Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04982-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04982-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04982-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04982-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
6 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas
Tema: Tutela contra acto administrativo que negó traslado. Procedencia
excepcional. Ampara.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Eduardo Name Garay
Tulena contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
de conformidad con lo establecido en el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de febrero de 2026, el actor interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la carrera judicial y al
acceso a cargos públicos, al trabajo, a la integridad, a la salud mental y a la
reunificación familiar. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo;
igualdad; carrera judicial y acceso a cargos públicos en condiciones de mérito, al trabajo
en condiciones dignas; a la integridad de mi salud mental y la reunificación familiar, y
DECLARAR que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas,
desconoció el principio constitucional del mérito, conforme lo señalado.
SEGUNDA (PRINCIPAL): DEJAR SIN EFECTOS la decisión que negó el traslado,
contenida en el Acuerdo No. 006 del 20 de enero de 2026, comunicado el 29 de enero de
2026, por vulnerar los derechos fundamentales reseñados y el principio constitucional del
mérito.
En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
sentencia de tutela, EMITA y COMUNIQUE el nombramiento derivado del traslado
solicitado, para el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ricaurte (Cundinamarca) y/o
para el Juzgado Promiscuo Municipal de Agua de Dios, conforme a los criterios objetivos
del mérito, el concepto favorable de la Unidad de Carrera Judicial y la sentencia SU-452/24
de la H. Corte Constitucional.
TERCERA (SUBSIDIARIA): en subsidio de la pretensión anterior, y en el evento en que el
juez constitucional estime que no procede ordenar el nombramiento directo, depreco
DEJAR SIN EFECTOS la decisión contenida en el Acuerdo No. 006 del 20 de enero de
2026, y ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
que, dentro de un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, EXPIDA y
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
COMUNIQUE un nuevo acto administrativo, mediante el cual resuelva la solicitud de
traslado presentada, observando de manera estricta:
• Los criterios objetivos del mérito y de la carrera judicial;
• El concepto favorable emitido por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura;
• Los principios de razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente; y
• La prohibición de fundamentar la decisión en criterios subjetivos, consideraciones
ajenas al mérito o en la ponderación de situaciones de funcionarios vinculados en
provisionalidad, frente a los derechos derivados de la carrera judicial del suscrito.
Todo ello, con el fin de garantizar la protección efectiva de mis derechos fundamentales
vulnerados.»
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El señor Eduardo Name Garay Tulena se encuentra vinculado a la Rama Judicial y
desde el 15 de agosto de 2018 ejerce el cargo en carrera de juez promiscuo municipal
de San Benito Abad (Sucre).
El 5 de septiembre de 2025, el señor Garay Tulena solicitó traslado de su lugar de
trabajo al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ricaurte y al Juzgado Promiscuo
Municipal de Agua de Dios (ambos de Cundinamarca), con sustento en el artículo 134
de la Ley 270 de 1996 (modificado por la Ley 2430 de 2024).
Mediante Oficio CJO25-6353 del 20 de noviembre de 2025, la directora de la Unidad
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura emitió concepto favorable
del traslado solicitado por el actor. El 2 de diciembre de 2025, envió dicho concepto al
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
El 4 de diciembre de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
remitió el concepto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, mediante
Acuerdo núm. 006 del 20 de enero de 2026, negó el traslado con fundamento en las
diferencias de carga laboral de los despachos y tras ponderar las circunstancias de
los funcionarios nombrados en provisionalidad que ocupaban los cargos respecto de
los cuales presentó la solicitud el señor Garay Tulena. Esa decisión le fue notificada
al actor mediante correo electrónico del 29 de enero de 2026.
3. Argumentos de la acción de tutela
El señor Eduardo Name Garay alegó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
carrera judicial, igualdad y acceso a cargos públicos, al trabajo en condiciones dignas,
a la salud y a la reunificación familiar, al negar la solicitud de traslado mediante el
Acuerdo núm. 006 del 20 de enero de 2026.
El actor expuso que la motivación para solicitar el traslado obedeció a su estado de
salud mental y la necesidad de reunificación familiar. Al respecto, señaló que en mayo
de 2023 fallecieron su esposa y la hija que esta gestaba, con 28 semanas de
embarazo, en hechos que atribuyó a fallas en la prestación del servicio médico en una
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
IPS de la ciudad de Sincelejo. En razón a ese hecho, manifestó que ha contado con
acompañamiento psicológico y que profesionales y familiares le han sugerido trabajar
en un distrito diferente.
Manifestó que, con posterioridad, conoció a quien es su actual compañera
permanente, domiciliada y vinculada laboralmente en Ricaurte (Cundinamarca), y que
ambos pretenden consolidar su convivencia en ese municipio. Además, indicó que ella
padece de trastorno afectivo bipolar.
