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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04945-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04945-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Jhones Mauricio Moreno Acevedo, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 29 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa No. 05001-33-33-036-2018-00283-01 y, en consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, emita la correspondiente decisión en la que se acate las consideraciones aquí descritas. TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 13. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04945-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 24 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04945-00
Accionante: Jhones Mauricio Moreno Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico – Ampara

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia judicial que, en segunda
instancia, revocó la de primera y, en su lugar, negó las pretensiones planteadas en una
demanda de reparación directa por lesiones sufridas por un recluso.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jhones Mauricio
Moreno Acevedo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 25 de junio de 2026, Jhones Mauricio Moreno Acevedo, por
intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la Sentencia de 29 de mayo de 2026, proferida dentro del proceso de
reparación directa No. 05001-33-33-036-2018-00283-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):

“PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo
a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del señor JHONES MAURICIO
MORENO ACEVEDO, toda vez que la SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA mediante la sentencia proferida el 29 de mayo de
2026 dentro del proceso de reparación directa promovido contra la Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, incurrió en i)

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04945-00
Accionante: Jhones Mauricio Moreno Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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desconocimiento del precedente constitucional y contencioso administrativo relativo
a la relación especial de sujeción de las personas privadas de la libertad y al deber
reforzado de protección que recae sobre el Estado respecto de quienes se
encuentran bajo su custodia, ii) defecto sustantivo por indebida formulación del
problema jurídico y aplicación irrazonable de la teoría de la causalidad adecuada,
al desplazar el análisis del incumplimiento de los deberes de protección estatal hacia
la determinación de la identidad y motivaciones del autor material de la agresión y
en iii) vía de hecho de defecto por motivación aparente o insuficiente.

SEGUNDA. Que como consecuencia a lo anterior, se ORDENE a la SALA SEXTA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA QUE SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia proferida el 29 de mayo de 2026 por ellos proferida con ocasión a la
segunda instancia dentro del proceso de reparación directa identificado con
radicado No. 05001 33 33 036 2018 00283 01 donde funge como demandante el señor
JHONES MAURICIO MORENO ACEVEDO y otros, en contra de la Nación – Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

TERCERA. ORDENAR a LA SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA que, en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia
dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado No. 05001 33 33
036 2018 00283 01 donde funge como demandante el señor JHONES MAURICIO
MORENO ACEVEDO y otros, en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, observando y aplicando los
precedentes constitucionales y contencioso administrativos relativos a la relación
especial de sujeción de las personas privadas de la libertad, al deber reforzado de
protección que recae sobre el Estado y a las reglas jurisprudenciales aplicables a la
imputación de responsabilidad por daños sufridos por personas sometidas a custodia
estatal y se corrija los demás errores sobre los cuales versa la presente acción
constitucional.

CUARTA. Que al momento de proferir la nueva decisión se realice un análisis integral
de las múltiples advertencias, solicitudes de traslado y requerimientos de protección
formulados por las diferentes autoridades estatales respecto de la situación de riesgo
que enfrentaba el señor JHONES MAURICIO MORENO ACEVEDO.

QUINTA. Que se disponga cualquier otra medida que el juez constitucional considere
necesaria para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales
vulnerados.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Jhones Mauricio Moreno Acevedo se encontraba privado de la
libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de
Bellavista de Bello (Antioquia) desde el 9 de abril de 2015.

5. 2) Durante su reclusión manifestó haber recibido amenazas de muerte,
derivadas de su colaboración con la Fiscalía en el proceso penal seguido
en su contra, por lo que presentó múltiples solicitudes de traslado, las cuales
no fueron atendidas.

6. 3) El 13 de junio de 2016, el señor Moreno Acevedo sufrió quemaduras
en su rostro y otras partes del cuerpo, ocasionadas por una sustancia

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04945-00
Accionante: Jhones Mauricio Moreno Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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química que le lanzaron dentro del establecimiento penitenciario.
Posteriormente, el 30 de julio de 2016 fue trasladado a otro centro de
reclusión.

7. 4) Por estos hechos, el señor Moreno Acevedo y su grupo familiar
promovieron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra el INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho, al considerar
que las lesiones sufridas obedecieron al incumplimiento de los deberes de
protección y custodia a cargo del Estado. El asunto fue conocido en primera
instancia por el Juzgado 36 Administrativo de Medellín, bajo el radicado No.
11001-03-15-000-2026-04945-00.

