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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04918-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04918-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 23 de julio de 2026 que declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Negar el amparo solicitado por el señor Martín Simón Castro Longo, por los argumentos expuestos en precedencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04918-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04918-01
Accionante: Martín Simón Castro Longo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de
Decisión

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de un proceso de
nulidad

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia para, en su lugar, negar el
amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 23 de julio de
2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Martín Simón Castro Longo en ejercicio del medio de control de nulidad
presentó una demanda contra el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali con el propósito de que se declarara
la nulidad del del Decreto 4112.0102.0125 del 8 de marzo de 2024, mediante el cual
se establecieron zonas y perímetros para restringir el consumo de sustancias
psicoactivas en el espacio público, particularmente, las expresiones «parques» y
«durante las 24 horas del día».

3. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2024 resolvió
acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de
las expresiones «parques» y «durante las 24 horas del día».

4. Al respecto señaló que dichas expresiones se encontraban viciadas de nulidad por
evidente infracción de la norma en que debía fundarse, particularmente en los
artículos 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional contenido en la sentencia C-127 de 2023.

5. En sede apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de

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Accionante: Martín Simón Castro Longo

sentencia del 27 de febrero de 2026 revocó la decisión, al considerar que las
expresiones «parques» y «durante las 24 horas del día», debieron analizarse a la luz
de los parámetros contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional C-127 de
2023, la cual determinó la constitucionalidad de la Ley 1801 de 2016, fundamento
del Decreto, artículo 140 numerales 13 y 14, disposiciones distintas a las analizadas
en la sentencia C-253 de 2019, las cuales, si bien tenían relación, según la misma
Corte, no existió cosa juzgada.

6. En ese sentido, precisó que la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas,
incluidas la de dosis personal, en el lugar y durante el lapso establecido en el Decreto
estaba conforme al ordenamiento jurídico, toda vez que protegía el principio pro
infans como criterio decisorio prevalente ante la tensión existente entre el derecho al
libre desarrollo de la personalidad, persiguiendo un fin constitucionalmente
imperioso, constituyendo una medida idónea, necesaria y proporcional en sentido
estricto, para garantizar entornos públicos seguros a los niños, niñas y adolescentes
de Cali, habida cuenta de que la medida no constituía una prohibición absoluta sino
una restricción territorialmente delimitada, debidamente justificada en evidencia
empírica local.

2.2. Fundamento jurídico

7. Laparte actora sostuvo que el Tribunal incurrió en un desconocimiento de
precedente, al declarar la legalidad de las expresiones «parques» y «durante las 24
horas del día», toda vez que se apartó de la ratio decidendi de la Corte Constitucional
en su sentencia C 127 de 2023.

8. Sobre el particular, indicó que la autoridad judicial accionada «omitió el mandato
constitucional que proscribe las restricciones que carecen de una estricta
delimitación de tiempo, modo y lugar, alterando la concepción jurídica de los parques
al catalogarlos infundadamente como espacios "estructuralmente infantiles" de forma
ininterrumpida».

9. Asimismo, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en una violación
directa de la Constitución, al avalar una medida que resulta en una limitación
desproporcionada e irrazonable frente al núcleo esencial de los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERA: REVOCAR la Sentencia del 27 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle - Sala Segunda de Decisión, dentro del radicado No.
76001-33-33-004-2024-00048-01, y en su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al (i) debido proceso, (ii) acceso a la administración de justicia, (iii)
libre desarrollo de la personalidad, y (iv) dignidad humana.

SEGUNDA: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir, una
sentencia de reemplazo que acate la ratio decidendi de la Sentencia C-127 de 2023,
y en consecuencia, CONFIRME la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali.

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TERCERA: DECLARAR LA NULIDAD de las expresiones “parques” y “durante las 24
horas de días” contenida en los numerales segundo y tercero, respectivamente, del
Decreto No. 4112.010.20.0125 del 08 de marzo de 2024, y de forma SUBSIDIARIA,
DECLARAR LA NULIDAD del Decreto No. 4112.010.20.0125 del 08 de marzo de
2024 en su totalidad.

CUARTA: ORDENAR al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI que EXPIDA
un nuevo Decreto que establezca la restricción del consumo de sustancias
psicoactivas en el Municipio de Santiago de Cali, con base en los principios de
proporcionalidad y razonabilidad para las circunstancias de tiempo, modo, y lugar,
según la Sentencia C-127 de 2023. (…)»

2.4. Intervenciones

11. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante auto del 30 de junio de 2026 a través del cual se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como accionado y al Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali y al Distrito Especial Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali como terceros con
interés en el resultado del proceso.

