República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04963-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04963-00 (7875)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso ejecutivo. Subtema
2: contrato de mutuo. Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare (IFC)
contra el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare.
1. Síntesis del caso
El Instituto Financiero de Casanare presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias del 9 de mayo de 2025 y el 29 de enero de 2026, proferidas por el
Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado núm. 85001-33-33-005-
2025-00085-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04963-00 (7875)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
2. El Instituto Financiero de Casanare (IFC), según el Decreto 107 de 1992,
modificado por el Decreto 073 de 2002, es una empresa comercial y de gestión
económica del departamento de Casanare, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal, cuyo régimen de sus actos y contratos se rige por lo
dispuesto en los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998, el artículo 14 de la Ley
1150 de 2007, modificado y el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
3. La referida institución tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y
social del departamento de Casanare, entre otros, a través de la prestación de
servicios financieros, empresariales y de gestión de proyectos. Así pues, dentro del
giro ordinario de sus negocios y, conforme a las reglas de derecho privado, en
desarrollo de su actividad comercial otorga crédito de fomento y educativo a
personas de escasos recursos, los cuales se respaldan con pagares y cartas de
instrucciones.
4. El IFC presentó demanda ejecutiva en contra de la señora María Alejandra
Moreno Barrera, con el objeto de obtener el pago de la obligación crediticia
contenida en el pagaré núm. 4110011 del 3 de junio de 2010. Adicionalmente,
solicitó como medidas cautelares de embargo la retención de los saldos de dinero
de las cuentas corrientes o de ahorro del demandado.
5. El Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión Yopal, mediante auto del
12 de junio de 2013, libró mandamiento de pago «por la vía ejecutiva singular de
mínima cuantía» a favor del IFC. Posteriormente, el mencionado despacho judicial,
a través de providencia del 21 de enero de 2016, remitió el expediente al Juzgado
Primero Civil Municipal de Yopal en cumplimiento del Acuerdo PSAA15-10414 del
30 de noviembre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
6. El Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal, a través de auto del 28 de
noviembre de 2024, declaró la falta de jurisdicción «con la expresa salvedad de que
lo actuado conservará su validez» y, ordenó remitir el asunto a los juzgados
administrativos de Yopal.
7. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, mediante auto del 9 de mayo de
2025, se abstuvo de continuar con la ejecución, al considerar que el título derivado
del crédito otorgado al deudor era de carácter complejo y la entidad demandante no
aportó el contrato de mutuo, motivo por el cual no era posible determinar que la
obligación contenida en el título valor fuera clara, expresa y actualmente exigible.
En consecuencia, declaró terminado el proceso.
8. El IFC presentó recurso de reposición y apelación contra la providencia anterior.
El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, por auto del 10 de diciembre de 2025,
mantuvo la decisión recurrida y concedió la alzada.
9. El Tribunal Administrativo del Casanare, por medio de providencia del 29 de
enero de 2026, confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia.
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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal en auto
emitido en fecha 09 de mayo de 2025 y confirmado el 29 de enero de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso 85001-33-33-005-2025-00085-
00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 09 de mayo
de 2025 emitido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, así como
la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare en fecha 29 de enero de 2025, dentro del medio de control 85001-33-33-
005-2025-00085-00; por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida
valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4110011 y exceso ritual
manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de
constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil; así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente
judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al
Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de
tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, libre mandamiento de pago y/o ordene
seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE y en contra de la demandada MARIA ALEJANDRA
MORERNO BARRERA, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-005-2025-00085-00
y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de
Casanare, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo,
existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas
circunstancias, así como ordenar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan
de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento
del fallo de tutela proferido2.
11.Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencias objeto de tutela incurrieron en violación directa de la Constitución,
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04963, índice 2, certificado núm. 265AA25CE3563A88 84B7FCEF6D760779
1F36B067F37661B2 0799EC1F88A883CA.
2
Se transcribe incluso con errores
3
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porque dejaron de aplicar los artículos 2, 29 y 229 superiores, al abstenerse de librar
mandamiento de pago y tramitar el proceso ejecutivo promovido por el Instituto
Financiero de Casanare.
12.Agregó que las decisiones cuestionadas desconocieron los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legitima, pues el accionante
durante más de dos décadas ha procedido con buena fe a otorgar créditos sin
suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido a las reglas del derecho
privado que rigen la materia.
