necesario indicar que la Policía Nacional posee un régimen
prestacional y pensional especial de carácter Constitucional contentivo en
los artículos 150 y 218, el cual es desarrollado en todo tiempo por Decreto
con fuerza de ley, coligiendo de lo anterior que el reconocimiento de los
derechos pensionales y prestacionales son eventos de estricta legalidad en
el que el legislador ha circunscrito los reconocimientos de este tipo al
cumplimiento de las condiciones que establece la norma, para el caso
concreto el artículo 117 del Decreto 1213 de 1990 “Por el cual se reforma el
estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional” normativa que se
encontraba vigente para le fecha de su retiro…”.
Que el honorable juez tenga como prueba el DICTAMEN DE
DETERMINACIÓN DE ORIGEN Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL.
JRCIA S3 N° 1485-18. Notificado el día 02 de agosto de 2018, de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Que estimó que la pérdida
de la capacidad laboral del actor RAFAEL DANIEL LARA, identificado con la
cedula de ciudadanía Nro. 11.317.584 de Girardot-Cundinamarca. Del
4 La sentencia de segunda instancia del proceso ordinario se notificó el 16 de diciembre del 2024.
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(67.87%). Estructurada el día 30 de julio de 2018. Frente al actor miembro
de la Fuerza Pública. Para que AREA DE PRESTACIONES SOCIALES DE
LA POLICIA NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Reconozca y pague al actor RAFAEL DANIEL LARA, identificado con la
cedula de ciudadanía Nro. 11.317.584 de Girardot-Cundinamarca. Una
pensión de invalidez en los términos del artículo 2° del Decreto 1157 de 2014,
equivalente al (50%) de la asignación básica percibida por un agente de la
Policía Nacional.
Toda vez que, el DICTAMEN DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN Y
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL. JRCIA S3 N° 1485-18. Notificado el
día 02 de agosto de 2018, de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Antioquia. Estimó la pérdida de la capacidad laboral del actor RAFAEL
DANIEL LARA, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 11.317.584 de
Girardot-Cundinamarca en el (67.87%). Estructurada el día 30 de julio de
2018. Única prueba técnica que se practicó dentro del proceso y sus
conclusiones no fueron desvirtuadas por la entidad demandada (TRIBUNAL
MEDICO LABORAL DE REVISION MILITAR Y DE POLICIA Y POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA). Habiendo tenido la oportunidad de
controvertirlo en los términos del Código General del Proceso, no lo hizo por
inconformidad con el dictamen JRCIA S3 N° 1485-18. Notificado el día 02 de
agosto de 2018.
Causada desde el día 14 de abril de 1993. Fecha en la cual fue retirado el
actor RAFAEL DANIEL LARA, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.
11.317.584 de Girardot-Cundinamarca. Mediante Resolución Nro. 0825 del
día 14 de abril de 1993, encontrándose laborando en la ciudad de Medellín
Antioquia. Acumulando un tiempo de servicio activo en la Policía Nacional de
más de (05 años)5.
1.2. Hechos
4. El señor Rafael Daniel Lara nació el 1 de mayo de 1970. Desde el 22 de
junio de 1988, se desempeñó en el grado de agente en la Policía Nacional hasta
el 14 de abril de 1993, fecha en la que fue retirado del servicio, como
consecuencia de una disminución de su capacidad laboral del 40.43 % por
hechos ocurridos durante el servicio, conforme a lo certificado por Junta Médico
Laboral del 10 de septiembre de 1993.
5. Afirmó que interpuso una tutela en la que se ampararon sus derechos, con
el objeto de que se valorara su estado de salud para determinar su actual
situación de su capacidad laboral, teniendo en cuenta todos los diagnósticos
médicos. Sin embargo, adujo que la Policía Nacional interpretó indebidamente la
orden de tutela porque anuló la anterior calificación de PCL y la Junta Médico
Laboral lo calificó nuevamente con un 37.57 %, decisión que fue confirmada por
el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
6. El actor en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional pidió la
nulidad de los actos administrativos contenidos en las actas médico-laborales No.
5 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.
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JML 0777 del 7 de octubre del 2014 y TML15-1-317MDNSG-TML-41.1 del 9 de
julio de 2015, mediante las cuales se efectuó la nueva calificación de la
disminución de la PCL, en cumplimiento del fallo de tutela. En el proceso
ordinario, también solicitó que se le vuelva a realizar la calificación de la PCL
teniendo como base el 40.43 %.
