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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04925-00

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04925-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Cristian Morales Rodríguez, de conformidad con los argumentos expuestos. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnado REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04925-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04925-00
Accionante: Ferles Delgado Jara
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar el amparo por no demostrarse los defectos alegados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Ferles Delgado Jara, por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las
providencias expedidas el 6 de febrero de 2025 y 12 de febrero de 2026,
respectivamente, al interior del medio de control de reparación directa con radicado
73001-33-33-005-2024-00089-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Ferles Delgado Jara, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, interpuso demanda en contra de la Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho, Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación, Departamento
del Tolima, Municipio de Guamo, Instituto Carcelario y Penitenciario – “INPEC” y la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - “USPEC”, con la finalidad de que
se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por el presunto
hacinamiento padecido como PPL1 en las instalaciones de la Estación de Policía del
Guamo (Tolima) desde el 13 de septiembre de 2021 hasta el 23 de enero de 2023.

3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Ibagué que, mediante providencia del 6 de febrero de 2025 rechazó la demanda,
al considerar que a la fecha de su interposición había fenecido el término de

1 Persona privada de la libertad.

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Accionante: Ferles Delgado Jara

caducidad, en la medida que el accionante conoció del hacinamiento carcelario desde
el día siguiente a su detención, es decir, el 13 de septiembre de 2021 y por ende, la
fecha límite para presentar la demanda era el 14 de septiembre de 2023, no obstante
cuando radica la solicitud de conciliación extrajudicial el 16 de febrero de 2024, y la
demanda el 19 de abril de ese mismo año, ya había operado el fenómeno de
caducidad.

4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la sentencia
del 12 de febrero de 2026, confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte accionante señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

6. En relación con la caducidad en el medio de control de reparación directa citó
apartados de las sentencias T-342 de junio 29 de 2016, T-238 de julio 4 de 2023, SU-
241 del 20 de junio de 2024 proferidas por la Corte Constitucional y las sentencias
del 30 de enero de 2013, rad. 25000-23-26-000-1997-05265-01, 9 de diciembre de
2013, rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01, 1° de marzo de 2018, rad. 68001-23-
31-000-2010-00605-01, 3 de octubre de 2019, rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01
y 2 de marzo de 2023, rad. 11001031500020220133502, proferidas por el Consejo
de Estado, en las que se analizó la forma como se contabiliza el término de caducidad
del medio de control de reparación directa cuando el daño se asocia o vincula a
condiciones derivadas del hacinamiento carcelario.

7. Sumado a lo anterior, sostuvo que los principios pro damato, pro homine y pro
actione exigen privilegiar el acceso a la administración de justicia y la protección
efectiva de los derechos fundamentales frente a interpretaciones excesivamente
formalistas de los requisitos procesales y de la caducidad.

8. En respaldo de dicha tesis, citó las sentencias T-334 del 17 de agosto de 2018 y
T-229 del 16 de agosto de 2021 de la Corte Constitucional; del 25 de 2016, rad.
11001-03-25-000-2012-00386-00 y; del 10 de noviembre de 2000, exp. 18.805 del
Consejo de Estado. En lo que respecta a casos en donde se alegan violaciones de
derechos humanos citó un apartado de la sentencia T-004 del 15 de enero de 2025
de la Corte Constitucional.

9. Finalmente, concluyó que, en escenarios de disparidad interpretativa, se debe
adoptar una lectura más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales,
cuyo alcance adquiere especial relevancia frente a situaciones de hacinamiento
carcelario, máxime cuando no existe unificación jurisprudencial al respecto.

2.3. Pretensiones

10. La parte accionante solicitó:

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Accionante: Ferles Delgado Jara

«1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia
proferido por el Juzgado 5 Administrativo de Ibagué el 6 de febrero de 2025, y el
auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 12 de febrero de 2026,
en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de FERLES DELGADO JARA,
radicado No. 73001-33-33-005-2024-00089-00, así como también las actuaciones
posteriores a la providencia, proferidas por el Juzgado 5 Administrativo de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo,
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el
fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.
». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

11. La acción de tutela fue admitida por medio del auto del 26 de junio de 2026, en el
que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Ibagué como accionados.