13.Por otra parte, consideró que se configuró un defecto fáctico, ya que los autos
acusados efectuaron una valoración defectuosa del material probatorio aportado al
proceso ejecutivo, pues no tuvieron en cuenta que el pagaré núm. 4110011 y la
carta de instrucciones, contienen una obligación clara, expresa y exigible. De
manera que se constituyen en título ejecutivo autónomo.
14.Asimismo, indicó que las autoridades judiciales omitieron examinar los
documentos constitutivos del IFC (Decreto 107 de 1992, modificado en Decreto 073
de 2002), en los que consta la naturaleza jurídica de la entidad demandada y el
régimen de derecho privado que rige su actividad comercial.
15.Añadió que los jueces accionados le impusieron la carga probatoria
desproporcionada de configurar un título ejecutivo complejo, consistente en aportar
el contrato de mutuo junto con el pagare y la carga de instrucciones, sin tener en
cuenta que el ejercicio de esta actividad comercial, con base en la normativa que
rige el derecho privado no exige contrato escrito. De modo, que la negativa de librar
mandamiento de pago es arbitraria e injusta.
16.De otro lado, afirmó que las providencias objeto de tutela incurrieron en un
defecto sustantivo porque no realizaron una interpretación integral del ordenamiento
jurídico que regula el régimen contractual de las empresas industriales y
comerciales del Estado, toda vez que no dieron aplicación a los contenidos de las
siguientes normas: el artículo 297 numeral 3, y el artículo 99, numeral 5 del CPACA;
los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007;
el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, y
los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.
17. Explicó que la Corte Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de
2025, al dirimir un conflicto de competencias entre dos juzgados de las
jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa para conocer un proceso
ejecutivo promovido por el, hoy tutelante, en su parte considerativa determinó que
el IFC se rige por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades comerciales
y en su contratación. Así pues, al autorizar los créditos no debía mediar un contrato
escrito dado que, conforme con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, bastaba
la entrega de la cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento del negocio
jurídico.
4
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Adicionalmente, precisó que la obligación perseguida en el proceso ejecutivo
18.
estaba contenida en un pagaré, el cual constituye título ejecutivo conforme al
numeral 3 del artículo 297 del CPACA.
19.Destacó que uno de los magistrados del Tribunal, en su salvamento de voto,
realizó un análisis detallado sobre las características del título y la ejecutividad
autónoma del pagaré dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa con los
cuales consideró procedente tramitar el proceso ejecutivo promovido por el IFC.
20.Finalmente, afirmó que las autoridades incurrieron en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al exigir documentos adicionales al pagaré y omitir la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales.
2.3. Trámite procesal
21. El despacho ponente, mediante auto del 1 de junio de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Casanare y al
Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, en su calidad de autoridades accionadas
y, puso en conocimiento el escrito de tutela a la señora María Alejandra Moreno
Barrera, en su condición de tercera con interés.
2.4. Intervenciones
22. El Tribunal Administrativo de Casanare4 manifestó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, pues la providencia objeto de tutela
se sustentó en un análisis adecuado del material probatorio y de la normativa
aplicable al caso.
23. Indicó que el IFC es una entidad de gestión económica de orden departamental
sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado,
conforme a la Ley 489 de 1998. En consecuencia, los contratos que celebre para el
cumplimiento de su objeto se rigen por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, tal
como lo establece el artículo 93 de dicha normativa. Por ello, los contratos deben
constar por escrito, en aplicación del artículo 39 de la citada ley, dado que se trataba
de un contrato estatal. Esto le exigía a la demandante a portar prueba idónea,
conforme a lo previsto en el artículo 75 del mismo estatuto, máxime cuando el
asunto se ventila en un proceso ejecutivo ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
24. Además, consideró que la solicitud de amparo no reúne los presupuestos de
procedencia contra providencia judicial, pues no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional ni se acreditaron los defectos alegados.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04963-00 índice 5, certificado 866A79F7FE7C8833 E73BDD8710AF7686
8503E198828F933B C92BEB4FA20F817C.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04963-00 Incide 14, certificado 120C0A467B352617 8F94B73E8CF83C2E
3DA9CA916CCC9335 91DB3B4C287AE0A5.
