Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04973-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04973-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04973-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04973-00
Demandante ANA MARÍA GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTROS
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Pensión de
sobrevivientes. Defecto sustantivo y por violación directa de la
Constitución. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial: la inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por los señores Ana María González, Ray
Brayan de Arco González y Juan David de Arco Palacio de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de junio de 20261, los señores Ana María González, Ray Brayan de Arco
González y Juan David de Arco Palacio, quienes actúan a través de apoderada
judicial, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de
Turbo Antioquia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
y la alcaldía de Turbo, por considerar que estas autoridades vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y al «principio de legalidad», con las
sentencias del 28 de febrero de 2023 y 22 de julio de 2025, proferidas en primera y
segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
05837-33-33-002-2018-00435-00/01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
« PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA A LA SEGURIDAD
SOCIAL, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL TRIBUNAL DE MEDELLIN,
en sentencia No 93 de 22 de Julio 2025 incurrió en un defecto sustantivo pues se observa
que de manera errada, desconocieron las pruebas aportadas durante el debate procesal,
el precedente judicial, y articulo 13, 29,46 y ss., de la ley 100 de 1993 y lo establecido en
el artículo 53 de la Constitución Política.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS: LA DECISION DEL JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO en SENTENCIA No 047 de fecha 28 de febrero de 2023, y del
HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MEDELLIN,
SENTENCIA No 93 de fecha 22 de julio de 2025.
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Samai, índice 2. Escrito radicado por la ventanilla virtual.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04973-00
Demandante: Ana María González y otros
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo de Turbo - Antioquia y el
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Medellin, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso Contencioso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho promovido, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.
CUARTO: ORDENAR Al Juzgado segundo administrativo de turbo- Antioquia y al
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Medellin, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho promovido. Teniendo en cuenta los derechos a la seguridad
social y al debido proceso, derechos fundamentales de nuestra constitución Nacional.
QUINTO: ORDENAR: Que por derecho mis poderdantes si le corresponde el
reconocimiento de Pensión de sobreviviente son más de 175 semanas que se le debía
cotizar a cualquier fondo de Pensión en su momento, los aportes devueltos fueron mal
liquidados (anexo nueva Liquidación).
SEXTO: Que, Si lo Considera que la decisión tomada por el Juzgado y el Tribunal es
correcta, entonces ORDENAR: A la Alcaldía del Distrito de Turbo Antioquia, devuelva con
intereses moratorios de acuerdo al IPC los aportes ordenados por el juzgado 2
Administrativo de los años 1992 hasta 1994, ya que lo hizo sin los intereses y sin el cálculo
actuarial hasta el momento del pago».
2. Hechos
Del escrito de tutela y de los anexos se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
2.1. El señor Anastasio de Arco Álvarez trabajó como contralor municipal de Turbo
Antioquia entre el año 1992 y 1994, en donde fue asesinado. Al momento de
su muerte el señor Anastasio estaba casado con la señora Ana María
González, de cuya unión nació Ray Brayan de Arco González. No obstante, el
señor Anastasio tenía otros hijos extramatrimoniales menores de edad,
identificados como Mick Howar de Arco Villamarín, Andrés Leonardo de Arco
Villamarín y Juan David de Arco Palacio.
2.2. Luego del fallecimiento, la señora Ana María González y Ray Brayan de Arco
González y Juan David de Arco Palacio presentaron la solicitud de pensión de
sobrevivientes al municipio de Turbo Antioquia, la cual fue negada mediante
el Decreto 539 del 27 de agosto de 2014, decisión confirmada con la
Resolución 625 del 14 de abril de 2015.
2.3. Para el año 2018, Ana María González, Ray Brayan de Arco González y Juan
David de Arco Palacio presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Turbo
Antioquia, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 539 del 27 de
agosto de 2014, la Resolución 625 del 14 de abril de 2015, la Resolución 8109
del 17 de mayo de 2018, la Resolución 10090 del 13 de junio de 2018, por
medio de los cuales se dispuso negar la pensión de sobrevivientes conforme
al régimen de la Ley 100 de 1993.
A título de restablecimiento del derecho solicitaron el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes a favor de los demandantes.
2.4. De la anterior demanda conoció en primera instancia el Juzgado Segundo
Administrativo de Turbo Antioquia (expediente 05837-33-33-002-2018-00435-00)
que en sentencia del 28 de febrero de 2023 ordenó: (i) al municipio de Turbo
que realizara la devolución de los aportes que de manera obligatoria debió
retirar del salario del señor Anastasio de Arco Álvarez, desde el 2 de junio de
1992 hasta el 29 de junio de 1994 (2 años y 27 días), y (ii) negó las demás
pretensiones.