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional,
en tanto, lo que pretendía la parte actora es una instancia adicional para obtener una
decisión favorable a sus intereses.

13. La Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de
Cali pidió negar el amparo porque no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados en protección, en la medida que la decisión adoptada por el Tribunal fue
proferida dentro del marco de legalidad, pues realizó un juicio de proporcionalidad,
razonado y debidamente motivado, a la luz de los parámetros establecidos en la
Sentencia C-127 de 2023. Asimismo, requirió la desvinculación del presente trámite.

2.5. Sentencia impugnada

14. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante providencia del 23 de julio
de 2026 resolvió negar la solicitud de desvinculación promovida por la Secretaría de
Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali y declarar improcedente
la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.

15. Señaló que, la argumentación planteada por la parte actora estaba asociada a
que la autoridad accionada aplicó una línea jurisprudencial referente a las políticas
del consumo de sustancias psicoactivas, diferente a la que consideraba que debió
aplicarse, lo que, en su criterio, constituía una reapertura de un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural de la causa.

16. Por tanto, concluyó que los argumentos de la demanda más que develar la
existencia de una cuestión que sea de relevancia constitucional que conlleve una
transgresión a los derechos fundamentales, lo que demostraba era una
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.

2.6. Impugnación

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17. La parte actora después de insistir en los argumentos de la demanda indicó que
el presunto asunto reviste de relevancia constitucional, en la medida que, lo que se
discute es una violación directa a la Constitución y desconocimiento de precedente.

18. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la decisión impugnada y, en
consecuencia, amparar los derechos invocados en protección.

III CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, corresponde determinar si el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia del 27 de febrero de 2026,
incurrió en un desconocimiento de precedente y violación directa a la Constitución.

21. Ahora, previo a resolver el problema jurídico planteado la Sala procederá a
establecer si en el presente asunto se cumple con el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional, toda vez que no se encontró acreditado
en la decisión impugnada.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de

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sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, contrario a lo sostenido
en la providencia impugnada, la Sala concluye que el presente asunto cumple con
dicho requisito, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental al derecho al libre desarrollo de la personalidad, como consecuencia
del desconocimiento de precedente y violación directa a la Constitución.

26. Al respecto, la Sala observa que la parte actora argumenta razonablemente que
la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento de precedente de la Corte
Constitucional contenido en la sentencia C 127 de 2023 y en una violación directa,
al avalar una medida que resulta en una limitación desproporcionada e irrazonable
frente al núcleo esencial de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad y a la dignidad humana.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no han transcurrido más de 6
meses desde que profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, lo cual ocurrió
el 14 de mayo de 2026 y la interposición de la acción de tutela se presentó el 21 de
mayo de la presente anualidad.

3.4.1.4 En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

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27. Por lo anterior, la Sala procederá a revocar la decisión de primera instancia para,
en su lugar, resolver el fondo de la controversia.

3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

28. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18961, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

29. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

2
30. Respecto del precedente vertical , la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

31. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso3.

32. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación4.

33. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.6. El defecto de violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

34. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

1 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
2 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
3 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
4 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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«[…] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos
fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce
cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto;
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a
la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados superiores,
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.

35. Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el derecho al
debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que también desconocen la
supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto
se apartan de sus mandatos con base en argumentos infraconstitucionales. A este
respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados5.»

3.7. Análisis del presunto desconocimiento de precedente y violación directa a
la Constitución

36. Laparte actora sostiene que el Tribunal incurrió en un desconocimiento de
precedente, al declarar la legalidad de las expresiones «parques» y «durante las 24
horas del día», toda vez que se apartó de la ratio decidendi de la Corte Constitucional
en su sentencia C 127 de 2023.

37. Asimismo, alega que la autoridad judicial accionada incurrió en una violación
directa de la Constitución, al avalar una medida que resulta en una limitación
desproporcionada e irrazonable frente al núcleo esencial de los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.