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25. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal5 remitió, a esta corporación, el
expediente del proceso ejecutivo, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones
del escrito de tutela.
26. La señora María Alejandra Moreno Barrera guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare en
contra del Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare.
3.2. Legitimación en la causa
28. La legitimación en la causa por activa del Instituto Financiero de Casanare está
acreditada, porque fue el accionante en el proceso ejecutivo en el que fueron
expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.
29. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Quinto
Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, debido a que
fueron las autoridades que profirieron las providencias, objeto de tutela.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. La providencia objeto de estudio
30. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del proceso ejecutivo, lo
cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora
guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos
decisiones cuestionadas.
31. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 29 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo
de Casanare, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida por el Instituto Financiero de Casanare contra la señora María Alejandra
Moreno Barrera.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04963-00 índice 15, certificado 1D713E907175ABF9 C88C24B1CC8AEACD
0B30AEF3F4F31BF2 DAD8D4CC4112E74D.
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis
32. Por otra parte, se observa que, el accionante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii)
fáctico, iii) violación directa de la Constitución y ii) defecto procedimental.
33. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación
normativa que realizó la autoridad judicial para definir el régimen contractual de la
entidad accionante. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible
configuración de los defectos sustantivo.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
34. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional7.
35.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
36. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
7
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37. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
38. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
39. Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»13;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
40. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
41. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
9
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8
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42. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto proferido el 29 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Casanare
fue notificado el 30 de enero siguiente14, y la demanda de tutela se presentó el 26
de junio de 202615, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.
43. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
44. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ejecutivo.
45. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
46. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Casanare
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte accionante?
47. En particular, deberá establecer si ¿incurrió el defecto sustantivo al proferir el
auto del 19 de junio de 2025, que confirmó la providencia del 9 de mayo de 2025,
expedida por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, que se abstuvo de librar
mandamiento de pago a favor del tutelante en el proceso ejecutivo promovido en
contra de la señora María Alejandra Moreno Barrera?
48. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
49. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.
14
Samai, exp. 85001-33-33-005-2025-00085-01, índice 10.
15
Samai, exp. 11001-15-000-2026-00021-00 índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04963-00 (7875)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
50. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
51. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra
sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello,
“pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al
caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es
dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación […]19.
52. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
53. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).20
3.6. Caso concreto
54. En el asunto bajo estudio, el Instituto Financiero de Cansare (IFC) presentó
acción de tutela, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió
que se deje sin efecto el auto del 29 de enero de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare y, se ordene a la autoridad accionada expedir una
nueva providencia en la que se disponga a librar mandamiento de pago a su favor
y en contra de la señora María Alejandra Moreno Barrera.
19
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
10
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55. Lo anterior, con el propósito de hacer efectivo el pago de la obligación crediticia
contenida en el pagaré núm. 4110011 del 3 de junio de 2010 y, se decreten las
medidas cautelares de embargo la retención de los saldos de dinero de las cuentas
corrientes o de ahorro del demandado.
56. Para la parte actora la decisión judicial cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, pues no interpretó de manera integral el marco legal aplicable al régimen
contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, toda vez que
omitió dar a aplicación al artículo 297 numeral 3; y el artículo 99, numeral 5 del
CPACA; los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; el artículo 14 de la Ley 1150
de 2007; el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.
57. Además, expuso que la Corte Constitucional, en autos recientes (-2014 de 2024
y A-1455 de 2025), estableció que el IFC opera bajo reglas de derecho privado y
que para la perfección de los contratos de préstamo basta la entrega del bien, según
el Código Civil y el Código de Comercio, sin requerir contrato escrito. Así pues, la
obligación en cuestión estaba respaldada por un pagaré y una carta de
instrucciones, los cuales constituyen un título ejecutivo autónomo reconocido por el
CPACA.
3.6.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
58. Así pues, revisados los documentos aportados al trámite de tutela, la Sala
observa que el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto del 9 de mayo
de 2025, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, mediante el cual
se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor del Instituto Financiero de
Casanare (IFC), para hacer efectiva la obligación contenida en el pagaré núm.
4118897 del 3 de junio de 2010, en contra de María Alejandra Moreno Barrera.
