Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04974-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04974-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04974-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04974-00
Demandante: CLAUDIA JIMENA MARTÍNEZ GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA - JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Claudia Jimena
Martínez Gómez contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Montería1.
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declara configurada la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la totalidad de las pretensiones formuladas por la señora Claudia Jimena Martínez
Gómez, ya que, durante el trámite de la tutela, el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Montería reconoció la personería jurídica de su apoderada sustituta y libró
los oficios de embargo bancario decretados, de forma voluntaria y sin que mediara orden
de esta Corporación. Esa misma actuación evidencia que el juzgado nunca perdió la
competencia para impulsar la ejecución ni se materializó el efecto suspensivo que la
accionante atribuyó al auto que concedió la apelación.
II. ANTECEDENTES
Demanda
2. El 26 de junio de 20262, la abogada Ana Luz Támara González instauró demanda
de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería, en
nombre de Claudia Jimena Martínez Gómez, para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia,
al mínimo vital y a la igualdad material con enfoque diferencial interseccional.
Hechos relevantes y fundamentos
1 El expediente es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2 Índice 2 del expediente digital en Samai.
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3. Mediante sentencia ejecutoriada del 26 de septiembre de 2024 3, el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Montería reconoció a favor de la accionante
acreencias laborales y prestacionales derivadas de su vínculo con la Empresa Social del
Estado Hospital San Andrés Apóstol de San Andrés de Sotavento, por el periodo
comprendido entre el 1° de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
4. Ante el incumplimiento de esa condena, la accionante promovió proceso ejecutivo,
radicado 23001-33-33-003-2023-00086-00. El 13 de febrero de 2026 el juzgado negó el
mandamiento de pago, decisión que, tras el trámite del recurso de reposición, fue
revocada el 10 de abril de 2026, fecha en la que se libró mandamiento de pago y se
decretó el embargo de las cuentas bancarias de la entidad ejecutada hasta por
$76.952.027.
5. La entidad ejecutada apeló el mandamiento de pago y la medida cautelar de
embargo. El 23 de abril de 2026 el apoderado inicial de la accionante sustituyó el poder
en favor de la abogada Ana Luz Támara González, sustitución que fue puesta en
conocimiento del juzgado por correo electrónico ese mismo día.
6. El 14 de mayo de 2026, el juzgado profirió dos autos, en el primero, concedió la
apelación contra la medida cautelar de embargo en el efecto devolutivo y, en la misma
providencia, ordenó remitir el expediente completo al Tribunal Administrativo de Córdoba.
Para la accionante, esa orden de remisión resulta contradictoria con el efecto devolutivo
formalmente concedido, pues, en su criterio, equivale en la práctica a aplicar un efecto
suspensivo que vulnera sus garantías constitucionales y que podría generar el
congelamiento de la ejecución y de los oficios de embargo sobre las cuentas bancarias
de la entidad deudora; en el segundo auto, adecuó como recurso de reposición la
apelación interpuesta contra el mandamiento de pago.
7. El 15 de mayo de 2026, el juzgado notificó dichas decisiones por el Estado
Electrónico No. 014. La accionante sostuvo que esa notificación no se remitió
efectivamente a la cuenta de correo de su nueva apoderada, lo que le impidió el ejercicio
oportuno de los recursos procedentes.
8. El 16 de junio de 2026, el juzgado remitió el expediente electrónico al Tribunal
Administrativo de Córdoba para que resolviera la apelación, sin haber expedido
previamente los oficios de embargo, actuación que, según lo expuesto por la accionante,
materializó el efecto suspensivo que atribuye al auto del 14 de mayo de 2026.
Pretensiones
9. La accionante solicita: (i) amparar sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia, mínimo vital e igualdad material con
enfoque diferencial interseccional; (ii) declarar la ineficacia jurídica y dejar parcialmente
sin valor la orden de remisión del expediente contenida en el auto del 14 de mayo de
2026; (iii) ordenar al juzgado accionado reconocer la personería jurídica de su apoderada
y retomar la ejecución, librando los oficios de embargo bancario decretados; (iv) ordenar
3 Proceso con radicado 23001-33-33-003-2023-00086-00.
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al juzgado requerir a las entidades bancarias destinatarias para el congelamiento
inmediato de los fondos de la entidad deudora; y (v) ordenar al Tribunal Administrativo
de Córdoba la devolución inmediata del expediente al juzgado de origen para dar trámite
a los oficios y el reconocimiento de la personería.
Trámite e intervenciones
10. Por auto del 1° de julio de 20264, la magistrada sustanciadora admitió la demanda,
vinculó al Tribunal Administrativo de Córdoba, reconoció personería jurídica a la abogada
Ana Luz Támara González y negó la medida provisional solicitada, al no encontrarse
acreditada, en esa etapa preliminar, la apariencia de buen derecho.
11. El Tribunal Administrativo de Córdoba5 informó que el proceso con radicado
23001-33-33-003-2023-00086-01 le fue repartido el 16 de junio de 2026, pero que solo
tuvo conocimiento efectivo de este el 6 de julio siguiente, cuando la secretaría hizo la
nota al despacho, y que el recurso de apelación se encuentra en estudio para decisión
de fondo. En consecuencia, sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente, al estar
pendiente de resolverse el recurso de apelación.
12. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería6 se opuso a
la solicitud de amparo. Sostiene que la acción de tutela contra providencias judiciales es
de carácter excepcional y solo procede ante la configuración de causales específicas de
procedibilidad, que en este caso no se acreditan, pues las decisiones cuestionadas se
adoptaron dentro del trámite legalmente previsto y en ejercicio de las facultades de
dirección y ordenación del proceso propias del juez natural.
13. En todo caso, las situaciones que la accionante consideró lesivas de sus derechos
fundamentales fueron superadas durante el trámite de la tutela, pues el 6 de julio de 2026
el despacho reconoció la personería jurídica de la abogada Ana Luz Támara González
como apoderada sustituta de la parte ejecutante y, en esa misma fecha, libró y comunicó
los diez oficios de embargo bancario ordenados dentro de la ejecución.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
14. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,
con los que concuerdan los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019, por el cual se
expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Subsección es competente
para proferir sentencia de tutela en primera instancia.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala determinar si se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la totalidad de las pretensiones formuladas por la señora
4 Índice 4 del expediente digital en Samai.
5 Índice 13 del expediente digital en Samai.
6 Índice 12 del expediente digital en Samai.
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Demandante: Claudia Jimena Martínez Gómez
Claudia Jimena Martínez Gómez contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba.
Análisis de la Sala
Carencia actual de objeto por hecho superado
16. Según la Corte Constitucional, la carencia actual de objeto consiste en la pérdida
de sustento de la demanda de tutela7 y puede configurarse por daño consumado8, por
situación sobreviniente9 o por hecho superado. Este último tiene lugar cuando la
amenaza o la vulneración de derechos fundamentales cesan por la satisfacción de la
pretensión de amparo, a causa de un acto voluntario del demandado 10.
17. El expediente demuestra que, mediante actuación registrada el 6 de julio de 2026,
el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería reconoció la personería
jurídica de la abogada Ana Luz Támara González como apoderada sustituta de la parte
ejecutante y, en esa misma fecha, libró y comunicó los diez oficios de embargo bancario
decretados desde el 10 de abril de 2026, por la suma de $76.952.027.
18. De modo que, en el trámite de la tutela, la autoridad judicial demandada satisfizo
lo pretendido por la accionante en el numeral tercero de sus pretensiones de forma
voluntaria, es decir, sin que mediara orden de esta Corporación. Por consiguiente, se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, lo que, como se explica a
continuación, deja sin sustento las demás pretensiones formuladas.
19. La accionante fundamentó buena parte de su reclamo en que la notificación
irregular de los autos del 14 de mayo de 2026 le impidió ejercer su derecho de defensa
frente a una decisión que, a su juicio, aplicó un “efecto suspensivo encubierto” y paralizó
la ejecución. Las actuaciones surtidas en el proceso desvirtúan esa premisa, el juzgado
nunca perdió la competencia para impulsar la ejecución: el 6 de julio de 2026, mientras
el recurso de apelación reposaba en el Tribunal Administrativo de Córdoba, reconoció la
personería de la apoderada sustituta y libró los oficios de embargo bancario.
20. Esta secuencia demuestra que la remisión del expediente al superior funcional
nunca tuvo el alcance suspensivo que le atribuyó la accionante y que, por consiguiente,
las alegadas irregularidades en la notificación quedaron desprovistas de sustento y
cubiertas por el mismo hecho superado, sin que se requiera un pronunciamiento
autónomo sobre ellas.
21. La accionante también invocó en forma somera, dentro de los fundamentos
jurídicos de la demanda, el precedente fijado en la sentencia SU-040 de 2017 de la Corte
7 Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022.
8 Se materializa «cuando “la amenaza o la vulneración del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se
pretendía evitar con la acción de tutela”» (Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2018).
9 Se predica en escenarios que, pese a no encuadrar en la categoría de perjuicio irremediable ni en la de hecho
superado, hacen que la orden del juez de tutela no surta ningún efecto y, por ende, caiga en el vacío (Corte
Constitucional, sentencia de unificación SU-225 de 2013).
10 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2022.
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Demandante: Claudia Jimena Martínez Gómez
Constitucional sobre la denominada “unidad de caja” de la entidad ejecutada. Sin
embargo, ese planteamiento no fue formulado como una pretensión autónoma de la
acción de tutela ni se dirigió como cargo independiente contra una decisión judicial
concreta, por lo que la Sala se abstiene de emitir un pronunciamiento específico al
respecto, sin perjuicio de que el Tribunal Administrativo de Córdoba lo valore, si
corresponde, al resolver el recurso de apelación pendiente.
22. Tampoco hay lugar a ordenar al Tribunal Administrativo de Córdoba la devolución
inmediata del expediente al juzgado de origen. Como se explicó, el recurso de apelación
se concedió en el efecto devolutivo, de manera que el expediente nunca perdió ese
carácter ni el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería perdió la
competencia para continuar impulsando la ejecución; fue precisamente en ejercicio de
esa competencia que profirió las actuaciones (reconocimiento de personería y expedición
de los oficios de embargo), que configuran el hecho superado declarado en esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR configurada la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la totalidad de las pretensiones formuladas por la señora Claudia Jimena
Martínez Gómez contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería
y el Tribunal Administrativo de Córdoba.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado Electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente, puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
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