Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04903-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04903-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04903-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: JUAN PABLO OTERO SOTO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional. Sanción moratoria.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por Juan Pablo Otero Soto contra el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo
de Córdoba.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Juan Pablo Otero Soto, a través de apoderado judicial, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia en conexidad con los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza
legítima, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 29 de julio de 2025 y 12
de mayo de 2026, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 23001-33-33-001-
2021-00294-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que, en su calidad de docente oficial, radicó el 31 de julio de 2017, ante la
Secretaría de Educación del municipio de Sahagún – Córdoba, una solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías para construcción de vivienda.
2.2. Señaló que “[…] el ente territorial omitió resolver la petición dentro de los términos
de ley (Ley 1071 de 2006). Ante este silencio y el estado de indefensión, el actor radicó
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: Juan Pablo Otero Soto
una reiteración de la petición el 16 de septiembre de 2019, la cual tampoco fue resuelta
por la administración […]”.
2.3. Señaló que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 23001-33-33-001-2021-00294-00/01 contra el municipio de
Sahagún, en la cual solicitó i) se revocara la Resolución núm. 0724 del 26 de abril
de 20211 mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la indexación de los
valores pagados por concepto de cesantías parciales y el reconocimiento de la
sanción moratoria; y ii) el reconocimiento y pago del valor excedente para el ajuste
de la suma indexada y el pago de sanción por mora a cargo del municipio.
2.4. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Montería, autoridad judicial que, mediante sentencia de
29 de julio de 2025, declaró la prescripción de la sanción moratoria y como
consecuencia negó las pretensiones de la demanda.
Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
2.5.
Administrativo de Córdoba, a través sentencia de 12 de mayo de 2026, confirmó la
decisión supra.
2.6. Consideró
que las providencias mencionadas vulneraron sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y
sustantivo.
2.7. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] El Tribunal Administrativo
de Córdoba, en su fallo de segunda instancia, delimitó textualmente el objeto de la
alzada reconociendo que el cargo del apelante se centraba en la falta de valoración
de "la reiteración de la petición radicada el 16 de septiembre de 2019, y la acción
de tutela presentada el 6 de noviembre de 2020". Pese a fijar con claridad el
problema jurídico, el Tribunal guardó un silencio sepulcral. Omitió por completo
justificar el motivo por el cual le restaba eficacia legal a la interrupción del término,
convirtiendo la providencia en un mero acto de voluntad y arbitrariedad […] De haber
valorado la petición de reiteración del 16 de septiembre de 2019 —radicada cuando
apenas habían transcurrido 1 año y 10 meses del término prescriptivo general—, se
habría aplicado el artículo 151 del CPTSS. Este hito interrumpió el conteo de la
prescripción […]”.
2.8. Respecto al defecto sustantivo indicó que “[…] El juzgado de primera instancia
(Páginas 4 y 5) erigió la declaración de prescripción utilizando de forma indebida la
Sentencia de Unificación SUJ-034-CE-S2-2023 (emitida el 2 de noviembre de 2023).
Omitió aplicar el estándar fijado en la Sentencia SU-580 de 2018, vigente al momento
de la ocurrencia de los hechos y de la consolidación de la situación jurídica, según la
cual la sanción moratoria deriva de una conducta omisiva continua del Estado que solo
cesa y se torna totalmente exigible cuando se cancela el capital (lo que ocurrió en este
caso el 3 de febrero de 2021 por el apremio de un desacato). ● Aplicación retroactiva
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Confirmada mediante la Resolución núm.. 0915 del 01 de junio de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: Juan Pablo Otero Soto
restrictiva: La demanda ordinaria fue formulada e instaurada en septiembre de 2021.
Aplicar retroactivamente subreglas de unificación restrictivas del año 2023 para
cercenar un derecho laboral cuya acción judicial se activó dos años antes, quebranta
los principios constitucionales de irretroactividad […]”.