59. Al respecto, la autoridad accionada desarrolló el siguiente análisis.
De conformidad con lo señalado en el numeral 3° del artículo 297 del CPACA prestarán
mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías y si de
ellos se desprende una obligación clara, expresa y exigible, conforme lo dispone el
artículo 422 del CGP, que permita librar mandamiento de pago con fundamento en los
mismos. Así las cosas, en el proceso ejecutivo originado en un contrato celebrado por
entidad estatal, se debe verificar si los documentos aportados configuran título
ejecutivo y en caso afirmativo, si este resulta simple o complejo.
En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré
No.4110011 del 03 de junio de 2010, suscrito por ejecutado a favor del Instituto, los
cuales considera ser constitutivos del contrato de mutuo celebrado con Maira Alejandra
Moreno Barrera.
Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el que deben
quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del mutuario y que
teniendo la contratante la calidad de entidad pública, por disposición del artículo 75 de
11
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la Ley 80 de 1993, para librar el mandamiento de pago, se requiere el título ejecutivo
esté integrado no solo por el pagaré sino por el contrato de mutuo en el que el Instituto
Financiero de Casanare debe expresar su consentimiento en los términos del contrato.
No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor a favor del
IFC para garantizar todas las obligaciones crediticias contraídas por el ejecutado, pero
dicho documento no corresponde al contrato de mutuo y del clausulado de este no se
desprende su existencia, ni los términos y condiciones en las que se obligan cada una
de las partes, razón por la cual para la conformación del título ejecutivo se requiere el
contrato de mutuo.
Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que, el
Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y
comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende, los contratos
que celebre para el desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto
General de la Contratación de las entidades estatales, tal como lo preceptúa el artículo
93 ibidem, es decir, que los contratos deben constar por escrito en aplicación a
dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, justamente porque el negocio jurídico
subyacente al título ejecutivo que pretende ejecutarse es un contrato estatal se
requiere prueba de su existencia, pues estamos en el escenario de un proceso
ejecutivo en sede de la jurisdicción contencioso administrativa.
Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez administrativo
examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten mérito ejecutivo, es decir
que el título sea claro, expreso y exigible y aquí, se reitera, la
fuente de la obligación se deriva de un contrato de mutuo que no fue aportado; claro,
las entidades estatales pueden ejecutar las obligaciones contractuales a su favor, pero
el título ejecutivo debe reunir los presupuestos para ello. En el presente caso si bien el
pagaré respalda las obligaciones derivadas de un contrato celebrado por una entidad
con carácter de estatal, se debe verificar la existencia de este último con el propósito
de comprobar que las partes del pagaré sean las mismas del contrato de mutuo y que
las excepciones sean oponibles en el proceso ejecutivo
60. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Casanare, al revisar los documentos aportados al expediente, evidenció que el
pagaré núm. 4110011 cuya ejecución solicitó la entidad pública correspondía a la
obligación que adquirió la señora María Alejandra Moreno Barrera de devolver el
dinero recibido tras la concesión de un crédito. Tal descripción corresponde a la
tipología contractual de mutuo o préstamo de consumo, contenida en el artículo
2221 del Código Civil.
61. Asimismo, la autoridad juridicial accionada advirtió que para definir el régimen
contractual del IFC era necesario acudir al inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489
de 1998, el cual establece que: «los contratos que celebren para el cumplimiento
de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de las entidades estatales». De este modo, afirmó que en atención al artículo 39 de
la Ley 80 de 1993 los actos contractuales deben constar por escrito.
62. En este sentido, el Tribunal accionado precisó que la obligación que pretendía
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ejecutar la parte demandante estaba conformada bajo la estructura de un título
ejecutivo complejo, por lo que era necesario acreditar los documentos en los que
constaba su existencia, perfeccionamiento y ejecución, a través del respetivo
contrato estatal y el pagaré.
63. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Casanare concluyó
que no se cumplieron los requisitos necesarios para hacer efectiva la obligación
que la demandante pretendía ejecutar, toda vez que no aportó los documentos que
integran el título valor complejo, por lo que en, su criterio, no era posible librar
mandamiento de pago a su favor.
3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto sustantivo alegado
por el actor
64. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió el
defecto expuesto por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar que
al expediente del proceso ejecutivo se acreditó que el Instituto Financiero de
Casanare (IFC) es una empresa comercial y de gestión económica del orden
departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal,
según lo previsto en el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de
2002.
