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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04923-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04923-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida en primera instancia, por las razones expuestas en esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04923-01 Actora: SANTIAGO OIL COMPANY eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04923-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04923-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: SANTIAGO OIL COMPANY

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL PROCESO DENTRO DEL
CUAL SE PROFIRIERON LAS PROVIDENCIAS DE LAS QUE SE ALEGA LA
SUPUESTA AFECTACIÓN A LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA ACTORA
AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 6 de agosto de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo respecto del defecto

procedimental alegado y, en lo demás, denegó las pretensiones de la

demanda.

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04923-01
Actora: SANTIAGO OIL COMPANY

I. ANTECEDENTES

La sociedad SANTIAGO OIL COMPANY, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso

a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por las

SECCIONES TERCERAS -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 y -SUBSECCIÓN “B”-

DEL CONSEJO DE ESTADO3, al haber proferido, respectivamente,

las providencias de 29 de enero y 20 de mayo de 2026, dentro del

medio de control de controversias contractuales identificado con el

número único de radicación 2018-01149-01.

I.2.- Hechos

Aseveró que la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS

INTERNACIONAL S.A. E.S.P.4 promovió medio de control de

controversias contractuales contra la sociedad EQUIÓN ENERGÍA

LIMITED5, con el propósito de que se declarara: i) el reconocimiento

2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante SECCIÓN TERCERA.
4
En adelante TRANSPORTADORA.
5
En adelante EQUIÓN.

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3

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Actora: SANTIAGO OIL COMPANY

de la celebración de un acuerdo operativo de balance6 (AOB) para

especificar los procedimientos que se utilizarían para el manejo

operativo de los desbalances de gas que el operador debe entregar

al transportador; ii) que el método convenido por las partes para

hacer el cálculo del desbalance operativo es el contemplado en dicho

convenio; iii) que EQUIÓN incumplió el AOB por el hecho de no

liquidar el desbalance operativo en el período comprendido entre el

1o. de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2016 conforme a lo

pactado; y iv) que la liquidación realizada se encuentra ajustada a lo

suscrito en el acuerdo.

Mencionó que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 2018-01149-00 y le correspondió en primera instancia al

TRIBUNAL que, mediante providencia de 8 de agosto de 2024, la

vinculó junto con las sociedades ENERGY PLC-SUCURSAL

COLOMBIA y ECOPETROL S.A., como litisconsortes necesarios por

pasiva.

Aseguró que al descorrer el traslado de la demanda solicitó al

TRIBUNAL el decreto de una prueba por informe en la que solicitó

6
En adelante AOB.

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Actora: SANTIAGO OIL COMPANY

el desarrollo de un cuestionario que dirigió a las partes en conflicto,

así como un dictamen pericial técnico de contradicción, cuyo objeto

consistía en controvertir la prueba pericial aportada por la

TRANSPORTADORA.

Adujo que el TRIBUNAL mediante providencia proferida en

audiencia inicial celebrada el 29 de enero de 2026, entre otras

disposiciones, denegó la práctica de las pruebas solicitadas.

Arguyó que inconforme con la anterior decisión formuló recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero de

estos de manera desfavorable en la misma audiencia.

Mencionó que el recurso de apelación fue concedido ante la

SECCIÓN TERCERA que, en providencia de 20 de mayo de 2026,

confirmó lo dispuesto por el a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en defecto procedimental, por cuanto ignoraron la remisión

obligatoria que prevé el artículo 218 del Código de Procedimiento

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7 (CPACA), al

artículo 227 del Código General del Proceso8 (CGP), en lo relativo al

anuncio del dictamen pericial, privándola de sus garantías

fundamentales y causando la pérdida de oportunidad de aportar un

medio de prueba clave dentro del proceso ordinario.

Asimismo, al omitir el deber de corrección judicial, ya que en primera

instancia se guardó silencio durante nueve meses frente al anuncio

del dictamen y no se fijó un plazo adicional de ampliación dentro de

los topes legales, para luego denegar la prueba invocando un

vencimiento de plazos que nunca se concretó, vulnerando así el

principio de lealtad procesal.

Mencionó que también incurrieron en defecto sustantivo al

interpretar erróneamente lo previsto en el artículo 275 del Código

General del Proceso9, ya que señalaron que la prueba por informe

solo procede frente a terceros ajenos al proceso, excluyendo

arbitrariamente a las partes y privando a la defensa de un elemento

conducente que, a su juicio, resulta admisible.

7
En adelante CPACA.

9
En adelante CGP.

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Aseguró que de igual manera incurrieron en defecto fáctico al

imponerle la carga de aportar un dictamen técnico complejo en un

plazo insuficiente y sin la información indispensable que retenía la

TRANSPORTADORA.

