Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04975-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04975-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04975-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
24 de julio de 2026
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04975-00
Accionante: James Meneses Mosquera
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega. No se configuran los defectos alegados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor James Meneses Mosquera, actuando en
nombre propio, contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y al
principio de prevalencia del derecho sustancial, con ocasión de la expedición de la
providencia del 5 de mayo de 2026, mediante el cual se rechazó el recurso
extraordinario de revisión seguido bajo el radicado 11001-03-26-000-2025-00163-
00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que el señor Jaime Meneses
Mosquera y otros, a través de apoderado judicial, interpusieron un recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de 19 de noviembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó2, mediante la cual fueron negadas las
pretensiones de la demanda.
3. Mediante auto de 30 de enero de 20263, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado inadmitió el recurso referido al advertir que la parte
recurrente no acreditó el envío de este y sus anexos a la contraparte ni indicó el
correo electrónico para notificaciones judiciales de la parte demandada, por lo que
concedió un término de cinco días para subsanar tales falencias.
4. La providencia citada fue notificada por estado electrónico el 5 de febrero de
1
Presentado el 26 de junio de 2026
2
Dentro del proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-002-2017-00004-01
3
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2026. Posteriormente, el 10 de febrero siguiente, la parte recurrente presentó
memorial en el que manifestó haber recibido comunicación relativa a la fijación del
estado, pero afirmó no haber tenido acceso al contenido del auto inadmisorio en la
plataforma SAMAI.
5. En respuesta a dicha solicitud, el 11 de febrero de 2026 la Secretaría de la
Sección Tercera informó que el auto había sido notificado en debida forma
mediante estado electrónico y remitió el enlace correspondiente, así como la
información necesaria para el acceso al aplicativo SAMAI.
6. Más adelante, el 24 de febrero de 2026, el apoderado judicial de la parte
recurrente solicitó reiniciar el término de subsanación, al sostener que únicamente
tuvo conocimiento efectivo del auto que inadmitió el recurso el 23 de febrero de 2026,
circunstancia que atribuyó a dificultades en el manejo y consulta de los medios
tecnológicos empleados para las actuaciones judiciales.
7. Finalmente, mediante auto de 5 de mayo de 2026, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de reinicio del término de
subsanación, rechazó el recurso extraordinario de revisión por no haberse corregido
oportunamente las deficiencias advertidas y ordenó el archivo del expediente.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva,
a la igualdad y al principio de prevalencia del derecho sustancial al estimar que la
autoridad judicial accionada rechazó el recurso extraordinario de revisión sin
garantizarle una oportunidad real y efectiva para subsanar los defectos advertidos
en el auto que lo inadmitió.
9. Sostuvo que, en su sentir, la decisión cuestionada desconoció las garantías
procesales que amparaban su actuación, toda vez que el conocimiento efectivo del
auto citado se produjo con posterioridad al vencimiento del término otorgado para
subsanar, situación que, desde la perspectiva del actor, impedía exigir el
cumplimiento oportuno de las cargas procesales impuestas por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
10. Afirmó que su solicitud de que se corriera nuevamente el término de
subsanación se encontraba orientada exclusivamente a superar los requisitos
formales echados de menos por la autoridad judicial, sin que ello implicara alterar el
trámite del recurso extraordinario ni generar afectación para las demás partes del
proceso.
11. El señor Meneses Mosquera adujo además que la providencia censurada
privilegió exigencias de carácter formal sobre el estudio de fondo de los
planteamientos formulados en el recurso extraordinario de revisión, circunstancia
que, desde el punto de vista del actor, constituyó una restricción desproporcionada
del derecho de acceso a la administración de justicia.
12. Asimismo, el accionante cuestionó la valoración efectuada por la autoridad
judicial reprochada respecto de las circunstancias que rodearon el acceso a la
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notificación del auto inadmisorio, pues consideró que las dificultades advertidas en
relación con la consulta de la providencia a través de medios tecnológicos fueron
injustificadamente desestimadas al momento de resolver su petición.
13. En síntesis, la censura de la parte actora se dirigió contra la decisión que negó
el reinicio del término de subsanación y, como consecuencia de ello, rechazó el
recurso extraordinario de revisión, al estimar que dicha determinación constituyó una
aplicación excesivamente formal de las reglas procesales y lesionó las garantías
fundamentales invocadas.
