Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04893-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04893-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04893-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04893-00
Demandante: ÓSCAR NAIN BORJA OCAMPO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 24 de junio de 2026, el señor Óscar Nain Borja
Ocampo, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la finalidad
que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia1.
Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del
auto del 28 de noviembre de 2025, mediante el cual la autoridad judicial accionada
rechazó el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 16 de
septiembre de 2024, a través del cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 76001-23-33-000-2016-01686-00/02 (3283-2025), promovida contra la
Procuraduría General de la Nación.
1 Así como las garantías de la confianza legítima, de buena fe y de doble instancia.
1
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Demandante: Óscar Nain Borja Ocampo
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO el auto de fecha, mediante el cual el Honorable
Consejo de Estado negó el trámite del recurso de apelación de la referencia.
TERCERA: ORDENAR a la entidad Accionada que, en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas, proceda a ordenar el trámite legal del recurso de
apelación correspondiente, que fuera válidamente interpuesto y sustentado por el
apoderado judicial.
CUART[A]. ORDENAR a la entidad accionada, para que procesa (sic) a resolver el
recurso en término prudencial de tres meses, en garantía del t[é]rmino razonable
para que el apelante reciba respuesta efectiva.
1.3. Hechos
La parte demandante sostuvo que laboró en la Procuraduría General de la
Nación, en calidad de procurador Judicial II desde el 1° de julio de 1992 al 30 de
junio de 2004, en el distrito de Buga (Valle del Cauca).
Indicó que, como la entidad demandada omitió el pago de la prima especial de
servicios, el 15 de septiembre de 2015 presentó la correspondiente reclamación
administrativa para que esta se liquidara correctamente, así como todas sus
prestaciones sociales, pero fue denegada mediante oficio SG 005159 del 15 de
octubre de 2015 y confirmada posteriormente con ocasión de los recursos que
formuló en su contra.
Mencionó que, en contra de la precitada decisión administrativa, el 25 de agosto
de 2016 interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Expuso que este proceso se identificó con el radicado 76001-23-33-000-2016-
01686-00 y que, para ello le confirió poder amplio y suficiente al abogado Genaro
Olaya Ochoa2, el cual, a su vez, lo sustituyó a la profesional del derecho Claudia
Milena Ciprián Carvajal, quien inicialmente radicó la demanda ordinaria.
Señaló que posteriormente el apoderado judicial original sustituyó nuevamente el
poder al abogado Genaro Olaya Osorio3, el cual presentó varios memoriales de
impulso procesal, de designación de conjuez, de alegatos de conclusión, que
fueron recibidos y respondidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
como obra en la relación de actuaciones judiciales registradas en el SAMAI.
Añadió que el referido tribunal profirió sentencia el 16 de septiembre de 2024, en
la que denegó las pretensiones de la demanda. Afirmó que esta providencia fue
2 Identificado con la cédula de ciudadanía número 6.489.188 y tarjeta profesional 21.425 del
Consejo Superior de la Judicatura.
3 Identificado con la cédula de ciudadanía número 16.362.714 y tarjeta profesional 56.994 del CSJ.
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notificada en la misma fecha.
Refirió que, contra la mencionada providencia, a través de su apoderado sustituto
Genaro Olaya Osorio, interpuso recurso de apelación el 30 de septiembre de
2024, el cual fue concedido con auto del 19 de mayo de 2025.
Precisó que el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, como integrante de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante proveído
del 28 de noviembre de 2025 rechazó la alzada presentada contra la decisión de
primera instancia, al considerar que existía una indebida representación del actor.
Manifestó que en dicha providencia se indicó que no obraba el poder conferido
por él al abogado Genaro Olaya Osorio, profesional del derecho que presentó el
recurso de apelación, por lo que, ante la inexistencia del debido poder de
representación, no podía decidirse sobre el asunto.
De conformidad con los datos registrados en el aplicativo Samai, la anterior
decisión se notificó vía electrónica el 5 de diciembre de 2025.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que con la decisión acusada se incurrió en el defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto puesto que se ignoraron por
completo las actuaciones previas del tribunal de origen registradas en el sistema
Samai, donde ya se había validado, notificado y aceptado la participación del
abogado sustituto sin tacha alguna.
Expuso que el rechazo del recurso de apelación basado exclusivamente en un
formalismo posterior sobre el reconocimiento de personería del sustituto (cuando
este ya había actuado y el proceso ya había avanzado hasta la sentencia)
sacrificó el derecho sustancial del ciudadano frente a formas procesales, lo cual
viola directamente la Constitución, pues se desconoce lo estipulado en el artículo
228 superior.
Mencionó que la decisión que rechazó la alzada bajo el argumento de la «falta de
poder» cuando el proceso ya se había surtido y tramitado plenamente en primera
instancia con el mismo profesional, configura el defecto procedimental en mención
porque las formas procesales no pueden convertirse en un obstáculo
infranqueable para la efectividad del derecho sustancial.
Destacó que, si el a quo emitió múltiples respuestas a las solicitudes presentadas
por el abogado sustituto durante la primera instancia, convalidó fácticamente su
actuación en el expediente.