12. ElTribunal Administrativo del Tolima después de hacer un recuento de las
actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario, pidió que se niegue el amparo
porque no transgredió los derechos fundamentales invocados en protección.

13. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

15. La Sala observa que la parte accionante dirige la acción de tutela contra las
providencias expedidas el 6 de febrero de 2025 por el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Ibagué y el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Tolima. Sin embargo, fue esta última decisión la que puso fin al proceso en cuestión,
motivo por el cual, en el evento en que la acción de tutela cumpla con los requisitos
de procedibilidad, se analizará únicamente esta última providencia.

16. Ahora, si bien la parte accionante omitió sustentar sus argumentos en causales
específicas de procedibilidad, lo cierto es que es posible determinar que alega los
defectos por violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente judicial, en la medida en que se menciona un desconocimiento de varias
decisiones judiciales y de principios fundamentados en la Carta Política y
desarrollados a través de la jurisprudencia.

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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17. Enese orden de ideas, en el evento en que se cumplan los requisitos de
procedibilidad, se analizará el caso concreto en esos términos.

3.3. Problema jurídico

18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en los defectos de
violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial,
al proferir la sentencia del 12 de febrero de 2026, al interior del proceso de reparación
directa con radicado 73001-33-33-005-2024-00089-01 [02].

3.4. Procedencia de la acción de tutela

19. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

20. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

22. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

24. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e

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independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1.5. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental derivada de la
supuesta configuración de los defectos por violación directa de la Constitución
Política y desconocimiento del precedente judicial, causales que se encuentran
debidamente fundamentadas.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.2. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.3.3. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.3.4. Se observa igualmente que la presentación3 del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que adquirió ejecutoria la providencia cuestionada4.

3.3.5. La parte accionante alegó una irregularidad procesal, consistente en una
contradicción interna evidente en la decisión judicial cuestionada.

3.3.6. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.

26. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial

27. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

3 25 de junio de 2026.
4 23 de febrero de 2026.

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«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto
se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un
caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los
postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de
las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar
que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados»5.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

28. Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente vinculante.

29. La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los
jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a
fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando,
«expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.

30. Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar
la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible
para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y salvaguardar
los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por
consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el
cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos
sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la

5 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto

Rojas Ríos.

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independencia judicial.

31. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la ley.

3.7. Análisis de los presuntos defectos por violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial en el caso
concreto

32. Teniendo en cuenta que los defectos por violación directa de la Constitución
Política y desconocimiento del precedente judicial se encuentran estrechamente
relacionados, esta Subsección realizará su estudio de manera conjunta.

33. La parte accionante considera que la contabilización del término de caducidad en
el caso concreto debió efectuarse conforme al criterio adoptado en las sentencias T-
342 de junio 29 de 2016, T-238 de julio 4 de 2023, SU-241 del 20 de junio de 2024
proferidas por la Corte Constitucional y las sentencias del 30 de enero de 2013, rad.
25000-23-26-000-1997-05265-01, 9 de diciembre de 2013, rad. 50001-23-31-000-
2012-00196-01, 1° de marzo de 2018, rad. 68001-23-31-000-2010-00605-01, 3 de
octubre de 2019, rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01 y 2 de marzo de 2023, rad.
11001031500020220133502, proferidas por el Consejo de Estado.

