RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04914-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04914-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04914-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 2026, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la acción de tutela del asunto. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04914-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04914-01
Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEXTA
DE ORALIDAD

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción por no
superar el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra la
sentencia del 6 de agosto de 2026, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, declaró la improcedencia por no cumplirse el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 25 de junio de 2026, la ESE Hospital Marco Fidel Suarez,
actuando a través de apoderado, entabló acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad2, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

En criterio del actor, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales tuvo lugar
con ocasión de la providencia del 29 de agosto de 2025, dictada por la autoridad judicial
accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001-23-33-000-2017-01676-00, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

1.2. Pretensiones

1
Índice 2 de Samai – Cuaderno de primera instancia. La tutela se radicó el 25 de junio de 2026.
2
Sala compuesta por los magistrados: Dohor Edwin Varón Vivas, Rafael Darío Restrepo Quijano y
Vannesa Alejandra Pérez Rosales
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese sentido, pidió:

SEGUNDA: Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 29 de agosto de 2025, en
cuanto se fundamentaron en pruebas inexistentes y ajenas al proceso, desconociendo
las garantías de contradicción y publicidad de la prueba.

TERCERA: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Sexta de
Oralidad-, dictar una nueva sentencia dentro del proceso referido, valorando
exclusivamente las pruebas válidamente decretadas y practicadas en audiencia, esto es,
los testimonios de FRANCIS NELLY VALENCIA HENAO, LAURA MARCELA
GUTIÉRREZ ARISTIZÁBAL, MAURICIO ENRIQUE HERRÓN HIGUITA y MARÍA
PATRICIA GÓMEZ MORA, junto con el interrogatorio de parte a la demandante
MELISSA PAOLA ROMERO VICIOSO.3

1.3. Hechos

El apoderado judicial de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez [en adelante ESE HMFS]
interpuso acción de tutela contra la providencia dictada el 29 de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho laboral que promovió la señora Melissa Paola
Romero Vicioso en contra de la ESE HMFS y la Corporación Nacional del Trabajo,
Salud y Educación Corponal (en lo sucesivo Corponal), identificado con radicado
05001-23-33-000-2017-01676-00.

Mediante auto del 26 de febrero de 2020, el tribunal decretó la práctica de pruebas y
ordenó recibir los testimonios solicitados por la parte demandante, Francis Nelly
Valencia Henao, Laura Marcela Gutiérrez Aristizábal, Luz Adriana Higuita Salas y Jhon
Alexander Pineda Hernández, así como los pedidos por la parte demandada, Mauricio
Enrique Herrón Higuita y María Patricia Gómez Mora, además del interrogatorio de
parte a la demandante y al representante legal de Corponal.

Mediante auto del 4 de junio de 2021 se fijó el 16 de junio siguiente para la celebración
de la audiencia de pruebas.

Dicha audiencia se recibieron efectivamente los testimonios de Francis Nelly Valencia
Henao y Laura Marcela Gutiérrez Aristizábal, se aceptó el desistimiento respecto de
Luz Adriana Higuita Salas y Jhon Alexander Pineda Hernández, y se recibieron los
testimonios de Mauricio Enrique Herrón Higuita y María Patricia Gómez Mora, junto con
el interrogatorio de parte a la demandante. El representante legal de Corponal no asistió
ni justificó su inasistencia.

No obstante, sostuvo que al dictar sentencia el 29 de agosto de 2025, el Tribunal omitió
valorar dichos testimonios e interrogatorio válidamente practicados, y en su lugar
fundamentó su decisión condenatoria parcial, que declaró la nulidad del Oficio No. 268-

3
Cita textual del original con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

2017 y reconoció la relación laboral entre la demandante y la ESE HMFS, en las
declaraciones de Diana Marcela Arango Tavares, Carlos Mario Palacio y Mónica María
Jaramillo, personas que, según afirmó, nunca fueron decretadas como testigos ni
practicadas en el proceso, y cuyos dichos habrían sido considerados determinantes
para establecer la subordinación laboral.

