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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04918-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04918-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04918-00 de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04918-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Martín Simón Castro Longo.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
de Decisión.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04918-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El accionante en ejercicio del medio de control de simple nulidad
promovió demanda contra el Distrito Especial Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali con el fin de
que se declarara la nulidad del Decreto Distrital No. 4112.0102.0125 del
8 de marzo de 2024, mediante el cual se establecieron zonas y
perímetros para restringir el consumo de sustancias psicoactivas en el
espacio público, por considerar que vulneraba el derecho al libre
desarrollo de la personalidad y desconocía la Constitución y la
jurisprudencia constitucional, en particular las sentencias C-127 de 2023
y C-253 de 2019.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04918-00

1.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali, mediante
sentencia del 24 de septiembre de 2024 (Rad. 76001-33-33-004-2024-
00048-00), declaró la nulidad de las expresiones “parques” y “durante las
24 horas del día” de los artículos segundo y tercero del Decreto No.
4112.010.20.0125 del 8 de marzo de 2024.

1.3. Inconforme con la decisión anterior la Alcaldía Distrital de Cali
presentó recurso de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
del 27 de febrero de 2026 revocó la sentencia de primera instancia y en
su lugar declaró la legalidad de las expresiones “parques” y “durante las
24 horas del día” de los artículos segundo y tercero del Decreto
demandado, al considerar que “[…] los parques son entornos
estructuralmente infantiles que exigen protección reforzada frente al
consumo de sustancias psicoactivas […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en
desconocimiento del precedente de las sentencias C-127 de 2023, y C-253 de
2019, al considerar que la “[…] línea jurisprudencial de la Corte Constitucional
respecto a las políticas de drogas, el consumo de sustancias psicoactivas y el
libre desarrollo de la personalidad ha buscado históricamente un equilibrio
entre la libertad individual y la protección de derechos colectivos como la
seguridad, la tranquilidad y la salud pública […]”.

Adujo que se incurrió en violación directa de la Constitución, porque la “[…]
Corte Constitucional había dictaminado de manera explícita que una
restricción que no establece circunstancias de limitación en el tiempo (es decir,
una prohibición de 24 horas) y abarca espacios genéricos sin distinción (todos
los parques sin diferenciar su uso real) implica una anulación inconstitucional
del derecho, al no existir un riesgo real, inminente o comprobable de
exposición de la conducta frente a menores de edad […]”.

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3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] REVOCAR la Sentencia del 27 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle - Sala Segunda de Decisión, dentro del
radicado No. 76001-33-33-004-2024-00048-01, y en su lugar, AMPARAR
los derechos fundamentales al (i) debido proceso, (ii) acceso a la
administración de justicia, (iii) libre desarrollo de la personalidad, y (iv)
dignidad humana.

SEGUNDA: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
proferir, una sentencia de reemplazo que acate la ratio decidendi de la
Sentencia C-127 de 2023, y en consecuencia, CONFIRME la sentencia
de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito de Cali.

TERCERA: DECLARAR LA NULIDAD de las expresiones “parques” y
“durante las 24 horas de días” contenida en los numerales segundo y
tercero, respectivamente, del Decreto No. 4112.010.20.0125 del 08 de
marzo de 2024, y de forma SUBSIDIARIA, DECLARAR LA NULIDAD del
Decreto No. 4112.010.20.0125 del 08 de marzo de 2024 en su totalidad.

CUARTA: ORDENAR al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
que EXPIDA un nuevo Decreto que establezca la restricción del consumo
de sustancias psicoactivas en el Municipio de Santiago de Cali, con base
en los principios de proporcionalidad y razonabilidad para las
circunstancias de tiempo, modo, y lugar, según la Sentencia C-127 de
2023 […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 30 de junio de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali y al Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali, en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
solicitó declarar improcedentes las pretensiones de amparo, al considerar que
“[…] lo que plantea el accionante es una interpretación parcial o cercenada del

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precedente constitucional, al pretender que de las sentencias citadas se derive
una regla absoluta según la cual toda restricción en parques o durante las 24
horas resulta inconstitucional, sin atender las circunstancias específicas del
acto administrativo demandado ni la valoración probatoria efectuada por el
juez natural. Esa discrepancia interpretativa no configura defecto por
desconocimiento del precedente ni habilita la intervención del juez
constitucional […]”

Afirmó que las pretensiones evidencian el propósito de obtener una tercera
instancia, pues “[…] se solicita revocar la sentencia del Tribunal, ordenar una
providencia de reemplazo, confirmar la decisión de primera instancia y declarar
la nulidad de las expresiones demandadas del decreto, asuntos propios del
medio de control de nulidad simple y no del escenario excepcional de la tutela
contra providencias judiciales […]”

2. La Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de
Cali solicitó su desvinculación “[…] toda vez que este Organismo no ha
vulnerado ningún derecho fundamental al accionante […]”, y negar la acción
constitucional porque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no ha
negado ningún derecho fundamental al accionante y que la decisión adoptada
está dentro del marco de la legalidad.

Mencionó que la “[…] Corte Constitucional ha señalado que las restricciones a
los derechos fundamentales son constitucionalmente válidas cuando
persiguen un fin imperioso, son idóneas, necesarias y proporcionales. El
Tribunal verificó el cumplimiento de todos estos requisitos respecto del Decreto
Distrital de Cali. […]” y que, la “[…] caracterización de los parques como
espacios estructuralmente asociados a la infancia y la recreación no es un
invento del Tribunal, sino una realidad social, urbanística y constitucional que
se deriva del artículo 44 de la Constitución y de la función social que el
ordenamiento jurídico asigna a estos espacios […]”.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial
de Santiago de Cali solicitó su desvinculación dentro del presente trámite de
tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Secretaría de Seguridad y Justicia
del Distrito Especial de Santiago de Cali tiene un interés directo en la decisión
de la presente acción constitucional, no hay lugar a acceder a la solicitud de
desvinculación formulada por dicha entidad.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
4 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 27 de
febrero de 2026, en el marco del medio de control de simple nulidad con
radicación núm. 76001-33-33-004-2024-00048-00.

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Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que la autoridad accionada aplicó una línea jurisprudencial
referente a las políticas del consumo de sustancias psicoactivas, diferente a la
que el actor considera que debió aplicarse, circunstancia que se traduce en la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual
el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a
la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04918-00

de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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