Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04980-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04980-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04980-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04980 00
Accionante: Luz Gabriela Andrea Torres Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera
Acción: Acción de Tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Luz Gabriela Andrea Torres
Cárdenas, contra la providencia del 25 de junio de 2026, emitida por la Sala Primera del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el recurso de insistencia identificado con el
radicado núm. 05001 23 33 000 2026 00907 00.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Luz Gabriela Andrea Torres Cárdenas, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso (artículo
29 de la Constitución Política), al Acceso a la Información Pública y a los
Documentos Públicos (artículo 74 de la Constitución Política) y al Derecho de
Petición (artículo 23 de la Constitución Política).
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia dentro del Radicado 05001-23-33-000-2026-00907-
00, por haber incurrido en los defectos específicos expuestos.
TERCERA. Como consecuencia del amparo constitucional, ORDENAR
directamente a la Universidad de Antioquia suministrar la información solicitada
consistente en los nombres, apellidos y números de registro de los aspirantes que
obtuvieron calificación aprobatoria en la prueba escrita correspondiente a las
convocatorias OPEC 187-25 y 190-25, por cuanto la controversia es
exclusivamente jurídica, los hechos relevantes se encuentran plenamente
establecidos y no existe una reserva constitucional o legal aplicable al caso
concreto que justifique mantener oculta dicha información. La entrega deberá
comprender exclusivamente la información solicitada, pudiendo excluirse
únicamente aquella información adicional que, por disposición constitucional o
legal expresa, se encuentre sometida a reserva.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04980 00.
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CUARTA. Subsidiariamente, si el despacho considera que aún existe un ámbito
de valoración jurídica que corresponde al Tribunal Administrativo de Antioquia,
ORDENAR a dicha Corporación proferir una nueva decisión sobre el recurso de
insistencia, aplicando correctamente el artículo 74 de la Constitución Política, la
Ley 1712 de 2014, el principio de máxima publicidad y el precedente constitucional
aplicable. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante relató que presentó un derecho de petición ante la Universidad de
Antioquia, mediante el cual solicitó conocer los nombres, apellidos y números de registro
de los aspirantes que obtuvieron una calificación aprobatoria en la prueba escrita
correspondiente a las convocatorias OPEC 187-25 y 190-25.
Indicó que la Universidad de Antioquia negó la entrega de la información, con fundamento
en que su divulgación podría afectar los derechos a la intimidad y a la autodeterminación
informativa de los concursantes, de conformidad con las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de
2014.
Señaló que, dentro de la oportunidad legal, interpuso el recurso de insistencia previsto
en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 y que, la Sala Primera del Tribunal Administrativo
de Antioquia, mediante providencia del 25 de junio de 2026, resolvió dicho mecanismo y
consideró bien denegada la información solicitada.
Manifestó que la autoridad judicial sustentó su decisión en que ella no ostentaba la
calidad de participante dentro de las convocatorias OPEC 187-25 y 190-25. Asimismo,
sostuvo que el tribunal no efectuó un análisis suficiente sobre la existencia, alcance y
justificación de una reserva legal aplicable a la información requerida y que, en su criterio,
condicionó el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública a la
acreditación de un interés particular.
Afirmó que el asunto en cuestión satisface los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, en cuanto a la relevancia
constitucional, expuso que el asunto plantea una tensión entre los principios de mérito,
transparencia, control ciudadano y máxima publicidad de la función administrativa, y la
protección del derecho a la intimidad de los participantes en un concurso público.
Frente a la subsidiariedad, adujo que la providencia que resolvió el recurso de insistencia
fue proferida en única instancia, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1755 de
2015, por lo que no dispone de recursos ordinarios ni extraordinarios para controvertirla.
Sobre la inmediatez, anotó que la acción de tutela fue presentada dentro de un término
razonable contado a partir de la notificación de la providencia judicial cuestionada.
Asimismo, precisó que identificó los hechos que originaron la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales y los defectos que atribuye a la decisión judicial, y aclaró
que no se trata de una tutela contra una sentencia de tutela.
