Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04923-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04923-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04923-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04923-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera -
Subsección A, y el Consejo de Estado, Sección Tercera -
Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Derecho a la prueba. Negativa
de decreto de prueba por informe y de dictámenes periciales.
Defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto
sustantivo y violación directa de la Constitución.
Decisión: Declara improcedente y niega el amparo.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Santiago Oil Company contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 25 de junio de 2026, Santiago Oil Company, por intermedio de apoderado
judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección A, y el Consejo de Estado, Sección
Tercera – Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión
de las providencias mediante las cuales se negó el decreto de una prueba por
informe y de dos dictámenes periciales solicitados dentro de un proceso de
controversias contractuales.
2. Como mecanismo de amparo constitucional a los derechos fundamentales
invocados, solicitó dejar sin efectos el auto del 29 de enero de 2026, proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como el auto confirmatorio del 20
de mayo de 2026 proferido por el Consejo de Estado, todos dentro del proceso de
controversias contractuales con radicado 25000-23-36-000-2018-01149-00/01/021.
En su lugar, solicitó ordenar al Tribunal que profiera una nueva providencia en la
que, con fundamento en la aplicación del artículo 227 del Código General del
Proceso, decrete los dictámenes periciales, conceda a la parte actora un término
razonable para aportarlos y decrete la prueba por informe.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, señaló que, ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección A, cursa
el proceso de controversias contractuales identificado con radicado 25000-23-36-
1 Demandante: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. (TGI).
Demandado: Equión Energía Limited. Litisconsorte necesario por pasiva: (i) Ecopetrol S.A.; (ii) Emerald Energy
PLC – Sucursal Colombia y (iii) Santiago Oil Company.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
000-2018-01149-00, promovido por Transportadora de Gas Internacional S.A.
E.S.P. (TGI), en el cual se debate el cumplimiento del Acuerdo Operativo de Balance
(AOB) y un presunto desbalance de gas.
4. Mediante auto del 8 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dispuso la vinculación de Santiago Oil Company al proceso en
calidad de litisconsorte necesario por pasiva. Dicha decisión fue objeto de recurso
de reposición que fue resuelto mediante providencia del 27 de noviembre de 2024.
5. Las sociedades Equion Energía Limited y Santiago Oil Company solicitaron
corregir y adicionar la providencia del 27 de noviembre de 20242. A causa de esa
solicitud, mediante auto del 3 de abril de 2025, notificada el 7 de abril de 2025, el
Tribunal tuvo por contestada oportunamente la demanda por las sociedades 1)
Ecopetrol S.A.; 2) Emerald Energy PLC-Sucursal Colombia; y 3) Santiago Oil
Company.
6. La sociedad actora sostuvo que presentó la contestación de la demanda el 3
de febrero de 20253 cuando aún no se había resuelto la solicitud de adición y
corrección interpuesta contra el auto que ordenó su vinculación al proceso y, por
tanto, antes de que comenzara a correr el término de traslado. Agregó que en el
aludido acto procesal solicitó y anunció, entre otros medios de prueba, el decreto y
práctica de una prueba por informe, así como dos dictámenes periciales, uno
principal y otro de contradicción frente al dictamen aportado por la parte
demandante, para cuya elaboración y aporte pidió la concesión de un término no
inferior a 3 meses para aportar la prueba, con fundamento en el artículo 227 del
Código General del Proceso.
7. En ese contexto, afirmó que, pese a que el Tribunal, al resolver la solicitud de
adición y corrección tuvo por contestada la demanda oportunamente, no se
pronunció sobre la solicitud relacionada con el término requerido para la elaboración
y posterior aporte de los dictámenes periciales.
8. De igual forma, señaló que, a partir de dicha providencia, con la cual quedó
en firme su vinculación al proceso, comenzó a correr el término de traslado de la
demanda y que el Tribunal no se pronunció sobre la solicitud de conceder el término
adicional previsto en el artículo 227 del Código General del Proceso para aportar
los dictámenes periciales anunciados en la contestación de la demanda.
9. Adujo que durante el trámite del proceso ordinario adelantó actuaciones
dirigidas a obtener la información necesaria para la elaboración de los dictámenes
periciales. Con ese propósito, el 5 de mayo de 2025 radicó un derecho de petición
ante TGI sin que se le remitiera la totalidad de los insumos requeridos.
2 Se argumentó que el despacho omitió pronunciarse sobre la renuncia al poder presentada por el abogado
Juan Manuel Garrido y el reconocimiento de personería de su nuevo apoderado. Asimismo, solicitó la
incorporación de las direcciones de correo electrónico de la firma Tobar Romero Abogados para efectos de
notificación y la exclusión de las direcciones de notificación correspondientes al apoderado anterior.
3 Notificada el 7 de febrero de 2025.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
10. En audiencia inicial celebrada los días 27 y 29 de enero de 2026, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó el decreto de la prueba por informe y de los
dictámenes periciales solicitados por Santiago Oil Company. Respecto de estos
últimos, consideró que el numeral 5 del artículo 175 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contiene una regulación especial
sobre la oportunidad para aportar dictámenes periciales, razón por la cual estimó
improcedente acudir al artículo 227 del Código General del Proceso. En relación
con la prueba por informe, concluyó que el artículo 275 del Código General del
Proceso únicamente autoriza su decreto respecto de terceros ajenos al proceso.
11. Contra esa decisión, la parte interesada interpuso los recursos de reposición
y, en subsidio, apelación. El Tribunal no repuso la decisión y concedió la alzada, lo
que llevó al Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, mediante auto de
20 de mayo de 2026, a resolverla en el sentido de confirmar en su integridad la
providencia recurrida.
12. Como fundamento de la presunta vulneración señaló que las
providencias cuestionadas incurrieron en defectos procedimental absoluto,
sustantivo y fáctico, así como en violación directa de la Constitución, al negar el
decreto de los medios de prueba solicitados. Afirmó que dicha decisión restringió
injustificadamente su derecho a la prueba, afectó la igualdad de armas frente a la
parte demandante y comprometió el ejercicio de su derecho de defensa dentro del
proceso ordinario.
13. En relación con el defecto procedimental absoluto, afirmó que las
autoridades judiciales accionadas aplicaron un procedimiento distinto al legalmente
establecido al resolver la solicitud relacionada con los dictámenes periciales
anunciados en la contestación de la demanda. Sostuvo que las referidas decisiones
desconocieron el régimen normativo previsto para la prueba pericial en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
particularmente la remisión contenida en el artículo 218 de dicho estatuto al Código
General del Proceso (CGP), circunstancia que, en su criterio, condujo a la pérdida
definitiva de un medio probatorio determinante para el ejercicio de su derecho de
defensa.
14. Explicó que, con ocasión de la modificación introducida por la Ley 2080 de
2021, el artículo 218 del CPACA dispone que la prueba pericial se rige por las
normas de ese código y, en lo no previsto, por las disposiciones del CGP. A partir
de ello sustentó que dicha remisión tiene carácter obligatorio y no facultativo, de
manera que, cuando el CPACA no regula un aspecto específico del dictamen
pericial, el juez debe acudir necesariamente al régimen previsto en el CGP.
15. En ese sentido, manifestó que el CPACA únicamente regula la conducta
consistente en aportar el dictamen pericial dentro de las oportunidades probatorias
previstas en el numeral 5 del artículo 175, pero no contempla la posibilidad de
anunciar su elaboración cuando el tiempo disponible resulte insuficiente para
producirlo. Afirmó que se trata de dos instituciones procesales diferentes, con
presupuestos y finalidades distintas, razón por la cual consideró que el
ordenamiento presenta un vacío respecto del anuncio del dictamen pericial, el cual
debía integrarse mediante la aplicación del artículo 227 del CGP, disposición que
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
regula expresamente esa situación y autoriza al juez para conceder un término
adicional destinado a su elaboración y posterior aporte. Desde esa perspectiva,
sostuvo que las autoridades judiciales accionadas omitieron aplicar el procedimiento
legalmente previsto para suplir dicho vacío normativo y, en su lugar, acudieron a un
trámite diferente al establecido por el legislador.