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Demandante: Ana María González y otros
Lo anterior, al considerar que el trabajador falleció el 29 de junio de 1994, antes
de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, luego no era posible dar
aplicación a las normas invocadas por la parte demandante. Además, indicó
que la solicitud de reconocimiento de la pensión debió realizarse con la Ley 33
de 1985 que dispone de 20 años de servicio continuo o discontinuo y 55 años,
requisitos que tampoco cumplió el trabajador fallecido.
Contra esta decisión la parte demandante presentó recurso de apelación.
2.5. En segunda instancia le correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, que en sentencia del 22 de julio de 2025 confirmó
la decisión de primera instancia, por medio de la cual se habían negado las
súplicas de la demanda y condenó en costas en esa instancia.
Como fundamento de su decisión señaló que para la fecha del fallecimiento
del señor Anastacio tenía 31 años, 4 meses y 25 días, y había laborado por un
periodo de 2 años y 28 días.
Añadió, para esa fecha se encontraba vigente la Ley 33 de 1985 normatividad
especial aplicable para regular las prestaciones sociales del Sector Público, en
donde en su artículo 1° se estableció como requisitos para la pensión que
hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y llegara a la edad de
cincuenta y cinco años.
Por lo que, determinó que en efecto el causante no cumplía con ninguno de
los requisitos previstos en la norma vigente, de ahí que, los demandantes no
resultaron beneficiados de la aplicación de dicha norma para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo Antioquia,
y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, vulneraron sus
derechos fundamentales al dictar las sentencias del 28 de febrero de 2023 y del 22
de julio de 2025, proferidas en primera y segunda instancia en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 05837-33-33-002-2018-00435-00/01.
Se alegó que las sentencias cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo y por
violación directa de la Constitución.
3.1. Defecto sustantivo: Se materializó en este caso en razón a que «de manera
errada no valoró las pruebas» que se tenían en el expediente, pues se desconoció
lo establecido en los artículos «25, 26, 27, 28, 29 y 30 del acuerdo 049 de 1990 aprobado
por el decreto 758 del mismo año» que se relaciona directamente con el derecho
pensional y que consideran debía ser aplicado en su totalidad al caso concreto.
3.2. Defecto por violación directa de la Constitución: Se desconocieron los
artículos 1, 2, 13, 29, 46, 48 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos «25, 26, 27, 28, 29 y 30 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758
de 1990».
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 30 de junio de 2026 el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por los señores Juan David de Arco Palacio, Ray Brayan de
Arco González y Ana María González contra el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Turbo y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Ana María González y otros
Vinculó en calidad de terceros con interés al Municipio de Turbo, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público.
Se ofició al juzgado para que autorizara el acceso al expediente 05837-33-33-
002-2018-00435-00/01, en aplicación de la nueva funcionalidad del aplicativo
Samai; se reconoció personería a la abogada Mahara Vargas Gómez como
apoderada de la parte accionante; y se ordenó surtir las notificaciones
correspondientes.
4.2. El municipio de Turbo2 rindió informe en el que manifestó que mediante
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Turbo, se concedió parcialmente las
pretensiones y se ordenó el reconocimiento y pago de la devolución de aportes
de pensión del señor Anastasio de Arco, contra esta decisión los demandantes
presentaron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 22 de julio de 2025, en
donde se confirmó la decisión de primera instancia.
En consecuencia, informó que el 5 de abril de 2026 se dio cumplimiento a la
orden dada en la sentencia, en el sentido de pagar a la apoderada de la parte
demandante el valor señalado en las providencias judiciales.
De otro lado, mencionó que este asunto no cumple con dos de los requisitos
generales de procesabilidad, de un lado, la inmediatez pues se está
presentando esta acción de tutela «11 meses» después de que se dictó el fallo
de segunda instancia y, tampoco se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que en lo referente al sistema general de pensiones existe
una «Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2013, Consejero Ponente: Luis Rafael
Vergara Quintero, número interno 1605-2009».
En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la acción.
4.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Turbo Antioquia3 en respuesta al
auto admisorio señaló que el actuar de ese juzgado se enmarcó en los
preceptos legales y constitucionales, precisó que la sentencia que se adoptó
en esa instancia en el proceso 05837-33-33-002-2018-00435-00 se fundamentó
en lo probado respetando el derecho de defensa de las partes.