2.3. Pretensiones
14. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y prevalencia del
derecho sustancial.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el Auto de fecha 5 de mayo de 2026 proferido
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del
Radicado 11001032600020250016300.
TERCERA: ORDENAR a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva
decisión respetando los parámetros constitucionales establecidos por la Corte
Constitucional respecto del principio de prevalencia del derecho sustancial y del
acceso efectivo a la justicia.
CUARTA: ORDENAR que se conceda al accionante una oportunidad real y efectiva
para subsanar las falencias advertidas en el recurso extraordinario de revisión.» (Sic
en toda la cita)
2.4. Intervenciones
15. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 30 de junio
de 20264 a través del cual se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como accionado y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia. Adicionalmente, no se decretó la
medida provisional solicitada por la parte actora.
2.4.1 La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado5 a través
de su Secretaría, informó que concedió el acceso al expediente con radicado 11001-
03-26-000-2025-00163-00 a través de la plataforma Samai para su respectiva
revisión, pero no realizó ningún pronunciamiento adicional.
2.4.2. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 20196 y demás normas concordantes.
4
Índice 4 del aplicativo SAMAI
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Índice 12 del aplicativo SAMAI
6 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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3.2. Cuestión previa
3.2.1. Del análisis de los defectos alegados en sede constitucional
17. Antes de abordar el análisis de fondo, la Sala estima necesario precisar el
verdadero alcance de los cuestionamientos formulados por el accionante.
18. Así las cosas, en el escrito de tutela el actor atribuyó a la providencia de 5 de
mayo de 2026 la configuración de un defecto procedimental absoluto, un exceso
ritual manifiesto, el desconocimiento del principio de prevalencia del derecho
sustancial y el desconocimiento del precedente constitucional. No obstante, una
lectura integral de los reparos del accionante, permiten advertir que dichos reproches
no corresponden a cargos autónomos e independientes, sino que todos parten de
una misma inconformidad.
19. En ese entendido, el accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada
aplicó de manera excesivamente rigurosa las reglas procesales relativas a la
subsanación del recurso extraordinario de revisión y que, al hacerlo, no tuvo en
consideración las circunstancias que, según afirmó, justificaban la imposibilidad de
corregir oportunamente las deficiencias señaladas en el auto que lo inadmitió.
20. Desde esta perspectiva, el alegado defecto procedimental absoluto no se
fundamentó en la omisión de una etapa procesal, en la supresión de una garantía
legalmente prevista o en la aplicación de un trámite distinto al establecido por el
ordenamiento jurídico, sino que se dirigió a cuestionar la decisión adoptada frente al
incumplimiento de las cargas procesales impuestas al recurrente y las
consecuencias derivadas de dicho incumplimiento.
21. Aunado a lo anterior, tampoco es posible efectuar un examen independiente
respecto del supuesto desconocimiento del precedente constitucional, pues aunque
el actor afirmó que la jurisprudencia constitucional proscribe las interpretaciones
excesivamente formalistas que restrinjan irrazonablemente el acceso a la
administración de justicia, lo cierto es que no identificó las providencias
presuntamente desconocidas, ni precisó la regla jurisprudencial aplicable al caso, ni
explicó de qué manera la decisión cuestionada se apartó de ella.
22. Ahora bien, la invocación del principio de prevalencia del derecho sustancial
se presentó como un argumento encaminado a reforzar la tesis según la cual la
autoridad judicial habría otorgado prevalencia excesiva a las formas procesales
sobre la resolución de fondo de la controversia.
23. Así las cosas, la Sala observa que todas las censuras formuladas convergen
materialmente en un único planteamiento: que la autoridad judicial accionada habría
otorgado una relevancia excesiva a las exigencias procesales, convirtiéndolas en un
obstáculo injustificado para el acceso a la administración de justicia.
24. En consecuencia, el estudio se concentrará en determinar si la providencia
cuestionada incurrió o no en un exceso ritual manifiesto, análisis dentro del cual
quedarán comprendidos los demás argumentos desarrollados por el accionante.
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3.3. Problema jurídico
25. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la expedición de la providencia del 5
de mayo de 20267, mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión
presentado por la parte actora, incurrió en un exceso ritual manifiesto, y si con ello
presuntamente vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor Meneses
Mosquera.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
26. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
27. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
29. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
30. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
7
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(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, esto es, el
5 de mayo de 2026, toda vez que el escrito de tutela fue presentado el 26 de junio
de la presente anualidad.