65. Acorde con lo mencionado, la Junta Directiva del Instituto Financiero de
Casanare, mediante Acuerdo núm. 009 del 16 de agosto de 2022, modificó los
estatutos del Instituto Financiero de Cansare y, en su artículo segundo estableció
la naturaleza jurídica de la entidad en los siguientes términos:
ARTICULO 2.- NATURALEZA: El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una
Empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al Régimen
Jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la
Ley 489 de 1998, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio y vinculada a la Secretarla de Desarrollo Económico, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.
66. Más adelante, el capítulo VI del referido acuerdo desarrolló el régimen de los
actos, contratos y personal. De esta manera, en lo que concierne a la contratación
del IFC, expuso lo que sigue:
ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de
Casanare tendrá como régimen de contratación el derecho privado, los
presentes estatutos, el manual de contratación y los reglamentos internes de la
Entidad; lo anterior por encontrarse en competencia con el sector privado y el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
67. De acuerdo con lo anterior, se observa que la Junta Directiva del Instituto
Financiero del Casanare determinó que en materia contractual la entidad estará
sometida a la normativa del derecho privado, debido a que su actividad comercial
se encontraba en competencia con entidades pertenecientes al sector privado, de
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conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007.
68. Lo expuesto es una situación que guarda relación con lo previsto en el artículo
93 de la Ley 489 de 1998, el cual establece el régimen de actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado, así: «Los actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad
propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a las
disposiciones del derecho privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento
de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de las entidades estatales».
69. Posteriormente, el artículo 14 de la Ley 1150 del 200721, con el fin de aclarar la
situación planteada en la norma anterior, dispuso que las empresas industriales y
comerciales del Estado estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública (Ley 80 de 1993), con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público,
nacional o internacional o en mercados regulados o en mercados monopolísticos,
que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales.
70. Esta norma fue reproducida por el artículo 93 de la Ley 1474 del 201122, salvo
para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos,
a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto de Contratación.
71. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007
modificó el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de indicar
que el régimen contractual de las entidades que prestan sus servicios en el sector
financiero no estará sujetas a las disposiciones del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables a dichas actividades, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 15. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:
21
ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO,
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL
ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior
al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional
o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los
contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
22
ARTÍCULO 93. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO,
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL
ESTADO. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la
presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones
normativas existentes.
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“Artículo 32.
(...)
“Parágrafo 1o. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no
estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades.
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de
la presente ley”.
72. En este punto, conviene precisar que el motivo que tuvo el legislador para
establecer dicha excepción en la Ley 1150 de 2007, se fundamentó en lo siguiente:
Los artículos 12 y 13 del proyecto de ley señalan los principios y límites a que debe
someterse la actividad contractual de entidades estatales que por la naturaleza de la
función o de los servicios que prestan, requieren de procedimientos contractuales que
les permitan competir en igualdad de condiciones con los particulares. En ese sentido
el proyecto permite que quienes como entidades públicas tienen objetos de naturaleza
comercial, industrial o financiera, rijan su actividad por las normas de la misma en aras
de su competitividad, pero que ello no sirva de excusa a la aplicación de los fines de
la función pública, ni mucho menos a la universalidad del sistema de inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con el Estado.23
73. De esta manera, es posible advertir que la determinación de someter
parcialmente a las empresas industriales y comerciales del Estado al régimen de
derecho privado, se ha justificado por «la necesidad de que en su actividad
industrial y comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares,
ellas actúen en términos equivalentes a éstos cuando realicen actividades
similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la
igualdad ni estar sujetas a procedimientos administrativos que entraben sus
actuaciones y las pongan en situación de desventaja frente a sus competidores […].
Por ello, la regla general es que en sus actos y contratos rijan las normas de
derecho privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la administración [otras
Entidades Estatales – convenios o contratos interadministrativos] y en aquellos
casos en los que por expresa disposición legal ejerzan alguna función
administrativa, puesto que allí sí deberá dar aplicación a las reglas de derecho
público pertinentes [...]»24.
74. Lo anterior tiene fundamento en el principio de igualdad, ya que, si el Estado
desarrolla actividades similares a los particulares, debe actuar con la misma
eficacia y eficiencia que los sujetos de derecho privado. Al respecto, la
23
Gaceta del Congreso núm. 458 de 2005. Exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007. Proyecto de Ley 20 de 2005
Senado, «[p]or medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos».
