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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04924-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04924-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la solicitud de tutela de la Superintendencia de Notariado y Registro contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04924-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

3 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04924-00
Accionante: Superintendencia de Notariado y Registro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04924-00
Demandante: Superintendencia de Notariado y Registro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la Superintendencia de Notariado y
Registro, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante apoderado judicial, promovió
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estimó vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, debido
a la presunta mora judicial en la liquidación y aprobación de las costas y agencias en
derecho ordenadas dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 25000-
23-36-000-2015-01521-01 (56907).

2. Hechos

Los hechos en que se sustenta el escrito de tutela son los siguientes 1:

2.1. El 8 de julio de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, profirió
sentencia de segunda instancia dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado
núm. 25000-23-36-000-2015-01521-01 (56907), promovido por la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. ETB S.A. E.S.P. contra la Superintendencia
de Notariado y Registro. En dicha providencia condenó a la parte ejecutante al pago de
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04924-00
Accionante: Superintendencia de Notariado y Registro

las costas causadas en ambas instancias y fijó las correspondientes agencias en derecho
a favor de la entidad ejecutada.

2.2. El 21 de septiembre de 2022, el expediente ingresó al despacho del magistrado
ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
para proveer.

2.3. Mediante memoriales radicados el 3 de julio de 2025, el 9 de febrero y el 7 de mayo
de 2026, la Superintendencia de Notariado y Registro solicitó el impulso del trámite y la
liquidación de las costas.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió que se ordenara al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, liquidar y aprobar, en
un término no superior a quince días hábiles, las costas reconocidas en la sentencia de
segunda instancia proferida dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado
núm. 25000-23-36-000-2015-01521-01 (56907).

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en una dilación injustificada, pues el
proceso se inició en 2015 y culminó con sentencia de segunda instancia en 2022, sin que,
pese al tiempo transcurrido, se hubiera efectuado la correspondiente liquidación de
costas. En su criterio, esta circunstancia impide la materialización efectiva de la decisión
judicial.

Asimismo, manifestó que presentó varias solicitudes de impulso procesal, las cuales no
habían sido atendidas por el Tribunal accionado. Agregó que dicha autoridad tampoco le
informó las razones que justificaban la demora.

Señaló que esta dilación vulneró su derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, debido a que restó eficacia a una decisión favorable proferida por el Consejo
de Estado. A su juicio, la falta de actuación del juez de primera instancia constituye un
obstáculo para el cumplimiento material de la providencia.

También sostuvo que, como usuaria del servicio de administración de justicia, tiene
derecho a que las actuaciones judiciales se adelanten dentro de un plazo razonable. Por
ello, consideró necesaria la intervención del juez constitucional para asegurar el
cumplimiento de la sentencia que condenó a ETB S.A. E.S.P. al pago de costas y
agencias en derecho.

Finalmente, invocó el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, conforme al cual las sentencias ejecutoriadas son de
obligatorio cumplimiento. Indicó que el Consejo de Estado devolvió el expediente al
Tribunal de origen para que adelantara las actuaciones necesarias para la liquidación de
las costas. Con fundamento en el tiempo transcurrido, las reiteradas solicitudes de
impulso procesal y la ausencia de respuesta de la autoridad accionada, concluyó que se
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Accionante: Superintendencia de Notariado y Registro

configuró una mora judicial injustificada que privó de eficacia material a la decisión de
segunda instancia.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 30 de junio de 2026 2, la magistrada ponente admitió la acción de
tutela y ordenó la vinculación, en calidad de tercero con interés, a la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. ETB S.A. E.S.P.

Asimismo, ofició a la autoridad judicial accionada para que remitiera copia del expediente
digital correspondiente al proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 25000-23-
36-000-2015-01521-01 (56907); reconoció personería al abogado Álvaro José Rodríguez
Cortés; tuvo como pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo; ordenó
notificar a las partes y suspendió los términos procesales.

Una vez surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B 3
rindió informe en el que manifestó que, mediante auto del 3 de julio de 2026, dispuso
obedecer y cumplir la sentencia de segunda instancia y ordenó a la Secretaría de la
Sección que efectuara, de manera prioritaria, la liquidación de las costas y agencias en
derecho, de conformidad con las providencias proferidas dentro del proceso ejecutivo.

Indicó que dicho auto fue registrado y notificado por estado, y que la comunicación
correspondiente se remitió a las partes. Agregó que esta información podía consultarse
en el aplicativo SAMAI.

Por último, señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo afronta un elevado
volumen de procesos. Al respecto, informó que la Presidencia de la Sección Tercera del
Tribunal solicitó al Consejo Superior de la Judicatura la adopción de medidas
estructurales para atender esa situación.

4.3. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P.4
manifestó que la parte actora atribuyó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Añadió que, en caso de
concederse el amparo, la orden debía limitarse al impulso y resolución del trámite
pendiente, con plena garantía de los derechos fundamentales de la sociedad vinculada
dentro del proceso ejecutivo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04924-00
Accionante: Superintendencia de Notariado y Registro

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la
Superintendencia de Notariado y Registro, pues esta es la beneficiaria de lo ordenado en
la sentencia proferida en el proceso ejecutivo identificado con el radicado número 25000-
23-36-000-2015-01521-01(56907).