8. 5) Mediante Sentencia de 30 de noviembre de 2020, el juez de
conocimiento declaró la responsabilidad del INPEC por la omisión en sus
deberes de vigilancia y protección, al estimar acreditado que la entidad no
atendió oportunamente las solicitudes de traslado formuladas por el
accionante y esa omisión fue determinante en el ataque con ácido.

9. 6) Contra esa decisión, ambas partes interpusieron recurso de
apelación. La parte demandante cuestionó principalmente la tasación de
los perjuicios reconocidos, mientras que el INPEC sostuvo que las lesiones
habrían sido autoinfligidas, ya que no existía prueba de una agresión externa
y que el caso debía analizarse bajo la falla del servicio, pues no se acreditó
una omisión que generara el daño sufrido.

10. 7) Mediante Sentencia de 29 de mayo de 2026, el Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda. Aunque reconoció que cuando se trata de
personas privadas de la libertad el régimen de responsabilidad era, en
principio, objetivo debido a la relación especial de sujeción, consideró que
el caso concreto debía analizarse bajo una falla del servicio para establecer
si la falta de traslado del actor constituyó la causa determinante de las
lesiones sufridas. Concluyó que, si bien estaba acreditado el daño, no se
probó que las amenazas o la no realización del traslado hubieran originado
el ataque. Asimismo, estimó que persistían dudas sobre la forma en que
ocurrieron los hechos y la identidad del autor.

11. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte
accionante, en que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en:

12. 1) Desconocimiento del precedente: consideró que, aunque el
tribunal reconoció la relación especial de sujeción que existía entre el Estado
y las personas privadas de la libertad, sobre las cuales tenían una posición
reforzada de garante respecto de su vida e integridad, no aplicó esas reglas

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04945-00
Accionante: Jhones Mauricio Moreno Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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al caso concreto. Explicó que, dichos casos, por regla general, se
analizaban bajo un régimen objetivo de responsabilidad y el tribunal se
apartó injustificadamente de dicha regla al trasladar a la víctima la carga
de demostrar quién ejecutó el ataque, cuáles fueron sus motivaciones y cuál
fue el vínculo exacto entre las amenazas y la agresión, carga que era
incompatible con dicho régimen de protección. Para sustentar este defecto
citó las Sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de
2022, T-216 de 2024 y T-114 de 2025 de la Corte Constitucional, así como las
Sentencias 00597 de 4 de marzo de 2019, de 28 de agosto de 2019 exp. 2000-
00340-01 (28832) y 26 de junio de 2015 exp. 2002-01753-01 (29153) del
Consejo de Estado.

13. 2) Defecto sustantivo: porque el tribunal resolvió una controversia
distinta a la planteada en la demanda de reparación directa. A juicio del
accionante, la sentencia concentró el análisis en la ausencia de prueba
sobre quién lanzó el ácido y sobre la relación entre las amenazas y el
ataque, sin analizar si el INPEC incumplió el deber de proteger a un recluso
frente a un riesgo conocido que finalmente se materializó. Afirmó que se dio
una aplicación irrazonable de la teoría de la causalidad adecuada porque
le impuso a la parte actora un nivel de demostración incompatible con la
naturaleza de la relación especial de sujeción, al considerar insuficientes las
múltiples advertencias institucionales, solicitudes urgentes de traslado y
requerimientos existentes en el expediente.

14. 3)Motivación aparente, insuficiente y defecto fáctico: porque algunas
de las conclusiones a las que llegó el tribunal para negar las pretensiones no
estaban sustentadas en las pruebas del expediente sino en conjeturas del
tribunal. Cuestionó que la Sala hubiera considerado que, si realmente se
hubiera querido silenciar al actor por su colaboración con la fiscalía, se
utilizara una sustancia corrosiva en lugar de armas blancas; que sugiriera un
posible incumplimiento del deber de autocuidado por parte del interno,
cuando era el INPEC quien debía protegerlo y que planteara dudas sobre si
el hecho obedeció a amenazas o a una venganza. Para el accionante,
ninguno de esos razonamientos tenía respaldo probatorio, pues omitió
valorar adecuadamente pruebas relevantes como los testimonios de la
fiscal, del defensor público y los múltiples requerimientos de traslado que, en
su criterio, demostraban el conocimiento previo del riesgo y la insistencia en
adoptar medidas de protección.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

