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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04892-00

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04892-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el cuestionamiento formulado por Luis Carlos España Gómez contra el auto de 23 de junio de 2026, proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción popular con radicado No. 25000-23-41-000-2026-00821-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Luis Carlos España Gómez respecto del reproche relacionado con la presunta mora judicial en la resolución de las medidas cautelares formuladas dentro de la acción popular con radicado No. 25000- 23-41-000-2026-00821-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04892-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04892-00
Demandante: Luis Carlos España Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección B

Temas: Tutela contra autoridad y providencia judicial. Tardanza en la
resolución de unas medidas cautelares formuladas en una acción
popular. Auto inadmisorio.

Decisión: Declara improcedente y niega amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Luis Carlos España Gómez en
contra de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 24 de junio de 2026, Luis Carlos España Gómez presentó acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso efectivo a la administración de justicia, así como los derechos colectivos a
la moralidad administrativa, participación ciudadana y transparencia del servicio
público electoral.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó (i) dejar sin efectos el auto
inadmisorio registrado el 23 de junio de 2026 dentro de la acción popular con
radicado No. 25000-23-41-000-2026-00821-00; (ii) ordenar la admisión inmediata
de dicho medio de control; y (iii) disponer que la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolviera, dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas, las medidas cautelares formuladas.

3. De manera subsidiaria, peticionó ordenar un trámite preferente al proceso
mencionado y adoptar cualquier medida que resulte pertinente para «restablecer el
orden jurídico vulnerado».

4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
afirmó que el 19 de mayo de 2026 instauró acción popular en contra de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de obtener la protección de los
derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la transparencia y
eficiencia del servicio público electoral, la participación política, el sufragio en
condiciones de igualdad, seguridad y confianza, la soberanía popular y la legitimidad
del proceso democrático, los cuales estimó vulnerados por el «incumplimiento de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04892-00
Demandante: Luis Carlos España Gómez

exhortación del Consejo de Estado de 2018 y la [dependencia] de un software
privado en el sistema electoral colombiano».

5. Señaló que en la anterior demanda invocó expresamente la excepción al
requisito de procedibilidad prevista en el artículo 144 del CPACA, al estimar
configurado un peligro inminente de perjuicio irremediable derivado de la cercanía
del proceso electoral. En consecuencia, solicitó la adopción de medidas cautelares
antes de la primera vuelta presidencial y, posteriormente, la modulación de dichas
medidas con miras a la segunda vuelta.

6. Indicó que el proceso fue identificado con el radicado 25000-23-41-000-
2026-00821-00 y le correspondió conocerlo al despacho del magistrado Óscar
Armando Dimaté Cárdenas de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien, el 22 de mayo de 2026, manifestó
impedimento para conocer ese asunto.

7. Adujo que, por las múltiples dilaciones, el 1, 2, 3 y 4 de junio de 2026
presentó diversos memoriales de impulso procesal, a los cuales también se
sumaron solicitudes formuladas por la Procuraduría General de la Nación. No
obstante, ninguno de dichos escritos fue atendido por el despacho.

8. Expuso que el 12 de junio de 2026, los demás integrantes de la Sala de la
Subsección B de la Sección mencionada declararon fundado el impedimento
manifestado por el magistrado Dimaté Cárdenas y, en consecuencia, fue separado
de dicho proceso. Posteriormente, el 23 de junio de 2026, el despacho del
magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón inadmitió la demanda y, en ese sentido,
le concedió un término de 3 días para subsanar las irregularidades advertidas, so
pena de rechazo de la demanda. Al respecto, sostuvo que dicha decisión
desconoció la excepción al requisito de procedibilidad prevista en el artículo 144 del
CPACA, pues, a su juicio, omitió valorar el peligro inminente invocado en la
demanda de acción popular.

9. Sin embargo, manifestó que, hasta la fecha de radicación de la acción de
tutela, el despacho del magistrado mencionado no ha resuelto las medidas
cautelares formuladas, a pesar de la urgencia.

10. Como fundamento de la vulneración, el accionante manifestó que la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo de la
administración de justicia, por dos razones. De una parte, por la tardanza en
pronunciarse sobre las medidas cautelares formuladas al interior de la acción
popular, pese a la urgencia derivada del calendario electoral. De otra, porque
inadmitió la demanda sin considerar, según afirma, la excepción al requisito de
procedibilidad prevista en el artículo 144 del CPACA, circunstancia que, a su juicio,
configuró un defecto procedimental. Finalmente, citó las sentencias T-183 de 2024,
T-099 de 2021, T-165-2021 y SU-297 de 2023, en las cuales la Corte Constitucional
indicó que la «dilación injustificada en resolver medidas cautelares en asuntos de
trascendencia electoral habilita el amparo constitucional».