3.4.1.4. El asunto sometido a consideración de la Sala reviste relevancia
constitucional, en la medida en que se orienta a establecer la posible vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y al principio de prevalencia del
derecho sustancial, con ocasión de un defecto por exceso ritual manifiesto, el cual,
se encuentra planteado razonablemente.
31. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial
32. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte
que este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus
actuaciones generan una denegación de la justicia8. Este defecto procedimental
puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a
la administración de justicia cuando: i) se aplican normas procesales que se oponen
a la vigencia de derechos constitucionales en cada caso concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas
imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se
incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas,
iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar9.
33. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
8
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
9
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y T-053
de 2012.
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procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales10.
4. Análisis del presunto defecto por exceso ritual manifiesto en el caso
concreto.
34. La Sala recuerda de entrada que el exceso ritual manifiesto solamente se
configura cuando la autoridad judicial, en abierta contradicción con los fines
constitucionales del proceso, sacrifica la efectividad de los derechos sustanciales
mediante la aplicación irreflexiva de exigencias formales que carecen de justificación
razonable para la solución del caso concreto.
35. Por ello, no toda aplicación estricta de una norma procesal constituye un
exceso ritual; pues para que exista el defecto resulta necesario demostrar que la
autoridad judicial renunció al análisis material del asunto y subordinó la
administración de justicia a una concepción puramente formal del procedimiento.
36. Bajo ese entendimiento, esta Subsección encuentra que la situación
examinada dista considerablemente de dicho supuesto excepcional. En ese
entendido, la providencia cuestionada no revela una negativa automática a las
solicitudes del recurrente ni una aplicación mecánica de las disposiciones
procesales, sino que, por el contrario, evidencia que el despacho examinó
específicamente las razones expuestas por la parte actora para justificar la falta
de subsanación dentro del término legal.
37. De hecho, antes de adoptar la decisión de rechazo, la autoridad judicial
reconstruyó las actuaciones surtidas con posterioridad al auto inadmisorio, examinó
la solicitud elevada el 24 de febrero de 2026 y analizó las explicaciones ofrecidas
respecto del conocimiento tardío de la providencia.
38. Asimismo, la Sección Tercera, Subsección B se pronunció expresamente
sobre las circunstancias personales invocadas por el apoderado y sobre el informe
allegado para explicar las dificultades relacionadas con la consulta de las
comunicaciones electrónicas.
39. En particular, señaló que, al tratarse de una notificación por estado,
correspondía al apoderado consultar la plataforma SAMAI para conocer las
actuaciones y providencias del proceso; recordó los deberes de diligencia profesional
previstos en el artículo 73 del CGP, el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y el artículo
3 de la Ley 2213 de 2022; y concluyó que la actuación de la Secretaría de la Sección
Tercera se ajustó a derecho, razón por la cual negó la solicitud de reiniciar el término
10
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
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de subsanación11.
40. Esta circunstancia reviste especial importancia porque desvirtúa el
presupuesto fáctico sobre el cual se edifica la solicitud de amparo. Así las cosas,
aunque el accionante afirmó que la autoridad judicial ignoró las razones que expuso
para justificar la falta de subsanación, lo cierto es que la providencia cuestionada
demuestra que dichas razones fueron objeto de consideración expresa.
41. En ese entendido, lo que ocurrió fue que la autoridad judicial, luego de
analizarlas, concluyó que carecían de la entidad jurídica necesaria para relevar al
recurrente del cumplimiento de las cargas procesales que le correspondían o para
alterar los efectos de una notificación que consideró realizada conforme al
ordenamiento jurídico.
42. Así las cosas, la discrepancia del accionante no recae sobre una ausencia de
valoración, sino sobre el resultado de esa valoración. No obstante, la acción de tutela
contra providencias judiciales no constituye un mecanismo orientado a sustituir el
criterio interpretativo del juez natural ni a reabrir debates ya resueltos por el juez
natural del proceso.