16. Agregó que las providencias cuestionadas, además de desconocer la
remisión normativa prevista en el artículo 218 del CPACA, realizaron una
interpretación incompatible con la finalidad del numeral 5 del artículo 175 del mismo
estatuto. Señaló que dicha disposición no regula la concesión de un término para
aportar el dictamen pericial, sino la posibilidad de ampliar el término para contestar
la demanda. En su criterio, las autoridades judiciales confundieron ambas
instituciones y terminaron atribuyendo a esa norma un alcance que no tiene.
17. Precisó que esa interpretación conduce a una consecuencia procesal
irrazonable, pues, para el momento en que solicitó la aplicación del artículo 227 del
CGP, dicha compañía ya había presentado oportunamente la contestación de la
demanda. Por ello, sostuvo que carecía de sentido exigirle acudir al mecanismo
previsto en el numeral 5 del artículo 175 del CPACA para ampliar un término
procesal que ya había sido agotado. A su juicio, esa circunstancia evidencia que
dicha disposición regula exclusivamente la ampliación del plazo para contestar la
demanda y no la situación del accionante.
18. En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que en los autos cuestionados se
realizó una interpretación irrazonable del régimen probatorio previsto, al imponerle
una carga procesal de imposible cumplimiento para obtener el decreto de los
dictámenes periciales anunciados en la contestación de la demanda.
19. Explicó que las autoridades judiciales le exigieron aportar, dentro del
término previsto para la contestación de la demanda, los dictámenes periciales
anunciados, pese a que la información técnica indispensable para su elaboración
no se encontraba bajo su control, sino que reposaba principalmente en poder de
TGI, demandante dentro del proceso ordinario.
20. Señaló que dicha imposibilidad no era meramente hipotética. Indicó que el
perito designado por Santiago Oil Company, durante el término de traslado de la
demanda, presentó una petición dirigida a TGI con el propósito de obtener la
información necesaria para la elaboración de los dictámenes periciales. Sin
embargo, sostuvo que la empresa respondió de manera tardía y negó el suministro
de información que calificó como esencial para el desarrollo de la experticia,
particularmente aquella relacionada con el recibo y entrega de gas, los resultados
del Acuerdo Operativo de Balance (AOB), las cuentas de balance y las
reclamaciones formuladas entre las partes.
21. Con fundamento en lo anterior, manifestó que las autoridades judiciales
desconocieron el artículo 227 del Código General del Proceso, disposición que, en
su criterio, faculta al juez para adoptar las medidas necesarias y efectuar los
requerimientos pertinentes a las partes o a terceros cuando ello resulte
indispensable para la práctica del dictamen pericial. Afirmó que, pese a conocer las
dificultades que enfrentaba para acceder a la información requerida, el Tribunal no
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
desplegó actuación alguna encaminada a obtener su suministro y, por el contrario,
negó el decreto de la prueba con fundamento en la imposibilidad de aportarla dentro
del término inicialmente previsto.
22. Agregó que tales circunstancias fueron puestas en conocimiento del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante la audiencia inicial, oportunidad
en la que explicó las razones por las cuales no había sido posible elaborar los
dictámenes anunciados y reiteró la necesidad de contar con la información que
permanecía en poder de TGI. Sostuvo, además, que los mismos argumentos fueron
expuestos al Consejo de Estado al sustentar el recurso de apelación, sin que
ninguna de las autoridades judiciales hubiera efectuado un análisis material de esa
situación al momento de resolver la controversia probatoria.
23. En ese contexto, concluyó que las providencias accionadas realizaron una
interpretación de las normas que regulan la prueba pericial que, en la práctica, lo
obligaba a cumplir una carga imposible de satisfacer. A su juicio, la exigencia de
aportar oportunamente los dictámenes, sin garantizar previamente el acceso a la
información indispensable para su elaboración ni hacer uso de las facultades
previstas en el artículo 227 del Código General del Proceso para obtenerla,
desconoce el derecho a la prueba y vacía de contenido las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa.
24. Respecto al defecto fáctico, puso de presente que el Consejo de Estado
incurrió en un error de apreciación probatoria al afirmar que no acreditó haber
adelantado actuaciones dirigidas a obtener la información necesaria para la
elaboración de los dictámenes periciales mediante el ejercicio del derecho de
petición.
25. Señaló que dicha afirmación desconoce las pruebas obrantes en el
expediente, pues aseguró que el 5 de mayo de 2025 el perito designado por
Santiago Oil Company presentó una petición ante TGI solicitando la información
requerida para elaborar los dictámenes periciales, petición que fue respondida el 11
de junio siguiente. Precisó que esa circunstancia fue expuesta por su apoderado
durante la audiencia inicial al sustentar los recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación interpuestos contra la decisión que negó el decreto de las pruebas.
26. Agregó que, con el propósito de acreditar documentalmente esas
actuaciones, el 10 de febrero de 2026 allegó al expediente copia de la petición y de
su respuesta. No obstante, afirmó que el Consejo de Estado rechazó dicho memorial
al considerar que su finalidad consistía en complementar la sustentación del recurso
de apelación, pese a que los hechos y argumentos allí contenidos ya habían sido
puestos de presente desde la audiencia inicial.
27. A partir de lo anterior, manifestó que el Consejo de Estado incurrió en una
contradicción, pues, por una parte, decidió no valorar la documentación aportada y,
por otra, fundamentó su decisión en la supuesta falta de acreditación de las
gestiones adelantadas para obtener la información requerida para la elaboración de
los dictámenes periciales. En su criterio, esa circunstancia configura un defecto
fáctico en su dimensión negativa, al dar por no demostrado un hecho que se
encontraba acreditado dentro de la actuación.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
28. Por otro lado, afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en
violación directa de la Constitución al desconocer los principios de igualdad de
armas e igualdad ante la ley consagrados en los artículos 29 y 13 de la Constitución
Política.
29. En primer lugar, sostuvo que la interpretación acogida por las autoridades
judiciales generó una situación de desigualdad procesal entre las partes. Explicó
que, mientras TGI contó con la totalidad del término de caducidad de la acción para
preparar y aportar el dictamen pericial con la presentación de la demanda, a
Santiago Oil Company se le exigió elaborar y aportar un dictamen técnico de similar
complejidad dentro del término previsto para la contestación de la demanda, sin
disponer de la información necesaria para su elaboración, la cual, según afirma, se
encontraba principalmente en poder de la parte demandante.
30. A partir de ello, señaló que la interpretación de las autoridades judiciales
consolidó una ventaja probatoria estructural en favor de TGI, pues impuso a la parte
demandada una carga procesal que no consultaba las condiciones reales para la
elaboración del dictamen pericial. Agregó que, aun aceptando la posibilidad de
ampliar el término para contestar la demanda hasta por treinta (30) días adicionales,
dicho plazo resultaba insuficiente para elaborar la experticia anunciada,
circunstancia que, en su criterio, evidencia la falta de proporcionalidad y
razonabilidad de la interpretación acogida por las providencias cuestionadas y
vulnera el principio de igualdad de armas como componente del debido proceso.
31. En segundo lugar, manifestó que las decisiones accionadas desconocieron
el derecho a la igualdad al apartarse, sin justificación suficiente, del tratamiento
otorgado por otros despachos judiciales frente a situaciones que considera
sustancialmente semejantes. Al respecto, precisó que en distintos procesos
contencioso-administrativos se concedió a las partes el término previsto en el
artículo 227 del CGP para elaborar y aportar dictámenes periciales anunciados
oportunamente, mientras que esa misma posibilidad fue negada en su caso.
32. Como sustento de ese reproche, invocó providencias proferidas por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y por el Tribunal Administrativo de Boyacá, respecto de las cuales
afirmó que, ante supuestos fácticos y jurídicos equivalentes, se autorizó el anuncio
y posterior aporte del dictamen pericial con fundamento en el artículo 227 del CGP.
33. Con fundamento en lo anterior, concluyó que las providencias cuestionadas
desconocieron directamente los artículos 13 y 29 de la Constitución Política al
imponer un tratamiento procesal diferente frente a casos que estima equivalentes y
consolidar una situación de desigualdad probatoria que, en su criterio, afectó el
ejercicio efectivo de su derecho de defensa y contradicción.