2.9. Mediante memorial allegado el 14 de julio de 2026, el accionante ratificó las
pretensiones expuestas en el escrito de tutela “[…] ante la evidencia de que las
afirmaciones de la entidad vinculada terminaron por coadyuvar y corroborar
fácticamente la existencia de las vías de hecho denunciadas […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. - AMPARAR el derecho fundamental al Debido Proceso, al
Acceso a la Administración de Justicia, al Principio de Legalidad, a la Seguridad
Jurídica y a la Confianza Legítima del ciudadano JUAN PABLO OTERO SOTO,
los cuales fueron flagrantemente vulnerados por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Montería y por el Tribunal Administrativo de Córdoba, al
proferir fallos de primera y segunda instancia basados en defectos fácticos y
sustantivos.
SEGUNDA. - DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba (y, en
consecuencia, la Sentencia Anticipada No. 042 del 29 de julio de 2025 dictada
por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Montería), dentro del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 23-001-33-33-
001-2021-00294-00.
TERCERA. - ORDENAR al Tribunal Administrativo de Córdoba que, en el
término perentorio de quince (15) días contados a partir de la notificación de
este fallo, proceda a dictar una nueva sentencia de segunda instancia. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 30 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de tercero con interés
directo en el resultado del proceso al Municipio de Sahagún.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de Córdoba solicitó declarar improcedente la acción
de tutela y señaló que “[…] La petición radicada el 16 de septiembre de 2019, lejos
de constituir una reclamación autónoma de la sanción moratoria posteriormente
demandada, estaba orientada a obtener respuesta sobre el reconocimiento de las
cesantías parciales inicialmente solicitadas. De igual manera, la acción de tutela
promovida para la protección del derecho fundamental de petición tenía por finalidad
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: Juan Pablo Otero Soto
obtener un pronunciamiento administrativo frente a la solicitud prestacional
pendiente y no reclamar el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de
2006. Por tal razón, las referidas actuaciones carecían de la virtualidad jurídica
necesaria para producir los efectos interruptivos pretendidos por el accionante
respecto de una prestación distinta y autónoma como lo era la sanción moratoria
[…]”.
5.2. El
municipio de Sahagún solicitó no amparar los derechos fundamentales
invocados por el accionante en la medida que no fueron vulnerados por el juez y
tampoco por el tribunal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.
VI.2. Problemas jurídicos
7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las providencias de 29 de julio de 2025 y 12 de mayo de 2026,
proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería y el
Tribunal Administrativo de Córdoba, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo
analizará si la providencia de 12 de mayo de 2026, proferida en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, vulneró los derechos fundamentales de
la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a
cosa juzgada.
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
2
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
7
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: Juan Pablo Otero Soto
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos sustantivo y fáctico.
9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
9
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: Juan Pablo Otero Soto
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. El señor Juan Pablo Otero Soto, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en conexidad con los principios de legalidad, seguridad
jurídica y confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 29
de julio de 2025 y 12 de mayo de 2026, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 23001-33-33-001-2021-00294-00/01.
18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
19. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: Juan Pablo Otero Soto
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
14
20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
17
22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: Juan Pablo Otero Soto
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04903-00
Accionante: Juan Pablo Otero Soto
25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que el Tribunal Administrativo de Córdoba vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
en conexidad con los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima,
por haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo y fáctico.
26. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] El Tribunal Administrativo
de Córdoba, en su fallo de segunda instancia, delimitó textualmente el objeto de la
alzada reconociendo que el cargo del apelante se centraba en la falta de valoración
de "la reiteración de la petición radicada el 16 de septiembre de 2019, y la acción
de tutela presentada el 6 de noviembre de 2020". Pese a fijar con claridad el
problema jurídico, el Tribunal guardó un silencio sepulcral. Omitió por completo
justificar el motivo por el cual le restaba eficacia legal a la interrupción del término,
convirtiendo la providencia en un mero acto de voluntad y arbitrariedad […] De haber
valorado la petición de reiteración del 16 de septiembre de 2019 —radicada cuando
apenas habían transcurrido 1 año y 10 meses del término prescriptivo general—, se
habría aplicado el artículo 151 del CPTSS. Este hito interrumpió el conteo de la
prescripción […]”.
27. Respecto al defecto sustantivo indicó que “[…] El juzgado de primera instancia
(Páginas 4 y 5) erigió la declaración de prescripción utilizando de forma indebida la
Sentencia de Unificación SUJ-034-CE-S2-2023 (emitida el 2 de noviembre de 2023).