38. Sobre el particular, se tiene que la autoridad judicial en la providencia cuestionada
consideró:

«La parte actora en la demanda de nulidad pretende la modificación de las expresiones
“parques” contenida en el artículo segundo y “durante las 24 horas del día”
contenida en el artículo tercero del Decreto No. 4112.010.20.0125 del 8 de marzo de
2024 expedido por el Distrito de Santiago de Cali “POR EL CUAL SE ESTABLECEN
LAS ZONAS Y EL PERIMETRO PARA LA RESTRICCIÓN DEL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LUGARES PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (…).
(…)
Lo primero que hay que señalar es que se está frente a un caso difícil por la
complejidad de los principios en juego, por un lado, el ejercicio del libre desarrollo de
la personalidad de las personas que por circunstancias consumen, la dosis personal y
se les prohíbe realizarla en lugares públicos y por el otro, los derechos de los niños,
niñas y adolescentes para que no presencien dichas conductas en lugares diseñados
para su recreación como son los parques de la ciudad, lo que constituye una
controversia donde las reglas existentes no ofrecerían una solución concluyente, por
lo que se debe recurrir a principios, lo que implica una deliberación profunda sobre los
hechos y los valores subyacentes del sistema jurídico, debiéndose ejercer una labor
interpretativa, en la cual los valores morales de la comunidad (igualdad, la libertad,
seguridad y dignidad) se vuelven indispensables para fundamentar la decisión.

5 Corte Constitucional, sentencia T – 587 de 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto

Rojas Ríos.

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(…)
Al respecto se tiene que, el decreto demandado en sus consideraciones estableció que
la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal en
parques, en el área de 200 metros circundantes a la zona de restricción durante las 24
horas del día, se observa que la finalidad es garantizar entornos seguros para los NNA,
para evitar la exposición de menores al consumo, reducir el riesgo y proteger la salud,
desarrollo integral y seguridad infantil; así las cosas y siguiendo la misma línea de la
sentencia C-127 de 2023: “La disposición acusada persigue un fin imperioso (…) la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.”, de conformidad con
el artículo 44 de la CP.
(…)
Como se expuso, las cifras mostradas por el Distrito Especial de Santiago de Cali
denotan un indicio latente de que el consumo se presenta en todas las franjas horarias
y si bien no existe una certeza científica sobre el impacto real, lo cierto es que ante la
duda debe imponerse los postulados superiores y sobre todo generar entornos
públicos seguros (…).
(…)
Así las cosas, considerar un horario parcial en los parques podría dejar zonas de riesgo
activas y la protección se volvería intermitente desconociendo que en la noche el
parque no pierde su connotación de un espacio estructuralmente infantil, además se
protege la configuración ambiental del espacio; no se trata de una prohibición simbólica
o abstracta, sino de una respuesta a una problemática real y persistente demostrada
en el territorio, así mismo, el decreto no impide una regulación futura por franjas, se
basa en evidencia territorial y no puede perderse de vista que, en las sentencias que
se acusan como vulneradas se analizaba una ley nacional mientras que en este caso
se analiza una medida territorial determinada y sustentada en datos locales.

En efecto, la protección no se fundamenta exclusivamente en la concurrencia física
simultánea de menores de edad en cada franja horaria, sino en la naturaleza funcional
del parque como entorno estructuralmente infantil y familiar, no puede perderse de
vista que, la exposición al consumo no se agota en el acto visible inmediato, sino que
puede materializarse mediante efectos indirectos y acumulativos tales como la
disposición inadecuada de residuos, la normalización del consumo en espacios de
recreación y la generación de dinámicas asociadas a la comercialización, riesgos que
no desaparecen con la simple variación horaria. En tal sentido, el criterio
espaciotemporal no puede analizarse de forma aislada del riesgo estructural que el
fenómeno representa para dichos entornos.
(…)
Analizado el Decreto demandado, se evidencia que, al prevalecer la protección de los
menores no se prohíbe de forma absoluta el primero, hasta el punto de hacerlo
nugatorio, ya que no se impide el consumo en la dosis permitida por el derecho en
todo entorno de la ciudad, y en el parque, solo lo restringe, en la zona delimitada por
lo que el consumidor de dosis personal conserva espacios alternativos; es decir, la
restricción no elimina el derecho al consumo de la dosis personal en los parques, sino
que lo reubica territorialmente a 200 metros de un perímetro, en espacios distintos a
aquellos estructuralmente destinados a la infancia y por tanto el núcleo esencial del
derecho permanece incólume; así mismo, el artículo 44 de la CP estableció que
cuando se enfrentan derecho de menores con otros derechos fundamentales debe
prevalecer el interés superior del menor; por otra parte la afectación al derecho al libre
desarrollo de la personalidad, no es absoluta ya que está territorialmente delimitada,
la finalidad es justificada ya que va dirigida a la protección reforzada de los NNA.
(…)
Por lo anterior, resulta claro que, la demanda parte de una interpretación parcial del
precedente constitucional, como es que “parques” es una categoría genérica, porque
la Corte declaró inconstitucional el uso amplio del término, mientras en la sentencia C-
127 de 2023, el Alto Tribunal fue enfático en señalar que ese término no era
inconstitucional en sí mismo, lo que declaró fue la falta de criterios, la ausencia de
delimitación y la inexistencia de modo, tiempo y lugar; sin embargo en esa misma
sentencia se afirmó que la prohibición absoluta de consumo de sustancias
psicoactivas, incluso para la dosis personal, en parques es idónea para proteger los
derechos de los NNA y ello es así pues como se ha reiterado en esta sentencia, los
parques son escenarios asociados con los menores y configuran entornos de riesgo
prohibidos.
(…)