34. Asimismo, señaló que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto
procedimental por omisión del deber de corrección judicial de la desigualdad
procesal, al desconocer el principio de lealtad procesal y el deber del juez de
garantizar la igualdad de las partes durante el trámite del proceso.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
35. Con fundamento en la Sentencia T-204 de 2018 de la Corte Constitucional,
afirmó que el principio de lealtad procesal no solo impone deberes a las partes, sino
que también exige del juez una actuación activa encaminada a corregir aquellas
situaciones que puedan comprometer el ejercicio efectivo del derecho de defensa y
del debido proceso. En ese sentido, señaló que, cuando exista una situación de
desigualdad procesal, corresponde a la autoridad judicial adoptar las medidas
necesarias para restablecer el equilibrio entre las partes.
36. A partir de esa premisa, manifestó que, aun aceptando la interpretación
acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según la cual en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo los dictámenes periciales únicamente
pueden aportarse dentro del término de contestación de la demanda, prorrogable
hasta por treinta (30) días adicionales, correspondía al magistrado ponente fijar
expresamente el plazo adicional dentro del límite previsto en el numeral 5 del
artículo 175 del CPACA. Explicó que la expresión «hasta por treinta (30) días más»
implica que el juez debe concretar el término aplicable en cada caso y comunicarlo
oportunamente a la parte interesada.
37. Con todo, advirtió que al proferirse el auto del 3 de abril de 2025, mediante
el cual se resolvió el recurso interpuesto contra su vinculación y se tuvo por
contestada la demanda, el Tribunal ya conocía la solicitud de conceder un término
para elaborar y aportar los dictámenes periciales anunciados. No obstante, afirmó
que la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre esa petición y solo fijó su posición
al resolver la solicitud probatoria en la audiencia inicial celebrada el 29 de enero de
2026, cuando, en su criterio, la oportunidad procesal para allegar dichos medios de
prueba ya había transcurrido.
38. Finalmente, respecto de la decisión que negó el decreto de la prueba por
informe, la sociedad accionante afirmó que las providencias cuestionadas
incurrieron en un defecto sustantivo, al efectuar una interpretación contra legem
del artículo 275 del CGP.
39. Lo anterior porque a su juicio introdujeron una restricción que no se
encuentra prevista en dicha disposición al concluir que la prueba por informe
únicamente procede cuando la información se solicita a terceros ajenos al proceso
y no frente a alguna de las partes procesales. En su criterio, esa exigencia carece
de respaldo normativo y constituye un requisito creado por vía interpretativa que
terminó excluyendo un medio de prueba expresamente autorizado por la ley.
40. Manifestó que el artículo 275 del Código General del Proceso faculta al juez
para requerir informes a entidades públicas o privadas, a sus representantes o a
cualquier persona, sin distinguir si quien debe rendir el informe ostenta o no la
calidad de parte dentro del proceso. En ese sentido, sostuvo que las providencias
accionadas restringieron indebidamente el alcance de la norma al incorporar una
limitación que el legislador no previó.
41. Agregó que la propia regulación de la prueba por informe desvirtúa la
interpretación acogida por las autoridades judiciales, pues el inciso segundo del
artículo 275 del CGP autoriza a las partes y a sus apoderados para solicitar ante
entidades públicas o privadas copias de documentos, informes o actuaciones,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
circunstancia que evidencia que la norma involucra a las partes dentro de la
dinámica probatoria de este medio de prueba y no excluye la posibilidad de que el
informe sea requerido a alguno de los sujetos procesales.
42. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la interpretación adoptada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por el Consejo de Estado
restringió injustificadamente el alcance del artículo 275, privándolo de un medio
probatorio legalmente procedente y afectando con ello sus derechos al debido
proceso, a la defensa y a la igualdad de armas.
Intervenciones
43. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección
A solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, que
se niegue el amparo, al considerar que las providencias cuestionadas no vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la sociedad accionante.
44. Como fundamento de su solicitud, manifestó, que la controversia planteada
por Santiago Oil Company corresponde a un desacuerdo con la interpretación
jurídica efectuada por el Tribunal y confirmada por el Consejo de Estado respecto
del régimen probatorio aplicable, particularmente en relación con la prueba por
informe y la oportunidad para aportar dictámenes periciales, aspecto que, en su
criterio, pertenece al ámbito de la legalidad y no configura un asunto de relevancia
constitucional susceptible de ser revisado mediante la acción de tutela.
45. Además, que no se satisface plenamente el requisito de subsidiariedad,
pues uno de los principales cargos formulados en la tutela —relativo a la presunta
omisión del Tribunal de fijar un término para aportar los dictámenes periciales
anunciados— no fue planteado como una irregularidad procesal autónoma dentro
del proceso ordinario, ni fue objeto de solicitud de nulidad o de otro mecanismo
encaminado a obtener su corrección ante el juez natural. En consecuencia, afirmó
que la acción constitucional introduce un argumento novedoso respecto del cual las
autoridades judiciales accionadas no tuvieron oportunidad de pronunciarse.
46. Indicó que las decisiones cuestionadas fueron debidamente motivadas y
constituyen una manifestación legítima de la autonomía e independencia judicial.
Explicó que la negativa de la prueba por informe obedeció a que la solicitud excedía
la finalidad prevista en el artículo 275 del Código General del Proceso, mientras que
la negativa de los dictámenes periciales se sustentó en la interpretación según la
cual el numeral 5 del artículo 175 del CPACA regula de manera especial la
oportunidad para aportar ese medio de prueba, sin que resulte aplicable la figura
del anuncio prevista en el artículo 227 del Código General del Proceso. Asimismo,
sostuvo que no se configuraron los defectos sustantivo, fáctico, procedimental
absoluto ni la violación directa de la Constitución alegados por la parte accionante.
47. En relación con los cargos formulados respecto de los dictámenes
periciales, el Tribunal indicó que las providencias cuestionadas no desconocieron
los artículos 227 y 228 del Código General del Proceso. Explicó que, en la audiencia
inicial, examinó expresamente la hipótesis de su eventual aplicación y concluyó que,
aun aceptando dicha interpretación, la solicitud tampoco estaba llamada a
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
prosperar. En cuanto al dictamen de contradicción, señaló que el artículo 228 del
Código General del Proceso exige que las actuaciones dirigidas a controvertir el
dictamen se realicen dentro del término de traslado del escrito con el cual fue
aportado, de modo que esa regulación resultaba incluso más restrictiva que la
prevista en el CPACA. Respecto del anuncio del dictamen pericial, indicó que el
artículo 227 del Código General del Proceso no consagra un derecho automático a
obtener un término adicional, sino que exige acreditar, siquiera sumariamente, la
insuficiencia del término legal para aportar la experticia, carga que, en su criterio,
no fue satisfecha por la sociedad accionante.
48. Por último, reiteró que la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia adicional para reabrir debates de legalidad ya resueltos por los jueces
competentes ni para sustituir la interpretación razonada adoptada en las
providencias cuestionadas, razón por la cual solicitó declarar improcedente el
amparo o, en subsidio, negar sus pretensiones.
49. El Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en subsidio, negar el amparo, al considerar que
la controversia planteada por la sociedad accionante carece de relevancia
constitucional y constituye, en realidad, un desacuerdo con la interpretación jurídica
efectuada por los jueces naturales sobre el régimen probatorio aplicable al proceso
de controversias contractuales.
50. Expuso que la providencia cuestionada fue adoptada con observancia de
las normas procesales y sobre la base de los elementos probatorios que integraban
el expediente al momento de resolver el recurso de apelación. En relación con la
negativa de los dictámenes periciales, sostuvo que el CPACA regula expresamente
la oportunidad para aportar esa prueba, razón por la cual no resultaba procedente
acudir al artículo 227 del Código General del Proceso. Agregó que, en todo caso, la
sociedad accionante no acreditó haber desplegado oportunamente las gestiones
necesarias para obtener la información requerida para la elaboración de las
experticias.
51. Respecto del defecto fáctico, explicó que el derecho de petición cuya falta
de valoración se reprocha fue incorporado al expediente únicamente durante el
trámite de la apelación contra el auto que resolvió sobre el decreto de pruebas. En
consecuencia, sostuvo que dicho documento no podía ser apreciado por el superior
funcional, por cuanto constituía un elemento nuevo que complementaba la
sustentación del recurso y el artículo 244 del CPACA no autoriza el decreto ni la
práctica de pruebas dentro del trámite de apelación de autos.
