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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04978-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04978-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria La Previsora S.A. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Raúl Salcedo Cardona. 22 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. 23 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 24 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. 25 Sentencia SU-522 de 2019. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Raúl Salcedo Cardona Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-04978-00 TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04978-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04978-00
Demandante: RAÚL SALCEDO CARDONA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO

Temas: Tutela contra incidente de desacato. Declara la carencia actual
de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la parte accionante, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Raúl Salcedo Cardona2, en nombre propio, presentó acción de tutela3 contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al trabajo y al «principio de legalidad».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las
providencias de 16 y 23 de junio de 2026, a través de las cuales las autoridades
judiciales accionadas resolvieron declararlo en desacato y le impusieron una multa de
dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de las
órdenes impartidas en el trámite de la acción de tutela que se identificó con el radicado
76111-33-33-003-2026-00009-00.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Quien aduce la calidad de secretario de educación del municipio de Guadalajara de Buga.
3 Con escrito radicado el 25 de junio de 2025, a través del aplicativo web de recepción de tutelas y

habeas corpus en línea y remitido en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Raúl Salcedo Cardona
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04978-00

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor RAÚL
SALCEDO CARDONA, en calidad de Secretario de Educación Municipal de
Guadalajara de Buga.

SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el artículo segundo del Auto
Interlocutorio 324 del 16 de junio de 2026, Auto De Sustanciación No. 510 del 25 de
junio de 2026 proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga y Auto Interlocutorio No. 277 del 23 de junio de 2026 proferido por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en lo que corresponde a la sanción
impuesta al señor RAÚL SALCEDO CARDONA, en calidad de Secretario de Educación
Municipal de Guadalajara de Buga.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara
de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en aplicación del marco
competencial establecido en los Decretos 1075 de 2015, 1272 de 2018 y 942 de 2022,
revoque la sanción impuesta al Secretario de Educación Municipal, reconociendo que el
incumplimiento subsistente es atribuible exclusivamente a Fiduprevisora S.A. en su
calidad de administradora del FOMAG.4

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:

La señora Martha Lucia Soto Urbano presentó acción de tutela contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el municipio de Guadalajara de Buga5, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales ante la ausencia de respuesta a la petición
de 15 de agosto de 2025.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga, bajo el radicado 76111-33-33-003-2026-00009-00.

Mediante sentencia de 30 de enero de 2026, la autoridad judicial amparó los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso de la señora Martha Lucia Soto Urbano
y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

4 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
5 Igualmente se vinculó a la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora).

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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA que, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, i) la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, elabore el proyecto del
acto administrativo que resuelva la petición y lo remita en el mismo término a la NACIÓN
– MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG - FIDUPREVISORA S.A.; ii) cumplido ello,
la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o desaprobación argumentando de
manera precisa el sentido de su decisión y, remitirlo de vuelta a la entidad territorial y,
iii) surtido todo esto, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUADALAJARA DE
BUGA deberá expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la solicitud de
reconocimiento pensional y notificárselo a la accionante.

El fallo en su totalidad deberá cumplirse dentro de los quince días siguiente a su
notificación.

Esta decisión fue impugnada por el Ministerio de Educación Nacional y el trámite de la
segunda instancia le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
en sentencia de 10 de marzo de 2026 confirmó el proveído de primer grado.

No obstante, el 25 de mayo de 2026 el apoderado de la señora Soto Urbano solicitó la
apertura del correspondiente incidente de desacato.

Por lo tanto, mediante auto de 2 de junio de 2026 el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga resolvió iniciar el incidente contra la
alcaldesa del municipio de Guadalajara de Buga, la señora Karol Vanessa Martínez
Silva, el secretario de Educación del municipio de Guadalajara de Buga, el señor Raúl
Salcedo Cardona, el vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), el señor Herman Arnulfo Bayona Abello, y la directora de
Prestaciones Económicas de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), la señora
Alexandra Rodríguez del Gallego.

Luego, a través de providencia de 16 de junio de 2026 la autoridad judicial de primera
instancia declaró en desacato a las autoridades incidentadas y les impuso una sanción
de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno, bajo las siguientes
consideraciones:

Así entonces, las entidades incidentadas NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –
FOMAG - FIDUPREVISORA S.A. y el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, pese
a los requerimientos previos efectuados en este nuevo trámite incidental, en ninguno de
estos emitieron algún tipo de pronunciamiento a su favor, pasando por alto los derechos
fundamentales amparados en favor de la accionante en el fallo de tutela.

