Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04940-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04940-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04940-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04940-00
Accionante: CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: Se ampara el derecho fundamental de petición.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Fiscalía
General de la Nación, la Policía Nacional, el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Carlos Iván Robledo Cortés, a través de apoderada judicial solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales de petición, habeas data, debido proceso,
buen nombre y a la honra cuya vulneración le atribuyó a la Fiscalía General de la
Nación, la Policía Nacional, el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura por la
omisión de dar respuesta a la petición de 1.° de junio de 2026.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que “[…] actualmente reside en España, país en el que se encuentra
adelantando los trámites correspondientes para la obtención de su permiso de
residencia dentro del proceso de Regularización Extraordinaria 2026 […]”.
2.2. Manifestó que el 30 de abril de 2026 solicitó ante la Dirección de Investigación
Criminal e INTERPOL (DIJIN) “[…] la expedición de antecedentes judiciales con
aclaración y ampliación de la información, dado que el certificado ordinario no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
resulta suficiente para efectos del procedimiento migratorio en España, sin que se
obtuviera respuesta por parte de dicha entidad […]”.
2.3. Señalóque “[…] promovió acción de tutela en protección de su derecho
fundamental de petición, la cual fue radicada bajo el No. 11001-31-87-032-2026-
00077-00 […]” y “[…] En el trámite de dicha acción constitucional, el JUZGADO
TREINTA Y DOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
BOGOTÁ dispuso vincular y correr traslado al JUZGADO VEINTICUATRO DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, para que se
pronunciara sobre los hechos y pretensiones expuestos en el escrito de tutela,
teniendo en cuenta que en dicho despacho registra el proceso identificado con
radicado No. 11001400403420050036200 […]”.
2.4. Adujoque “[…] Posteriormente […] fueron remitidos dos documentos
denominados “Datos del Proceso” y “Datos del Condenado”. Al realizar una revisión
detallada de la información contenida en dichos registros, se evidenció que la
persona vinculada al proceso judicial corresponde a un tercero que comparte el
mismo nombre y número de cédula de ciudadanía, configurándose un evidente
caso de homonimia […]”.
2.5. Agregó que “[…] aunque existe coincidencia en el nombre completo y en el
número de identificación registrados en los documentos consultados, se observa
una diferencia sustancial en otros datos de individualización de la persona
vinculada al proceso frente a los de mi representado. De acuerdo con la información
suministrada por las autoridades judiciales, la persona relacionada en el proceso
penal nació el día 7 de junio de 1973, mientras que el señor CARLOS IVÁN
ROBLEDO CORTÉS nació el 6 de mayo de 1976 […]”.
2.6. Indicó que “[…] Con el propósito de obtener una solución definitiva a la situación
descrita, el día 1 de junio de 2026, se radicó un derecho de petición ante la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, el
JUZGADO VEINTICUATRO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
solicitando que, en el marco de sus competencias, adelantaran las actuaciones
necesarias para aclarar y corregir la información que erróneamente lo vincula con
un proceso penal correspondiente a un tercero, producto de un evidente caso de
homonimia […]”.
2.7. Afirmó que “[…] No obstante, pese al tiempo transcurrido desde la radicación de
las referidas solicitudes y al vencimiento de los términos legalmente establecidos
para su respuesta, las entidades accionadas no han emitido pronunciamiento de
fondo ni han adelantado actuaciones efectivas encaminadas a resolver la situación
planteada […]”.
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Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
2.8. Expuso que “[…] La falta de respuesta por parte de las entidades accionadas
constituye una vulneración directa del derecho fundamental de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política. Así mismo, afecta los derechos
fundamentales al habeas data, al buen nombre, a la honra y al debido proceso, toda
vez que persiste en los registros consultados una información inexacta que lo
relaciona con actuaciones judiciales correspondientes a un tercero […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Se amparen los derechos fundamentales al HABEAS DATA,
DEBIDO PROCESO, BUEN NOMBRE, HONRA y PETICIÓN del señor
CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.799.134, y en consecuencia se ordene a la FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN, la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, el JUZGADO
VEINTICUATRO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE BOGOTÁ y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que, dentro
de un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas o el que su Despacho
considere pertinente, emitan respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a
los derechos de petición radicados el día 1 de junio de 2026.
SEGUNDA. Se amparen los derechos fundamentales al HABEAS DATA,
DEBIDO PROCESO, BUEN NOMBRE y HONRA de mi representado, y en
consecuencia se ordene a las entidades accionadas, dentro del ámbito de sus
competencias, realizar la verificación integral de la información relacionada con
el proceso judicial identificado con radicado No. 11001400403420050036200,
emitiendo un pronunciamiento expreso sobre la identidad de la persona
vinculada a dicho proceso.