52. En cuanto a la prueba por informe, manifestó que la decisión de confirmar
su negativa obedeció a que la solicitud formulada por la accionante no cumplía los
requisitos previstos en el artículo 275 del Código General del Proceso, pues se
limitaba a un cuestionario de preguntas sin identificar concretamente los hechos,
actuaciones, cifras o datos que reposaran en archivos o registros y que se
pretendían acreditar mediante ese medio de prueba. Añadió que la solicitud estaba
dirigida a una de las partes del proceso y no a un tercero, circunstancia que estimó
incompatible con la naturaleza de la prueba por informe.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
53. Finalmente, recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales
de las altas cortes está sometida a un estándar especialmente estricto de
procedencia, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo
que solicitó declarar improcedente el amparo al no evidenciarse una vulneración de
derechos fundamentales ni la configuración de alguno de los defectos invocados
por la parte accionante.
54. Intervención de la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. – TGI
solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, negar el
amparo, al estimar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
55. Como fundamento de su solicitud, sostuvo que la controversia planteada no
tiene relevancia constitucional sino que refleja una discrepancia con la
interpretación de las normas procesales efectuada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado en relación con la oportunidad para aportar
los dictámenes periciales y las reglas previstas para decretar la prueba por informe.
En ese sentido, afirmó que la acción de tutela no constituye una instancia adicional
para reabrir el debate sobre decisiones probatorias adoptadas dentro de un proceso
judicial que aún se encuentra en trámite.
56. En relación con los hechos de la demanda, manifestó que Santiago Oil
Company ha contado con las garantías propias del debido proceso desde su
vinculación al proceso ordinario y precisó que, si bien la contestación de la demanda
fue presentada antes de quedar ejecutoriada la decisión que dispuso su vinculación,
el Tribunal posteriormente la tuvo por presentada en forma oportuna. Añadió que la
afirmación según la cual existía el deber de conceder un término adicional para
aportar el dictamen pericial constituye una interpretación jurídica de la parte
accionante y no una consecuencia prevista automáticamente por el ordenamiento
procesal.
57. Frente al derecho de petición presentado por Santiago Oil Company para
obtener información destinada a la elaboración del dictamen pericial, señaló que la
solicitud fue atendida dentro de los términos legales. Explicó que inicialmente
prorrogó el plazo para responder debido al volumen y complejidad de la información
requerida y que posteriormente suministró la información cuya entrega resultaba
procedente, absteniéndose únicamente de remitir aquella que involucraba datos
compartidos con terceros respecto de los cuales no estaba facultada para disponer.
Por ello, señaló que no es cierto que hubiera impedido la elaboración del dictamen
pericial.
58. Asimismo, sostuvo que la interpretación de los artículos 175 del CPACA,
227 y 275 del CGP constituye un asunto propio de la autonomía judicial, por lo que
la sola inconformidad de la parte accionante con las decisiones adoptadas no
configura una vulneración de derechos fundamentales. Agregó que el proceso
ordinario continúa en trámite, que la sociedad accionante conserva la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa y contradicción respecto de los medios de prueba
decretados y que no se acredita la existencia de un perjuicio irremediable que
justifique la intervención excepcional del juez constitucional.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
59. Finalmente, afirmó que el Tribunal se pronunció sobre las solicitudes
probatorias dentro de la audiencia inicial, oportunidad procesal prevista por el
artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, razón por la cual no puede sostenerse que hubiera existido una
dilación injustificada o un silencio judicial frente a las solicitudes formuladas por la
sociedad accionante.
60. Ecopetrol S.A. presentó escrito de coadyuvancia a la acción de tutela en el
que solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados por Santiago
Oil Company y, en consecuencia, se dejen sin efectos las providencias proferidas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado,
ordenándose el decreto de los dictámenes periciales y de la prueba por informe
solicitados dentro del proceso de controversias contractuales.
61. Como fundamento de su intervención, manifestó que comparte
integralmente los argumentos expuestos por la sociedad accionante y sostuvo que
la negativa de las pruebas no solo afecta los derechos fundamentales de Santiago
Oil Company, sino también los de las demás empresas que integran el extremo
pasivo del proceso ordinario por tratarse de un litisconsorcio necesario, cuyas
actuaciones y recursos benefician a todos sus integrantes, de conformidad con el
artículo 61 del Código General del Proceso.
62. En relación con los dictámenes periciales, afirmó que el artículo 218 del
CPACA remite al CGP respecto de los aspectos no regulados expresamente, razón
por la cual considera aplicable el artículo 227 de ese estatuto para anunciar la
presentación del dictamen pericial y solicitar un término para su aporte. Agregó que
la interpretación acogida por las autoridades judiciales accionadas sacrificó
injustificadamente el derecho fundamental a la prueba e impidió que el juez contara
con los elementos técnicos necesarios para resolver de fondo una controversia
eminentemente especializada. Asimismo, sostuvo que, aun bajo la interpretación
asumida por el Tribunal, este pudo decretar el dictamen pericial de oficio o adecuar
la solicitud probatoria conforme al artículo 219 del CPACA.
63. Respecto de la prueba por informe, adujo que el artículo 275 del Código
General del Proceso no exige que la información sea solicitada a un tercero ajeno
al proceso, por lo que considera que dicho requisito fue incorporado por vía
jurisprudencial sin respaldo legal.
64. En suma, solicitó conceder el amparo constitucional, dejar sin efectos las
providencias cuestionadas y ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
proferir una nueva decisión en la que decrete los dictámenes periciales, conceda un
término razonable para su aporte y disponga la práctica de la prueba por informe en
los términos del artículo 275 del Código General del Proceso.
65. Procuraduría 115 Judicial II para la Conciliación Administrativa. Solicitó
negar por improcedente la acción de tutela al considerar que la sociedad accionante
pretende reabrir, por esta vía excepcional, un debate propio del proceso ordinario y
convertir la tutela en una tercera instancia. Señaló que las providencias
cuestionadas fueron proferidas con fundamento en un análisis fáctico y jurídico del
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
régimen probatorio del CPACA, sin que respondan a actuaciones arbitrarias o
caprichosas.
66. En relación con los dictámenes periciales, sostuvo que el CPACA regula
expresamente las formas en que estos pueden incorporarse al proceso, aporte por
las partes, solicitud de decreto o decreto oficioso, sin contemplar la figura del
anuncio del dictamen, razón por la cual la remisión prevista en el artículo 218 al
CGP tiene carácter supletorio y no autoriza modificar o ampliar el régimen probatorio
previsto en dicho estatuto.
67. Respecto de la prueba por informe, afirmó que las autoridades judiciales
actuaron conforme a derecho al negar su decreto pues la solicitud formulada por
Santiago Oil Company estaba dirigida a las partes del proceso y el cuestionario
presentado no versaba sobre información contenida en archivos o registros, sino
que correspondía, en realidad, a materias propias del interrogatorio de parte, de
modo que acceder a su decreto habría implicado desnaturalizar ese medio
probatorio.
68. No se recibieron otros informes o intervenciones distintos de los reseñados4.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
69. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
70. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si
el auto proferido en audiencia inicial el 29 de enero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y el auto del 20
de mayo de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, que confirmó aquél, dentro del proceso de controversias contractuales con
radicado No. 25000-23-36-000-2018-01149-00/01/02, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia de Santiago Oil Company, por haber incurrido en los defectos sustantivo,
fáctico, procedimental y de violación directa de la Constitución.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
71. En el presente asunto, la sociedad accionante atribuye a las providencias
cuestionadas la configuración de los defectos procedimental absoluto, sustantivo,
fáctico y de violación directa de la Constitución. Asimismo, formuló un reproche
específico que denominó «defecto procedimental por omisión del deber de
4 Equion Energía Limited y Emerald Energy PLC-Sucursal Colombia guardaron silencio.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
corrección judicial de la desigualdad procesal», el cual sustentó en la presunta
omisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fijar el término adicional
para aportar los dictámenes periciales anunciados en la contestación de la
demanda.