Finalmente, refirió que el 8 de abril de 2026 radicó ante la Sala Sexta de Oralidad
memorial solicitando la remisión del enlace de acceso al expediente digital, sin obtener
respuesta a la fecha de presentación de la acción de tutela.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora sostuvo que la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, al proferir la sentencia del 29 de agosto de 2025, incurrió en los defectos
fáctico y procedimental absoluto, vulnerando con ello los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa (art. 29 C.P.) y el de acceso a la administración de justicia
(art. 229 C.P.).

En cuanto al fáctico, argumentó que este se configura, conforme a la jurisprudencia
constitucional, cuando el juez omite la valoración de pruebas esenciales, las practica
pero no las valora adecuadamente, o acude a medios de convicción ilegales o carentes
de idoneidad.

Afirmó que dicho yerro se presentó con particular gravedad en el caso concreto, pues
el tribunal no solo omitió valorar los testimonios de Francis Nelly Valencia Henao, Laura
Marcela Gutiérrez Aristizábal, Mauricio Enrique Herrón Higuita y María Patricia Gómez
Mora, válidamente decretados y practicados en la audiencia del 16 de junio de 2021,
sino que además fundamentó su decisión en las declaraciones de Diana Marcela
Arango Tavares, Carlos Mario Palacio y Mónica María Jaramillo, quienes nunca fueron
decretados como testigos ni practicados en el proceso.

Señaló que estas declaraciones inexistentes fueron determinantes para que el tribunal
concluyera la existencia de subordinación laboral y declarara la nulidad del Oficio No.
268-2017, configurándose así un defecto fáctico en su dimensión positiva (valoración
de pruebas inexistentes) y negativa (omisión de las pruebas realmente practicadas).

Invocó en sustento de lo anterior las sentencias T-168 de 2025 y SU-167 de 2024, y
afirmó que el error resultaba palmario y determinante en el sentido de la decisión.

Respecto del procedimental absoluto, adujo que, pese a que el tribunal aplicó
inicialmente las reglas de decreto, práctica y contradicción de pruebas previstas en los
artículos 181 del CPACA y 220 y 221 del CGP, al momento de dictar la providencia se
apartó de la valoración de los testimonios regularmente decretados y practicados para
sustentar su fallo en testimonios ajenos al expediente.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

Señaló que ello desconoció el principio de preclusión procesal consagrado en el artículo
117 del CGP, en la medida en que la introducción de pruebas no practicadas alteró la
secuencia procesal y privó a las partes de la posibilidad de controvertirlas, lo que
constituye una vulneración directa del artículo 29 de la Constitución Política.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El Magistrado Ponente de la primera instancia, por auto del 26 de junio de 20264,
dispuso la admisión de la acción de tutela, la notificación del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Oralidad5 [autoridad accionada] y de la Corporación Nacional
de Trabajo, Salud y Educación Corporal – CORPONAL6, Seguros del Estado S.A.7,
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa8, a los señores Melissa Paola
Romero Vicioso9, Francis Nelly Valencia Henao, Laura Marcela Gutiérrez Aristizabal,
Luz Adriana Higuita Salas, Jhon Alexander Pineda Hernández, Mauricio Enrique
Herron Higuita, María Patricia Gómez Mora, Diana Marcela Arango Tavares, Carlos
Mario Palacio, Mónica María Jaramillo, al Tribunal Administrativo de Antioquia10, Sala
Segunda de Oralidad y al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B11
[terceros interesados].

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad

Remitió el enlace de consulta del expediente del medio de control objeto de debate. No
emitió pronunciamiento alguno sobre lo debatido dentro de la presente acción de tutela.

1.6.2. Melissa Paola Romero Vicioso (tercero con interés)

Precisó que, con independencia de las verificaciones que corresponda hacer al juez
constitucional respecto del contenido de la providencia cuestionada, la ESE HMFS
tenía a su disposición los recursos ordinarios y extraordinarios para poner en
conocimiento del tribunal el supuesto yerro relativo a los testimonios, y que, por
descuido de la propia entidad, el recurso de apelación fue interpuesto de manera
extemporánea y el recurso de queja resultó igualmente rechazado, permitiendo así que
la sentencia adquiriera firmeza.