Como resultado de dicha verificación, se solicita que las entidades
competentes aclaren y certifiquen de manera expresa que el proceso judicial
referido no corresponde al señor CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.799.134, sino a una persona
distinta, configurándose un evidente caso de homonimia.
TERCERA. Se ordene a las entidades accionadas expedir, dentro del marco
de sus competencias, una constancia, certificación o documento oficial que
pueda ser presentado ante autoridades nacionales y extranjeras, en el que se
indique de manera expresa que el señor CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.799.134, no corresponde a la
persona vinculada al proceso judicial objeto de consulta, ni registra
antecedentes derivados de dicho trámite judicial.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el accionante actualmente adelanta en
España el procedimiento para la obtención de su permiso de residencia
dentro del proceso de Regularización Extraordinaria 2026, trámite respecto
del cual debe aportar la documentación requerida por las autoridades
migratorias a más tardar el 30 de junio de 2026. En consecuencia, la
expedición oportuna de dicha certificación resulta indispensable para
acreditar su situación jurídica real y evitar perjuicios graves e irreparables
en el proceso migratorio que actualmente cursa.
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Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
CUARTA. Subsidiariamente, y en caso de que el Despacho considere que
alguna de las entidades accionadas no es competente para emitir la
certificación solicitada, se ordene a la entidad que resulte competente adelantar
las actuaciones administrativas, judiciales o de coordinación interinstitucional
necesarias para esclarecer la situación de homonimia presentada y garantizar
la protección efectiva de los derechos fundamentales invocados.
QUINTA. Se adopten las demás medidas que su Despacho considere
necesarias para garantizar la protección integral de los derechos
fundamentales al HABEAS DATA, DEBIDO PROCESO, BUEN NOMBRE,
HONRA y PETICIÓN del accionante, evitando que continúe siendo asociado o
relacionado con información judicial correspondiente a un tercero […]”. [Negrilla
del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 30 de junio de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de tercero con interés
directo en el resultado del proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio.
5. Mediante auto de 16 de julio de 2026, se ordenó vincular al Juzgado Treinta y
Cuatro Penal Municipal de Bogotá.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
6.1. El Centro de Documentación Judicial – CENDOJ del Consejo Superior de
la Judicatura, señaló que “[…] no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el accionante, Esto se debe a que no se adelantó el proceso judicial,
ni realizó el registro de las actuaciones, que como ya se indicó son funciones que
corresponden exclusivamente a los despachos judiciales […] Cabe resaltar que el
Centro de Documentación Judicial CENDOJ, del Consejo Superior de la Judicatura,
no cuenta con usuario, permisos, facultades ni competencia para registrar,
diligenciar o modificar información en el sistema de gestión procesal en la Consulta
de Procesos Nacional Unificada, lo que reafirma la ausencia de intervención directa
en el caso mencionado […]”.
6.2. El Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá solicitó su desvinculación y resaltó lo siguiente:
“[…] 1. Dentro del radicado N° 11001-40-04-034-2005-00362-00 el Juzgado 34
Penal Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 06 de febrero de 2009, condenó
a CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS, identificado con la cedula de ciudadanía N°
79.799.134, en calidad de autor de los delitos de hurto calificado y agravado en
concurso con fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas municiones.
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Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
2. Mediante auto del 7 de septiembre de 2014, este Juzgado Ejecutor antes
Juzgado 105 de Descongestión, decretó la extinción de la sanción penal por
prescripción y ordenó que en firme se informara a las diferentes autoridades y se
remitiera el proceso al fallador para el archivo definitivo, orden que se cumplió el 29
de enero de 2015 y se verificó que el 28 y 29 de enero de 2015 se comunicó la
extinción a las diferentes autoridades.
3. Mediante auto del 25 de mayo de 2026, se ordenó el ocultamiento al público
orden que se cumplió el 29 de junio de 2026.
4. En atención al derecho de petición presentado el 1° de junio de 2026 que ingresó
al Despacho el 2 de junio de 2026, que busca establecer si hay un posible caso de
homonimia, mediante auto del 8 de julio de 2026, se ordenó remitir la petición por
competencia al Juzgado Fallador dado que la pena impuesta se ejecutó y extinguió
y el proceso fue remitido al fallador para el archivo definitivo desde el 29 de enero
de 2015.
5. Frente a las pretensiones de la demanda de tutela, se informa que, mediante
auto del 8 de julio de 2026, se ordenó remitir la petición por competencia al Juzgado
Fallador dado que la pena impuesta se ejecutó y extinguió y el proceso […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
8. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
del Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20067, señaló lo siguiente:
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
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Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).
10. Teniendo en cuenta que el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad fue señalado en el escrito de tutela como una de las
autoridades accionadas por no haber dado respuesta a la petición de 1.° de junio
de 2026, la Sala considera que a esta entidad le asiste interés jurídico para ser
vinculada a esta acción constitucional.
11. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación presentada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer si se vulneraron los derechos fundamentales de Carlos Iván Robledo
Cortés, por la presunta omisión de dar respuesta a la petición de 1.° de junio de
2026.
VI.4. El núcleo esencial del derecho de petición
13. El artículo 23 de la Constitución Política prevé que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.
14. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales
como la información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad
social, el acceso a documentos públicos, entre otros.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04940-00
Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
15. Elderecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que
son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario8.
16. La vulneración del núcleo esencial del derecho fundamental de petición es objeto
de protección a través de la acción de tutela. Sin embargo, la jurisprudencia ha
precisado que el sentido de la respuesta no hace parte del referido núcleo esencial
de este derecho. En virtud de lo anterior, se ha precisado que la respuesta negativa
en ningún caso constituye una vulneración del derecho fundamental de petición, ya
que “[…] existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener
lo pedido […]”9.
17. En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.
VI.5. Caso concreto
18. El señor Carlos Iván Robledo Cortés, a través de apoderada judicial solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales de petición, habeas data, debido proceso,
buen nombre y a la honra cuya vulneración le atribuyó a la Fiscalía General de la
Nación, la Policía Nacional, el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura por la
omisión de dar respuesta a la petición de 1.° de junio de 2026.
VI.5.1. Análisis del caso concreto
19. La Sala procederá al análisis de la vulneración del derecho de petición frente a
las accionadas.
20. El accionante presentó petición el 1.o de junio de 2026 en los siguientes términos:
“[…] Bogotá D.C., 01 de junio de 2026
Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
8
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 18 de enero de 2017.
9
Ibidem.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04940-00
Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co
direcciondeatencionalusuario@fiscalia.gov.co
Bogotá, D.C.
Señores
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
decun.notificacion@policia.gov.co
Bogotá, D.C.
Señores,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
notificacionesjud@sic.gov.co
Bogotá, D.C.
Señores
JUZGADO VEINTICUATRO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ
ejcp24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Bogotá, D.C.
Referencia: Derecho de petición por caso de HOMONIMIA.
Yo, IVONNE NATALIA PÉREZ AGUIRRE, identificada con cédula de
ciudadanía No. […] expedida en Bogotá D.C., abogada titulada, portadora de
la Tarjeta Profesional No. […] del Consejo Superior de la Judicatura, actuando
en calidad de apoderada de CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS, mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.799.134, en virtud del poder
especial otorgado el día 28 de mayo de 2026, y en ejercicio del derecho
fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política
de Colombia, así como de lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015,
respetuosamente me permito presentar el presente DERECHO DE PETICIÓN,
en la cual solicitó:
“[…]
II. PETICIONES
PRIMERA: Solicito que se realice la verificación correspondiente y se emita un
pronunciamiento expreso sobre la identidad de la persona vinculada al proceso
judicial identificado con radicado No. 11001400403420050036200.
SEGUNDA: Como resultado de dicha verificación, solicito se aclare y certifique
de manera expresa que el proceso judicial anteriormente referido NO
corresponde al señor CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.799.134, sino a una persona diferente,
configurándose un caso de HOMONIMIA.
TERCERA: Solicito se adopten las medidas administrativas necesarias para
aclarar, corregir, actualizar o complementar la información correspondiente,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04940-00
Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
con el fin de evitar futuras afectaciones derivadas de la situación de homonimia
aquí expuesta.
CUARTA: Solicito se expida una constancia o certificación oficial que pueda ser
presentada ante autoridades nacionales y extranjeras, en la que se indique
expresamente que el señor CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.799.134, no corresponde a la persona
vinculada al proceso judicial objeto de consulta.
QUINTA: En caso de que esa entidad considere que no es competente para
atender total o parcialmente las solicitudes elevadas mediante el presente
derecho de petición, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 1755 de 2015, se efectúe de manera inmediata el traslado de la
petición a la autoridad que considere competente para resolverla,
informándome oportunamente sobre dicha actuación y suministrando los datos
de la entidad a la cual fue remitida […]”.
21. De conformidad con los anexos allegados con el escrito de tutela, se evidencia
que dicha petición fue enviada a los siguientes correos electrónicos:
VI.5.1.1. De la presunta vulneración por parte del Juzgado Veinticuatro de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
22. El 8 de julio de 2026 el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá dio respuesta al accionante informándole que:
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04940-00
Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
“[…] Vía correo electrónico institucional, ingresó derecho de petición elevado
por la apoderada del señor CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS, a través del
cual solicita que se realice la correspondiente verificación para que se aclare y
certifique de manera expresa que el proceso judicial N°
1001400403420050036200 no corresponde al señor CARLOS IVÁN
ROBLEDO CORTÉS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.799.134,
sino a una persona diferente donde se configura un caso de homonimia y como
consecuencia de ello, se adopten las medidas necesarios para aclarar, corregir
y actualizar las diferentes bases de datos y se expida certificación ante la
autoridades nacionales e internacionales.