72. Frente al reproche relacionado con la presunta omisión del deber judicial de
corregir la desigualdad procesal entre las partes, esta Subsección advierte que no
se cumple el requisito de subsidiariedad. Por tanto, el estudio de este cargo resulta
improcedente, conforme a las razones que se exponen a continuación.
73. La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-060 de 2026, reiteró que el
requisito de subsidiariedad constituye un presupuesto indispensable para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y recordó que el
juez constitucional debe verificar si el accionante contaba con otros mecanismos de
defensa judicial idóneos y eficaces para la protección de sus derechos
fundamentales. Asimismo, precisó que la tutela no puede admitirse como un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los mecanismos previstos por el
ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones adoptadas dentro de un
proceso judicial.
74. En esa misma providencia, se identificaron los eventos en los que no se
satisface el requisito de subsidiariedad, indicando que ello ocurre cuando (i) el
proceso judicial aún se encuentra en curso; (ii) no se han agotado los mecanismos
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial disponibles; (iii) se pretende utilizar
la acción de tutela para reabrir etapas procesales en las que no se hicieron valer
oportunamente los recursos o actuaciones previstas en el ordenamiento jurídico; y,
además, (iv) cuando el defecto alegado no fue planteado previamente dentro del
proceso correspondiente.
75. La Corte explicó que esta exigencia encuentra fundamento en que el propio
proceso judicial, con sus etapas, procedimientos y recursos, constituye el escenario
primario para la protección de los derechos fundamentales, en especial del debido
proceso. Por ello, sostuvo que no resulta admisible alegar vulneraciones que no
hayan sido oportunamente planteadas dentro de ese marco procesal, pues la acción
de tutela no está concebida para sustituir al juez natural ni para reabrir debates
jurídicos ya resueltos o en trámite.
76. Al examinar el caso concreto, la Sala observa que el reproche denominado
«defecto procedimental por omisión del deber de corrección judicial de la
desigualdad procesal» se sustenta en un planteamiento que no fue formulado ni
debatido dentro del proceso ordinario, pues la controversia allí promovida respecto
de la prueba pericial se estructuró sobre fundamentos distintos.
77. El accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró el debido proceso porque, pese a que anunció los dictámenes periciales en
la contestación de la demanda, omitió fijar expresamente el término adicional para
su aporte y únicamente se pronunció sobre esa circunstancia varios meses
después, al negar el decreto de la prueba. Bajo esa perspectiva, afirma que el juez
incumplió un deber de dirección y corrección del proceso que le imponía advertir
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
oportunamente a la parte sobre el plazo dentro del cual debía allegar los
dictámenes.
78. Sin embargo, la Sala encuentra que ese reproche no fue planteado en esos
términos dentro del proceso ordinario. Si bien durante la audiencia inicial y en los
recursos interpuestos contra la decisión que negó los dictámenes periciales la
sociedad accionante defendió la aplicabilidad del artículo 227 del Código General
del Proceso y sostuvo que dicha disposición permitía anunciar el dictamen cuando
el término legal resultaba insuficiente, lo cierto es que, no estructuró como una
irregularidad procesal autónoma la supuesta omisión del Tribunal de fijar el término
adicional, ni alegó que esa circunstancia constituyera una vulneración del debido
proceso derivada del incumplimiento del deber judicial de dirección y corrección del
proceso.
79. Mientras en el proceso ordinario la discusión estuvo orientada a establecer
si el artículo 227 del Código General del Proceso resultaba aplicable al régimen
probatorio previsto en el CPACA, en la presente acción de tutela el accionante
construye un reproche diferente, consistente en afirmar que, aun aceptando la
interpretación acogida por el Tribunal, este incumplió un deber funcional de fijar
expresamente el término adicional y de corregir la desigualdad procesal generada
por su propia omisión. Ese planteamiento introduce un fundamento constitucional
que no fue sometido al conocimiento de los jueces naturales.
80. Lo anterior resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el
propio accionante sostiene que la irregularidad consistió en que el juez debía
adoptar un pronunciamiento previo a la audiencia inicial respecto de determinadas
actuaciones procesales. En consecuencia, si estimaba que esa omisión afectaba
sus garantías procesales, era precisamente en el curso del proceso ordinario y,
concretamente, durante la etapa de saneamiento, donde debía poner de presente
esa circunstancia, con el fin de que el juez natural tuviera la oportunidad de
pronunciarse y, de ser procedente, adoptar las medidas correctivas
correspondientes.
81. Precisamente por ello, las autoridades judiciales accionadas nunca tuvieron
la oportunidad de pronunciarse sobre la existencia de ese supuesto deber funcional,
ni de examinar si la conducta atribuida al Tribunal podía constituir una irregularidad
autónoma del procedimiento susceptible de ser corregida dentro del mismo proceso.
Admitir que dicho argumento sea analizado por primera vez en sede de tutela
desconocería el carácter subsidiario del amparo constitucional y convertiría al juez
de tutela en el primer escenario de debate sobre una cuestión que correspondía
plantear oportunamente ante el juez natural.
82. En consecuencia, la Sala concluye que, respecto de este reproche, no se
encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad. Por tal razón, el estudio
del cargo por defecto procedimental referente al presunto incumplimiento del deber
de corrección judicial de la desigualdad procesal resulta improcedente.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
83. En relación con los demás defectos5, la Sala encuentra acreditados los
requisitos generales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, por las siguientes razones:
84. (i) La presente acción de tutela satisface el requisito de relevancia
constitucional. El reproche formulado por la parte accionante no se limita a expresar
una simple inconformidad con la valoración probatoria o con la interpretación de
disposiciones de naturaleza legal. Por el contrario, sostiene que las providencias
cuestionadas desconocieron garantías estrechamente vinculadas con los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la
administración de justicia, particularmente en lo relacionado con el derecho a la
prueba y el ejercicio del derecho de defensa.
85. En ese sentido, la controversia planteada trasciende el ámbito de la mera
legalidad en la medida en que la sociedad accionante no pretende que el juez
constitucional sustituya al juez natural en la interpretación del régimen probatorio
aplicable, sino que examine si las decisiones judiciales cuestionadas, con ocasión
de la interpretación y aplicación de las normas que regulan la oportunidad para
solicitar, anunciar y aportar los dictámenes periciales, así como la procedencia de
la prueba por informe, pudieron afectar de manera sustancial las garantías que
integran el debido proceso, la igualdad y al acceso efectivo a la administración de
justicia.
86. (ii) Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, ya que la
acción es promovida por Santiago Oil Company, sociedad que interviene como
litisconsorte necesario por pasiva dentro del proceso de controversias contractuales
con radicado No. 25000-23-36-000-2018-01149-00 y es el titular de los derechos
fundamentales cuya vulneración atribuye a las providencias judiciales objeto de
censura. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva, en la medida en que la acción constitucional se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, autoridades judiciales que profirieron las
providencias cuya constitucionalidad se cuestiona.
87. (iii) Se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, toda vez que la
acción de tutela fue presentada dentro de un término razonable. En efecto, la última
de las providencias cuestionadas fue proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, el 20 de mayo de 2026, notificada mediante estado del 25
de mayo siguiente; por su parte, la acción fue radicada el 25 de junio de 2026, esto
es, dentro del término de seis (6) meses que la jurisprudencia de esta Corporación
ha considerado, por regla general, como razonable para el ejercicio de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
88. (iv) La Sala considera igualmente satisfecho el requisito de subsidiariedad.
La acción de tutela se dirige contra las decisiones mediante las cuales el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó el decreto de la prueba por informe y de los
dictámenes periciales solicitados por Santiago Oil Company, y el Consejo de Estado
confirmó esa determinación. Tales providencias fueron oportunamente
5 Sustantivo, fáctico, procedimental y violación directa de la Constitución.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
controvertidas mediante los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, por
lo que la sociedad accionante agotó los mecanismos ordinarios de defensa judicial
dispuestos para cuestionarlas.
89. En esas condiciones, la parte accionante agotó los mecanismos ordinarios
de defensa judicial previstos por el ordenamiento para cuestionar las providencias
que ahora censura, sin que se advierta la existencia de otro instrumento judicial
idóneo y eficaz para promover el examen de los reproches de naturaleza
constitucional formulados en esta oportunidad.
