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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04955-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04955-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Faisully Irreño. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04955-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04955-00
Accionante: BLANCA FAISULLY IRREÑO
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por falta de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con
el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 7 de julio de 2026 se admitió la solicitud de amparo de la referencia2.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 26 de junio de 20263, la señora Blanca Faisully Irreño, actuando
mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. Con
la solicitud de amparo, pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, y al «principio de gradualidad, proporcionalidad
y razonabilidad de la sanción».

2. La trasgresión de las anteriores garantías constitucionales se las adjudica
a las siguientes providencias: (i) sentencia del 21 de mayo de 2025, proferida por
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, dictada en el proceso

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 004 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se tuvo como accionados a la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. También se
dispuso la vinculación como terceros con interés a la señora Yohana Vega Barreto y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Índice 001 y 002 de Samai.

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Accionante: Blanca Faisully Irreño
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
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disciplinario4 que se adelantó contra la accionante en su calidad de juez de Paz
de la Comuna 11 de Ibagué y mediante la cual se impuso la sanción de remoción
del cargo; y (ii) el fallo del 23 de julio de 2025 dictado por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial que confirmó la decisión de primera instancia.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso de la señora BLANCA FAISULLY IRREÑO, en su condición de Juez de
Paz.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la decisión disciplinaria mediante la cual se
impuso la sanción de remoción del cargo.

ORDENAR a la autoridad disciplinaria que profiera una nueva decisión:

Aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, valorando la gravedad
concreta de la conducta, evitando la imposición automática de la sanción más
grave y teniendo en cuenta los antecedentes disciplinarios de la misma5».

1.2. Hechos

4. El 21 de mayo de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Tolima sancionó a la señora Blanca Faisully Irreño, en calidad de juez de Paz de
la Comuna Once de Ibagué con remoción, al hallar plenamente demostrada la
trasgresión de las normas que fundaron el pliego de cargos, ya que sin contar
con el consentimiento de la quejosa y con la mera solicitud de la propietaria Leidy
Alejandra López Pachón fechada 25 de mayo de 2023, ingresó al inmueble
ubicado en la Calle 154 No. 21-115 Sur, Conjunto Residencial Arboleda del
Totumo, Torre 20, Apartamento 502, para, a su juicio, efectuar un inventario de
los enseres que allí se encontraban.

5. Lo anterior, por cuanto para la Comisión Seccional, la señora Blanca
Faisully Irreño irrespetó y omitió garantizar los derechos de defensa y debido
proceso de la quejosa en el procedimiento , dado que su intervención no fue
solicitada de común acuerdo, por consiguiente, carecía de competencia y
contravino los artículos 7, 9 y 23 de la Ley 497 de 1999, proceder que era
constitutivo de falta disciplinaria a la luz del artículo 34 ibidem, y fue desplegado
a título de dolo, pues pese a tener pleno conocimiento de las normas que
determinaban sus funciones, y de las implicaciones que le acarrearía la
inobservancia de las mismas, adelantó la diligencia.

6. En virtud de la solicitud de nulidad y del recurso de apelación interpuesto
por la disciplinada, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió sentencia
de segunda instancia el 23 de julio de 2025 por medio de la cual negó la nulidad
propuesta por el apelante y confirmó la providencia proferida en primera instancia
el 21 de mayo de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
4 Proceso identificado con el número de radicado 73001-25-02-002-2023-00569-00/01.
5 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.

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Tolima.

1.3. Sustento de la vulneración

7. La accionante planteó los siguientes reparos contra las providencias en
cuestión: (i) indebida valoración de los mensajes de WhatsApp remitidos por la
quejosa al cónyuge de la propietaria; (ii) ausencia de dolo ya que actuó de buena
fe, bajo error e interpretación razonable del consentimiento; (iii) inexistencia de
daño patrimonial o afectación material de los bienes inventariados; (iv)
procedencia de una modalidad culposa; (v) vulneración del derecho a la igualdad
porque los jueces de paz no tienen una escala gradual de sanciones; y (vi)
desconocimiento de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y
gradualidad, al haberse confirmado la remoción del cargo.

1.4. Intervenciones

8. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó: (i) declarar
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa
en caso de no haberse subsanado el poder especial requerido, por
incumplimiento del requisito de inmediatez y por pretender convertir el amparo en
una instancia adicional contra una providencia judicial de cierre, (ii)
subsidiariamente, negar el amparo invocado al no configurarse la vulneración de
los derechos fundamentales alegados, y (iii) abstenerse de impartir alguna orden
dirigida a dejar sin efectos la sentencia del 23 de julio de 2025.

9. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima allegó copia
íntegra del expediente del proceso disciplinario con radicado 73001-25-02-002-
2023-00569-00/01.

II. CONSIDERACIONES

10. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional sub
examine. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito
de inmediatez.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

11. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de

2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.

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cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia respecto de la sentencia del 23 de julio de 2025 dictada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

12. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

13. Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. En estos casos, se requiere demostrar que en la decisión
atacada se presenta una afectación, a primera vista, desproporcionada de un
derecho fundamental producto de una actuación arbitraria del órgano de cierre10.

14. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.

15. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

16. La Sala advierte que la señora Blanca Faisully Irreño está legitimada en la
causa por activa porque fue el extremo pasivo dentro del proceso jurisdiccional
disciplinario en el que se profirió la providencia que se reprocha mediante esta
acción constitucional.

17. Por otro lado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima están legitimados en la causa por
pasiva porque profirieron las sentencias de primera y segunda instancia que se
cuestionan en el presente trámite. Empero, la Sala precisa que limitará su estudio
a la providencia dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial porque
es la que puso fin al proceso disciplinario.

8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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18. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable11, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente al determinar que la finalidad de este mecanismo
constitucional es ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo 12.

19. De acuerdo con lo anterior, esta Sección13 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

20. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado. Al respecto, la Corte Constitucional indicó
que la acción de tutela será procedente:

[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual14.

21. Para la Sala, en este caso no se acredita el requisito de inmediatez ni la
existencia de ninguna causal que permita su flexibilización, por las siguientes
razones.

22. La accionante cuestiona la sentencia del 23 de julio de 2025 por medio de
la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, la cual cobró ejecutoria el 12 de
agosto de 202515.

11 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad.

11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
13 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago

Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez;
Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia
21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
14 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-

158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
15 Índice 016 de SAMAI. Según constancia secretarial de la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de

Disciplina Judicial aportada dentro del expediente del proceso disciplinario con radicado
730012502000202300569.

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23. En ese orden, es evidente que la accionante dejó pasar un plazo mucho
mayor al de 6 meses para interponer la acción de tutela, toda vez que la solicitud
de amparo la radicó el 26 de junio de 2026. Por tanto, el término empleado por la
parte actora para acudir al juez de tutela supera ampliamente el término
considerado como razonable tanto por la Corte Constitucional como por el
Consejo de Estado, para elevar una solicitud de amparo.

24. Además, la Sección advierte que la parte actora no alegó ni demostró
ninguna condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para
establecer si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la
inmediatez para superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías
fundamentales.

25. Por lo anteriormente expuesto, y habida cuenta de que la tutelante no
acreditó una razón suficiente que justifique su tardanza en interponer la acción
de tutela, ni una circunstancia excepcional que permita flexibilizar el requisito,
esta resulta improcedente por falta de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la señora Blanca Faisully Irreño.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
«Ausente en comisión de servicios»

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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