2.2. De igual forma, se encuentra demostrada la legitimación en la causa por pasiva del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en tanto actúa
como autoridad judicial en la cual se encuentra pendiente la liquidación y aprobación de
costas y agencias en derecho.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado.

4. Carencia actual de objeto

Cuando los hechos que motivaron la solicitud de amparo desaparecen o cuando no hay
forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y, por tanto,
cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría ningún efecto,
la Corte Constitucional ha definido tal situación como “carencia actual de objeto”, noción
desarrollada jurisprudencialmente. La jurisprudencia constitucional considera que esta
figura se enmarca en unas categorías particulares, dentro de ellas la del hecho superado,
que por su relevancia para el asunto, pasa a explicarse:

“41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que podían
subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado y daño
consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara [45], el hecho
superado responde al sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es
decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela [46], como producto
del obrar de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden
alguna[47]. Es importante precisar que en estos casos le corresponde al juez de tutela
constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo[48] lo que se pretendía
mediante la acción de tutela[49]; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o
cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente[50]. (…)”5

5
Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Accionante: Superintendencia de Notariado y Registro

En esta medida, la Corte Constitucional ha reiterado que “la carencia actual de objeto
implica que la acción de amparo pierda su razón de ser como mecanismo de protección
judicial en el caso concreto”6. Lo indicado, sin perjuicio de que bajo algunas circunstancias
sea posible que el juez realice algún pronunciamiento de fondo, lo que depende del
asunto concreto y el cumplimiento de ciertos requisitos jurisprudenciales.

5. Caso concreto

La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que cesó la omisión que dio origen a la solicitud de amparo, conforme con las razones que
se exponen a continuación.

5.1. Al consultar en el aplicativo SAMAI las actuaciones correspondientes al proceso
ejecutivo identificado con el radicado núm. 25000-23-36-000-2015-01521-01 (56907), la
Sala constató que, mediante auto del 3 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, dispuso obedecer y cumplir lo resuelto
por el superior, en los siguientes términos:

“OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el Consejo de Estado en providencia
del ocho (08) de junio de dos mil veintidós (2022), mediante la cual se confirmó el auto
del nueve (09) de diciembre de dos mil quince (2015) y se revocó la sentencia
proferida en audiencia de esa misma fecha, proferidas por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta corporación que dispuso negar unas excepciones y seguir
adelante con la ejecución.

Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por la Secretaría de la Sección: a) las
costas establecidas y b) los gastos ordinarios del proceso, sí los hubiere, y en caso de
remanentes devuélvanse al interesado, si pasados dos años éstos no se reclaman
declárese por Secretaría la prescripción de estos, de conformidad con los artículos 7º
y 9º del Acuerdo No. 2552 de 2000

Cumplido lo anterior, por Secretaría de la Sección póngase en conocimiento de las
partes la respectiva liquidación, para que en el término de tres (3) días siguientes a la
notificación y/o comunicación respectiva, se manifiesten sobre la misma, si a bien lo
tienen, y vencido dicho término, ingrésese el expediente de la referencia al Despacho
para resolver sobre la liquidación de las costas.”

Asimismo, la consulta del expediente digital permitió establecer que dicha providencia se
notificó por estado el 6 de julio de 2026 7. Posteriormente, el 10 de julio8 siguiente, la
Secretaría de la Sección efectuó la liquidación de las costas y corrió el traslado
correspondiente a las partes.

5.2. La Sala advierte que las pretensiones de la acción de tutela estaban dirigidas a que
se ordenara a la autoridad judicial accionada liquidar y aprobar las costas y agencias en
derecho ordenadas dentro del proceso ejecutivo. En ese sentido, las actuaciones

6
Ibid.
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Índice 00064 y 00067 del aplicativo SAMAI, para el radicado 76001-23-33-005-2016-01733-01.
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Índice 00068 del aplicativo SAMAI, para el radicado 76001-23-33-005-2016-01733-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04924-00
Accionante: Superintendencia de Notariado y Registro

descritas permiten concluir que dicha solicitud ya fue satisfecha, esto es, se surtió el
trámite cuya agilización se pretendía, sin que resulte procedente que el juez
constitucional se inmiscuya en el contenido material de la decisión adoptada.

En consecuencia, se configura un hecho superado, en tanto la actuación requerida tuvo
lugar con posterioridad a la interposición de la acción de tutela, la cual fue presentada el
25 de junio de 20269, y antes de la expedición del fallo de primera instancia. Ello implica
que desaparecieron las circunstancias que fundamentaban la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora. Por ende, la solicitud de amparo
ha perdido su objeto como mecanismo extraordinario de protección judicial, de modo que
cualquier orden que pudiera impartir el juez de tutela resultaría inocua.

Por lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la
solicitud de tutela de la Superintendencia de Notariado y Registro contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

AOB

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Índices 00001 y 00002 del aplicativo SAMAI.

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