90. (v) No se cuestionó una irregularidad procesal; (vi) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (vii) la tutela no se interpone contra
una providencia de igual naturaleza.
91. Así las cosas, procederá a estudiarse los defectos alegados.
Análisis de vulneración alegada: estudio del defecto
92. Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado y dada la
naturaleza de las decisiones cuestionadas, la Sala abordará el estudio de los
reparos formulados por la sociedad accionante en dos apartados. En primer lugar,
examinará aquellos relacionados con la negativa de decretar la prueba por informe;
en el segundo, estudiará los reproches formulados contra la decisión de negar el
decreto de los dictámenes periciales, tanto el principal como el destinado a su
contradicción.
Prueba por informe.
93. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
94. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»6.
95. En este sentido, dicha Corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
6 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida,
por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es
en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función
pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque
ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la
cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador»7.
96. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció
la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
97. Así pues, la sociedad accionante sostiene que las providencias
cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo al negar el decreto de la prueba
por informe solicitada al amparo del artículo 275 del CGP. A su juicio, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado interpretaron
indebidamente dicha disposición al concluir que ese medio de prueba únicamente
procede respecto de terceros ajenos al proceso, restricción que no fue prevista por
el legislador.
7 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
98. Del examen de las providencias cuestionadas y, especialmente, de lo
acontecido durante la audiencia inicial, la Sala advierte que la negativa de decretar
la prueba por informe no obedeció exclusivamente a la interpretación según la cual
ese medio probatorio está previsto para obtener información de terceros ajenos al
proceso. Antes bien, el Tribunal efectuó un examen concreto del contenido de la
solicitud probatoria presentada por Santiago Oil Company y de su posterior
reformulación, con el propósito de verificar si esta satisfacía los presupuestos
previstos en el artículo 275 del CGP.
99. De esta forma, se observa que, en la contestación de la demanda, Santiago
Oil Company solicitó la práctica de prueba por informe dirigida a Equion y a TGI.
Frente a la primera formuló, entre otras, solicitudes encaminadas a que informara si
había presentado reclamaciones por la no recepción del gas nominado, si había
recibido reclamaciones de los remitentes, si TGI le había comunicado el uso de gas
de inventario, si había sido informada de medidas regulatorias adoptadas por TGI y
qué otras gestiones habían adelantado como vocera de los productores-
comercializadores. Respecto de TGI, requirió que informara, entre otros aspectos,
si podía identificar los remitentes que no consumieron el gas nominado, las
cantidades no consumidas, el origen del gas, las reclamaciones existentes, las
medidas adoptadas frente a tales situaciones y los eventuales beneficios
económicos obtenidos.
100. En la audiencia inicial el despacho no rechazó de plano la solicitud. Por el
contrario, advirtió que las preguntas formuladas no respondían a la finalidad de la
prueba por informe prevista en el artículo 275 del CGP, pues estaban orientadas a
obtener manifestaciones o conceptos de las entidades destinatarias. Por ende,
concedió al apoderado de Santiago Oil Company la oportunidad de adecuar la
petición para que cumpliera los presupuestos legales del referido medio probatorio.
101. En cumplimiento de lo anterior, el 28 de enero el apoderado presentó una
reformulación de la solicitud, reduciendo el número de preguntas y sosteniendo que
únicamente pretendía obtener información que reposara en los archivos y bases de
datos de Equion y TGI.
102. No obstante, al examinar la reformulación, el Tribunal concluyó que las
preguntas continuaban exigiendo que quienes rindieran el informe interpretaran
documentos, calificaran su contenido y determinaran si la información demostraba
o no los hechos objeto del litigio. Igualmente, advirtió que varias solicitudes
requerían efectuar apreciaciones jurídicas acerca del alcance de ciertas
actuaciones; aspectos incompatibles con la finalidad de la prueba por informe,
concebida para obtener hechos, actuaciones, cifras o datos que resulten de los
archivos o registros de quien rinde el informe.
103. Adicionalmente, las providencias cuestionadas señalaron que parte de la
información solicitada podía ser obtenida directamente por la parte interesada
mediante los mecanismos previstos en el ordenamiento procesal, en particular las
reglas contenidas en el artículo 173 del CGP, y que la utilización de este medio
probatorio tampoco podía servir para suplir otros mecanismos de incorporación de
información al proceso.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
104. Es cierto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que la
prueba por informe regulada en el artículo 275 del CGP está concebida para obtener
información proveniente de terceros ajenos al litigio, criterio que posteriormente fue
compartido por el Consejo de Estado al resolver el recurso de apelación. Conclusión
que no fue producto de una interpretación aislada, sino que encontraba respaldo en
la postura asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual
dicho medio probatorio «no resulta ser el adecuado para la obtención de información
de quienes son parte dentro del proceso»8, pues fue diseñado para que terceros
informen hechos, actuaciones, cifras o datos que reposen en sus archivos o
registros.
105. Sin embargo, esa consideración no constituyó el único fundamento de las
providencias cuestionadas. Como se explicó, la negativa de decretar el medio
probatorio también se sustentó en que el contenido del cuestionario, incluso
después de su reformulación, no se ajustaba a la finalidad prevista por el legislador
para la prueba por informe, por cuanto exigía a quienes debían rendirla interpretar
documentos, emitir apreciaciones y efectuar valoraciones sobre los hechos objeto
de controversia.
106. En esas condiciones, aun si se prescindiera de la interpretación relativa a
que la prueba por informe únicamente procede respecto de terceros ajenos al
proceso, las providencias conservarían sustento jurídico suficiente en la apreciación
según la cual la solicitud presentada por Santiago Oil Company no satisfacía las
exigencias previstas en el artículo 275. Desde esta perspectiva, la decisión
cuestionada no puede calificarse como una aplicación arbitraria o manifiestamente
irrazonable de la normativa, sino como el resultado de un ejercicio de interpretación
y aplicación de la ley frente a las características concretas de la prueba solicitada.
107. En consecuencia, la Sala concluye que la inconformidad planteada por la
sociedad accionante se dirige, en realidad, a cuestionar la interpretación y
valoración jurídica que los jueces naturales efectuaron acerca de la procedencia de
la prueba por informe. Sin embargo, la acción de tutela no constituye una instancia
adicional destinada a sustituir el criterio razonablemente adoptado por el juez
competente, cuando este se encuentra sustentado en una interpretación
jurídicamente plausible del ordenamiento y no se revela arbitrario, caprichoso o
abiertamente contrario a la normativa aplicable. Por tanto, no se configura el defecto
sustantivo alegado en relación con la decisión de negar el decreto de dicho medio
probatorio.
Dictamen pericial principal y de contradicción.
108. Superado el análisis relacionado con la negativa de decretar la prueba por
informe, la Sala abordará los cargos formulados por la sociedad accionante respecto
de la decisión que negó el decreto de los dictámenes periciales principal y de
contradicción. En relación con este medio de prueba, la demanda estructuró los
defectos fácticos, sustantivo, procedimental y de violación directa de la Constitución.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 23 de
marzo de 2023, Rad. 05001-23-33-000-2021-01495-01 (4581-2022).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
109. La Sala considera necesario recordar que el control constitucional ejercido
mediante la acción de tutela adquiere un carácter especialmente restrictivo cuando
la providencia cuestionada ha sido proferida por un órgano de cierre de una
jurisdicción.
110. En consecuencia, cuando el reproche se dirige contra una providencia
dictada por el Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, la carga argumentativa que recae sobre el accionante
es particularmente exigente. No basta con expresar una interpretación distinta del
ordenamiento jurídico, discrepar de la valoración probatoria efectuada por el juez
natural o sostener que existía una solución procesal diversa. Por el contrario,
corresponde al accionante demostrar de manera clara, específica y suficiente que
la providencia cuestionada incurrió en un defecto constitucionalmente relevante, de
tal entidad que desborde el ámbito de autonomía e independencia judicial y
comporte una afectación cierta del debido proceso o de otro derecho fundamental.