7. El Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante
sentencia del 19 de junio del 2020, accedió parcialmente a las pretensiones y
ordenó que se le reconociera y pagara una pensión de invalidez, con fundamento
en un dictamen de PCL decretado de oficio, donde la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia lo calificó con un 67.87 %. En ese sentido,
determinó que los hechos que originaron la PCL ocurrieron en vigencia del
Decreto 1213 de 1990, el cual exigía una PCL superior al 75 % para reconocer
una pensión de invalidez, porcentaje que disminuyó al 50% con la expedición de
la Ley 923 del 2004, la cual era aplicable por favorabilidad. La entidad
demandada apeló esta decisión.
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de sentencia del 11 de
diciembre del 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las
pretensiones, porque el objeto de la controversia no versó sobre el
reconocimiento de la pensión de invalidez y, en ese sentido, se violó el principio
de congruencia. También argumentó que la calificación de la pérdida de
capacidad laboral del 37.57 % realizada por la Junta Médico Laboral de la Policía
y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar era ajustada a derecho al haberse
ceñido a lo ordenado en el fallo de tutela.
9. Igualmente, sostuvo que el dictamen de oficio en el que se lo calificó con
el 67.87 % no era válido ya que tuvo como fecha de estructuración el 22 de
octubre del 2014, en la cual no estaba prestando sus servicios, al haberse
retirado en 1993.
10. El actor manifestó que el 28 de mayo del 2025 le solicitó al Área de
Prestaciones Sociales de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez con base en el dictamen de PCL del 67.87 % elaborado por
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la cual le fue negada
el 6 de agosto del 2025 mediante acto administrativo GS-2025- 059463-DITAH.
Esto, con fundamento en que las Juntas Médico-Regionales no determinan la
PCL de los integrantes de la Fuerza Pública.
1.3. Sustento de la vulneración
11. El accionante alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al no
otorgar valor probatorio al dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia, que determinó una pérdida de capacidad laboral del
67,87%. Afirmó que, aunque pertenece al régimen especial de la Fuerza Pública,
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la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que los dictámenes de las
juntas regionales pueden ser valorados como prueba pericial, en conjunto con los
demás elementos de convicción y conforme a las reglas de la sana crítica.
12. Particularmente, en el defecto fáctico cuestionó que no se hubiera
valorado integralmente el dictamen en el que se lo calificó con el 67,87 % de PCL
de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Señaló que dicho dictamen fue
practicado por orden del Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín
dentro del proceso ordinario y constituía una prueba técnica sobre su pérdida de
capacidad laboral. Además, indicó que la entidad demandada no controvirtió este
dictamen.
13. En el defecto sustantivo, reprochó la interpretación que realizó el tribunal
del artículo 2 del Decreto 1157 de 2014 y la aplicación del principio de
favorabilidad, pues, sostuvo que «las autoridades judiciales, omitieron requerir de
la aplicación del principio de favorabilidad para acudir al Decreto 1157 del día 24
de junio de 2014, porque el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del
actor […] era inferior al (75%) previsto en el Decreto 094 de 1989, norma especial
que gobierna su situación pensional». Es decir, a su juicio, la interpretación
acogida desconoció el principio de favorabilidad, pues, en su opinión, el artículo
2 del Decreto 1157 de 2014 permitía reconocer la pensión de invalidez a partir
de una PCL igual o superior al 50 %, porcentaje que acreditaba con el referido
dictamen.
14. Sobre el desconocimiento del precedente judicial, refirió que en sentencias
del 6 de julio del 2011 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y 30 de enero del 2014 de la Subsección B de la misma Sección se
conocieron casos en los que se accedió al reconocimiento de la pensión de
invalidez de miembros de la Fuerza Pública con base en dictámenes de pérdida
de capacidad laboral realizados por Juntas Regionales de Calificación de Pérdida
de Capacidad Laboral, con los que se desvirtuaron dictámenes de los Tribunales
Médicos Laborales de Revisión Militar y de Policía. Sin embargo, no indicó los
radicados de estas providencias.
1.4. Intervenciones
15. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a
través del Grupo de Pensiones, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva porque el actor controvierte una sentencia
dictada por una autoridad judicial, la cual es la que tiene la competencia funcional
y administrativa para pronunciarse sobre lo pedido.