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Demandante: Luis Carlos España Gómez

Intervenciones1

11. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas al
interior de la acción popular, afirmó que el presente asunto no cumple con el
requisito general de subsidiariedad, comoquiera que se dirige contra una
providencia dictada en proceso que aún se encuentra en curso. Al respecto, precisó
que el propio trámite ofrecía una oportunidad para que el actor reformulara sus
pretensiones, individualizara las conductas atribuidas a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, acreditara el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144
del CPACA o justificara, con sustento actual, la imposibilidad de cumplirlo.

12. Adicionalmente, afirmó que el auto inadmisorio no incurrió en defecto
procedimental, pues sí analizó la excepción al requisito de procedibilidad invocada
por el actor; sin embargo, concluyó que las circunstancias de urgencia relacionadas
con las jornadas electorales ya habían desaparecido al momento de proferir la
decisión. Igualmente, señaló que la inadmisión respondió a la necesidad de verificar
que la demanda cumpliera los requisitos mínimos para delimitar adecuadamente la
controversia y garantizar el derecho de defensa, sin que ello constituyera un
excesivo formalismo.

13. De igual forma, negó la configuración de un defecto fáctico, al indicar que
las pruebas aportadas fueron valoradas dentro del análisis de admisibilidad con el
alcance propio de esa etapa procesal. Finalmente, precisó que el proceso se
encontraba en una fase preliminar, por lo que el auto cuestionado no resolvió de
fondo la controversia ni negó definitivamente la protección de los derechos
colectivos invocados. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la tutela o,
subsidiariamente, negar las pretensiones al no configurarse mora judicial
injustificada ni vulneración de los derechos fundamentales alegados.

14. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que el accionante no
aportó pruebas que demostraran una alteración del sistema electoral o la
vulneración de los derechos fundamentales invocados. Agregó que el proceso
electoral cuenta con mecanismos de transparencia, auditoría, supervisión y acceso
a la información que garantizan la confiabilidad de los comicios.

15. Asimismo, indicó que las pretensiones de la tutela no se dirigen contra una
actuación atribuible a esa entidad, sino que buscan obtener un impulso procesal
dentro de una acción popular, asunto cuya decisión corresponde exclusivamente a
la autoridad judicial competente. Por ello, solicitó negar el amparo invocado, ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales señalados por el
accionante.

1 El 30 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Primera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Adicionalmente, se negó la medida provisional formulada por la parte actora, comoquiera que las pretensiones
coinciden sustancialmente con lo solicitado en la medida provisional, lo cual desnaturaliza el carácter preventivo
de esta última. Además, los elementos de juicio aportados no reúnen la existencia de un perjuicio irremediable
que deba evitarse de forma inmediata.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04892-00
Demandante: Luis Carlos España Gómez

II. CONSIDERACIONES

Competencia

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa.

17. Del examen integral del escrito de tutela, la Sala advierte que el accionante
formula dos cuestionamientos diferenciados respecto de la actuación desplegada
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. El primero se dirige contra el auto del 23 de junio de 2026, mediante
el cual fue inadmitida la acción popular con radicado No. 25000-23-41-000-2026-
00821-00, providencia respecto de la cual solicita dejarla sin efectos y ordenar la
admisión inmediata del medio de control. El segundo reproche recae sobre la
presunta mora judicial en resolver las medidas cautelares formuladas dentro de
dicho proceso, circunstancia que, según afirma, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.

18. Si bien ambos cuestionamientos se dirigen contra actuaciones adelantadas
dentro del mismo proceso judicial, lo cierto es que cada uno se encuentra sometido
a presupuestos de procedencia y parámetros de análisis distintos. En efecto,
mientras el primero exige verificar si se encuentran satisfechos los requisitos que
habilitan el control excepcional de las providencias judiciales mediante la acción de
tutela, el segundo impone establecer si la actuación de la autoridad accionada
configuró una mora judicial injustificada susceptible de vulnerar los derechos
fundamentales invocados.

19. En consecuencia, la Sala estudiará, en primer lugar, el cuestionamiento
formulado contra el auto inadmisorio. Superado ese análisis, abordará el reproche
relacionado con la presunta mora judicial en la resolución de las medidas cautelares
solicitadas dentro de la acción popular.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, si la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora al incurrir en el defecto procedimental al proferir el
auto inadmisorio del proceso bajo radicado 25000-23-41-000-2026-00821-00.