Omitió aplicar el estándar fijado en la Sentencia SU-580 de 2018, vigente al momento
de la ocurrencia de los hechos y de la consolidación de la situación jurídica, según la
cual la sanción moratoria deriva de una conducta omisiva continua del Estado que solo
cesa y se torna totalmente exigible cuando se cancela el capital (lo que ocurrió en este
caso el 3 de febrero de 2021 por el apremio de un desacato). ● Aplicación retroactiva
restrictiva: La demanda ordinaria fue formulada e instaurada en septiembre de 2021.
Aplicar retroactivamente subreglas de unificación restrictivas del año 2023 para
cercenar un derecho laboral cuya acción judicial se activó dos años antes, quebranta
los principios constitucionales de irretroactividad […]”.
28. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, iii) la pretensión guarda relación con
un asunto de contenido económico.
29. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Juan Pablo Otero Soto
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
30. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal confirmó la decisión
de primera instancia que declaró la prescripción de la sanción moratoria y como
consecuencia se negaron las pretensiones de la demanda.
31. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Córdoba en la providencia cuestionada:
“[…] Como quiera que, conforme al artículo 320 del C.G.P., el Juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los reparos concretos del
recurso de apelación, la Sala se pronunciará sobre el cargo expuesto por el
apoderado de la parte demandante.
El cargo formulado por el apoderado de la parte demandante en el recurso de
apelación se centra en que la decisión de primera instancia incurrió en error al
declarar la prescripción de la sanción moratoria sin valorar las pruebas, tales
como, la reiteración de la petición radicada el 16 de septiembre de 2019, y la
acción de tutela presentada el 6 de noviembre de 2020, que amparó su derecho
a petición, y que en virtud de un incidente de desacato fue la que dio lugar a
que la entidad se viera obligada a reconocer las cesantías mediante la
Resolución No. 0070 del 27 de enero de 2021, actos estos que interrumpieron
o impidieron el inicio del término prescriptivo, conforme al artículo 151 del
CPTSS, máxime cuando no permaneció inactivo.
Revisada la demanda, se observa que el demandante solicitó ante la Secretaría
de Educación Municipal de Sahagún, bajo el número -SAC-2795 de fecha 31
de Julio de 2017, el reconocimiento y pago de cesantías. Se tiene que dicha
petición no fue respondida dentro de los 15 días hábiles con los que contaba el
ente territorial, los cuales vencían el 23 de agosto de 2017.
Ante la omisión de respuesta por parte de la Secretaría de Educación Municipal
la parte actora presentó una nueva petición el 16 de septiembre de 2019.
Posteriormente, el actor presentó acción de tutela, la cual le correspondió al
Juzgado Promiscuo Municipal de Sahagún, quien mediante sentencia de 25 de
noviembre de 2020, ordenó a la Secretaría de Educación Municipal de Sahagún
a responder dentro de las 48 horas siguientes las peticiones realizadas por la
parte demandante. Se acredita que, la petición sólo fue resuelta mediante la
Resolución No. 0070 de 27 de enero de 2021, mediante la cual se reconoce y
ordena el pago de cesantía parcial para construcción de vivienda, las cuales
fueron puestas a disposición del demandante hasta 3 de febrero de 2021,
conforme se indica en la demanda y la entidad lo reconoce en las respuestas a
las peticiones y recursos.
Se encuentra acreditado que la parte actora radicó solicitud de reconocimiento
y pago de indexación y sanción moratoria el día 5 de febrero de 2021, las cuales
fueron negadas por la Secretaría de Educación Municipal de Sahagún mediante
Resolución 0724 del 26 de abril de 2021. Esta resolución fue recurrida por el
actor el 24 de mayo de 2021, no obstante, la entidad la confirmó mediante la
Resolución No. 0915 de 1 de junio de 2021.
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Accionante: Juan Pablo Otero Soto
De las pruebas enunciadas, se desprende que la parte actora solicitó sus
cesantías parciales el 31 de julio de 2017, y que tan solo fueron reconocidas
mediante la Resolución No. 0070 del 27 de enero de 2021, es decir, dicho
reconocimiento se hizo de manera extemporánea. Así, resulta aplicable la
segunda regla jurisprudencial que indica que cuando el acto administrativo es
expedido por fuera del término de los 15 días, la sanción moratoria inicia a los
70 días posteriores a la radicación de la petición.