2 Mediante Auto de 26 de junio de 2026, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como parte demandada al Tribunal Administrativo de Antioquia y (3) vincular, en calidad de
terceros interesados, a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, al Juzgado 36 Administrativo de Medellín,
a Libardo Moreno Marino y Felicita Esther Acevedo. Mediante Auto de 31 de julio de 2026, se ordenó la vinculación
como terceros con interés de Ingrid Daniela Lagares Acevedo, Audin Lagares Acevedo y Brayan Stiven Lagares
Acevedo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04945-00
Accionante: Jhones Mauricio Moreno Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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15. El Ministerio de Justicia y del Derecho3 solicitó que se declarara su falta
de legitimación pasiva en la causa o, subsidiariamente, se negara el
amparo. Sostuvo que desde la sentencia de primera instancia fue
desvinculado del proceso ordinario y esa decisión no fue apelada, por lo
que se encontraba en firme. Además, aseguró que la tutela pretendía
reabrir el debate probatorio sobre el nexo causal que ya fue discutido y
resuelto durante ese proceso, por lo que no se configuró ninguno de los
defectos alegados.

16. El Juzgado 36 Administrativo de Medellín4 solicitó su desvinculación de
la acción de tutela al considerar que la tutela estaba dirigida,
exclusivamente, contra la providencia de segunda instancia, por lo que no
se le atribuyó vulneración alguna y envió el enlace del expediente digital de
primera instancia para su consulta.

17. Los señores Libardo Moreno y Felicita Acevedo5 rindieron informe en el
que respaldaron los hechos, argumentos y pretensiones de la acción de
tutela, pues no solo se vulneraron los derechos fundamentales de su hijo
Jhones Moreno, sino también los de ellos, en su condición de demandantes
del proceso ordinario. Por ello, solicitaron que cualquier decisión favorable
que se adoptara les fuera extendida.

18. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC6 solicitó que se
declarara su falta de legitimación pasiva en la causa, pues no tenía
competencia para dejar sin efectos la decisión objeto de tutela y que,
además, no había vulnerado derecho fundamental alguno de la parte
actora.

19. Los señores Ingrid Daniela Lagares Acevedo, Elvis Audin Lagares
Acevedo y Brayan Stiven Lagares Acevedo, rindieron informe en el que
manifestaron su apoyo a las pretensiones de la acción de tutela.

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, pese a haber sido notificado
en debida forma7 guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos. 2.2. Solicitudes de desvinculación. 2.3. Fijación
de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5.
Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.6.
Conclusión.

3 Índice 12 de SAMAI.

4 Índice 13 de SAMAI.

5 Índice 17 de SAMAI.

6 Índice 18 de SAMAI.

7 Índice 7 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04945-00
Accionante: Jhones Mauricio Moreno Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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2.1. Identificación de defectos

21. La Sala ha de precisar que, si bien, la parte actora alegó la
configuración de un desconocimiento del precedente, defecto sustantivo,
motivación aparente y defecto fáctico, lo cierto es que los reparos allí
planteados están dirigidos a cuestionar la valoración probatoria realizada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En consecuencia, la Sala
estudiará dichos reparos en conjunto bajo la óptica del defecto fáctico.

2.2. Solicitudes de desvinculación

22. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y el Ministerio de
Justicia y del Derecho solicitaron su desvinculación de la presente acción de
tutela. La Sala negará dicha solicitud porque (1) la vinculación de las
referidas autoridades se hizo en calidad de terceros interesados en el
proceso y (2) la eventual decisión de amparo de los derechos
fundamentales que reclama la parte actora podría llegar a tener incidencia
en el proceso en el que fueron demandadas.