21. Por otro lado, le corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los
requisitos de procedibilidad, si la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en mora judicial injustificada por la
tardanza en resolver las medidas cautelares formuladas en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 25000-23-41-000-
2026-00821-00.

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Demandante: Luis Carlos España Gómez

Procedibilidad de la acción de tutela contra el auto inadmisorio de la acción
popular

22. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto al
reproche formulado contra el auto inadmisorio de la acción popular, al no superar el
requisito general de relevancia constitucional, como se expone a continuación:

23. La Corte Constitucional ha establecido que, para la procedencia de
tutela contra providencias judiciales, es indispensable que se cumplan ciertos
requisitos mínimos de argumentación. En este sentido, quien acude a este
mecanismo debe exponer de forma razonada los hechos que, a su juicio, configuran
la vulneración de derechos fundamentales, identificar con precisión los derechos
comprometidos y señalar claramente el defecto o causal específica que justificaría
la intervención del juez de tutela.

24. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), señaló que este
requisito exige la concurrencia de varios elementos: (1) una carga argumentativa
por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la
controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en
el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener
una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia
sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.

25. En ese contexto, dicho requisito exige que la controversia planteada no se
limite a expresar un desacuerdo con la interpretación o aplicación del ordenamiento
jurídico realizada por el juez natural, sino que evidencie, mediante una
argumentación suficiente, la existencia de una posible vulneración de derechos
fundamentales susceptible de ser atribuida a la providencia judicial cuestionada.

26. En el presente asunto, aunque el actor solicita dejar sin efectos el auto
inadmisorio y sostiene que esa decisión desconoció la excepción al requisito de
procedibilidad prevista en el artículo 144 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, su inconformidad se limita a
manifestar que la autoridad judicial no valoró adecuadamente el peligro inminente
que, en su criterio, justificaba la exoneración de dicha carga procesal. Sin embargo,
no explica por qué esa circunstancia trasciende el plano de la legalidad para adquirir
relevancia constitucional.

27. De igual manera, el escrito de tutela no desarrolla una argumentación
encaminada a demostrar que la providencia cuestionada desconoció el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia o cualquier otro derecho
fundamental desde la perspectiva exigida por la jurisprudencia constitucional. En
realidad, el accionante se limita a afirmar que la excepción prevista en el artículo
144 del CPACA no fue tenida en consideración, sin explicar por qué ello configura
un defecto procedimental que habilite la intervención del juez constitucional.

28. Así las cosas, la argumentación propuesta por el accionante no supera el
umbral mínimo de relevancia constitucional exigido para controvertir una
providencia judicial mediante la acción de tutela, pues no ofrece razones suficientes
que permitan advertir una posible vulneración autónoma de derechos

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fundamentales distinta de la simple discrepancia con el juicio jurídico efectuado por
el juez natural al examinar la admisibilidad de la acción popular. En consecuencia,
el cuestionamiento dirigido contra el auto inadmisorio resulta improcedente.

Procedibilidad de la acción de tutela respecto de la alegada mora judicial

29. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a
lograr el amparo de los derechos fundamentales debido proceso y acceso efectivo
a la administración de justicia; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa
como pasiva, porque Luis Carlos España Gómez es el titular de las garantías
constitucionales que se invocan como vulneradas, en su calidad de parte
demandante dentro de la acción popular, y la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la autoridad judicial a la que le
correspondió conocer el citado proceso; (3) no existe otro mecanismo judicial que
permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; y (4)
hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela, si se tiene en
cuenta que la presunta mora judicial es una situación actual.

30. Así las cosas, al haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos
generales, la Sala procederá a estudiar de fondo el asunto de la referencia.

Estudio de la vulneración alegada

31. La Sala negará el amparo solicitado, al no haberse demostrado un
comportamiento negligente por parte de la autoridad judicial accionada, de acuerdo
con las razones que a continuación se exponen:

32. El accionante afirmó que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en mora judicial injustificada, por la
tardanza en resolver las medidas cautelares formuladas al interior de la acción
popular con radicado 25000-23-41-000-2026-00821-00 y, en consecuencia,
transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

33. Al revisar las actuaciones judiciales adelantadas en el expediente precitado,
la Sala observa que el 19 de mayo de 2026 Luis Carlos España Gómez promovió
acción popular en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Adicionalmente, «por existir riesgo inminente de perjuicio irremediable por estar a
solo 12 días de la jornada electoral del 31 de mayo de 2026» solicitó decretar las
siguientes medidas cautelares: (i) ordenar a la entidad mencionada contratar de
forma urgente una auditoría forense integral internacional sobre los sistemas de
preconteo, escrutinio, consolidación, transmisión y divulgación de resultados, a
cargo de una firma independiente y de reconocida experiencia internacional; (ii)
publicar de manera inmediata el protocolo completo de la auditoría, incluyendo
metodología, alcance, cronograma, responsables e informe público de resultados;
(iii) congelar la revisión del software electoral que será utilizada el 31 de mayo de
2026 y ponerla bajo custodia conjunta de la Procuraduría General de la Nación y el
Consejo Nacional Electoral, con generación de huellas criptográficas; y (iv)
suspender cualquier modificación o despliegue del software sin autorización previa
de los auditores y delegados acreditados.

