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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04937-00

Fecha
21 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04937-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Gloria Patricia Ramírez Castro contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, por no superar el requisito de legitimación en la causa por activa. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04937-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

21 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patrícia Ramírez Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patricia Ramírez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela. Improcedencia-Falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Gloria Patricia Ramírez Castro contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Gloria Patricia Ramírez Castro, en nombre propio, interpuso acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, los cuales estima vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, con ocasión
de la presunta mora en el ingreso del expediente al despacho para proferir sentencia
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado núm.
11001-33-36-032-2017-00197-01.

2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela 1 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:

2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A conoce
del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera
instancia proferida dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado núm. 11001-33-36-032-2017-00197-00/01.

1
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6BAF4F0A8E60E8E4.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patrícia Ramírez Castro

2.2. Mediante auto del 11 de agosto de 2025 2, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión. Según lo manifestado por la actora, dicho término venció el 25 de agosto
de 2025.

2.3. De acuerdo con lo señalado en el escrito de tutela, desde el vencimiento del referido
término, el expediente permanece en la Secretaría de la Sección, pese a que en el auto
del 11 de agosto de 2025 se dispuso que, una vez concluido el traslado para alegar,
aquel debía ingresar al despacho para proferir la sentencia correspondiente.

2.4. La accionante afirmó que, para la fecha de presentación de la solicitud de amparo,
habían transcurrido aproximadamente diez meses desde el momento en que, a su juicio,
el expediente debió ingresar al despacho para fallo.

2.5. El 27 de enero de 20263 la accionante, en calidad de apoderada judicial de la parte
demandante dentro del referido proceso de reparación directa, solicitó que el expediente
ingresara al despacho con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“1. TUTELAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en un término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, ingrese el expediente al
despacho del Magistrado Ponente”.

Como fundamento de la solicitud de amparo, la accionante sostuvo que la falta de
ingreso del expediente al despacho impide que se profiera la correspondiente sentencia
de segunda instancia.

Asimismo, señaló que la Corte Constitucional, en las sentencias T-230 de 2013 y T-331
de 2019, ha considerado que la mora judicial puede estar justificada cuando obedece a
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o a una carga laboral estructural
insuperable. Sin embargo, afirmó que, cuando la demora resulta irrazonable, puede
configurarse una vulneración de los derechos fundamentales derivada de la omisión de
la autoridad judicial.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 26 de junio de 2026 4 el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección

2
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6BAF4F0A8E60E8E4, p. 7-8.
3
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 36FF6682B372D970 6BF9BCE785F7D877 31C3289B7024E08C
6BAF4F0A8E60E8E4, p. 9-15.
4
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8CB679A54DD40F0E.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patrícia Ramírez Castro

Tercera-Subsección A; vinculó como terceros con interés a la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional y al señor Edwin Germán Pulido Parra, y requirió a la
autoridad judicial accionada para que remitiera al presente trámite constitucional copia
digital del expediente identificado con el radicado núm. 11001-33-36-032-2017-00197-
01.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.2. La Secretaria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera
remitió copia del expediente solicitado5.

4.3. La Policía Nacional6 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
carecía de competencia para atender las pretensiones de la tutela. Por tanto, solicitó su
desvinculación del trámite constitucional.

4.4. La señora Gloria Patricia Ramírez Castro7 informó la dirección de notificación del
señor Edwin Germán Pulido Parra, a la cual se remitió la respectiva comunicación 8.

4.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A,
por conducto del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez9, solicitó que se negaran las
pretensiones, por considerar que no se configuró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

En relación con las actuaciones surtidas dentro del proceso de reparación directa,
informó que, el 18 de agosto de 2017, el señor Edwin Germán Pulido Parra presentó
demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el propósito de
que se declarara su responsabilidad por los perjuicios ocasionados con motivo de la
muerte de su hijo, ocurrida el 19 de junio de 2015, en el municipio de Lejanías (Meta),
como consecuencia de los disparos que recibió durante una acción terrorista atribuida al
Frente 53 de las FARC. En consecuencia, solicitó que se condenara a la entidad
demandada al pago de los perjuicios materiales y morales reclamados.