111. Este estándar reforzado encuentra fundamento en los principios de
autonomía judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada, los cuales adquieren una
especial intensidad cuando las decisiones provienen de los órganos de cierre de
cada jurisdicción. Por ello, el examen del juez constitucional debe ser
particularmente deferente frente a las decisiones adoptadas por dichas
corporaciones, limitándose exclusivamente a constatar la existencia de un defecto
ostensible, trascendente y determinante para la decisión adoptada, sin sustituir el
criterio jurídico del juez natural ni reabrir debates propios de la legalidad ordinaria.
112. El defecto procedimental absoluto como causal de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial
113. Al respecto, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del
procedimiento judicial establecido9. La jurisprudencia constitucional ha precisado
que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto10.
114. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho
de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 11 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”12 […]».
9 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
11 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 20
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
115. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales13.
116. En el presente asunto, la sociedad accionante estructuró el defecto
procedimental absoluto a partir de la premisa según la cual las autoridades judiciales
accionadas aplicaron un procedimiento distinto al legalmente establecido para el
decreto y práctica de los dictámenes periciales. A su juicio, los artículos 218 y 219
del CPACA imponían acudir a las disposiciones contenidas en los artículos 226 y
227 del CGP, por cuanto el primero de dichos estatutos no regula la figura del
anuncio del dictamen pericial. Desde esa perspectiva, sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado sustituyeron el
procedimiento previsto por el legislador al negar la aplicación de dichas
disposiciones.
117. La Sala no comparte esa apreciación, pues como se señaló la
jurisprudencia constitucional ha precisado que el defecto procedimental absoluto
únicamente se configura cuando el funcionario judicial abandona por completo el
procedimiento diseñado por el legislador, bien porque tramita el asunto mediante un
procedimiento ajeno al previsto para el caso, omite etapas sustanciales del proceso
o prescinde del debate probatorio de manera tal que comprometa el ejercicio
efectivo del derecho de defensa y contradicción. Por consiguiente, esta causal no
se estructura por el solo hecho de que las partes discrepen de la interpretación que
el juez natural realice de las normas procesales aplicables, pues una controversia
de esa naturaleza pertenece, en principio, al ámbito propio de la autonomía judicial.
118. Precisamente, el examen de las providencias cuestionadas permite concluir
que el desacuerdo planteado por la sociedad accionante no recae sobre el
procedimiento adelantado por las autoridades judiciales, sino sobre la interpretación
que estas efectuaron del régimen jurídico que gobierna al dictamen pericial en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En efecto, tanto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado resolvieron la
controversia a partir de una interpretación sistemática de las disposiciones del
CPACA y del CGP, concluyendo que existía regulación especial sobre la
oportunidad para solicitar y aportar dicho medio de prueba y que, por esa razón, no
resultaban aplicables las normas invocadas por la parte actora.
119. Así las cosas, aun cuando el accionante sostenga que la interpretación
correcta imponía acudir a los artículos 226 y 227 del CGP, ello no permite concluir
que las autoridades judiciales hubieran tramitado el proceso al margen del
procedimiento legalmente establecido. Lo que realmente pone de presente es una
13 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 21
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
discrepancia respecto del alcance de las normas que regulan la prueba pericial y de
la manera en que estas deben armonizarse dentro del régimen probatorio del
CPACA. Se trata, por tanto, de una discusión eminentemente interpretativa, cuyo
examen corresponde, en todo caso, al ámbito del alegado defecto sustantivo y no
al del defecto procedimental absoluto.
120. En ese contexto, la Sala concluye que el accionante no logró demostrar que
las providencias cuestionadas hubiesen sustituido el procedimiento previsto por el
legislador, omitido etapas esenciales del proceso. Por el contrario, su censura se
dirige exclusivamente a controvertir la interpretación jurídica acogida por los jueces
naturales respecto del régimen normativo aplicable a los dictámenes periciales,
circunstancia que resulta insuficiente para configurar el defecto procedimental
absoluto en los términos definidos por la jurisprudencia constitucional.
121. El defecto por violación directa de la Constitución
122. En relación con este defecto, la Corte Constitucional ha señalado de manera
reiterada que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de
velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta
Política según el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales.»14
123. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este
defecto se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: «(a) en la solución del caso
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución»15,16.
124. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica
de procedibilidad de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a
una disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad17.
125. Estudio conjunto del defecto sustantivo y de la alegada violación
directa de la Constitución.
126. Considerando el contenido y alcance que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido tanto al defecto sustantivo como a la violación directa de la Constitución,
y de conformidad con los cargos formulados por la sociedad accionante, la Sala
abordará conjuntamente el estudio de ambas causales específicas de
procedibilidad. Ello obedece a que los dos reproches parten de un mismo supuesto
jurídico y fáctico, consistente en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
el Consejo de Estado habrían interpretado equivocadamente el régimen normativo
14 SU-336 de 2017, Corte Constitucional
15 Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
16 Sentencia T-369 de 2015.
17 Sentencia SU-198 de 2013.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 22
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
aplicable a los dictámenes periciales en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, al concluir que determinadas disposiciones del Código General del
Proceso no resultaban aplicables al caso concreto. A partir de esa premisa, la
accionante sostiene que dicha interpretación desconoció los derechos al debido
proceso y a la igualdad, particularmente el principio de igualdad de armas,
consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.
127. En ese contexto, la Sala observa que la alegada violación directa de la
Constitución no constituye un cargo autónomo e independiente de la interpretación
normativa cuestionada, pues la censura constitucional no recae sobre la
inaplicación directa de un mandato superior o sobre la omisión de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, sino sobre la supuesta incompatibilidad entre la
interpretación acogida por los jueces naturales y los principios constitucionales de
igualdad y debido proceso. Por consiguiente, establecer si las providencias
cuestionadas vulneraron directamente la Constitución exige determinar, en primer
lugar, si la interpretación jurídica adoptada desbordó los márgenes de la autonomía
judicial y configuró un defecto sustantivo de relevancia constitucional.
128. De esta manera, para establecer si la interpretación acogida por las
autoridades judiciales accionadas desbordó los márgenes de la autonomía judicial
y configuró un defecto sustantivo de relevancia constitucional, la Sala estima
necesario examinar el tratamiento que el propio Consejo de Estado ha otorgado al
régimen aplicable a la prueba pericial con posterioridad a las modificaciones
introducidas por la Ley 2080 de 2021.
129. En auto de 26 de abril de 2023, proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera dentro del expediente No. 70001-23-33-000-2020-00296-01 (69.058), se
asumió que, conforme la reforma introducida al CPACA por la Ley 2080 de 2021,
«todo lo relacionado con la presentación, práctica y contradicción de las pruebas
periciales suministradas por las partes deberá guiarse por la normativa del CGP» y,
por esa razón, concluyó que «el artículo 227 de este último código (...) resulta
plenamente aplicable». No obstante, precisó que la posibilidad de acudir al anuncio
del dictamen «no aplica de manera automática», pues «la parte correspondiente
deberá justificar los motivos por los cuales el término previsto para aportar el
dictamen resulta insuficiente. Este requisito es esencial, pues es el que permite al
juez valorar si confiere o no el plazo adicional».
130. Con posterioridad, mediante auto de 3 de mayo de 2024 proferido por la
Sección Cuarta en el proceso identificado bajo radicado No. 76001-23-33-000-2020-
01247-01 (27878), se sostuvo que «como las normas del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no prevén la ampliación del plazo
para aportar el dictamen, por remisión expresa de los artículos 211 y 306 se aplica
lo dispuesto en las normas del Código General del Proceso». Con fundamento en
esa premisa concluyó que resultaba procedente acudir al artículo 227 del Código
General del Proceso y ordenó al Tribunal pronunciarse sobre la solicitud de
ampliación del término formulada por la parte interesada.
131. Por su parte, la Sección Primera, en auto de 16 de abril de 2024, se inclinó
por una interpretación distinta y en auto proferido dentro del expediente No. 50001
23 33 000 2021 00240 02, estimó que «la remisión expresa es autorizada (...) para
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 23
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
la contradicción y la práctica, no para aportarlo» y, a partir de esa consideración,
concluyó que «como en relación con las oportunidades y forma de aportar pruebas
existe expresa regulación en el CPACA, no es procedente aplicar lo dispuesto en el
artículo 227 del CGP».