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Por otra parte, se observa que, el demandante si bien legitima su posición, confunde
la diferencia entre control abstracto y regulación territorial, ya que en las sentencias
que se acusan como vulneradas se analizó una norma legal general y en este caso
estamos frente a un acto administrativo si bien general con efectos particulares y
territorial, que opera dentro del marco del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 ; así
mismo, la cuestión planteada de que parque no es indeterminado, no tiene vocación
de prosperidad ya que están definidos en el POT, están cartográficamente delimitados
y son identificables desde el punto de vista urbanístico, por lo que es una categoría
urbanística objetiva que el decreto asume en una área de restricción no absoluta.
(…)
Esta Sala a diferencia del juez, avala la legalidad del decreto, no obstante, por principio
de trasparencia debe señalar que al analizar la sentencia de primera instancia, en la
órbita de la impugnación encuentra la Sala que el juez partió también de una
interpretación integrada a la sentencia de la Corte Constitucional C-253 de 2019, la
cual prohibió toda restricción amplia de los derechos de los consumidores en la
modalidad de la dosis personal, pero lo primero que debe señalarse que tal sentencia
indica que no es correcto “establecer una prohibición general de carácter policivo,
sometida a medidas correctivas” sin embargo, olvida que la misma sentencia señaló
por vía de aclaración que “que no es un medio que por principio esté excluido del orden
jurídico vigente”.
(…)
Si bien, aplicó lo que interpretó de la sentencia de la Corte Constitucional C-127 de
2023, sin embargo, no reparó en que esta sentencia analizó en concreto las normas
legales fundamento del Decreto demandado como son el artículo 140.13 y 14 de dicha
Ley 1801 de 2016, sentencia que por otra parte, no declaró inconstitucional la
protección de parques, lo que señaló como inconstitucional fue la ausencia de criterios,
la falta de delimitación y la prohibición absoluta sin condiciones, debiéndose resaltar
que la Corte señaló inclusive que “La prohibición absoluta de consumo de sustancias
psicoactivas, aun de la dosis personal, en parques, es idónea para proteger los
derechos de los niños que concurren a dichos espacios”, reconociendo expresamente
la idoneidad, la finalidad constitucional imperiosa y la protección de entornos seguros,
por ello, en estos casos se debe realizar un juicio estricto ex post, para ello se debe
analizar la intensidad del juicio de razonabilidad, proporcionalidad en sentido estricto
y evaluar en últimas si el fin, idoneidad, necesidad y proporcionalidad se cumplen en
concreto y no solo meramente conceptual.
(…)
Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y se declarará la legalidad
de las expresiones “parques” contenida en el artículo segundo y “durante las 24
horas del día” contenida en el artículo tercero del Decreto No. 4112.010.20.0125 del
8 de marzo de 2024 expedido por el Distrito de Cali “POR EL CUAL SE ESTABLECEN
LAS ZONAS Y EL PERIMETRO PARA LA RESTRICCIÓN DEL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LUGARES PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”por las razones
expuestas.
(…)»

39. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que no se configura el
desconocimiento de precedente, en la medida que el Tribunal en la decisión que se
pretende infirmar a través del presente mecanismo constitucional identificó
expresamente el contenido de sentencia de la Corte Constitucional C 127 de 2023,
especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, la posibilidad de restringir el consumo de sustancias psicoactivas en
los parques y la necesidad de que dichas medidas atiendan criterios de razonabilidad
y proporcionalidad.

40. Así las cosas, la Sala no observa que el Tribunal haya entendido que la Sentencia
C-127 de 2023 autorizó de manera absoluta cualquier prohibición del consumo de
sustancias psicoactivas en parques, en la medida que reconoció expresamente que
la Corte Constitucional había cuestionado aquellas regulaciones que carecieran de
delimitaciones y criterios suficientes, razón por la cual procedió a examinar, en el
caso concreto, si las expresiones demandadas del acto administrativo territorial

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satisfacían tales exigencias.