Además, adujo que no se verificó que el 5 de mayo de 2025 presentó

ante la TRANSPORTADORA una petición con el fin de obtener la

información y los documentos requeridos, circunstancia que fue

puesta en conocimiento del TRIBUNAL dentro de la audiencia inicial.

Finalmente, aseguró que las providencias cuestionadas incurrieron

en violación directa de la Constitución al quebrantar su derecho

a la igualdad procesal frente a la contraparte, pues se le negó la

posibilidad de aportar el dictamen pericial en un término prudente en

aplicación a lo establecido en artículo 227 del CGP.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Primero. Tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de
Santiago Oil Company.

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Segundo. Dejar Sin Efectos el auto proferido en audiencia inicial
el 29 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección A, y el auto
confirmatorio del 20 de mayo de 2026 del Consejo de Estado,
Sección Tercera – Subsección B, en cuanto negaron el decreto de
la prueba por informe y de los dictámenes periciales solicitados por
Santiago Oil Company.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera – Subsección A, que profiera una nueva
providencia en la que, reconociendo la aplicación del artículo 227
del CGP por remisión del artículo 218 del CPACA, decrete los
dictámenes periciales y conceda a Santiago Oil Company un
término razonable para aportarlos; y que decrete la prueba por
informe del artículo 275 del CGP conforme a su tenor literal […]”.
(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo de la referencia, al considerar que el debate se reduce a una

diferencia de interpretación legal sobre un régimen probatorio que

no reviste relevancia constitucional.

Asimismo, mencionó que las decisiones cuestionadas fueron

motivadas con base en la autonomía judicial y que en el desarrollo

de la audiencia inicial se advirtió que la actora no acreditó la

insuficiencia del plazo ni aportó la prueba de contradicción en tiempo.

I.5.2.- La SECCIÓN TERCERA señaló que la presente acción de

tutela deviene improcedente por carecer del requisito de la relevancia

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constitucional, toda vez que los argumentos de la actora constituyen

un simple desacuerdo interpretativo con las decisiones adoptadas por

los jueces naturales de la materia.

I.5.3.- La TRANSPORTADORA manifestó que la controversia aquí

planteada se dirige a cuestionar aspectos meramente legales y que

la accionante contó con todas las garantías procesales dentro del

proceso ordinario cuestionado, el cual se encuentra en trámite.

I.5.4.- ECOPETROL S.A. manifestó su apoyo a las pretensiones

elevadas por la accionante. Para el efecto sostuvo que la negativa de

las pruebas vulnera los derechos fundamentales invocados, pues, a

su juicio, la ley no exige que la prueba por informe sea

exclusivamente frente a terceros y, además, el juez pudo haber

decretado algunas de oficio o adecuar la solicitud probatoria.

I.5.5.- La PROCURADURÍA 115 JUDICIAL II PARA LA

CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA solicitó denegar por

improcedente la acción constitucional de la referencia, por cuanto la

actora pretende convertir la acción de tutela en una tercera instancia

para reabrir el debate surtido dentro del proceso ordinario censurado.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 6 de agosto de 2026,

resolvió la solicitud de amparo, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela,
por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad,
respecto del cargo por defecto procedimental relacionado con el
presunto incumplimiento del deber de corrección judicial de la
desigualdad procesal, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la sociedad Santiago Oil Company Sucursal
Colombia, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia […]”. (Resaltado pertenece al texto)

Señaló que la acción de tutela resulta improcedente por

incumplimiento del requisito de la subsidiariedad respecto del defecto

procedimental por omisión del deber de corrección judicial, pues la

actora no lo planteó ni lo debatió ante el juez natural del asunto.

Además, frente a los defectos sustantivo, fáctico y violación directa

de la Constitución, denegó la solicitud de amparo al no encontrarlos

configurados.

Resaltó que “[…] la acción de tutela no está llamada a prosperar,

pues las discrepancias expuestas por la sociedad accionante

corresponden a un debate propio de la interpretación y aplicación del

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ordenamiento jurídico por parte del juez natural, ámbito que se

encuentra amparado por los principios de autonomía e independencia

judicial y que no puede ser sustituido por el juez constitucional

mediante la acción de tutela […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

SEGUNDA y manifestó su desacuerdo, pues, a su juicio, el análisis

que declaró improcedente el amparo por no cumplir con el requisito

de la subsidiariedad es erróneo, ya que la tesis restrictiva del

TRIBUNAL se reveló en la audiencia inicial, por lo que no era posible

alegar tal irregularidad en una etapa anterior.

Igualmente, cuestionó la decisión de denegar el amparo, por cuanto,

en su sentir, no se relacionaron y/o advirtieron las gestiones que

realizó para obtener la información necesaria a fin de elaborar el

dictamen pericial. Además, consideró que la invalidación de la prueba

por informe omitió aplicar lo dispuesto en el artículo 275 del CGP,

que autoriza solicitar datos, cifras y registros que reposen en los

archivos de los intervinientes.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la

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persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al

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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efectos los proveídos de 29 de enero y 20 de

mayo de 2026, proferidos, respectivamente, por el TRIBUNAL y la

SECCIÓN TERCERA, dentro del medio de control de controversias

contractuales identificado con el número único de radicación 2018-

01149-01.