132. En el mismo sentido, la Sección Quinta, mediante auto de 8 de noviembre
de 2024, en el proceso con radicado No. No. 11001-03-28-000-2023-00153-00
(principal); 11001-03-28-000-2024-00032-00 (acumulado), sostuvo que el régimen
previsto en el CPACA regula la oportunidad para aportar el dictamen pericial y que
la remisión al Código General del Proceso opera respecto de la contradicción y
práctica del dictamen, razón por la cual el simple anuncio del medio de prueba no
releva a la parte de cumplir las oportunidades probatorias previstas en dicho
estatuto contencioso administrativo.
133. En ese contexto, para Sala el núcleo de la controversia constitucional no
radica en establecer cuál es la interpretación más acertada sobre el régimen jurídico
aplicable al decreto, aporte, anuncio y contradicción del dictamen pericial en el
marco del procesos que se ventilan ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, sino en determinar si la hermenéutica acogida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y confirmada por el Consejo de Estado constituye
una interpretación manifiestamente irrazonable, arbitraria, contraevidente o
incompatible con el ordenamiento jurídico, en los términos exigidos por la
jurisprudencia constitucional para la configuración de esta causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
134. Ese presupuesto no se acredita en el presente asunto. El examen de las
providencias proferidas por el propio Consejo de Estado con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 evidencia que, frente al alcance de los
artículos 212 y 218 del CPACA y de la remisión al CGP en materia de prueba
pericial, no existe una posición jurisprudencial uniforme. Mientras algunas
decisiones han considerado que el artículo 227 del CGP resulta aplicable para
conceder un término adicional destinado a la elaboración y aporte del dictamen
pericial previo anuncio, otras han sostenido que el CPACA regula expresamente las
oportunidades para solicitar y aportar dicho medio de prueba y que, por
consiguiente, la remisión al CGP opera únicamente respecto de su práctica y
contradicción. Incluso, dentro de aquellas providencias que admiten la aplicación
del artículo 227 del CGP no existe identidad de criterios sobre sus presupuestos,
alcance y condiciones de procedencia.
135. De igual forma, no se puede perder de vista que la providencia objeto de
censura en este trámite constitucional fue proferida por este órgano de cierre, esto
es, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
136. Ese panorama jurisprudencial pone de manifiesto que la cuestión debatida
corresponde a un problema de interpretación jurídica sobre el alcance de las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 al régimen de la prueba
pericial, respecto del cual el propio Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo ha llegado a conclusiones hermenéuticas distintas. En
tales condiciones, la interpretación acogida por las autoridades judiciales
accionadas no puede calificarse como manifiestamente irrazonable, caprichosa o
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 24
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
contra legem por el solo hecho de que existan otras providencias que hayan optado
por una solución diferente.
137. La Sala debe resaltar que al juez de tutela le está vedado sustituir al juez
natural para definir cuál de las interpretaciones existentes debe prevalecer, máxime
cuando, ante esta anomalía del sistema, el legislador ha previsto mecanismos
remedios como la unificación uniforme tendientes a asegurar la uniformidad en la
interpretación del derecho en aras de asegurar la igualdad y la seguridad jurídica,
propósito que escapa al control constitucional en concreto previsto para la tutela
contra providencias judiciales. La autonomía e independencia judicial reconocen a
los jueces un margen legítimo para interpretar las normas aplicables a los casos
sometidos a su conocimiento y ese ámbito solo puede ser desplazado cuando la
decisión adoptada resulte ostensiblemente arbitraria, irrazonable o incompatible con
el ordenamiento jurídico, circunstancia que, como quedó expuesto, no se presenta
en este caso.
138. Tampoco advierte la Sala que resulte manifiestamente irrazonable la
interpretación acogida por las autoridades judiciales accionadas frente al argumento
de la sociedad accionante, según el cual el CPACA regula únicamente el aporte del
dictamen pericial, mas no su anuncio, circunstancia que imponía acudir
necesariamente al artículo 227 del Código General del Proceso. En efecto, el propio
texto de esta disposición se encuentra incorporado dentro del artículo titulado
«Dictamen aportado por una de las partes» y dispone que «cuando el término
previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá
anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez
conceda». Desde esa perspectiva, una de las interpretaciones posibles consiste en
entender que el legislador reguló el anuncio del dictamen dentro del mismo régimen
normativo previsto para su aporte, razón por la cual no resulta manifiestamente
irrazonable concluir que ambos aspectos integran una misma regulación.
139. En consecuencia, la Sala concluye que la interpretación realizada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por el Consejo de Estado
constituye una de las posiciones hermenéuticas que actualmente coexisten al
interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo respecto del régimen
jurídico aplicable a la prueba pericial. Por ello, no se configura el defecto alegado.
140. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
141. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional18 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa19, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
18 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,
T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
19 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 25
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.
b. Una dimensión positiva20, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
142. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar
al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después
de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»21.
143. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el
juez que ordinariamente conoce de un asunto.
144. Sobre el particular, en la acción promovida por la sociedad accionante se
aduce que el Consejo de Estado incurrió en una valoración probatoria
manifiestamente equivocada al afirmar que no se acreditó haber adelantado
actuaciones tendientes a obtener la información necesaria para elaborar el dictamen
pericial mediante el ejercicio del derecho de petición. Señaló que esa conclusión
desconoció el material probatorio obrante en el expediente, pues el 5 de mayo de
2025 el perito designado presentó una petición dirigida a Transportadora de Gas
Internacional S.A. E.S.P. (TGI), circunstancia que, además, había sido puesta de
presente en el curso de la audiencia inicial.
145. La Sala considera que dicho defecto no se configura. Conforme se ha
precisado por la jurisprudencia, el defecto fáctico por omisión probatoria se presenta
cuando el juez deja de valorar una prueba relevante y determinante para la
resolución del asunto, de manera arbitraria y con incidencia directa en la decisión
adoptada22, presupuestos no concurren en el presente caso.
146. Lo anterior, por cuanto las providencias cuestionadas no desconocieron el
acervo probatorio obrante en el proceso, o valoran las pruebas de manera arbitraria,
irracional y caprichosa. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado
explicó que los documentos fueron allegados durante el trámite de la apelación del
auto que negó las pruebas y que, conforme al artículo 244 del CPACA, no era
procedente su valoración en esa etapa procesal.
147. De igual manera, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el
Consejo de Estado coincidieron en señalar que la razón principal para negar el
20 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016.
22 Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017; y SU-129 de 2021
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 26
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
decreto de los dictámenes periciales consistió en la interpretación del régimen
jurídico aplicable a la oportunidad para aportarlos dentro del proceso contencioso
administrativo, particularmente en la aplicación de los artículos 175 y 218 del
CPACA y la improcedencia de acudir al artículo 227 del CGP.
148. En ese contexto, aun si se admitiera que los documentos invocados por la
accionante hubieran podido ser objeto de una valoración distinta, ello no tendría la
entidad suficiente para modificar las decisiones cuestionadas, habida cuenta que su
fundamento determinante descansó en una interpretación normativa y no en la
constatación fáctica de las gestiones adelantadas por la parte para obtener la
información requerida.
Conclusión
149. De conformidad con las consideraciones precedentes, la Sala concluye que
no se encuentran acreditadas las causales generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales respecto de uno de los reparos alegados y
tampoco se presenten aquellas causas específicas invocadas por la accionante. En
primer lugar, el denominado defecto procedimental por omisión del deber de
corrección judicial de la desigualdad procesal no satisface el requisito general de
subsidiariedad. En segundo lugar, respecto de los demás cargos formulados, la Sala
no encontró configurados los defectos procedimental absoluto, sustantivo y fáctico
ni la alegada violación directa de la Constitución.
150. En consecuencia, la acción de tutela no está llamada a prosperar, pues las
discrepancias expuestas por la sociedad accionante corresponden a un debate
propio de la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico por parte del juez
natural, ámbito que se encuentra amparado por los principios de autonomía e
independencia judicial y que no puede ser sustituido por el juez constitucional
mediante la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por incumplimiento
del requisito general de subsidiariedad, respecto del cargo por defecto
procedimental relacionado con el presunto incumplimiento del deber de corrección
judicial de la desigualdad procesal, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
sociedad Santiago Oil Company Sucursal Colombia, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 27
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04923-00
Demandante: Santiago Oil Company
TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 28
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.