Al ser radicada la petición de reconocimiento de las cesantías el 31 de julio de
2017, los 15 días con que contaba la Secretaría de Educación Municipal de
Sahagún para reconocer el derecho fenecían el 23 de agosto de 2017,
venciéndose los 70 días el para que se materializara el reconocimiento y pago
el 10 de noviembre de 2017. Por consiguiente, la sanción moratoria iniciaba el
11 de noviembre de 2017, y con ello la oportunidad para reclamar la sanción
moratoria, conforme se indica en el pronunciamiento en la Sección Segunda del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023 arriba citado.
Al iniciar la sanción moratoria el 11 de noviembre de 2017, el término que tenía
la parte actora para reclamarla en sede administrativa, para que no operara la
prescripción trienal (establecida en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social) era hasta el 11 de noviembre de 2020. Por
consiguiente, al haberse solicitado el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria el día 5 de febrero de 2021, lo hizo por fuera del término de los 3
años, habiendo operado la prescripción extintiva como lo consideró el Juez de
instancia.
En el presente caso resulta oportuno precisar que la suspensión de términos
que tuvo en cuenta el Juez de instancia entre el 16 de marzo y el 1 de julio de
2020, en razón de la emergencia sanitaria por el COVID-19, no es aplicable a
los trámites administrativos adelantados por la rama ejecutiva, pues los
acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura (en desarrollo de
los decretos de emergencia dictados por el Gobierno Nacional) tuvieron como
finalidad exclusiva, regular la actividad de la rama judicial, garantizando la
protección de los derechos procesales y la continuidad mínima del servicio de
justicia, sin que ello implique una extensión automática a los procedimientos
administrativos, los cuales se rigen por sus propias disposiciones y por la
normatividad especial que regula la función pública en el ámbito ejecutivo.
Ahora, si bien el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, estableció la suspensión
de términos en sede administrativa, esta suspensión era facultativa de cada
entidad, la cual debía hacerse mediante acto administrativo motivado.
En relación con la indexación del valor reconocido por concepto de cesantías,
es preciso señalar que resulta aplicable la exclusión de dicho reconocimiento
cuando ya se ha impuesto la sanción moratoria. La razón de esta exclusión
radica en que la indexación, al igual que la sanción, tiene como finalidad
compensar al trabajador por la tardanza injustificada de la administración en el
pago oportuno de sus prestaciones sociales; permitir la concurrencia de ambas
figuras (sanción moratoria e indexación) implicaría otorgar una doble reparación
patrimonial por un mismo hecho (la demora en el reconocimiento y pago de las
cesantías).
Así, para evitar duplicidad en la compensación, debe prevalecer únicamente la
sanción moratoria, la cual ya cumple la función de resarcir el perjuicio
ocasionado por la falta de pago oportuno, de esta forma se garantiza un
equilibrio entre la protección de los derechos del trabajador y la preservación en
el sistema de reparación patrimonial, evitando que se configure incluso, un
enriquecimiento sin causa […]”.
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32. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
33. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21.
34. Adicionalmente,esta Sección ha venido sosteniendo que en razón a que la
inconformidad planteada gira en torno a la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria, este asunto no involucra la afectación de derechos fundamentales, sino
que tiene una naturaleza eminentemente económica.
35. Lo dicho previamente se fundamenta en que la Corte Constitucional, en sentencia
SU-573 de 201922, precisó que la sanción moratoria no constituye “[…] un derecho
fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional […]”. En esa oportunidad, dicha Corporación expuso lo siguiente:
“[…] 55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de
las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es
“auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo
en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración
del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos
solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter
netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela
[…]”. (Negrilla fuera del texto)
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Accionante: Juan Pablo Otero Soto
36. A partir de lo anterior, esta Sección23, al igual que las Secciones Tercera,
Cuarta y Quinta de esta Corporación24, ha venido reiterando, de manera pacífica,
que los conflictos en materia de tutela relacionados con el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria están asociados a controversias de índole meramente legal
y económica, por lo que no cumplen con el citado requisito general de procedencia
37. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
23
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01425-01; de
5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-
03-15-000-2022-01593-00.
24
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01048-00;
de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-01; de 8 de julio de 2021 expediente número
11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.
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