En cuanto al Municipio de Guadalajara de Buga, se reitera tal como se mencionó en
auto anterior que, si bien en un primer incidente había acreditado la elaboración del
proyecto del acto administrativo que da respuesta a la solicitud pensional y lo remitió
desde el pasado 18 de febrero de este año al Fomag para su aprobación o rechazo, lo
cierto es que, en esta nueva oportunidad prefirió guardar silencio, desconociendo el
despacho si han surgido nuevas actuaciones o aún se está a la espera de lo que decida
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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En esa medida, conforme lo que reposa en el expediente, observa esta judicatura que
por parte de la Nación – Ministerio de Educación – Fomag – Fiduprevisora S.A. y el
Municipio de Guadalajara de Buga, no se ha dado cumplimiento íntegro a la
providencia constitucional, aun cuando ha transcurrido un término más que prudencial
para ello, en ese sentido, han incurrido claramente en un desacato a la misma sin
justificación alguna.

En grado jurisdiccional de consulta el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió el auto de 23 de junio de 2026, a través del cual revocó la sanción respecto de
la alcaldesa del municipio de Guadalajara de Buga, la señora Karol Vanessa Martínez
Silva, y el vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), el señor Herman Arnulfo Bayona Abello. Empero, confirmó el auto de 16 de
junio de 2026, en relación con el secretario de Educación del municipio de Guadalajara
de Buga, el señor Raúl Salcedo Cardona, y la directora de Prestaciones Económicas
de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), la señora Alexandra Rodríguez del
Gallego.

Lo anterior, al considerar que «dentro del trámite incidental no se allegaron
justificaciones por parte de los mencionados funcionarios que permitan acreditar la
existencia de una imposibilidad física o jurídica para el cumplimiento de la orden
impartida en la sentencia de tutela, ni se expusieron razones objetivas que expliquen
el incumplimiento advertido».

Finalmente, por auto de 14 de julio de 2026 el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Guadalajara de Buga resolvió inaplicar la sanción impuesta
mediante la providencia de 16 de junio de 2026 al secretario de Educación del
municipio de Guadalajara de Buga, el señor Raúl Salcedo Cardona, y a la directora de
Prestaciones Económicas de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), señora
Alexandra Rodríguez del Gallego.

Para fundamentar su decisión indicó que se encontraba acreditado el cumplimiento de
la orden impartida en la sentencia de 30 de enero de 2026, confirmada el 10 de marzo
de 2026, toda vez que el secretario de Educación del municipio de Guadalajara de
Buga expidió la Resolución SEM-1900-716 de 30 de junio de 2026, a través de la cual
reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación de la señora Martha Lucía Soto
Urbano; acto administrativo que fue debidamente notificado a la parte interesada.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales con la expedición de las providencias de 16 y 23 de junio de
2026, a través de las cuales resolvieron declararlo en desacato e imponerle una multa
por el incumplimiento de las órdenes impartidas en el trámite de la acción de tutela que
se identificó con el radicado 76111-33-33-003-2026-00009-00. Particularmente,
destacó que las providencias enjuiciadas incurrieron en el defecto sustantivo.

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Alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el marco
normativo que establece las competencias de cada entidad en el trámite de expedición
de un acto administrativo que resuelve una solicitud pensional. Ello, comoquiera que
se no se tuvo en cuenta la capacidad de la Secretaría de Educación del municipio de
Guadalajara de Buga de cara al cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de
30 de enero de 2026.

En ese sentido, destacó que las autoridades accionadas omitieron la valoración del
informe presentado el 21 de abril de 2026 en el respectivo trámite incidental y
desatendieron la trazabilidad de las actuaciones administrativas que adelantó la
Secretaría de Educación del municipio de Guadalajara de Buga, así como la omisión
del la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), en calidad de administradora del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), de aprobar o negar
la solicitud presentada por la tutelante.

Puso de presente que tales omisiones vulneran el principio de legalidad, puesto que
concluyeron de manera errada que el reconocimiento de la pensión depende de la
Secretaría de Educación del municipio de Guadalajara de Buga, cuando el artículo
2.4.10.1.2. del Decreto 1075 de 2015 dispone que la Fiduciaria La Previsora S.A.
(Fiduprevisora), es a quien le corresponde de manera exclusiva el reconocimiento,
trámite y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al fondo.

Así mismo, citó el Decreto 1272 de 2018 que estableció el procedimiento específico
para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes y el Decreto 942 de
2022 que precisó las funciones de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora)
respecto de la decisión de fondo sobre el reconocimiento pensional.