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342, actor: Sociedad Tronix
Ltda., reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414. De igual manera, se puede ver: Consejo de
Estado, Saala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de mayo de 2018, radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00058-
00(2335).
15
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jurisprudencia de la sección tercera de esta corporación, al analizar los alcances
del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, dijo lo siguiente:
La razón de ser de la aplicación del régimen de derecho privado a estas entidades
radica en la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente
ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen en términos equivalentes a
éstos cuando realicen actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que
atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos
administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en situación de
desventaja frente a sus competidores.
Se trata pues, de que sus actividades de explotación industrial o comercial se
desarrollen con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o desventajas que
las adelantadas por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad
estatal; que puedan actuar como particulares, frente a las exigencias de la economía
y del mercado25.
75. En la misma línea, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado se pronunció sobre el régimen aplicable a los actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado y reiteró lo dicho en la sentencia
del 19 de marzo de 202126 (expediente 51363), sobre la aplicación del régimen de
derecho privado a las referidas entidades estatales, en los siguientes términos:
[l]a Sala destacó que sus inicios las EICE fueron concebidas para desarrollar
actividades de naturaleza industrial o comercial en igualdad de condiciones con los
particulares, por lo cual, cuando están en desarrollo de tales actividades, no están
prevalidas de prerrogativas exorbitantes y, correlativamente, tampoco están
sometidas a procedimientos administrativos que vuelvan engorrosas sus
actuaciones y que las pongan en situación de desventaja frente a sus
competidores27; de ahí que el legislador haya dispuesto que, por regla general, el
régimen legal de sus actos y contratos es el de derecho privado, de manera que
“ninguna prerrogativa les permite a estas entidades superponerse a sus
competidores, pues en el juego económico al que incursionan, el Estado es un
partícipe más, independientemente de que a su gestión le sean aplicables los
principios de la función administrativa y de responsabilidad fiscal”.
La Sala precisó que, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 2 de la Ley 80 de 1993, las EICE están sometidas a las normas que
gobiernan el denominado contrato estatal, esa misma ley, atendiendo al objeto y
naturaleza jurídica de su actividad, estableció en su artículo 14 un trato diferencial
respecto de ellas, al señalar que “en los contratos que tengan por objeto actividades
comerciales o industriales de las entidades estatales (…) se prescindirá de la
utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”, sin que esto desdiga de
su condición de contrato estatal, pues esta categoría no se define por el régimen
legal aplicable, sino por la naturaleza del sujeto que lo suscribe.
25
Ibidem.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente núm. 51363
27
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342., reiterada en sentencia
de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13414 M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
16
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Subrayó que en la Ley 489 de 1998 el legislador reiteró que las EICE son
organismos que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la
ley, e incluyó en tal régimen la actividad de gestión económica de esas empresas;
con base en lo cual se concluyó que las actividades que desarrollan están sujetas a
la ley (derecho civil y comercial), a la norma que las creó o autorizó y a sus estatutos
internos, sin perjuicio de que, además de las actividades o actos allí previstos, están
facultadas para “desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto asignado”28, por lo que, en esa misma línea, dicha normativa
en su artículo 93 dispuso que “[l]os actos que expidan las empresas industriales y
comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o
comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho
Privado.”
La Sala hizo énfasis en la coherencia que existe entre las referidas normas de la
Ley 489 de 1998 y las que fueron introducidas posteriormente al ordenamiento
jurídico a través de la Ley 1150 de 2007 en relación con ese tipo de entidades
públicas, específicamente, en cuanto en su artículo 1429 dispuso que las EICE no se
encuentran sometidas en su actividad contractual al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública cuando quiera que «desarrollen
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional
o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales”, aunque, según lo dispuesto en el artículo 13 ibídem, sí lo están a los
“principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al
estatuto general de contratación de la administración pública». Al respecto, señaló:
«57. Se observa, entonces, que la regla contenida en la Ley 1150 de
2007 de manera alguna excluye el principio fijado por la Ley 489 de
1998, en tanto esta última determina que los actos y contratos de las
EICE relacionados con su actividad propia de gestión económica y/o
industrial se sujetan a las reglas del derecho privado, mientras que la
primera es complementaria de ésta, al establecer que también se
sujetará a dichas reglas cualquier actividad comercial desarrollada en
competencia con los particulares o en mercados regulados.