Como fundamento de la solicitud de amparo, alegó que la providencia cuestionada
incurrió en un defecto sustantivo, al condicionar el acceso a la información pública a la
existencia de un interés particular del solicitante.
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Al efecto, explicó que la Ley 1712 de 2014 reconoce a toda persona el derecho a solicitar
información pública, sin exigir una condición especial, una relación jurídica con la entidad
o un interés directo en la actuación administrativa.
Advirtió que la calidad de tercero frente a un concurso público no constituye una razón
constitucionalmente válida para restringir el acceso a información sometida a los
principios de transparencia, publicidad, imparcialidad y mérito. En su criterio, el tribunal
introdujo un requisito no previsto por el legislador y convirtió un derecho de carácter
ciudadano en un mecanismo reservado para quienes acrediten una vinculación particular
con el procedimiento administrativo.
También adujo que la providencia vulneró directamente el artículo 74 de la Constitución
Política y el principio de máxima publicidad, al validar la restricción de acceso a la
información identificadora de quienes superaron una prueba dentro de un concurso
público, sin demostrar la existencia de una reserva legal aplicable.
Agregó que la decisión incurrió en un defecto sustantivo y en falta de motivación al aplicar
las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014. Aseveró que la circunstancia de que la
información solicitada contenga datos personales no significa, por sí sola, que su
divulgación esté prohibida, pues la protección de esos datos debe armonizarse con los
principios de publicidad y transparencia de la función administrativa.
Argumentó que la Universidad de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia
omitieron efectuar el test de daño previsto en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.
Resaltó que no explicaron de manera concreta cuál sería el perjuicio presente, probable
y específico que ocasionaría revelar los nombres y números de registro de las personas
que aprobaron la prueba escrita.
Explicó que la providencia se limitó a invocar una afectación genérica a la privacidad, sin
realizar un juicio de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad ni examinar la posibilidad
de adoptar medidas menos restrictivas. En consecuencia, consideró que la autoridad
judicial trasladó indebidamente a la solicitante la carga de justificar el acceso a la
información, pese a que correspondía a la entidad demostrar la existencia de una
excepción legal.
Finalmente alegó que el tribunal accionado también incurrió en el desconocimiento del
precedente constitucional contenido en la Sentencia SU-067 de 2022. Para ello, señaló
que, aunque esa providencia no resolvió un asunto idéntico, desarrolló criterios
relevantes sobre los principios de mérito, transparencia, objetividad e imparcialidad que
rigen los concursos públicos.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 25 de junio de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, mediante auto del 1 de julio de 20263, admitió la acción y dispuso notificar4
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04980 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04980 00.
4 Esta orden se cumplió el 3 de julio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04980 00.
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al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera, en calidad de autoridad judicial
accionada; así como vincular a la Universidad de Antioquia, como tercero con interés
directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió tanto al Tribunal Administrativo de Antioquia para que allegue
copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso
identificado con el radicado núm. 05001 23 33 000 2026 00907 00, el cual fue remitido5.
3.2. La accionante, mediante varios escritos6 manifestó que la Contraloría General de la
República debía ser vinculada al trámite, por ser la entidad titular de las convocatorias
OPEC 187-25 y 190-25 y de la información solicitada.
Agregó que dicha entidad ya había fijado su posición institucional en otro trámite de tutela,
en el sentido de que la reserva prevista en la Resolución OGZ-0858 de 2024 no
comprendía la información identificadora básica de los aspirantes. Por ello, solicitó que
se ordene la vinculación de dicho ente de control.
3.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó escrito7 en el que anotó que los
fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión cuestionada se encontraban contenidos
en la respectiva providencia.
3.4. La Universidad de Antioquia8 señaló que actuó únicamente en calidad de operador
técnico del Concurso Abierto de Méritos 2024-2026, en virtud del Contrato
Interadministrativo CGR-815-2024 y de las disposiciones legales y reglamentarias que
regulan dicho proceso.
