RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04910-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04910-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04910-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción, por falta de legitimación en la causa por activa, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04910-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04910-00
Accionante: Elida María Ferrer Ortiz como apoderada de Gloria Edilma
Sabogal Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A

Tema: Derechos debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia. Relación laboral encubierta. Falta de legitimación en
la causa por activa. DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la abogada Elida María Ferrer
Ortiz, quien dice actuar en representación de la señora Gloria Edilma Sabogal
Sabogal, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que considera
vulnerados con la sentencia del 2 de febrero de 2026, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-015-
2021 00165-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que prestó sus servicios a la Alcaldía de Choachí, mediante contratos de prestación
de servicios, entre el 6 de febrero de 2012 y el 30 de diciembre de 2019, donde
ejecutó labores encaminadas a apoyar, coordinar y asistir la administración de

1

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 6- 04 9 10- 0 0

bases de datos, sobre reporte de novedades, aseguramiento de los afiliados al
régimen subsidiado en salud del Municipio de Choachí y otras actividades
relacionadas con el giro ordinario del ente territorial.

Que el 15 de mayo de 2020, presentó reclamación administrativa solicitando el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta, el reintegro y el
pago de todos los derechos laborales derivados de la misma.

Que el Decreto Legislativo 564 de 2020 suspendió los términos de prescripción y
caducidad.

Que el 24 de junio de 2020, el municipio envió el oficio núm. 100.30.0187 del 17 de
junio de 2020, por medio del cual resolvió de manera desfavorable la petición. Aduce
que para la fecha de expedición y notificación de dicho oficio no estaba suspendida
la contabilización de la caducidad para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Que el Consejo Superior de la Judicatura través del Acuerdo núm. PCSJA20 11567
del 05 de junio 2020 suspendió los términos judiciales y administrativos en todo el
país, con ocasión del Covid 19 y, el 1° de julio de 2020 inició a contabilizarse el
término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para demandar el Oficio núm. 100.30.0187 del 17 de junio de 2020.

Que el 12 de enero de 2021, radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Municipio de Choachí.

Que el 22 de septiembre de 2022, el Juzgado Quince Administrativo de la Sección
Segunda del Consejo de Estado accedió a las pretensiones.

Que el 2 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A Confirmó la existencia de una relación laboral encubierta
entre el municipio demandado y el actor y declaró de oficio la caducidad parcial del
medio de control.

Considera que el Tribunal incurrió en el defecto sustantivo, por inobservar el Decreto
564 de 2020 y los actos que expidió el Consejo Superior de la Judicatura,
posteriormente, con ocasión de la pandemia por Covid 19. A su juicio, la autoridad
judicial accionada aplicó el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, sin percatarse que
durante el período comprendido entre la expedición del acto administrativo y el
levantamiento de la suspensión judicial existió una regulación excepcional que
modificaba temporalmente las condiciones para el ejercicio de las acciones y
medios de control, como lo fue la suspensión de la prescripción y la caducidad.

Que de haber el Tribunal interpretado en debida forma la norma, habría evidenciado
que el término de caducidad no podía iniciar su contabilización sino hasta el 1º de
julio de 2020, fecha en la que el Consejo Superior de la Judicatura levantó la

2

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 6- 04 9 10- 0 0

suspensión de términos judiciales. El 30 de octubre de 2020, radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial, por lo que se suspendió el cómputo cuando aún restaba
un día hábil para el vencimiento del término, el cual solo se reanudó el 12 de enero
de 2021, una vez finalizada la vacancia judicial y superados los días inhábiles que
siguieron a la expedición de la constancia de conciliación.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 2 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-015-2021 00165-00/01; y,
en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada emitir una nueva
decisión en la cual se confirme la sentencia de primera instancia, y se declare que
no operó el fenómeno de la caducidad.

TRÁMITE PROCESAL

El 30 de junio de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Municipio de Choachí –
Cundinamarca, como tercero con interés, y se ordenó notificar a las partes y al
vinculado. Así mismo, se requirió aportar el poder para la representación en la
acción de tutela.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, Despacho 8 precisó que no resulta jurídicamente admisible equiparar la
suspensión de términos decretada para la Rama Judicial con la suspensión de
actuaciones dispuesta por la Procuraduría General de la Nación, pues se trata de
autoridades distintas, dotadas de autonomía constitucional y sujetas a regulaciones
independientes durante la emergencia sanitaria. La tesis planteada por la
accionante desconoce esa diferencia y pretende extender los efectos de una
regulación que no era aplicable al trámite conciliatorio.