2.3. Fijación de la controversia

23. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
resolver en segunda instancia el proceso de reparación directa No. 05001-
33-33-036-2018-00283-01, incurrió en un defecto fáctico.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente porque: (1)
No existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
de los derechos presuntamente vulnerados. (2) Hubo un plazo razonable
entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (4/6/2026)8 y la
de interposición de la presente acción de tutela (25/6/2025). (3) No se
enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relaciona con una
sentencia dictada en un proceso de reparación directa. (4) Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. (5) La controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de las garantías
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva, con ocasión de una providencia judicial en la que,
a juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la

8 El mensaje de datos fue enviado el 2 de junio de 2026.

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decisión de primera instancia que accedió a sus pretensiones, y, con ello,
incurrió en un defecto fáctico.

2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

25. La Sala accederá a la solicitud de amparo por las razones que pasan
a explicarse.

26. Aunque la parte actora alegó la configuración de varios defectos, la
Sala observa que las inconformidades planteadas se orientan a cuestionar
la valoración probatoria efectuada por el tribunal, en particular, por las
deducciones a las que llegó la autoridad judicial respecto de las amenazas
denunciadas por el señor Moreno Acevedo, las reiteradas solicitudes de
traslado, el alcance de los testimonios recaudados y la relación existente
entre tales circunstancias y las lesiones sufridas por el accionante.

27. Una vez revisada la providencia cuestionada, se advierte que el
tribunal al analizar la imputación concluyó que no existía nexo causal con
base en inferencias que no encuentran respaldo probatorio suficiente en los
elementos de convicción aportados al proceso. En efecto, el tribunal
concluyó lo siguiente (se trascribe):

“En este contexto, puede concluirse brevemente que: i) existe una notoria penuria
por no decir carencia probatoria que permita afirmar que el INPEC sea responsable
de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales reclamados, derivados de una
supuesta falla del servicio consistente en la falta de diligencia para trasladar al señor
Jhones Mauricio Moreno Acevedo a otro centro penitenciario, como se afirma en la
demanda; ii) no existe prueba irrefutable, incuestionable o concluyente que indique
que el incidente que dejó lesionado al actor obedeció a las eventuales
intimidaciones sufridas con ocasión de su colaboración con la justicia; iii) incluso, el
lesionado pudo haber incumplido su deber de autocuidado, pues, de haber sido
objeto de graves amenazas, debió observar mayor cautela en sus desplazamientos
o solicitar medidas de protección distintas al traslado, lo cual no se acreditó; iv)
aunque se demostró el daño consistente en las lesiones padecidas dentro del
establecimiento penitenciario, no se probó que este tuviera carácter antijurídico ni
que fuera imputable a la actuación u omisión de las autoridades encargadas de su
custodia; v) la forma de ocurrencia del hecho y su autor continúan siendo inciertos
y enigmáticos; y vi) si bien el Estado tiene deberes de custodia respecto de los
internos, ello no implica una responsabilidad absoluta y automática frente a
cualquier daño que estos sufran; vii) el INPEC, incluso velando por la integridad de
la vida del interno que resultó afectado – hoy demandante- lo reubicó en diversas
oportunidades en disímiles pabellones con contextos determinados de seguridad; y
viii) existen dudas en relación a si el posible delito obedeció a un atentado “por
amenazas” o a una “posible venganza”, siendo además dos espacios o contextos
delictivos diametralmente opuestos.”

28. Respecto de la primera conclusión, según la cual existía una “notoria
penuria “o “carencia probatoria” sobre la alegada falta de diligencia en el
trámite de traslado del accionante a otro centro penitenciario, se advierte
que el expediente contenía múltiples documentos relacionados con la

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situación de riesgo que enfrentaba el señor Jhones Moreno. Así, el 23 de junio
de 2015, la Fiscal 9 Especializada solicitó con carácter urgente el traslado del
señor Moreno a otro centro penitenciario por razones de seguridad; el 24 de
junio siguiente, el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Medellín
requirió al INPEC para que realizara las gestiones necesarias para
materializar el traslado y adoptar medidas de protección a su vida e
integridad; ese mismo día la Regional Noroeste del INPEC remitió la solicitud
de traslado ante la Dirección General por ser la dependencia competente
para decidir sobre los traslados; el 28 de julio de 2015, la fiscalía reiteró que
las amenazas persistían pese al cambio de patio efectuado el mes anterior;
el 5 de agosto de 2015, el juzgado reiteró su requerimiento ante el INPEC; el
26 de octubre de 2015 el INPEC solicitó la realización de un estudio técnico
de riesgo para el interno Jhones Moreno, necesario para acceder a su
solicitud de traslado; el 16 de febrero de 2016, el INPEC informó al juzgado
de conocimiento que el estudio técnico de riesgo aún se encontraba en
trámite. Finalmente, el traslado solo se hizo efectivo el 30 de julio de 2016,
después de ocurrida la agresión sufrida por el accionante (13 de junio de
2016)9.