Manifestó que, por tanto, al momento de conceder el citado recurso, el tribunal no
podía alegar sorpresivamente la falta de un «auto formal de reconocimiento» del
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abogado sustituto, cuando previamente dotó de legitimidad al profesional
resolviendo sus peticiones de fondo.
1.5. Trámite
Una vez efectuada la asignación por reparto, a través de oficio del 30 de junio de
2026, los magistrados Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barreto
Suárez presentaron sus impedimentos para conocer del asunto; no obstante, por
medio de providencia del 14 de julio del mismo año, se declararon infundados al
no encontrar demostrada las causales invocadas4.
Por lo anterior, mediante providencia del 23 de julio de 2026 se admitió la
demanda y, en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que
integran la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
A su vez, se dispuso la vinculación de los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, así como al procurador General de la Nación,
como terceros con interés en las resultas del proceso. Además, se requirió el
expediente objeto de demanda.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Esta autoridad judicial pese a su notificación guardó silencio.
1.6.2. Procuraduría General de la Nación
Esta entidad presentó su informe a través del asesor grado 24, en el que hizo
referencia al contenido de la sentencia de primera instancia dictada en el proceso
ordinario, así como al trámite impartido respecto del rechazo del recurso de
apelación presentado en su contra.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Esta corporación guardó silencio, a pesar de su notificación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según
4 En vista de lo anterior, no resulta necesario realizar algún pronunciamiento adicional frente al
memorial radicado nuevamente el 10 de agosto de 2026 por la magistrada Gloria María Gómez
Montoya, comoquiera que ya se decidió frente al particular en oportunidad previa.
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lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20155, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte accionante con ocasión del auto del 28 de noviembre de 2025, mediante el
cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el
recurso de apelación presentado contra la sentencia del 16 de septiembre de
2024, a través del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-
33-000-2016-01686-00/02 (3283-2025), el cual promovió contra la Procuraduría
General de la Nación.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados, se estudiará iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
5 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
6 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
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Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
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Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el caso concreto, la parte actora alegó la configuración de un defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto por anteponer la formalidad al
derecho sustancial, ya que la autoridad judicial demandada rechazó el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia, sin tener en cuenta
que el a quo ya había validado las actuaciones previas del abogado sustituto que
formuló dicha alzada.
Al respecto, la sala observa que el asunto carece de relevancia constitucional
puesto que se trata de un debate procesal de orden legal sobre la acreditación de
la personería judicial, en el marco del proceso ordinario en el que se analizó el
derecho sustancial demandado.
En este caso, se precisa que el ad quem advirtió que el abogado Genaro Olaya
Osorio no contaba con el poder debidamente conferido por el demandante para
actuar en el proceso ordinario y por tanto rechazó la alzada presentada.
Por lo tanto, el asunto no tiene relevancia constitucional porque se reduce a un
conflicto sobre las formalidades de representación judicial en el proceso ordinario
que dieron lugar a que el recurso de apelación presentado en contra de la
sentencia de primera instancia fuera rechazado ante la «inexistencia del debido
poder», por lo que, el actor pretende usar esta vía constitucional para subsanar la
falta de rigor procesal en mención.
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En tal sentido, se precisa que cuando la acción de tutela tenga «origen en hechos
adversos ocasionados por el mismo accionante, carece de relevancia
constitucional»7.
Por tanto, se recuerda que este medio constitucional no se encuentra diseñado
para sanear la falta de diligencia ni para revivir oportunidades procesales que las
partes dejaron fenecer por no cumplir con sus cargas básicas de representación y
oportunidad.
A su vez, debe indicarse que, si bien la parte actora sustentó la acción de tutela
frente a la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, consagrado en el artículo 228 de la Constitución, se observa que dicho
mandato no es una licencia para sanear la falta de diligencia en el cumplimiento
de las cargas procesales, ni para revivir oportunidades fenecidas por omisión de
las partes.
Por consiguiente, lo pretendido por el accionante es debatir una consecuencia
jurídica desfavorable derivada de su propia omisión, lo cual implica la ausencia
de dicho presupuesto general de procedencia.
En tal sentido, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe considerarse como una tercera instancia para traer a colación
el análisis de la providencia acusada, sino que es un medio residual a través del
cual se revalúan las decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sopesar los
principios rectores de la autoridad judicial.
Además, debe indicarse que, tratándose de providencias de altas cortes, esta
carga argumentativa es aún más exigente, debido al rol especial que cumplen
como órganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones y al valor hermenéutico
de sus decisiones.
Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante pretende sanear su propia omisión y, además, no
desarrolló planteamientos que permitan considerar, prima facie, que su caso
amerita algún pronunciamiento de orden constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
7 Corte Constitucional, sentencia SU 451 de 2024, en la cita “Sentencia SU-103 de 2022. Este
último criterio busca hacer énfasis en que nadie puede alegar su propia torpeza para buscar el
amparo de sus derechos fundamentales.”
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FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Óscar Nain Borja Ocampo contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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