Sostuvo que la Unidad de Carrera Judicial había verificado el cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios y emitido concepto favorable de traslado, sin
autorizar al nominador para realizar una nueva evaluación de tales presupuestos, ni
para ponderar las condiciones de quienes ocupaban en provisionalidad los cargos
solicitados frente a las suyas.
Afirmó que la decisión del Tribunal desconoció los criterios fijados en la sentencia SU-
452 de 2024 de la Corte Constitucional, pues la negativa no se sustentó en razones
objetivas, concretas y suficientemente explicadas. Asimismo, sostuvo que se
introdujeron criterios ajenos a la causal legal de traslado, relacionados con la eficiencia
de los despachos y las circunstancias personales de los servidores provisionales, en
detrimento del mérito y de sus derechos de carrera.
Bajo esa misma línea de argumentación, expuso que el Acuerdo núm. 006 de 2026
desconoció el precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
STC1943-2020, pues, a su juicio, reprodujo el defecto de motivación allí censurado,
al no exponer razones objetivas y claras que justificaran la negativa del traslado.
También alegó que el Tribunal recaudó y valoró información sobre la edad, la salud,
la responsabilidad de los funcionarios provisionales, mientras que no le solicitó
información sobre sus propias circunstancias personales, lo que configuró un trato
desigual. Añadió que la carga laboral fue empleada de manera selectiva para negar
su traslado, pese a que, según manifestó, otras autoridades nominadoras habían
autorizado movimientos desde despacho con menor carga hacia otros con mayor
volumen de asuntos, sin que esa circunstancia opere como una barrera para el
ejercicio del derecho.
Indicó que el traslado le permitirá atender las recomendaciones de los profesionales
tratantes orientadas a garantizar su estabilidad emocional y su salud mental y alcanzar
la reunificación familiar con su compañera permanente. Agregó que la separación
geográfica afectaba el proyecto de vida que ambos venían consolidando y
comprometía las condiciones de estabilidad emocional que ella requería para el
manejo de su trastorno afectivo bipolar.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
El 6 de febrero de 2026 el actor radicó la acción de tutela ante la Corte Suprema de
Justicia, la cual correspondió por reparto a la Sala de Casación Penal, que por auto
del 9 de febrero de 2026 avocó conocimiento y, posteriormente, en sentencia del 24
de febrero de 2026, declaró improcedente la acción.
Inconforme con esa decisión, el actor la impugnó. En segunda instancia, la Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 24
de junio de 2026, declaró la nulidad del fallo del 24 de febrero de 2026, sin perjuicio
de la validez de todo lo actuado, y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado,
de conformidad con las reglas de competencia previstas en los numerales 5 y 8 del
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.º del Decreto
333 de 2021.
Remitido el expediente, este fue radicado en esta corporación el 26 de junio de 2026,
fecha en la que se repartió al despacho ponente, que mediante auto del 3 de julio de
2026, admitió la acción de tutela, negó la solicitud de medida cautelar1 y ordenó
notificar a la parte demandada y, en calidad de terceros con interés, a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, al juez primero promiscuo municipal de
Ricaurte y al juez promiscuo municipal de Agua de Dios.
5. Oposición
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Como cuestión previa, informó que, con
posterioridad al trámite inicial adelantado ante la Corte Suprema de Justicia, había
continuado la provisión en propiedad de cargos derivada de la Convocatoria 27,
incluida la conformación de lista de elegibles para los Juzgados Promiscuos
Municipales de Ricaurte y Agua de Dios. En consecuencia, pidió valorar ese contexto
institucional, pues estima que una eventual orden de amparo podría incidir en los
derechos e intereses de quienes llegaran a integrar dichas listas.
Para sustentar la improcedencia de la acción, sostuvo que la tutela no satisfacía el
requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con los recursos
administrativos y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir el Acuerdo núm. 006 del 20 de enero de 2026, mecanismos que no ejerció.
Agregó que tampoco se configuraba perjuicio irremediable, porque las circunstancias
personales y de salud invocadas por el accionante no hicieron parte del trámite
administrativo ni fueron planteadas bajo la causal de traslado por razones de salud
prevista en el Acuerdo PCSJA17-10754.
Asimismo, precisó que el concepto favorable emitido por la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial tiene el carácter de orientador y no vinculante, dado que la
decisión definitiva correspondía al Tribunal en su calidad de autoridad nominadora.
Advirtió que dicho concepto se emitió sin advertir que la solicitud de traslado no
contenía la manifestación expresa del actor de prestar igual tiempo de servicio en el
cargo de destino, por lo cual el Tribunal no podía suplir esa omisión. Con todo, aclaró
que la negativa no se fundó en dicha falencia.