El conocimiento del asunto correspondió, por reparto, al Juzgado Treinta y Dos
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual, mediante sentencia del 3 de
marzo de 2025, declaró probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un
tercero y negó las pretensiones de la demanda. Contra esa decisión, la parte
demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido mediante auto del 27
de junio de 2025, en el que, además, se ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

5
Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado D175208E33674121 1E47399D61AA33FE 17D93C6702DC28B4
D8A6A72C044A4F5B.
6
Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 09BB41D13DC1306D 93E328389147ACD7 03A89BA5A2880F90
40E6F55B10126EE9.
7
Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 1639CDAE9A65A5D8 D2B8D48479FFD6F6 49265235028A6225
E438B5BE914D0C0C.
8
Cfr. Índice 00018 del aplicativo SAMAI.
9
Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 8DB3D10943A6BBD0 1778D04D518D4994 0893ECC5FD44470F
E5818EC22A7E3A32.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patrícia Ramírez Castro

Indicó que el expediente fue remitido al tribunal el 1º de julio de 2025 y asignado al
despacho del magistrado ponente el 8 de julio siguiente. Mediante providencia de esa
misma fecha, se admitió el recurso de apelación. Posteriormente, por auto del 28 de julio
de 2025, se decretó una prueba en segunda instancia y, mediante providencia del 11 de
agosto siguiente, se corrió traslado a las partes por el término de diez días para
presentar alegatos de conclusión. Este último término venció el 26 de agosto de 2025,
oportunidad dentro de la cual la parte demandante presentó sus alegatos.

Asimismo, manifestó que, para el momento en que rindió el informe, el expediente se
encontraba en la Secretaría de la Sección, pendiente de ingresar nuevamente al
despacho para proferir sentencia de segunda instancia.

No obstante, sostuvo que el proceso no había permanecido inactivo y que la
circunstancia de que aún no se hubiera proferido sentencia obedecía a la necesidad de
evacuar otros asuntos que también se encontraban pendientes de fallo, pero que habían
sido asignados y admitidos con anterioridad al expediente objeto de la presente acción.
Precisó que, de conformidad con el orden de turnos, para ese momento se estaban
profiriendo las sentencias correspondientes a procesos en los que el auto admisorio del
recurso de apelación había quedado ejecutoriado en enero de 2025.

En ese sentido, señaló que al proceso se le había impartido el correspondiente impulso
procesal, como lo demostraba la expedición de tres providencias en segunda instancia,
pese a que aún no se hubiera proferido la sentencia. Explicó que esta circunstancia
obedecía a la necesidad de respetar el turno de los procesos más antiguos y agregó que
la accionante no había invocado alguna circunstancia que justificara alterar dicho orden.

Por lo anterior, el tribunal consideró que la permanencia del expediente en la Secretaría
no configuraba una mora judicial injustificada, sino que respondía al deber de respetar el
orden de turnos. Al respecto, indicó que, de conformidad con la sentencia T-183 de 2024
de la Corte Constitucional, los procesos judiciales deben resolverse con observancia de
dicho orden, como garantía del derecho a la igualdad de quienes acuden a la
administración de justicia.

En consecuencia, sostuvo que la accionante no podía pretender, mediante la acción de
tutela, que se desconociera el turno de los demás procesos para priorizar la resolución
del suyo, máxime cuando no había acreditado una circunstancia constitucionalmente
relevante que justificara modificarlo.

Finalmente, señaló que la accionante no demostró tener la condición de sujeto de
especial protección constitucional; que el tiempo transcurrido para resolver el recurso no
había superado un plazo razonable y tolerable, teniendo en cuenta el número de
procesos pendientes de sentencia a cargo del tribunal, y que tampoco se acreditó que la
falta de ingreso del expediente al despacho hubiera ocasionado una afectación definitiva
de algún derecho fundamental.

II. CONSIDERACIONES

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patrícia Ramírez Castro

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada
vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la mora judicial
alegada en el trámite del proceso de reparación directa.

3. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley10.

4. Legitimación en la causa

La Corte Constitucional, al interpretar el artículo 86 Superior11 y el artículo 10 del Decreto
2591 de 199112, ha indicado que el titular de la solicitud de tutela es la persona cuyos
derechos han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular en los casos definidos por la ley; y, en esa medida, podrá
promover la protección de las garantías constitucionales: (i) de forma directa; (ii) por
medio de representante legal; (iii) a través de apoderado judicial; o (iv) por intermedio de
un agente oficioso13. Y, en todo caso, también pueden ejercer la acción el defensor del
pueblo y los personeros municipales.

Por lo tanto, dicha regla impone de antemano que, quien presenta la solicitud de amparo
debe ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá

10
Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
11
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública […]”.
12
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.|| También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2002.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patrícia Ramírez Castro

ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos o el
apoderamiento.