Verificado el registro de actuaciones, se advierte que, mediante auto del 7 de
septiembre de 2014, este Juzgado Ejecutor antes Juzgado 105 de
Descongestión, decretó la extinción de la sanción penal por prescripción y
ordenó que en firme se informara a las diferentes autoridades y se remitiera el
proceso al fallador para el archivo definitivo, orden que se cumplió el 29 de
enero de 2015. En todo caso, mediante auto del 25 de mayo de 2026, se ordenó
el ocultamiento al público orden que se cumplió el 29 de junio de 2026 y se
verifico (sic) que el 28 y 29 de enero de 2015 se comunicó la extinción a las
diferentes autoridades.
Por lo anterior, este Juzgado de Ejecución de Penas y Medias (sic) de
Seguridad de acuerdo con el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal,
no es la autoridad competente para resolver de fondo el posible caso de
homonimia plateado por la apoderada del señor CARLOS IVÁN ROBLEDO
CORTÉS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.799.134, pues este
Despacho ejecutó y extinguió la sanción penal impuesta y se remitió el proceso
al Juzgado Fallador para el archivo definitivo desde el 29 de enero de 2015.
En consecuencia, el Despacho DISPONE:
1. Por el Centro de Servicios Administrativos para estos Despachos, remitir de
manera inmediata el derecho de petición presentado por la apoderada del
señor CARLOS IVÁN ROBLEDO CORTÉS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.799.134, el 1° de junio de 2026, al Juzgado 34 Penal
Municipal de Bogotá, para lo de su competencia.
2. Infórmesele el contenido del presente auto a la peticionaria al correo
electrónico pereznataliaa79@gmail.com […]”.
23. El Juzgado indicó que dicha respuesta fue notificada al correo indicado por el
accionante en su petición.
24. En consecuencia, la Sala considera que el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, no vulneró los derechos fundamentales
del accionante, puesto que, como se expuso anteriormente, dio respuesta al
accionante remitiendo por competencia su solicitud al Juzgado Treinta y Cuatro
Penal Municipal de Bogotá.
VI.5.1.2. De la presunta vulneración por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Juzgado
Treinta y Cuatro Penal Municipal de Bogotá
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04940-00
Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
25. El Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial rindió
informe a través del cual indicó que “[…] no resulta procedente endilgar alguna
responsabilidad al Centro de Documentación Judicial – CENDOJ - del Consejo
Superior de la Judicatura, toda vez que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el accionante, Esto se debe a que no se adelantó el
proceso judicial, ni realizó el registro de las actuaciones, que como ya se indicó son
funciones que corresponden exclusivamente a los despachos judiciales […]”. Sin
embargo, no expuso si dio respuesta a la petición de 1.° de junio de 2026
presentada por el accionante y tampoco acreditó haberlo hecho.
26. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Juzgado Treinta y
Cuatro Penal Municipal de Bogotá pese a que fueron debidamente notificados10 de
la presente acción de tutela, guardaron silencio.
27. De los anexos que allegó el accionante se advierte que la petición fue presentada
ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. No obstante, no está
acreditado que estas autoridades hayan dado respuesta a la petición del
accionante.
28. En cuanto al Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal de Bogotá, se advierte
que el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá adujo haberle remitido por competencia la petición presentada por el señor
Carlos Iván Robledo Cortés, sin que en el expediente de la solicitud de amparo obre
constancia alguna de que en efecto le haya dado respuesta al actor.
29. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que el Consejo Superior de
la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Juzgado
Treinta y Cuatro Penal Municipal de Bogotá vulneraron el derecho fundamental de
petición del accionante con la omisión de dar respuesta a la petición de 1.° de junio
de 2026.
30. En ese orden de ideas, se amparará el derecho fundamental de petición del
señor Carlos Iván Robledo Cortés y se ordenará a estas entidades que, dentro de
un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, den respuesta de fondo la solicitud radicada por el accionante.
31. La Sala precisa que las pretensiones segunda y tercera del escrito de tutela
hacen parte de lo solicitado en la petición de 1.° de junio de 2026, por lo que
corresponderá a las autoridades en el marco de su competencia pronunciarse al
respecto y no al juez de tutela.
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Índice núm. 7 del expediente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04940-00
Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Veinticuatro de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Carlos Iván
Robledo Cortés, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General
de la Nación, a la Policía Nacional y al Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal
de Bogotá que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de esta providencia, den respuesta de fondo a la petición de 1.° de
junio de 2026 presentada por el accionante.
CUARTO: NEGAR las pretensiones respecto del Juzgado Veinticuatro de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04940-00
Accionante: Carlos Iván Robledo Cortés
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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