29. Lo anterior también quedó evidenciado en el informe 502-EPMSCMED-
DIR de 13 de junio de 201610, por medio del cual el director de EPMSC de
Medellín, comunicó la novedad ocurrida con el interno Jhones Moreno ese
día. En dicho informe se dejó constancia de que, incluso, desde la
legalización de la captura, ocurrida el 10 de abril de 2015, el defensor había
advertido sobre los riesgos que implicaba para su vida e integridad su
reclusión en la Cárcel de Bellavista11 y, tras resumir las distintas solicitudes
formuladas el año anterior, concluyó expresamente que el establecimiento
había tramitado los requerimientos de traslado “sin que a la fecha se haya
impartido instrucción alguna al respecto desde la Dirección General del
INPEC.”

30. En relación con la afirmación del tribunal según la cual no existía
prueba “irrefutable, incuestionable o concluyente” acerca del nexo entre
las lesiones sufridas por el accionante y las amenazas, la Sala considera que
el tribunal le impuso una carga probatoria desproporcionada a los
demandantes sobre circunstancias que no habían sido esclarecidas durante
la investigación penal como lo era el móvil del ataque y el autor material del

9 Documentos visibles en la carpeta del expediente digitalizado denominada “06 CdAnexosDemanda”, del
proceso de reparación directa
10 Informe visible en la carpeta del expediente digitalizado denominada “07CdAnexosContestacion”, del proceso

de reparación directa.
11 Lo anterior se puede corroborar con el formato de legalización de captura que obra en la página 10 del archivo

denominado “05 CuadernoAnexo.pdf” del expediente digitalizado de reparación directa. En dicho documento
se anotó como observación: “EL SEÑOR DEFENSOR SOLICITA QUE SU PROHIJADO NO SEA RECLUIDO EN LA CÁRCEL
DE BELLAVISTA TENIENDO EN CUENTA QUE DESDE EL DIA DE SU CAPTURA ÉL Y SU FAMILIA HAN RECIBIDO DIVERSAS
AMENAZAS QUE PONEN EN RIESGO SU VIDA E INTEGRIDAD (sic) PERSONAS PRECISAMENTE EN ESE CENTRO
CARCELARIO.”

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hecho. Esto resulta relevante, si se tiene en cuenta que las lesiones se
produjeron cuando el accionante se encontraba privado de la libertad y
sometido a una relación especial de sujeción frente al Estado. En vista de
que la controversia planteada en la demanda de reparación directa
consistía en establecer si las autoridades penitenciarias reaccionaron de
manera diligente frente a una situación de riesgo que les había sido
advertida de forma reiterada, la falta de prueba sobre la autoría material
del hecho no excusaba al juez natural de valorar integralmente las pruebas
relacionadas con el riesgo conocido por la entidad demandada y las
medidas de protección solicitadas durante más de un año.

31. Tampoco resulta razonable la conclusión según la cual el accionante
incumplió su deber de autocuidado. La providencia no explica qué medidas
de protección distintas al traslado podía solicitar el interno, ni cuáles eran los
desplazamientos que debía evitar para salvaguardar su integridad, si los
hechos ocurrieron cuando el accionante se desplazaba dentro del penal
para recibir su desayuno. En ese sentido, la sentencia se limitó a señalar que
el accionante no cumplió con su deber de autocuidado sin explicar de qué
manera una persona privada de la libertad podía ejercer un nivel de
autoprotección superior al que correspondía garantizar a la autoridad
encargada de su custodia. Lo anterior resulta contradictorio con lo afirmado
por el tribunal en la misma decisión, en donde reconoció que existía una
relación especial de sujeción entre el Estado y los reclusos porque estos no
estaban en “la capacidad de repeler por sí mismos las agresiones o ataques
que puedan ser perpetrados por agentes estatales, por otros internos o por
terceros particulares”.