4
Índice 5 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
5
Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficio No. 119814
del 1 de julio de 2026 y a los correos electrónicos: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co;
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co
6
contacto@corponal.org
7
juridico@segurosdelestado.com; felipe.jimenez@segurosdelestado.com
8
contacto@pgabogados.com; coordinacionintermediarios@solidaria.com.co;
camilo.medina@hotmail.com
9
merovi877@hotmail.com
10
sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co; memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co
11
notifjbedoya@consejodeestado.gov.co; tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co;
notifebecerra@consejodeestado.gov.co; sjaimesv@consejodeestado.gov.co;
javilas@consejodeestado.gov.co; dcogolloj@consejodeestado.gov.co;
ces2secr@consejodeestado.gov.co
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

Señaló que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene naturaleza
subsidiaria y residual, y que no puede utilizarse para suplir la inactividad procesal de
las partes ni para reemplazar los mecanismos ordinarios de corrección de las
decisiones judiciales.

Adicionalmente, argumentó que el eventual error en la identificación de los testimonios
no tiene la entidad suficiente para configurar un defecto fáctico con relevancia
constitucional, pues la sentencia fundamentó la subordinación no solo en dichos
testimonios, sino en un conjunto de pruebas documentales independientes, mallas de
turnos, contratos entre la ESE y Corponal, certificaciones laborales, documentos sobre
organización del servicio, prestación personal e inducción institucional, lo que evidencia
un análisis armónico del acervo probatorio bajo las reglas de la sana crítica.

Afirmó que, aun aceptando la existencia de alguna imprecisión en la motivación, la
parte accionante no demostró que la irregularidad hubiera sido determinante para el
sentido de la decisión, ni que, de excluirse los apartes cuestionados, el resultado del
proceso hubiera sido necesariamente distinto.

Invocó los principios de autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y cosa
juzgada, consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, para
sostener que la intervención del juez constitucional únicamente resulta procedente
cuando la valoración probatoria sea manifiestamente arbitraria, caprichosa o
irrazonable, circunstancia que, a su juicio, no se configuró en el caso concreto.

Concluyó que la pretensión de la ESE HMFS desconoce la naturaleza excepcional y
subsidiaria de la tutela contra providencias judiciales y busca convertirla en una
instancia adicional para reabrir el debate probatorio ya resuelto por el juez natural.

1.6.3. La Corporación Nacional de Trabajo, Salud y Educación - CORPONAL, Seguros
del Estado S.A., la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, los
señores Francis Nelly Valencia Henao, Laura Marcela Gutiérrez Aristizábal, Luz
Adriana Higuita Salas, Jhon Alexander Pineda Hernández, Mauricio Enrique Herrón
Higuita, María Patricia Gómez Mora, Diana Marcela Arango Tavares, Carlos Mario
Palacio, Mónica María Jaramillo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Oralidad y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B pese a ser
vinculados y notificados en debida forma en calidad de terceros con interés no se
pronunciaron sobre los hechos objeto de debate.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, profirió la providencia el 6 de agosto de 2026
en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se acreditó el
requisito de subsidiariedad.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

Lo anterior, por cuanto consideró que los argumentos que presentó la tutelante en la
presente acción son propios del recurso de apelación del cual no hizo uso en su
momento contra la sentencia del tribunal que fue adversa a sus intereses.

Precisó, que la parte actora contaba con otro mecanismo de defensa judicial idóneo
para la protección de los derechos invocados: el recurso de apelación, previsto en el
numeral 1° del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el cual procede contra la sentencia
de primera instancia.