58. Lo anterior se explica desde una perspectiva teleológica, en la
medida en que las EICE son la expresión directa de una especial forma
de gestión de los asuntos a cargo del Estado en donde son requeridos
mecanismos e instrumentos jurídicos idóneos y habilitantes para la
adecuada realización de actividades de naturaleza industrial, comercial
y de gestión económica, dentro de los cuales se encuentra la sujeción
de sus actos y contratos a las normas mercantiles y civiles que les
permitan competir en las mismas condiciones que los particulares, sin
las estructuras rígidas asociadas a un régimen legal específico, como
28
“ARTICULO 86. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. La autonomía administrativa y financiera de las
empresas industriales y comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus
actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte
de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las
actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del
objeto asignado”.
29
Modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
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corresponde a las reglas contractuales de las entidades públicas sujetas
al estatuto general de contratación del estado».
Después de dejar sentado que, por regla general, el régimen de los actos y contratos
de las EICE se rigen por el derecho privado, la Sala advirtió que, excepcionalmente,
se gobiernan por el derecho público cuando se encuentran cumpliendo verdaderas
funciones administrativas, bien sea porque tales actos y contratos surjan en virtud
de sus relaciones con los demás entes públicos en cumplimiento del principio de
coordinación30 o cuando lo haga por expresa disposición legal.
76. Con base en lo anterior, es posible advertir que las empresas industriales y
comerciales del Estado, que estén en competencia con los particulares o actúen en
mercado regulados están exentas de contratar bajo el Estatuto de Contratación de
la Administración Pública, pues está se rige por las reglas del derecho privado, es
decir, la ley civil y la ley mercantil. Distinto es que, en aras de garantizar el interés
general o público, tales entidades estén obligadas a observar los principios de la
función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad), lo cual no significa que deban someterse a sus
procedimientos o modalidades de selección, siempre que garanticen la objetividad.
77. Conforme el anterior contexto normativo y jurisprudencial, en el asunto bajo
estudio, es dable colegir que el Instituto Financiero de Casanare (IFC), es una
empresa de gestión económica del orden departamental31 sometida al régimen
jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, que por su
naturaleza jurídica, el objeto social que desarrolla y, el régimen contractual definido
en los artículos 5 y 32 de sus estatutos (Acuerdo 009 de 16 de agosto de 2022), se
encuentra en competencia con empresas del sector privado, que se dedican a esa
misma actividad en el «mercado».
78. Así las cosas, es claro que, en materia contractual, el accionante se rige por las
normas del derecho privado propias de su actividad comercial y por las
disposiciones del derecho público relacionadas con los principios de la función
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y la gestión
fiscal de que trata el artículo 267 ibidem.
79. Por lo expuesto, llama la atención de la Sala que el Tribunal Administrativo de
Casanare, al proferir el auto del 29 de enero de 2026, se haya limitado a examinar
el inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489 de 1998 para concluir que el Instituto
Financiero de Casanare (IFC), por ser una institución de naturaleza publica, su
régimen contractual se sujetaba al Estatuto de Contratación de la Administración
Pública y, en consecuencia, estaba obligada a aportar el contrato de mutuo en el
cual se sustentaba la obligación crediticia que pretendía ejecutar.
80. Lo dicho, da cuenta de que la autoridad judicial accionada no solo pasó por alto
30
De acuerdo con el artículo 288 de la Constitución, las competencias deberán ejercerse conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establezca la ley.
31
Ley 489 de 1998 – […] ARTÍCULO 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado […]».
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el contenido de los estatutos internos del IFC, sino que además omitió verificar el
marco normativo que regula la actividad contractual de las empresas industriales y
comerciales del Estado. Esto, no le permitió advertir que, el demandante, debido a
su actividad comercial, se regía por las normas de derecho privado, para actuar en
competencia con las demás empresas del sector con las que pugna en el ejercicio
de objeto social.