Explicó que en calidad de secretario de Educación del municipio de Guadalajara de
Buga carece de competencia para expedir el acto administrativo que resuelva de fondo
la solicitud pensional, puesto que su obligación se agota en la elaboración y remisión
del proyecto de acto a la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora); actuación que
fue realizada el 18 de febrero de 2026.

Trajo a colación que en el auto de 23 de junio de 2026, el tribunal accionado revocó la
sanción impuesta a la alcaldesa del municipio de Guadalajara de Buga, al señalar que
en el fallo de tutela no se le asignó una actuación concreta; razonamiento que también
debió serle aplicado a él, puesto que su obligación se circunscribía a elaborar y remitir
el proyecto de acto administrativo, lo cual ya realizó, y no le es jurídicamente posible
avanzar en el procedimiento sin que antes actúe la mencionada fiduciaria.

Citó la sentencia C-367 de 2014 de la Corte Constitucional con el fin de aclarar que el
incidente de desacato no puede prosperar cuando existe una imposibilidad jurídica
objetiva para el cumplimiento de la orden, como ocurre en el presente caso, en el que
la Secretaría de Educación del municipio de Guadalajara de Buga carece de facultad
para expedir el mencionado acto. En ese sentido, afirmó que se vulneró su derecho al
debido proceso al sancionarlo cuando no tiene tal competencia.

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Por último, aclaró que las providencias enjuiciadas incurrieron en los «defectos»: (i)
«individualización del sujeto obligado», puesto que al sancionaron desconocieron no
solo que en el incidente se debe establecer rigurosamente sobre quién recae la
obligación, sino que además él cumplió con la parte de la orden que le correspondía,
y (ii) al imponerle una obligación de resultado cuando solo tiene una de medio,
comoquiera que se le exige algo que jurídicamente no puede producir.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 2 de julio de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, como autoridades
accionadas.

Así mismo, negó la medida provisional invocada por el actor y vinculó como terceros
con interés a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al municipio de Guadalajara de Buga6,
a la Fiduciaria La Previsora S.A., a la Secretaría de Educación del municipio de
Guadalajara de Buga, a la señora Martha Lucía Soto Urbano7, a la alcaldesa del
municipio de Guadalajara de Buga, la señora Karol Vanessa Martínez Silva8, al
vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el señor
Herman Arnulfo Bayona Abello9, y a la directora de Prestaciones Económicas de la
Fiduciaria La Previsora S.A., la señora Alexandra Rodríguez del Gallego10, así como
las demás partes, personas, terceros y/o entidades que participaron en la acción de
tutela 76111-33-33-003-2026-00009-00/01/02/03 y en sus incidentes de desacato.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

La secretaria del tribunal allegó el expediente digital del proceso identificado con el
radicado 76111-33-33-003-2026-00009-01/02/03.

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga

La secretaria del juzgado hizo un recuento sobre las actuaciones judiciales
adelantadas al interior del proceso 76111-33-33-003-2026-00009-00 y anexó el
respectivo expediente digital.

6 Notificado a los correos notificaciones@buga.gov.co y contactenos@guadalajaradebuga-valle.gov.co.
7 Notificado a educacion@guadalajaradebuga-valle.gov.co y notificaciones@buga.gov.co.
8 Notificado al correo notificaciones@buga.gov.co
9 Notificado a los buzones tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co.
10 Notificado a los correos alrodriguez@fiduprevisora.com.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co.

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Posteriormente, allegó el auto de 14 de julio de 2026 por medio del cual el juzgado
resolvió inaplicar la sanción impuesta mediante la providencia de 16 de junio de 2026
al secretario de Educación del municipio de Guadalajara de Buga y a la directora de
Prestaciones Económicas de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora).

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de amparo, por no cumplir con los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial.

Así mismo, pidió que se le desvincule del trámite constitucional al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que el Ministerio de
Educación Nacional no tiene injerencia, competencia ni facultad para intervenir o
modificar las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1.6.4. Fiduciaria La Previsora S.A.

La Gerencia Jurídica del Fondo de Prestaciones de la entidad solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela y que se desvincule a la Fiduciaria La Previsora S.A.
del trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva, así como a los señores
Herman Arnulfo Bayona Abello y Alexandra Rodríguez del Gallego, por cuanto no son
los encargados de cumplir con las órdenes que imparta el despacho.

Sobre el primer aspecto, resaltó que la entidad actuó conforme a la normativa
establecida, por lo que no es posible aducir que el juez de instancia desconocido los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

Así mismo, expuso que la Fiduciaria La Previsora S.A. no es responsable del
quebrantamiento de los derechos de la accionante, puesto que no existe un nexo de
causalidad entre la entidad y la amenaza a su garantía constitucional.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia la acción de tutela
presentada por el señor Raúl Salcedo Cardona contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga, de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015
y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 201911 de la Sala Plena de esta corporación.