1.8. Impugnación

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el actor presentó escrito en el que
reprochó la anterior sentencia. Lo anterior, por cuanto, la Sección Cuarta aplicó un
criterio formalista y rígido del principio de subsidiariedad al considerar que la tutela no
podía subsanar la extemporaneidad del recurso de apelación, omitiendo la subregla
constitucional que ordena flexibilizar dicho requisito cuando la providencia atacada
padece una vía de hecho grosera, absurda y caprichosa.

Invocó en sustento de lo anterior las sentencias T-168 de 2025 y SU-167 de 2024 de
la Corte Constitucional, así como pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia,
para argumentar que la regla de subsidiariedad cede cuando el error judicial configura
una flagrante transgresión constitucional, aun cuando no se hayan agotado
oportunamente los medios ordinarios de defensa.

En segundo lugar, insistió en que el Tribunal Administrativo de Antioquia fundamentó
la subordinación laboral en los testimonios de Carlos Mario Palacio, Mónica María
Jaramillo y Diana Marcela Arango, personas que jamás fueron decretadas como
testigos ni declararon dentro del proceso, sino que sus dichos pertenecen a
expedientes completamente ajenos.

Afirmó que no se trataba de una discrepancia en la interpretación de las pruebas,
ámbito en el que el juez ordinario es autónomo, sino de la creación ex nihilo de material
probatorio inexistente, constitutivo de un defecto fáctico positivo absoluto.

En tercer lugar, argumentó que el asunto reviste notoria relevancia constitucional, pues
no se trata de reabrir un debate meramente legal o económico, sino de determinar si
puede mantenerse una condena judicial fundada en pruebas ficticias, cuestión que
exige la interpretación y aplicación directa de la Constitución Política ante una
afectación grave, desproporcionada e impostergable de los derechos fundamentales
de la entidad accionante.

Finalmente, alegó la inexistencia de otros medios de defensa judicial idóneos, toda vez
que la vía ordinaria se encontraba agotada al haber sido rechazado el recurso de
apelación y confirmada negativamente la decisión mediante el recurso de queja, y que
el recurso extraordinario de revisión resultaba jurídicamente improcedente, por cuanto
las causales previstas en los artículos 248 y 250 del CPACA exigen una sentencia
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

penal previa que condene a los testigos por falsedad, presupuesto que no se configura
cuando, según afirmó, no hubo testigos que mintieran sino una indebida atribución de
declaraciones ajenas al proceso.

Concluyó que, ante la inexistencia de recurso ordinario o extraordinario idóneo, la
acción de tutela constituye el único mecanismo de cierre para restablecer la
supremacía constitucional.

Con fundamento en lo anterior, solicitó: (i) revocar en su totalidad la sentencia de tutela
de primera instancia; (ii) conceder el amparo definitivo de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la defensa; (iii) dejar sin efectos la sentencia del 29 de agosto de
2025 proferida por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia;
y (iv) ordenar a dicho Tribunal proferir un nuevo fallo ciñéndose al principio de
congruencia y valorando exclusivamente el acervo probatorio legítima y válidamente
practicado en el proceso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado, las intervenciones presentadas y el fallo
de primera instancia corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la
decisión de primera instancia. A efectos de lo anterior, se resolverán los siguientes
problemas jurídicos:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad vulneró los
derechos fundamentales de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez con ocasión de
la sentencia del 29 de agosto de 2025 dictada al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, identificado con radicado 05001-23-33-000-
2017-01676-00?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

providencia judicial; ii) el requisito de subsidiariedad como presupuesto de
procedibilidad y iii) el caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212 unificó
la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su procedencia.14

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que
se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Subsidiariedad

El inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
no procede en los eventos en los que la parte accionante tenga a su alcance otro
mecanismo de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º numeral
1. º establece:

La acción de tutela no procederá:

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.