16. Agregó que se negó el reconocimiento de la pensión de invalidez porque
no obra en los archivos de la entidad ningún concepto médico laboral o una orden
judicial que así lo permita.
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17. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional solicitó su
desvinculación al no ser la competente para, de ser el caso, dar cumplimiento a
la orden de tutela o responder disciplinariamente. Centró su contestación en la
prestación del servicio de salud del actor y explicó que cada unidad prestadora
de sanidad tiene autonomía presupuestal para cumplir las atenciones en salud
que requieran sus usuarios y beneficiarios.
18. El Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín allegó
el expediente del proceso ordinario con radicado 05001-33-33-030-2016-00714-
00/01.
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplirse el requisito de la
inmediatez, toda vez que la sentencia cuestionada se profirió el 11 de diciembre
del 2024 y la tutela se radicó más de 19 meses después. Agregó que no se
vulneraron los derechos fundamentales del tutelante y que la decisión se
enmarca en la autonomía judicial, sin que sea arbitraria o ilegal.
20. También precisó que se revocó la decisión del a quo que había ordenado
el reconocimiento de la pensión de invalidez porque esta nunca se solicitó en la
demanda, ni hizo parte del litigio, lo que vulneraba el principio de congruencia,
así como también los actos administrativos cuestionados estaban ajustados a
derecho.
21. El Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín remitió
por competencia al Consejo de Estado la misma acción de tutela al considerar
que es el competente para conocerla. La Secretaría General incluyó la remisión
como un memorial de la presente solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
22. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional sub
examine. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los
requisitos generales de inmediatez y de subsidiariedad.
23. Al respecto, se precisa que el actor plantea cargos de tutela contra
providencia judicial y contra acto administrativo, por una parte, al cuestionar la
sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia el 11 de diciembre
del 2024 y, por otra parte, al pedir que se anule el acto administrativo GS-2025-
059463-DITAH, por medio del cual la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez con base
la calificación de PCL del 67.87 %, dictamen que fue elaborado por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.
24. En ese sentido, la Sala, primero, analizará si se superan los requisitos de
la procedencia de tutela contra providencia judicial y, posteriormente, si se
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cumplen los presupuestos de la procedencia excepcional de la tutela contra actos
administrativos.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
25. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia respecto de la sentencia del 11 de diciembre del 2024 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
26. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
27. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.
28. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
29. La Sala advierte que el señor Rafael Daniel Lara está legitimado en la
causa por activa porque fue el demandante dentro del proceso de nulidad y
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de
2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
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restablecimiento en el que se profirió la providencia que se reprocha mediante
esta acción constitucional.
30. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación –
Ministerio de Defensa - Policía Nacional están legitimados en la causa por activa
porque, el primero es la autoridad judicial que profirió la sentencia que se
reprocha mediante la solicitud de amparo y, la segunda, fue la entidad
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
31. En ese sentido, si bien la Sala advierte que la Dirección de Sanidad y el
Grupo de Pensiones de la Policía Nacional solicitaron su desvinculación del
presente trámite, no se accederá a su petición, toda vez que la demandada en el
proceso ordinario es la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de la
cual hace parte la Dirección de Sanidad y el Grupo de Pensiones.
32. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable10, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente al determinar que la finalidad de este mecanismo
constitucional es ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo 11.
33. De acuerdo con lo anterior, esta Sección12 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
34. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado. Al respecto, la Corte Constitucional indicó
que la acción de tutela será procedente:
[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
10 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad.
11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
12 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago
Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez;
Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia
21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Accionante: Rafael Daniel Lara
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que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual13.
35. Para la Sala, en este caso no se acredita el requisito de inmediatez ni la
existencia de alguna causal que permita su flexibilización, por las siguientes
razones.
36. El accionante cuestiona la sentencia del 11 de diciembre del 2024 por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la providencia del
19 de junio del 2020 dictada por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín y, en su lugar, negó las pretensiones. Esta decisión fue notificada
personalmente el 16 de diciembre del 2024.
37. En ese orden, es evidente que, sin necesidad de determinar la fecha
exacta de la ejecutoria de la decisión, el accionante dejó pasar más de 6 meses
para interponer la acción de tutela, toda vez que la solicitud de amparo la radicó
el 22 de junio del 2026. Por tanto, el término empleado por la parte actora para
acudir al juez constitucional supera ampliamente el plazo considerado como
razonable tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, para
ejercer la acción constitucional.