A las citadas providencias la parte actora les atribuye la vulneración

de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, por cuanto, a su juicio,

incurrieron en defecto procedimental absoluto, por cuanto

ignoraron la remisión obligatoria que prevé el artículo 218 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo10 (CPACA), al artículo 227 del CGP, en lo relativo al

anuncio del dictamen pericial, privándola de sus garantías

10
En adelante CPACA.

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fundamentales y causando la pérdida de oportunidad de aportar un

medio de prueba clave dentro del proceso ordinario.

Mencionó que también incurrieron en defecto sustantivo al

interpretar erróneamente lo previsto en el artículo 275 del CGP, ya

que señalaron que la prueba por informe solo procede frente a

terceros ajenos al proceso, excluyendo arbitrariamente a las partes

y privando a la defensa de un elemento conducente que, a su juicio,

resulta admisible.

Aseguró que de igual manera incurrieron en defecto fáctico al

imponerle la carga de aportar un dictamen técnico complejo en un

plazo insuficiente y sin la información indispensable que retenía la

TRANSPORTADORA.

Finalmente, aseguró que las providencias cuestionadas incurrieron

en violación directa de la Constitución al quebrantar su derecho

a la igualdad procesal frente a la contraparte, pues se le negó la

posibilidad de aportar el dictamen pericial en un término prudente en

aplicación a lo establecido en artículo 227 del CGP.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

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SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 6 de agosto de

2026, declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que

no se encontró satisfecho el requisito de la subsidiariedad respecto

del defecto procedimental alegado y, en lo demás, denegó las

pretensiones de la demanda.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia y manifestó su desacuerdo, pues, a su

juicio, el análisis que declaró improcedente el amparo por

subsidiariedad es erróneo, ya que la tesis restrictiva del TRIBUNAL

se reveló en la audiencia inicial, por lo que no era posible alegar tal

irregularidad en una etapa anterior.

Igualmente, cuestionó la decisión de denegar el amparo ya que no

se advirtió y/o relacionó las gestiones que realizó para obtener la

información necesaria a fin de elaborar el dictamen pericial.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

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establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar el cumplimiento

de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, en especial, el requisito general de

la subsidiariedad.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el

solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»11 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción de

tutela es improcedente por carencia del requisito general de

subsidiariedad, en razón a que el medio de control de

controversias contractuales en el que fueron proferidas las

providencias cuestionadas está en trámite, sin que se advierta que

11
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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dichas decisiones impidan el acceso a la administración de justicia de

la actora o su derecho a la tutela judicial efectiva.

En ese orden, el hecho de que en el proceso origen de la controversia

se hubieran denegado la práctica de la prueba por informe y el

dictamen pericial de contradicción, no implica que la actora no pueda

continuar ejerciendo su derecho de defensa y el principio de

contradicción en dicho trámite, ni que tal circunstancia defina el

sentido de la decisión, esto último que será resuelto en la sentencia

que allí se profiera en primera instancia, la cual incluso será

susceptible del recurso de apelación.

En efecto, esta Sección12 en otras oportunidades ha indicado que el

requisito de la subsidiariedad tampoco se cumple cuando se

encuentra en trámite el proceso en el que se profirió la decisión

objeto de tutela. Al respecto, señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a
las partes, aún luego de agotados los recursos que contra
ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del
medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 15 de
diciembre de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2017-03006-00
y de 12 de marzo de 2026, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2026-01351-
00.

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irregularidad procesal en la decisión que pone fin al
proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]” (Resaltado fuera del texto).

Al respecto, para la Sala es claro que las providencias a las cuales la

parte actora le atribuyó la afectación de sus garantías fundamentales

no pusieron fin al medio de control de controversias contractuales

que aún se encuentra en trámite y, por ende, la intervención del juez

constitucional se encuentra vedada. Ello, por cuanto, se reitera, es el

mismo proceso ordinario el adecuado para hacer valer los derechos

que la actora estima vulnerados y mal haría el juez de tutela en

suplantar las competencias que le están dadas al juez de

conocimiento.

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

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se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 13 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

En consecuencia, se modificará el numeral segundo de la decisión de

13
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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primera instancia y, en su lugar, se declarará improcedente la acción

de tutela de la referencia por no cumplir el requisito general de la

subsidiariedad, y se confirmará en todo lo demás lo dispuesto por el

a quo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia

impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo

solicitado por carecer del requisito general de la subsidiariedad, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida en

primera instancia, por las razones expuestas en esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

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eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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