Conforme lo anterior, se tiene la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que no
puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha establecido el
legislador. Al respecto, la Corte Constitucional15 ha indicado:

La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza la
protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con ocasión
de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional por un
particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del presente fallo,
para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado todos los medios de
defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde principalmente al principio de
subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca impedir su utilización como: (i) una
instancia más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un medio de defensa que
remplace a los otros diseñados por el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un camino para corregir oportunidades
vencidas. En el caso concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo a
la subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los mecanismo
ordinarios dispuestos por la ley penal para hacer valer sus derechos fundamentales, pues
tal y como pudo evidenciarse a partir del material probatorio obrante en el expediente, el
accionante omitió solicitar la nulidad por violación del derecho al debido proceso dentro
del respectivo trámite judicial. El legislador ordinario ha creado múltiples mecanismo entre
ellos la nulidad para evitar la producción de vicios dentro del proceso penal que puedan
atentar en alguna medida en contra del derecho al debido proceso de las personas
involucradas ya sea en la investigación previa, instrucción o juzgamiento, las cuales tiene
la posibilidad de incoarla cuando quiera que vean afectadas sus garantías
constitucionales.

Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos de
defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la idoneidad
del medio y las circunstancias particulares de cada caso.

2.5. Caso concreto

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia por cuanto los reparos
planteados por la parte actora fueron susceptibles de ser ventilados a través de otros
instrumentos judiciales de defensa, sin que se avizore circunstancia alguna que permita
flexibilizar dicho requisito.

En efecto, del análisis del expediente se constata que la ESE HMFS contaba con el
recurso de apelación como mecanismo ordinario, idóneo y eficaz para poner en
conocimiento del superior funcional la inconformidad relativa a la valoración probatoria
efectuada por el a quo.

No obstante, el reparo fue radicado el 18 de septiembre de 2025, un día después del
vencimiento del término legal de diez (10) días previsto en el artículo 247 del CPACA,

15
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-436 de 2009.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

contado a partir de la notificación electrónica de la sentencia surtida el 1° de septiembre
de 2025, conforme a la regla de cómputo del artículo 205 ibídem. Por tal razón, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad mediante auto del 25 de
septiembre de 2025, negó la concesión del recurso por extemporáneo.

Contra dicha decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
queja, argumentando que el término debía contarse desde la fecha en que la
notificación fue reenviada al correo electrónico de su apoderado, y no desde la
notificación surtida a la entidad.

Sin embargo, el tribunal, mediante auto del 10 de noviembre de 2025, no repuso la
decisión, al precisar que las gestiones internas entre la entidad y su apoderado resultan
inoponibles al Despacho para efectos del cómputo de los términos procesales, los
cuales son perentorios e improrrogables en virtud del principio de preclusión
consagrado en el artículo 117 del CGP.

Dicha determinación fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, mediante providencia del 5 de diciembre de 2025, que estimó bien
denegado el recurso de apelación y declaró en firme la decisión del tribunal.

De lo anterior se sigue que la firmeza de la sentencia cuestionada no obedeció a la
inexistencia o ineficacia de los medios ordinarios de defensa judicial, sino a la falta de
diligencia de la propia parte accionante en el ejercicio oportuno del recurso de
apelación.

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que la acción de tutela
contra providencias judiciales tiene un carácter subsidiario y excepcional, y que no
puede convertirse en un mecanismo alterno para revivir oportunidades procesales
precluidas por la inactividad o el descuido de quien invoca el amparo. Admitir lo
contrario implicaría desconocer el carácter perentorio de los términos judiciales y
trasladar al juez constitucional una carga que corresponde, en primer término, a la
diligencia procesal de las partes.

En este orden de ideas, la Sala no encuentra acreditado que la parte actora hubiese
agotado idóneamente los medios ordinarios de defensa judicial, ni que la ineficacia de
dichos medios le sea ajena o no imputable.

Se reitera que, la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir los errores en
los que incurrió la parte actora o su apoderado en el proceso ordinario, pues, la incuria
en el ejercicio de los mecanismos procesales que tiene a su disposición excluye la
posibilidad que la acción tutelar pueda operar.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia impugnada, en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: ESE Hospital Marco Fidel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2026-04914-01

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 2026, en virtud de la cual el
Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la acción de tutela del
asunto.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.