32. También se observa que la providencia cuestionada utilizó
argumentos especulativos que no tenían sustento probatorio dentro del
expediente. Así ocurrió cuando sostuvo que, de haber existido la intención
de silenciar al accionante por su colaboración con la justicia, el medio
utilizado habría sido un arma blanca y no una sustancia corrosiva12, o
cuando calificó la agresión como un hecho atípico, imprevisible e irresistible
por no registrarse antecedentes similares dentro del establecimiento
penitenciario, a pesar de la situación de riesgo del interno conocida por la
entidad demandada.

33. Finalmente, la Sala también advierte una valoración incompleta de
algunos de los testimonios relevantes para el estudio del caso. Al respecto,
encuentra la Sala que el tribunal destacó de la declaración de la señora

12 Al respecto el tribunal señaló: “Asimismo, resulta discutible y debatible que, ante las supuestas advertencias de

muerte que afirma haber recibido el demandante, y si la intención hubiera sido silenciarlo, el medio utilizado
hubiese sido un líquido y no armas blancas de fabricación artesanal u otros elementos comúnmente empleados
en las disputas al interior de los establecimientos penitenciarios Lo anterior permite advertir que el relato de los
sucesos se aparta de los patrones característicos de la violencia penitenciaria en Colombia”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04945-00
Accionante: Jhones Mauricio Moreno Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

Beatriz Arbeláez, entonces fiscal 9 especializada de Medellín, aquellos
apartes relacionados con su desconocimiento acerca de la procedencia
de las amenazas denunciadas por el accionante, pero omitió valorar que la
misma funcionaria explicó las razones por las cuales consideró necesario su
traslado, relató las múltiples gestiones adelantadas durante más de un año
para obtener dicha medida y afirmó que las amenazas persistían pese a los
cambios de patio adoptados por el INPEC.

34. De igual manera, respecto del testimonio del señor Alfonso Santos,
entonces defensor público del señor Jhones Mauricio Moreno Acevedo, el
tribunal se concentró en la afirmación según la cual el accionante no le
solicitó expresamente gestionar su traslado de establecimiento carcelario.
Sin embargo, dejó de valorar que el declarante manifestó de forma
reiterada que, desde las primeras entrevistas, su defendido le expresó el
temor que tenía por su vida debido a que en la Cárcel Bellavista se
encontraba recluida una de las personas contra las cuales había
colaborado con la justicia, en el marco del preacuerdo celebrado con la
fiscalía. Asimismo, señaló que puso dicha situación en conocimiento de
distintas autoridades, entre ellas el INPEC, el juzgado de conocimiento, la
Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

35. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que la providencia
cuestionada vulneró el derecho al debido proceso del accionante por
haber incurrido en un defecto fáctico, pues la inexistencia de imputación se
fundamentó en inferencias sin respaldo probatorio suficiente, en una
valoración incompleta de los medios de prueba y en la imposición de una
carga probatoria desproporcionada para la parte demandante. En
consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia cuestionada y se ordenará
dictar una nueva decisión en la que se efectúe una valoración integral del
material probatorio, en particular de i) las solicitudes de traslado y medidas
de protección formuladas desde junio de 2015 por la Fiscalía, la
Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Juzgado 3 Penal del Circuito
Especializado de Medellín; ii) la documentación relacionada con las
actuaciones adelantadas por el INPEC frente a dichas solicitudes, incluido el
informe 502-EPMSCMED-DIR de 13 de junio de 2016; y iii) los testimonios de
Beatriz Arbeláez y Alfonso Santos apreciados en su integridad. Con base en
ese análisis, deberá proferir la decisión de segunda instancia que
corresponda en derecho.

2.6. Conclusión

36. La Sala concederá el amparo solicitado el encontrar configurado el
defecto fáctico alegado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04945-00
Accionante: Jhones Mauricio Moreno Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Jhones Mauricio
Moreno Acevedo, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 29 de mayo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de
reparación directa No. 05001-33-33-036-2018-00283-01 y, en consecuencia,
ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro de los 20 días siguientes a
la notificación de esta providencia, emita la correspondiente decisión en la
que se acate las consideraciones aquí descritas.

TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el INPEC
y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 13.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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