81. Sobre el particular, es pertinente mencionar que, según lo dispuesto en los
artículos 222132 y 222233 del Código Civil basta con la entrega de la cosa dada en
préstamo para que se perfeccione el contrato de mutuo. Es decir, que en atención
a las normas del estatuto civil no es necesario que el acuerdo entre las partes
conste por escrito, para que se configure el negocio jurídico.
82. Bajo esta óptica, es claro que la autoridad judicial, omitió efectuar un estudio
integral de la normativa que regula el régimen contractual al que estaba sometido
el IFC, dada su condición empresa de gestión económica de carácter
departamental, y de los preceptos que regulan el contrato de mutuo, pues definió
la procedencia de la demanda ejecutiva promovida por el accionante, a partir de
una interpretación parcializada y restrictiva del artículo 93 de la Ley 489 de 1998.
83. De esta manera, se observa que el Tribunal accionado omitió realizar un
análisis sistemático de los artículos 85, 93 de la Ley 489 de 1998, en concordancia
con los artículos 14 de la Ley 1150 de 2007 y 93 de la Ley 1474 de 2011 y los
artículos 2221 y 2222 del Código Civil, con los cuales hubiese podido advertir que
se regía por las normas del derecho privado en material contractual para atender la
dinámica fluida de su actividad comercial y competir en similares condiciones con
las empresas del sector. Por consiguiente, no le era exigible la obligación de aportar
en medio escrito el contrato de mutuo que sustentaba el negocio jurídico del cual
se derivó la expedición del pagaré núm. 4110011.
84. En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que la ausencia del contrato escrito de mutuo no puede constituirse
en un elemento que limite el ejercicio del derecho de acción para reclamar el
cumplimiento de una obligación crediticia insoluta por la vía ejecutiva, en atención
a las particularidades del caso concreto, esto es, la naturaleza del IFC, la actividad
comercial involucrada y el régimen contractual aplicable.
85. En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo se configura «[…]
(vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso»34.
86. Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
32
ARTÍCULO 2221. <DEFINICIÓN DE MUTUO PRESTAMO DE CONSUMO>. El mutuo o préstamo de consumo es un
contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del
mismo género y calidad.
33
ARTÍCULO 2222. <PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO MUTUO>. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por
la tradición, y la tradición transfiere el dominio.
34
Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010, criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004 y SU-063 de
2023.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04963-00 (7875)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
sustantivo y, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia del tutelante, en la medida en
que no realizó una adecuada interpretación integral de las normas que regulan el
régimen contractual de la entidad demandante.
4. Conclusión
87. Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección amparará los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Instituto
Financiero de Casanare (IFC); y se dejará sin efectos el auto del 29 de enero de
2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare.
88. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un
término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita
una nueva providencia, en la que decida el recurso de apelación interpuesto en
contra del auto de primera instancia dentro del expediente con radicado núm.
85001-33-33-005-2025-00085-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas
en esta providencia.
89. Adicionalmente, se exhortará al Tribunal Administrativo del Casanare para que,
en lo sucesivo, al decidir asuntos de circunstancias similares tenga en cuenta las
consideraciones normativas y jurisprudenciales expuesta en esta providencia,
máxime cuando son reiterados los pronunciamientos del Consejo de Estado en
igual sentido en asuntos de tutela35.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC),
por los motivos expuestos en esta decisión.
Segundo: Dejar sin efectos el auto del 29 de enero de 2026, proferido por el
Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del expediente con radicado núm.
85001-33-33-005-2025-00085-01, en atención a las razones expresadas en esta
decisión.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2026, radicado núm. 11001-03-15-000-
2026-00426-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 20 de abril de 2026, radicado núm. 11001-
03-15-000-2025-07910-01. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de mayo de 2026, radicado
núm. 11001-03-15-000-2026-00021-01. También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 9 de febrero de 2026, radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00021-00. En esta decisión se resolvió un asunto
de supuestos similares, y en la que se advirtió el cambio de postura por parte de esta Sala de decisión, de cara a lo decidido
en oportunidad anterior en sentencia del 8 de septiembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-05003-00.
20
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04963-00 (7875)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, en el término de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa
de esta providencia.
Cuarto: Exhortar al Tribunal Administrativo del Casanare para que, en lo sucesivo,
al decidir asuntos de circunstancias similares tenga en cuenta las consideraciones
normativas y jurisprudenciales expuesta en esta providencia.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese Y Cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con permiso
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
21
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