Señaló que la señora Edilma Sabogal pretendía la nulidad del Oficio núm.
100.30.0187 del 17 de junio de 2020, notificado el 24 del mismo mes y año. A partir
de dicha notificación comenzó a correr el término de cuatro (4) meses, previsto en
el artículo 164 del CPACA, para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En consecuencia, dicho término vencía el 24 de
octubre de 2020; no obstante, la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada
el 30 de octubre de 2020, cuando el fenómeno de la caducidad ya se había
configurado, razón por la cual dicha actuación no tenía la aptitud jurídica para
suspender un término ya extinguido.

Expuso que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto la providencia
cuestionada fue proferida con estricto apego al ordenamiento jurídico, no incurrió en

3

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 6- 04 9 10- 0 0

una actuación arbitraria o caprichosa ni vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, quien pretende utilizar el amparo constitucional como
un mecanismo para obtener una nueva valoración de los mismos argumentos ya
examinados y decididos por el juez competente.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El Municipio de Choachí pide que se declare improcedente la tutela, ya que la
accionante pretende es reabrir un debate legal que ya hizo tránsito a cosa juzgada.
Además, no sustenta cual es la irregularidad procesal que tiene incidencia directa
en la decisión y viola los derechos fundamentales invocados.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) legitimación en la causa por
activa; y, iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Legitimación en la causa por activa

En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales.

A su vez, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para
el ejercicio de la acción de tutela; la norma indica que esta puede ser presentada:
i) directamente por la persona que considera vulnerados o amenazados sus
derechos fundamentales; ii) a través de su representante legal; iii) por medio de
apoderado judicial; iv) por agente oficioso; y, v) mediante el defensor del pueblo y
los personeros municipales.

En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien radica
la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser así deberá

4

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 6- 04 9 10- 0 0

declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del asunto. En
cuanto a la presentación de la tutela mediante apoderado judicial es preciso indicar
que la Corte Constitucional1 estima que este debe aportar poder especial que lo
faculta para actuar:

«(…) La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del
apoderamiento en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta
en un escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de
un poder especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para
la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado
proceso no se entiende otorgado para la promoción de procesos
diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en
el proceso inicial; (iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser
un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.

Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda
de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial,
de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier
proceso para solicitar el amparo constitucional (…)” (negrilla fuera de texto
original).

En cuanto a las características del poder para actuar en tutela, dijo la Corte
Constitucional2:

«En resumen, el apoderamiento judicial en sede de tutela debe observar las
siguientes reglas: (i) el poder debe constar por escrito y éste se presume
auténtico, (ii) el mandato puede constar en un acto de apoderamiento especial
o en uno de carácter general, (iii) quien pretenda ejercer la acción de tutela
mediante apoderado judicial debe conferir facultades expresas para el ejercicio
de esta acción constitucional y (iv) el destinatario del acto de apoderamiento
debe ser un abogado con tarjeta profesional vigente.»

Análisis del caso concreto

La abogada Elida María Ferrer Ortiz interpuso acción de tutela, diciendo actuar en
representación de la señora Gloria Edilma Sabogal Sabogal, en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con ocasión de
la sentencia del 2 de febrero de 2026, proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-015-2021 00165-
00/01.

Dentro de los anexos aportados obra poder3 otorgado por la señora Gloria Edilma
Sabogal Sabogal a favor de la abogada Elida María Ferrer Ortiz, para iniciar y llevar
hasta su terminación proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del Municipio de Choachí, para que se reconociera la existencia de una relación
laboral encubierta y se ordenara el pago de los respectivos emolumentos. La
poderdante le confirió a la abogada Ferrer las facultades que consagra el artículo
77 del Código General del Proceso (CGP).

1 Corte Constitucional. Sentencia T 194 de 2012
2 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2021
3 Página 27. Documento nombrado como prueba, índice 2 de SAMAI.

5

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 6- 04 9 10- 0 0

La Sala advierte que el poder conferido no incluye la facultad de interponer esta
acción constitucional ni se refiere a los derechos aquí reclamados.

Aunado a lo dicho, no puede perderse de vista que los derechos fundamentales son
personalísimos, por lo que, tratándose de una persona con plena capacidad 4, su
reclamo debe hacerse, directamente por el titular de los derechos o mediante
apoderado judicial debidamente constituido.

Mediante providencia del 30 de junio de 2026 se requirió a la parte accionante para
que allegara poder especial para actuar en la acción de tutela a favor de quien dice
representar; no obstante, transcurrió el término otorgado sin que se recibiera
pronunciamiento alguno al respecto.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción, por falta de legitimación en la
causa por activa, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

4 Recuérdese que la capacidad legal se presume de conformidad con el artículo 1503 del Código Civil y que la

Ley 1996 de 2019.

6

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.