41. En ese ejercicio, la autoridad judicial accionada no se limitó a invocar de manera
abstracta la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que
expuso las razones por las cuales consideró que la restricción espacial y temporal
prevista en el decreto resultaba constitucionalmente admisible.

42. A partir de lo anterior, destacó que los parques constituyen espacios destinados
a la recreación y convivencia familiar, que la problemática del consumo se
presentaba en distintas franjas horarias y que los riesgos asociados a dicha conducta
no se agotaban en la presencia simultánea de menores al momento del consumo,
sino que podían proyectarse sobre el entorno y generar efectos indirectos y
acumulativos.

43. En efecto, el Tribunal concluyó que la medida no suponía la supresión absoluta
de la posibilidad de consumir la dosis personal, puesto que se encontraba
circunscrita a determinados espacios públicos y a un perímetro concreto, de modo
que el ejercicio de dicha conducta no quedaba proscrito en la totalidad del territorio
distrital.

44. Así la cosas, para la Sala la discusión que propone el accionante se circunscribe,
en esencia, a controvertir la forma en que el Tribunal realizó el juicio de razonabilidad
y proporcionalidad de la medida. No obstante, esa sola discrepancia argumentativa
no constituye desconocimiento de precedente, máxime cuando la providencia
censurada contiene un desarrollo explícito sobre la finalidad constitucional
perseguida, la naturaleza del espacio objeto de restricción, la intensidad de la
afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad y la existencia de ámbitos
territoriales alternativos para el ejercicio de la conducta.

45. En este contexto, la Sala no encuentra configurado el desconocimiento del
precedente alegado, pues la autoridad judicial accionada conoció y aplicó la
Sentencia C-127 de 2023, delimitó su alcance y explicó las razones por las cuales
consideró que los supuestos analizados en dicha providencia no impedían validar,
bajo las particularidades del caso concreto, la regulación territorial cuestionada.

46. Por lo tanto, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de derechos
fundamentales.

47. Ahora, lo mismo ocurre respecto de la violación directa de la Constitución, aunque
el accionante afirmó que la decisión cuestionada desconoció los derechos al libre
desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, al considerar legítima una
restricción que opera durante las 24 horas del día, lo cierto es que el Tribunal sí tuvo
en cuenta dichos derechos y explicó por qué, en el caso concreto, consideraba
constitucionalmente admisible una afectación limitada de su ejercicio, para lo cual
atendió la especial protección constitucional de los niños, niñas y adolescentes.

48. En ese orden de ideas, aunque el accionante considera que una regulación por
franjas horarias habría satisfecho de mejor manera el juicio de proporcionalidad, tal
afirmación no demuestra la existencia de un defecto constitucional en la providencia,

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en la medida que la autoridad judicial contempló esa posibilidad y explicó por qué,
para las circunstancias particulares acreditadas en el expediente, estimó que una
protección limitada a determinadas horas podía resultar insuficiente, al dejar activas
zonas de riesgo durante otras franjas del día.

49. Así las cosas, la inconformidad planteada se dirige realmente contra el resultado
del juicio de legalidad y de ponderación realizado por el Tribunal, y no contra la
ausencia de un análisis constitucional, lo que excede el ámbito excepcional de la
acción de tutela contra providencia judicial.

50. Lo anterior, permite inferir que en el presente asunto no se configura una violación
directa de la Constitución, dado que la decisión cuestionada no evidencia una
oposición manifiesta a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la
dignidad humana, sino una interpretación constitucional de los mismos en conjunto
con el mandato de protección prevalente de los niños, niñas y adolescentes.

51. En consecuencia, al no demostrarse que la providencia censurada haya
desconocido una regla jurisprudencial vinculante ni un mandato constitucional de
manera directa, y al advertirse que los cuestionamientos del accionante se
encaminan a reabrir un debate propio del proceso ordinario respecto de la legalidad
y proporcionalidad del acto administrativo, la Sala negará el amparo solicitado por
estos cargos.

52. Así las cosas, no se configuró la violación directa de la Constitución como lo alega
la parte actora, pues, la decisión judicial se encuentra motivada y, fue proferida
en respeto a los principios constitucionales.

53. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión reprochada adolece de
algún defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la
finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

54. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez6, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

55. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a negar
el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

6 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo

Schlesinger.

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FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 23 de julio de 2026 que declaró improcedente la
acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Negar el amparo solicitado por el señor Martín Simón Castro Longo, por
los argumentos expuestos en precedencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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