38. Además, la Sección advierte que la parte actora no alegó ni demostró
ninguna condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para
establecer si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la
inmediatez para superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías
fundamentales.
39. Por lo anteriormente expuesto, y habida cuenta de que el tutelante no
acreditó una razón suficiente que justifique su tardanza en interponer la acción
constitucional, ni una circunstancia excepcional que permita flexibilizar el
requisito, la acción de tutela resulta improcedente por falta de inmediatez.
2.1.2. La acción de tutela no cumple con los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de amparo contra actos administrativos
40. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
41. En ese sentido, en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución
Política, establece el requisito de subsidiariedad como condición para la
13 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-
158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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procedencia de la acción de tutela, al disponer que «esta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial». Este mandato
fue desarrollado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
42. Pues bien, del texto de la norma se extrae que, cuando existen
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para la protección de los
derechos amenazados o vulnerados, se debe acudir a estos, y no a la acción de
tutela, pues, como se dijo, esta tiene un carácter subsidiario. De esta manera, se
garantiza que el juez natural de la causa sea quien aplique al caso concreto la
normativa y jurisprudencia aplicable.
43. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha señalado que quien
acude a la administración de justicia en busca de protección de sus derechos
fundamentales debe respetar los mecanismos judiciales previstos en el
ordenamiento jurídico. En consecuencia, no le es permitido desconocer las
acciones ordinarias establecidas ni pretender que el juez de tutela emita
decisiones paralelas a las que corresponden al funcionario competente en un
asunto ya radicado bajo su jurisdicción14.
44. Además, la jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable15.
45. De acuerdo con lo anterior, la protección de los derechos fundamentales
no se limita a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
orientarse a su defensa y los operadores judiciales, en cualquier jurisdicción,
actúan como garantes de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. En
consecuencia, esta Sala reafirma su posición16, según la cual, corresponde a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer las controversias sobre
actos administrativos, mediante los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho, en los cuales pueden solicitarse medidas
cautelares conforme a los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
14 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la
ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los
demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción
de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
15 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
16 Ver, por ejemplo, el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de
septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de
julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01.
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46. En este orden, la Sección pasará a estudiar si se supera o no la
subsidiariedad en el caso sub examine.
47. Subsidiariedad. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que
no se supera este requisito frente a la pretensión de que se anule el acto
administrativo GS-2025- 059463-DITAH del 6 de agosto del 2025, a través del
cual la Policía Nacional le negó el reconocimiento y pago de una pensión de
invalidez con base en el dictamen de PCL elaborado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia, practicado como prueba de oficio dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-
33-030-2016-00714-00, en el que se determinó que tuvo una PCL del 67.87 %.
48. Esto porque, la inconformidad del actor se circunscribe a un debate sobre
la legalidad del referido acto administrativo. En consecuencia, debió someter este
asunto al conocimiento del juez contencioso-administrativo, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo dispone el
artículo 138 del CPACA17, máxime cuando al interior de este, podía haber
solicitado medidas cautelares que, de haberse considerado urgentes por el juez
administrativo, las podría haber adoptado desde la presentación de la solicitud y
sin necesidad de notificar a la otra parte, de conformidad con el artículo 234 de
la Ley 1437 de 201118.
49. Finalmente, la Sala tampoco logra constatar la existencia de alguna
circunstancia que diera cuenta de que se le esté causando un perjuicio
irremediable al actor. Esto, no solo porque ello no fue acreditado por el
accionante, sino por cuanto se advierte que han trascurrido aproximadamente
más de 10 meses desde que se le notificó el referido acto administrativo y la fecha
en la que presentó la solicitud de amparo, lo que permite descartar la existencia
de una situación grave, urgente e inminente derivada de dicho acto, que justifique
la intervención del juez constitucional.
50. Por lo anterior, es claro que la parte tutelante contaba con otros medios
judiciales idóneos y eficaces para obtener la protección de sus derechos
fundamentales.
17 «Artículo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
18 «Artículo 234. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la
caución señalada en el auto que la decrete».
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2.2. Conclusión
51. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de
la referencia por no superar el requisito de inmediatez frente a los reproches
contra la sentencia judicial cuestionada y, por falta de subsidiariedad respecto al
acto administrativo que le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Rafael Daniel Lara, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
de Sanidad y el Grupo de Pensiones de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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