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34. De igual forma, se avizora que el proceso fue asignado inicialmente al
despacho del magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas de la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, se
denota que el 22 de igual mes y anualidad, el funcionario mencionado manifestó
impedimento para conocer del asunto, por lo que, conforme a lo previsto en los
artículos 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y 145 del Código General del Proceso, el proceso se encontraba
suspendido hasta que la autoridad competente resolviera dicha situación.

35. Adicionalmente, se denota que el 12 de junio de 2026 los demás integrantes
de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declararon fundado el impedimento, separaron del conocimiento del
asunto al magistrado inicialmente designado y ordenaron remitir el expediente al
despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

36. Posteriormente, el 23 de junio de 2026, el despacho del magistrado
mencionado inadmitió la demanda, con el fin de que la parte actora subsanara lo
siguiente: (i) precisara de manera clara y concreta cuáles son las acciones u
omisiones que considera vulneradoras de los derechos e intereses colectivos; (ii)
delimitara el objeto de la controversia, distinguiendo los hechos que fundamentan la
acción, teniendo en cuenta que ese mecanismo no procede para exigir el
cumplimiento de providencias judiciales; (iii) explicara el nexo entre las actuaciones
atribuidas a la entidad y la amenaza o vulneración de cada uno de los derechos e
intereses colectivos invocados, (iv) reformulara las pretensiones de manera clara,
precisa y congruente con los hechos, indicando las órdenes concretas que solicita;
y (v) acreditara el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo
144 del CPACA, mediante el requerimiento previo a la Registraduría o los
documentos que justificaran la exoneración de dicha carga procesal.

37. Efectuado el anterior recuento, la Sala advierte que, contrario a lo
manifestado por la parte accionante, la autoridad judicial accionada adelantó las
actuaciones que legalmente correspondían en cada una de sus etapas, respetando
el orden procesal previsto por el legislador. En consecuencia, el tiempo transcurrido
entre la presentación de la demanda y la expedición del auto que la inadmitió se
debió a la realización de actuaciones procesales necesarias para determinar al
funcionario al que le correspondía conocer el asunto y para el examen preliminar de
los requisitos de admisibilidad de la acción popular.

38. Adicionalmente, si bien es cierto que no han sido resueltas las medidas
cautelares formuladas, ello, por sí solo, no permite concluir la existencia de una
mora judicial. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que para que
se configure este fenómeno en los procesos debe estar plenamente demostrada la
ausencia de justificación y tiene que resultar evidente que el actuar de la autoridad
judicial no ha sido diligente.

39. En ese sentido, en el caso bajo análisis no se encuentra acreditada dicha
circunstancia, pues no ha existido una inactividad en el trámite judicial, sino que, por
el contrario, la imposibilidad de decidir sobre las medidas cautelares estuvo
directamente vinculada con la suspensión legal del proceso ocasionada por el
trámite del impedimento y con la necesidad de verificar previamente la admisibilidad
de la demanda, ya que mientras no existiera un operador judicial, a través del cual

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pudiera garantizarse la imparcialidad y objetividad de la decisión y no se
estableciera que el medio de control reunía los presupuestos mínimos para su
trámite, no era procedente pronunciarse sobre las solicitudes cautelares formuladas
por el actor.

40. Así las cosas, la Sala concluye que la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en mora judicial, puesto
que ha adelantado todas las actuaciones necesarias para continuar el trámite de la
acción popular, sin que se advierta una conducta negligente u omisiva de aquella
autoridad y que permita predicar la vulneración de los derechos fundamentales
reclamados. En consecuencia, se negará el amparo solicitado por Luis Carlos
España Gómez.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el cuestionamiento formulado por Luis
Carlos España Gómez contra el auto de 23 de junio de 2026, proferido por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dentro de la acción popular con radicado No. 25000-23-41-000-2026-00821-00, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Luis Carlos España Gómez respecto
del reproche relacionado con la presunta mora judicial en la resolución de las
medidas cautelares formuladas dentro de la acción popular con radicado No. 25000-
23-41-000-2026-00821-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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