34. Sumado a lo anterior, sostuvo que los principios pro damato, pro homine y pro
actione exigen privilegiar el acceso a la administración de justicia y la protección
efectiva de los derechos fundamentales frente a interpretaciones excesivamente
formalistas de los requisitos procesales y de la caducidad. En respaldo de dicha tesis,
citó las sentencias T-334 del 17 de agosto de 2018 y T-229 del 16 de agosto de 2021
de la Corte Constitucional; del 25 de 2016, rad. 11001-03-25-000-2012-00386-00 y;
del 10 de noviembre de 2000, exp. 18.805 del Consejo de Estado. En lo que respecta
a casos en donde se alegan violaciones de derechos humanos citó un apartado de
la sentencia T-004 del 15 de enero de 2025 de la Corte Constitucional.

35. Sin embargo, esta Subsección observa que ninguna de las sentencias aludidas
por la parte accionante constituye precedente para el asunto bajo examen, pues en
cada una de ellas se resuelven problemas jurídicos que no guardan identidad fáctica
ni jurídica con el presente caso, como se expone a continuación:

36. Las sentencias T-342 del 29 de junio de 2016 y T-238 de 2023, proferidas por la
Corte Constitucional versan sobre la contabilización del término de caducidad del
medio de control de reparación directa frente a daños derivados de una falla en la
prestación del servicio médico.

37. De igual manera, las sentencias SU-241 del 20 de junio de 2025 y T-004 del 15
de enero de 2025 de la Corte Constitucional, abordaron una problemática
sustancialmente distinta, relacionada con demandas de reparación directa

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promovidas por hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra atribuidos a agentes del Estado.

38. Por su parte, las sentencias del 30 de enero de 2013, rad. 25000-23-26-000-
1997-05265-01, 9 de diciembre de 2013, rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01, 1°
de marzo de 2018, rad. 68001-23-31-000-2010-00605-01, 3 de octubre de 2019,
rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01, proferidas por el Consejo de Estado,
resolvieron controversias con supuestos fácticos particulares y no fijaron una regla
jurisprudencial de unificación con carácter vinculante sobre la materia debatida.

39. Asimismo, la sentencia del 2 de marzo de 2023 con radicado 11001-03-15-000-
2022-01335-02, proferida por el Consejo de Estado, examinó la contabilización del
término de caducidad del medio de control de reparación directa frente a daños
ocasionados por la ocupación de un inmueble por un grupo armado ilegal en el
contexto de la denominada zona de distensión del Caguán.

40. A su turno, la sentencia T-334 del 17 de agosto de 2018 de la Corte
Constitucional estudió la reparación de los daños sufridos por el patrullero Torres
Chuquen como consecuencia de un accidente de tránsito, respecto del cual la
certeza sobre la magnitud del daño se consolidó con la expedición del dictamen de
pérdida de capacidad laboral emitido por el Grupo Médico Laboral Regional 1 de la
Policía Nacional.

41. Igualmente, la sentencia T-229 del 16 de agosto de 2021 de la Corte
Constitucional analizó una demanda de reparación directa promovida por los
perjuicios derivados de una falla en el servicio médico, atribuida a la omisión en la
aplicación del protocolo de transfusiones de sangre.

42. Finalmente, las sentencias del 25 de octubre de 2016, rad. 11001-03-25-000-
2012-00386-00) y del 10 de noviembre de 2000, exp. 18.805 del Consejo de Estado,
fueron proferidas en el marco de medios de control distintos al aquí analizado,
concretamente de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias
contractuales.

43. En consecuencia, no se advierte que la autoridad judicial accionada incurriera en
la violación directa de la Constitución Política ni en el desconocimiento del
precedente judicial, pues las sentencias invocadas por la parte accionante carecen
de identidad fáctica y jurídica con el asunto objeto de estudio y, en todo caso, no
existe una regla jurisprudencial unificada sobre la contabilización del término de
caducidad del medio de control de reparación directa en casos relacionados con
hacinamiento carcelario, por lo que resulta aplicable el principio de autonomía
judicial.

44. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

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45. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez9, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

46. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en el presente
proveído.

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Cristian
Morales Rodríguez, de conformidad con los argumentos expuestos.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnado REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TURJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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