43. Adicionalmente, la providencia reprochada no edificó su decisión sobre una
formalidad carente de sustento normativo pues la Subsección B de la Sección
Tercera recordó que la notificación del auto que inadmitió el recurso se surtió
mediante estado electrónico y explicó por qué dicho mecanismo era plenamente
válido conforme al régimen procesal aplicable12. Del mismo modo, verificó
expresamente que la actuación se hubiera realizado de acuerdo con las exigencias
legales13.
44. A ello se suma que la misma providencia señaló que la parte recurrente
reconoció14 haber recibido la comunicación asociada al estado electrónico
respectivo. Con fundamento en esas circunstancias, la autoridad judicial concluyó15
que no existían razones que justificaran reiniciar el término concedido para subsanar
el recurso.
45. En ese orden de ideas, el rechazo del recurso no obedeció a una valoración
caprichosa o discrecional de la autoridad judicial accionada, sino al cumplimiento de
una consecuencia jurídica expresamente establecida en el ordenamiento procesal
para los eventos en que el recurrente no corrige oportunamente las falencias
señaladas en el auto de inadmisión. Por ello, la decisión cuestionada se limitó a
11
La providencia indicó: «era deber del apoderado de la parte recurrente consultar o ingresar a la plataforma SAMAI
para acceder tanto a las actuaciones surtidas como a la decisión adoptada por el Despacho»; además, recordó que es
deber profesional del abogado atender con celosa diligencia sus encargos y desarrollar las actuaciones procesales
mediante los medios tecnológicos dispuestos para ello. Finalmente concluyó que «la actuación de la Secretaría de la
Sección Tercera se ajustó a derecho (...) [por lo que] denegará la petición de “correr nuevamente el término para subsanar la
demanda” formulada por la parte recurrente». (Auto de 5 de mayo de 2026). Negrillas y subrayas de esta Sala.
12
Auto de 5 de mayo de 2026 - “5. En ese orden de ideas, toda vez que la notificación del auto inadmisorio del recurso respecto
de la parte demandante es por estado, el cual no exige la remisión de la providencia adoptada mediante correo electrónico14,
era deber del apoderado de la parte recurrente, consultar o ingresar a la plataforma SAMAI para acceder tanto a las actuaciones
surtidas como a la decisión adoptada por el Despacho.”.
13
Ibidem. - “4. En el caso en concreto, al corroborar el Sistema SAMAI, el Despacho advierte que la providencia del 30 de
enero de 2026 efectivamente fue notificada mediante estado del 5 de febrero de 2026, como se denota de la siguiente imagen:”.
14
Ibidem. - “Además, en la comunicación remitida por la parte recurrente el 10 de febrero de 2026, la misma parte indicó que
efectivamente recibió la comunicación del estado del 5 de febrero de 202613”.
15
Ibidem. - “7. Teniendo en cuenta lo expuesto y toda vez que, la actuación de la Secretaría de la Sección Tercera se ajustó a
derecho —tanto en el cumplimiento de la orden del 30 de enero de 2026 como en su notificación—, el Despacho denegará la
petición de «correr nuevamente el término para subsanar la demanda» formulada por la parte recurrente.”.
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aplicar la previsión legal16 correspondiente frente al incumplimiento de una carga
procesal que recaía sobre la parte interesada.
46. En suma, no se advierte que la autoridad judicial hubiera privilegiado
irrazonablemente las formas sobre el derecho sustancial. Antes bien, la providencia
cuestionada evidencia que los planteamientos del recurrente fueron objeto de
análisis expreso y motivado, pero concluyó que las circunstancias alegadas por el
actor no justificaban el incumplimiento de las cargas procesales a su cargo ni
permitían apartarse de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico para
tal situación.
47. Por lo anterior, la Sala concluye que la providencia cuestionada no incurrió en
exceso ritual manifiesto y, en consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
James Meneses Mosquera, en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
16
Ibidem. - 8. El artículo 253 del CPACA prevé que el recurso debe inadmitirse cuando no cumpla con los requisitos formales
exigidos por el artículo 252 ibidem. Asimismo, dispone que el recurso será rechazado cuando habiendo sido inadmitido, no se
hubiere corregido dentro de la oportunidad legalmente establecida”. (...) “En el presente caso, comoquiera que la parte
recurrente no subsanó las falencias advertidas en el auto inadmisorio dentro del término previsto, el Despacho dispondrá el
rechazo del recurso extraordinario de revisión”.
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