Indicó que la accionante presentó peticiones los días 22 y 25 de mayo de 2026, mediante
las cuales solicitó información relacionada con las convocatorias OPEC 187-25 y 190-25,
incluyendo los nombres, apellidos y números de registro de los aspirantes que obtuvieron
calificación aprobatoria. Precisó que dichas solicitudes fueron resueltas de manera
negativa mediante respuesta del 5 de junio de 2026, con fundamento en la normativa
sobre protección de datos personales y reserva de la información.
Agregó que la accionante interpuso recurso de insistencia, el cual fue remitido al Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad que, mediante providencia del 25 de junio de 2026,
estimó bien denegada la solicitud de información.
Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada no incurrió en los defectos alegados por
la accionante, pues se fundamentó en la protección de los derechos a la intimidad y al
habeas data de los concursantes, y solicitó declarar improcedente la acción de tutela o,
en su defecto, negar las pretensiones de amparo.
5 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04980 00.
6 Visto en los índices 9, 10 y 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 04980 00.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04980 00.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04980 00.
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3.5. La accionante allegó escrito9 en el que indicó que los argumentos expuestos por la
Universidad de Antioquia no desvirtuaban los defectos atribuidos a la providencia
cuestionada, pues pretendían complementar su motivación con razones formuladas
únicamente durante el trámite de tutela.
Señaló que la información solicitada no correspondía a datos sensibles y que la calidad
de tercero ajeno al concurso no constituía una causal de reserva. Asimismo, sostuvo que
las reglas operativas de la convocatoria no podían limitar el derecho de acceso a la
información pública ni sustituir la exigencia de acreditar un daño concreto y proporcional
derivado de su divulgación.
Agregó que la Contraloría General de la República había adoptado una interpretación
distinta sobre el alcance de la reserva, lo que exigía una motivación reforzada por parte
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En consecuencia, solicitó desestimar la oposición, dejar sin efectos la providencia del 25
de junio de 2026 y ordenar la entrega de la información o, subsidiariamente, la expedición
de una nueva decisión.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
4.2.1. La señora Luz Gabriela Andrea Torres Cárdenas presentó ante la Universidad de
Antioquia las peticiones radicadas los días 22 y 25 de mayo de 2026, identificadas con
los números 542805 y 542826, respectivamente.
En la primera petición, solicitó información relacionada con las reclamaciones formuladas
contra los resultados de las pruebas escritas de las convocatorias OPEC 187-25 y 190-
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04980 00.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de con el radicado núm. 05001 23 33 000 2026 00907
00. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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25; mientras que, en la segunda petición, requirió los nombres, apellidos y números de
registro de los aspirantes que obtuvieron calificación aprobatoria en dichas pruebas.
4.2.2. La Universidad de Antioquia, en calidad de operador técnico del concurso,
mediante respuesta conjunta del 5 de junio de 2026, negó la entrega de la información
identificadora de los aspirantes, con fundamento en las normas que regulan la reserva
de la información y la protección de datos personales.
4.2.3. Inconforme con la respuesta anterior, la señora Torres Cárdenas interpuso recurso
de insistencia, con el fin de que se efectuara el control judicial de la reserva invocada
respecto de la información solicitada en la petición núm. 542826.
4.2.4. La Universidad de Antioquia remitió el recurso de insistencia al Tribunal
Administrativo de Antioquia el 18 de junio de 2026.
4.2.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia del 25 de junio de
2026, proferida dentro del proceso con radicado núm. 05001 23 33 000 2026 00907 00,
estimó bien denegada la solicitud de información.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud formulada por la accionante en los memoriales allegados al
presente trámite tutelar, encaminada a que se vincule a la Contraloría General de la
República como tercero interesado, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a ella.
Lo anterior, por cuanto no se advierte necesaria su comparecencia a esta sede
constitucional, toda vez que la negativa de acceso a la información cuya legalidad se
cuestiona fue proferida por la Universidad de Antioquia y no por dicho ente de control;
además, las pretensiones de la presente acción de tutela no están dirigidas contra la
Contraloría General de la República ni buscan controvertir actuación alguna atribuible a
dicha entidad.