La Corte Constitucional ha sostenido que, si bien la acción de tutela se caracteriza por
su naturaleza informal y sumaria, ello no exime al juez constitucional de verificar el
cumplimiento de unos presupuestos mínimos de procedibilidad. Entre tales exigencias
se encuentra la legitimación en la causa por activa, entendida como la titularidad del
derecho fundamental cuya protección se reclama o la habilitación legal para actuar en
nombre de su titular. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado:

“Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha
legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho
cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de
otra persona. La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las
autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración
persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa
vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los
hechos que son materia de la controversia constitucional.

Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en
causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente
acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de
tutela (…)”14.

En los casos de acciones de tutela en el marco de procesos judiciales, es preciso indicar
que, dado el carácter personalísimo de los derechos fundamentales, el titular, que sea
parte en el proceso ordinario, es el único habilitado para invocar la protección del
derecho al debido proceso que puede vulnerarse o resultar amenazado por efecto de
una sentencia o un auto15.

Así entonces, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales, es
decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales o que,
sin estar en un cuerpo normativo específico, “[logre] la dignidad humana y sea traducible
en un derecho subjetivo”16. Así, debe decirse que un derecho es subjetivo en la medida
en que esté asignado a una persona y tenga un contenido que sea exigible al Estado o a
los demás, es decir, estos cuentan con un titular, un obligado y una prestación o
contenido17.

El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la
causa, “es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés

14
Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2016.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2019. Expediente No. 2019-
04660-00(AC).
16
Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003.
17
Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patrícia Ramírez Castro

sustancial que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes carece de
dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo” 18.

En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o jurídica–
titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las condiciones para
agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente autorizadas para ello en
el ordenamiento jurídico. De no cumplirse, la tutela se torna improcedente por la
ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del asunto.

5. Caso concreto

5.1. La Sala declarará improcedente la presente acción de tutela, por cuanto no se
encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la señora Gloria Patricia
Ramírez Castro, conforme a las razones que se exponen a continuación.

5.2. Del escrito de tutela se advierte que la señora Gloria Patricia Ramírez Castro solicita
la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de la presunta mora en el
ingreso del expediente al despacho para proferir sentencia dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado núm. 11001-33-36-032-2017-00197-
01.

5.3. No obstante, del examen del expediente del referido medio de control, allegado a
esta actuación constitucional, así como del informe rendido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca19 y de los documentos aportados por la propia
accionante, se establece que dicho proceso fue promovido por el señor Edwin Germán
Pulido Parra y que la señora Gloria Patricia Ramírez Castro ha actuado únicamente en
calidad de apoderada judicial de aquel dentro del trámite ordinario.

5.4. En este contexto, la Sala observa que la señora Gloria Patricia Ramírez Castro no
ostenta la calidad de parte procesal ni fue reconocida como tercero con interés dentro
del proceso de reparación directa en el que presuntamente se configuró la mora judicial
alegada. Además, aunque en el proceso ordinario actuó como apoderada judicial del
señor Edwin Germán Pulido Parra, la presente acción de tutela fue promovida en
nombre propio y no en representación de dicho demandante.

En tales condiciones, no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa.
En efecto, si bien la señora Gloria Patricia Ramírez Castro mantiene una relación
profesional con el proceso judicial de reparación directa, ello no la convierte, por sí solo,
en titular de los derechos fundamentales cuya vulneración se alega como consecuencia
de la presunta mora judicial. Quien, en principio, estaría legitimado para reclamar su

18
Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017.
19
Se indicó en el informe recibido lo siguiente: “(…) CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE TUTELA instaurada por la
señora GLORIA PATRICIA RAMÍREZ CASTRO, en calidad de apoderada judicial del señor EDWIN GERMAN
PULIDO PARRA (parte demandante dentro del expediente 2017-00197-01) contra este Despacho judicial.”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04937-00
Accionante: Gloria Patrícia Ramírez Castro

protección sería el señor Edwin Germán Pulido Parra o, según el caso, alguna de las
partes del referido proceso.

A lo anterior se suma que la accionante no aportó un poder especial que la facultara para
promover la presente acción de tutela en representación del señor Edwin Germán Pulido
Parra, pese a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el poder
conferido para actuar dentro del proceso ordinario20 no habilita, por sí mismo, el ejercicio
de la acción de tutela, para lo cual se requiere un mandato especial, salvo que se
configure alguno de los supuestos excepcionales de legitimación extraordinaria,
circunstancia que no se acredita en el presente asunto.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Gloria
Patricia Ramírez Castro contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección A, por no superar el requisito de legitimación en la causa por activa.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

LMSG

20
Corte Constitucional, Sentencias T-531 de 2002 y T-382 de 2016.

8

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