11 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria La Previsora S.A. pidieron su
desvinculación de la presente acción constitucional por considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, las referidas peticiones serán
negadas, en razón a que tales entidades fueron vinculadas como terceros con interés
al haber participado en la acción de tutela 76111-33-33-003-2026-00009-00/01/02/03
y en sus incidentes de desacato.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta Colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales invocados por el actor por parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga, al expedir los autos de 16 y 23 de junio de 2026,
respectivamente, a través de las cuales lo declararon en desacato y le impusieron una
multa por el incumplimiento de las órdenes impartidas en el trámite de la acción de
tutela que se identificó con el radicado 76111-33-33-003-2026-00009-00.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la
referencia, y de encontrarse superados, (iii) el estudio del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04978-00

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

2.5. Caso concreto

En el sub examine, el señor Raúl Salcedo Cardona alegó que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga vulneraron sus derechos fundamentales al expedir las
providencias de 16 y 23 de junio de 2026, a través de las cuales resolvieron declararlo
en desacato y le impusieron una multa de dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por el incumplimiento de las órdenes impartidas en el trámite de la acción de
tutela que se identificó con el radicado 76111-33-33-003-2026-00009-00.

Por lo tanto, solicitó que se dejen sin efectos las mencionadas providencias y, en
consecuencia, se les ordene a las autoridades accionadas a revocar la sanción que le
fue impuesta.

Ahora bien, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga allegó a este trámite constitucional el auto de 14 de julio de 2026 por medio del
cual dispuso lo siguiente:

1. INAPLICAR la sanción económica impuesta al señor RAÚL SALCEDO CARDONA,
Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, y a la señora ALEXANDRA
RODRÍGUEZ DEL GALLEGO, Directora de Prestaciones Económicas de la
Fiduprevisora S.A., mediante auto Interlocutorio No. 324 de fecha del 16 de junio de
2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Esta decisión fue notificada a las partes en la misma fecha, tal como se advierte en el
índice 62 de Samai.

En ese orden, es preciso resaltar que, encontrándose en curso la tutela de la
referencia, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga dictó el respectivo auto que inaplicó la sanción que le fue impuesta al actor
mediante proveído de 16 de junio de 2026, dentro del incidente de desacato
identificado con el radicado 76111-33-33-003-2026-00009-00, con lo cual se advierte
la cesación de la vulneración alegada16.

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Sobre el tema se puede consultar la siguiente sentencia de tutela proferidas por esta Sección: 21 de

octubre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-06411-00, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Raúl Salcedo Cardona
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04978-00

Al respecto, esta Colegiatura en anteriores oportunidades17 se ha referido a la acción
de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la
acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.18

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental
como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre
la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero,
no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se
hubiese presentado un peligro ya subsanado […]” (Negrillas inexistentes en el
texto original)

17 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; (ii)
de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
18 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».

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Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente19. […].

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo
que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.

Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras
referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al
respecto»20.21

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

19 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
20 Sentencia SU-225 de 2013.
21 Sentencia T-481 de 2016.

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El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena22 como por las distintas
Salas de Revisión23. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se
enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El
hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo
no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”24. No se trata entonces de una
categoría homogénea y completamente delimitada.25

En ese orden, en atención a que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Guadalajara de Buga profirió el auto de 14 de julio de 2026 que inaplicó la sanción
que le fue impuesta al actor mediante proveído de 16 de junio de 2026, en el marco
del incidente de desacato identificado con el radicado 76111-33-33-003-2026-00009-
00, cualquier orden que se dicte por parte de esta Sala de Decisión resultaría inane,
dado que la presunta vulneración cesó debido a la actuación de la parte demandada
durante el trámite de esta acción, tal como lo solicitó la parte actora en la pretensión
constitucional.

2.6. Conclusión

Así las cosas, y conforme con lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, al momento de fallar la presente acción de
tutela, se encontró que, durante el trascurso de esta, la autoridad judicial accionada
dictó y notificó la providencia que inaplicó la sanción que le fue impuesta al señor Raúl
Salcedo Cardona, en el respectivo incidente de desacato.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduciaria La Previsora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción
de tutela promovida por el señor Raúl Salcedo Cardona.

22 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
23 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos;

T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo;
T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de
2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
24 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
25
Sentencia SU-522 de 2019.

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Demandante: Raúl Salcedo Cardona
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04978-00

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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