Por último, la providencia cuestionada se profirió en el proceso del recurso de insistencia
identificado con el radicado núm. 05001 23 33 000 2026 00907 00, en el que no intervino
el citado ente de control, por lo tanto, no le asiste interés en el presente asunto y, en
consecuencia, se negará la solicitud de vinculación elevada por la accionante.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
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4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló lo siguiente:
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del primer y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
4.4.2.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
explicó que este primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
7
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involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que se promueva
contra una providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance o
goce de un derecho fundamental, pues sólo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien interpone
una acción de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada
lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel”.
El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en que, para
superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos
fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente
la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que compone a la relevancia constitucional,
la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada
está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que
exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para
afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el
núcleo esencial del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional como:
[…] el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a
los particulares”15 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho
que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro
derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo
cual se le quita su esencia fundamental […]16.
Conforme con lo expuesto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la accionante
invocó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición y de
acceso a la información pública, con ocasión de la providencia del 25 de junio de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del recurso de insistencia con
radicado núm. 05001 23 33 000 2026 00907 00, mediante la cual se estimó bien
denegada la solicitud presentada por la señora Torres Cárdenas, dirigida a obtener los
nombres, apellidos y números de registro de los aspirantes que alcanzaron una
15 Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
16 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera
calificación aprobatoria en las pruebas escritas de las convocatorias OPEC 187-25 y 190-
25.
En ese sentido, la Sala advierte que la actora no acreditó que la providencia cuestionada
hubiera generado una restricción desproporcionada respecto del núcleo esencial de los
derechos fundamentales invocados.
Por lo anterior, la Sala considera que el asunto planteado no supera el primer criterio del
requisito general de relevancia constitucional, pues los reproches formulados no
evidencian una afectación directa del contenido, alcance o goce de los derechos
fundamentales invocados, sino una inconformidad con la interpretación jurídica adoptada
en la providencia acusada.
4.4.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este tercer elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]17.
(Subrayado fuera de texto).
A su turno, en la sentencia SU 215 de 202218, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, circunstancia que
[…] excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial […]. (Subrayado fuera de texto).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no está superado el tercer elemento que lo compone,
esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU 215 del 16 de junio de 2022. M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Luz Gabriela Andrea Torres Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera
Ello obedece a que, mediante la solicitud de amparo, la accionante pretende reabrir el
debate resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del recurso de
insistencia, pues sus reparos se dirigen a controvertir la interpretación adoptada por
dicha autoridad judicial sobre la reserva de la información solicitada y la protección de
los datos personales de los aspirantes.
En efecto, la actora busca que el juez de tutela reexamine la ponderación efectuada entre
los derechos de acceso a la información pública, intimidad y habeas data, y adopte una
conclusión distinta de la del juez natural del asunto.
Bajo ese contexto, la acción de tutela está siendo utilizada como una instancia adicional
para controvertir una decisión adoptada dentro del ámbito de competencia del juez
natural de la causa. En consecuencia, la solicitud de amparo tampoco supera el tercer
criterio de la relevancia constitucional.
En cuanto al argumento relacionado con el presunto desconocimiento del precedente
constitucional contenido en la sentencia SU-067 de 2022, la Sala advierte que tampoco
se satisface la carga argumentativa mínima exigida.
Ello, comoquiera que, si bien la accionante identificó dicha providencia y aludió a los
principios de mérito, transparencia, objetividad e imparcialidad, no precisó una regla
jurisprudencial concreta aplicable al caso ni explicó la similitud fáctica y jurídica entre los
asuntos. Incluso reconoció que esa sentencia no resolvió una controversia relacionada
con la entrega de la información solicitada.
Por tanto, el reproche alegado no evidencia el desconocimiento de un precedente
vinculante, sino la inconformidad de la actora con la interpretación efectuada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia sobre la reserva de la información y la protección de
los datos personales de los aspirantes.
Por lo anterior, sin necesidad de efectuar consideraciones adicionales, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación de la Contraloría General de la República
elevada por la accionante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Luz Gabriela Andrea Torres Cárdenas, por lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Luz Gabriela Andrea Torres Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 23 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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