Resaltó que esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que consideró que «El derecho pensional por muerte se causa a partir de la
fecha del fallecimiento, y la norma que rige dicha prestación es aquella que se encuentre
vigente para tal fecha, esto es la Ley 33 de 1985, siendo así no es procedente dar aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993 a aquellas situaciones jurídicas que se consolidaron antes
de su entrada en vigencia, 30 de junio de 1995, lo que ocurre en el asunto bajo estudio».
Solicitó que se negaran las pretensiones de esta acción, en razón a que, no
se cumplía con el requisito de la subsidiariedad, pues no se evidenció que se
hubiera agotado el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo
248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Finalmente aportó un enlace de SharePoint del expediente ordinario, el link de
consulta en Samai y adjuntó las piezas procesales.
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Samai, índice 12.
3
Samai, índice 13.
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Demandante: Ana María González y otros
4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y el Ministerio Público, no se pronunciaron en esta
oportunidad pese a ser notificados de la existencia de la presente acción4.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,5 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de inmediatez.
4
Samai, índice 8.
5
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
7
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, incurrió en el defecto sustantivo y por violación directa a
la Constitución al proferir la sentencia del 22 de julio de 2025, que confirmó el fallo
del 28 de febrero de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 05837-33-33-002-2018-00435-00/01, por ser esta la providencia que definió el
asunto en litigio.
4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial,
con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En
todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la
tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un plazo
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento
de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional9 ha señalado que si bien no es posible establecer un término
de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un plazo
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza
misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el
respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados10.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado11 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción un término de
seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada,
por considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional12.
Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: «(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.».
Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada
caso concreto, lo que constituye un término razonable.»13. Por ende, para analizar si este
requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: i) la situación
personal del peticionario; ii) si la vulneración de derechos fundamentales se
extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela; y v) los efectos de la tutela.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos
de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que
en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente».
11
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
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5. Caso concreto
5.1. En el escrito de tutela los señores Ana María González, Ray Brayan de Arco
González y Juan David de Arco Palacio, alegaron la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y al «principio de legalidad», con
ocasión de la sentencia del 22 de julio de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que confirmó el fallo del 28 de febrero de 2023
expedido por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo Antioquia en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05837-33-33-002-
2018-00435-00.
5.2. Ahora bien, de la revisión del Sistema de Gestión Samai y del expediente
allegado por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo Antioquia, es
posible advertir que la sentencia del 22 de julio de 2025 se notificó
electrónicamente ese mismo día (Samai tribunal, índice 10), fecha a partir de la
cual se debía contabilizar el plazo razonable establecido en la jurisprudencia
para presentar la acción de tutela contra providencia judicial, como se observa
a continuación:
Esto quiere decir que la notificación se entendió realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje conforme al
artículo 205 del CPACA (es decir el 23 y 24 de julio de 2025), así pues, la
inmediatez comienza a computarse a partir del viernes 25 de julio de 2025.
7
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Demandante: Ana María González y otros
Como la acción de tutela se radicó hasta el 26 de junio de 2026, es claro que
la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se debe
a que transcurrieron 11 meses y 1 día entre la notificación de la providencia
acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.
5.3. Al respecto, conviene recordar que la tesis de esta Sala consiste en que el
requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración
iusfundamental14.
De manera que, los señores Ana María González, Ray Brayan de Arco
González y Juan David de Arco Palacio debieron acudir a la acción de tutela
dentro de un plazo razonable contabilizado desde la notificación de la decisión
de cierre del 22 de julio de 2025, de considerar que les ocasionaba un perjuicio
y que vulneraba sus derechos de rango fundamental.
Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional15 no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses, más aún cuando en el escrito de tutela no se
manifestó la razón por la cual se interpuso esta acción de tutela luego de 11
meses.
5.4. Finalmente, esta Sala no desconoce que, con posterioridad al fallo de segunda
instancia, la apoderada de la parte demandante presentó recurso de apelación
contra la sentencia del 22 de julio de 202516, solicitud que fue resuelta por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que con auto del 12 de septiembre de
2025 rechazó por improcedente ese mecanismo de impugnación 17,
providencia que fue notificada el 15 de septiembre de 2025. Esta información
se pone de presente para precisar que el mencionado auto no fue cuestionado
en la acción de tutela de la referencia.
6. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales
de procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
concretamente el de la inmediatez.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tutela
del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela
del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).
15
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
16
Samai Tribunal, índice 12.
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Samai Tribunal, índice 17.
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04973-00
Demandante: Ana María González y otros
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los señores Ana
María González, Ray Brayan de Arco González y Juan David de Arco Palacio,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
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