Finalmente, afirmó que el actor interpretó de manera errónea la sentencia STC1943-
2020, por cuanto esta resolvió un supuesto de ausencia absoluta de motivación,
distinto al presente asunto. En ese sentido, indicó que el Acuerdo núm. 006 de 2026
se ajustó a los criterios fijados por la sentencia SU-452 de 2024, pues el Tribunal no
negó el traslado por la ocupación provisional de los cargos ni desconoció la existencia
de las vacantes, sino que fundamentó la decisión en la carga laboral de los despachos,
sus niveles de eficiencia y la necesidad de garantizar la continuidad de la
administración de justicia. Aclaró que, aunque en el trámite se tuvieron en cuenta
situaciones particulares de quienes ocupaban los cargos en provisionalidad, entre
ellas que contaban con más de 60 años de edad, lo cierto era que la decisión obedeció
a las mencionadas razones del servicio.
1
El actor había solicitado como medida provisional que se ordenara a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura que, hasta tanto se adoptara decision de fondo en el presente trámite constitucional, se abstuviera de publicar y ofertar
las vacantes correspondientes al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ricaurte y al Juzgado promiscuo Municipal de Agua
de Dios.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
6. Intervención de los terceros con interés
La Unidad de Administración Judicial de Carrera Judicial solicitó negar por
improcedente la acción de tutela, al estimar que en el trámite administrativo de traslado
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Adicionalmente, pidió declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa
dependencia, por cuanto carecía de competencia para adoptar decisiones
relacionadas con el nombramiento de los servidores judiciales, atribución que, para el
caso concreto, correspondía al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
y Amazonas. En ese sentido, sostuvo que las decisiones cuestionadas fueron
adoptadas por dicha corporación, en su condición de autoridad nominadora , sin que
esa Unidad tuviera injerencia alguna.
Respecto de la solicitud de traslado presentada por el señor Eduardo Name Garay
Tulena, informó que realizó el estudio administrativo sobre la situación del solicitante
y verificó el cumplimiento de los presupuestos y requisitos de procedencia, tras lo cual
emitió concepto previo favorable mediante el oficio CJO25-6353 del 20 de noviembre
de 2025. Precisó, no obstante, que dicho concepto no constituía una imposición, pues
la decisión final correspondía a la autoridad nominadora.
En ese contexto, explicó que el concepto favorable constituye una actuación
preparatoria dentro del procedimiento administrativo y no sustituye ni limita la
competencia constitucional y legal atribuida a la autoridad nominadora para decidir
sobre la provisión del cargo.
Por último, resaltó que el accionante no formuló reproche alguno frente a la actuación
adelantada por la Unidad, sino que, por el contrario, reconoció que la solicitud de
traslado fue estudiada, que se verificó el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios y que se emitió concepto previo favorable.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca solicitó ser desvinculado
del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener que no era
competente para resolver solicitudes de traslado de los servidores judiciales
provenientes de Distritos Judiciales ni para ejercer facultades nominadoras respecto
de jueces de la República. Sin perjuicio de lo expuesto, manifestó que, en
cumplimiento del deber de colaboración armónica entre las autoridades, adelantó las
gestiones de coordinación necesarias para dar trámite a los conceptos favorables
emitidos por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, lo que, en su criterio,
demostraba que no permaneció inactivo frente a la situación del accionante, ni vulneró
sus derechos fundamentales.
El señor Wilson Yesid Díaz Romero, juez promiscuo municipal de Agua de Dios en
provisionalidad, pidió no acceder a la solicitud de amparo, al considerar que no era el
mecanismo pertinente para resolver la pretensión del actor, en tanto la discusión
versaba sobre una situación legal y reglamentaria, que debía ser tramitada por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Agregó que el Acuerdo núm. 006 del 20 de enero de 2026, expedido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, negó la solicitud de
traslado tras un estudio juicioso en el que se tuvieron en cuenta su situación laboral,
sus legítimas expectativas pensionales derivadas de contar con más de 63 años, y
sus circunstancias familiares, así como las del juez municipal de Ricaurte, en
observancia de la sentencia T-512 de 2025 y de recientes pronunciamientos de la
Sala de Casación Laboral sobre la materia, sin precisar cuáles.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
El señor Pablo Manuel Bula Narváez, juez primero promiscuo municipal de Ricaurte
en provisionalidad, solicitó negar el amparo al exponer que su desvinculación afectaría
gravemente su situación personal y familiar, pues tiene 57 años de edad, padece de
diabetes y es padre cabeza de hogar con un hijo de 12 años que depende
exclusivamente de él. Asimismo, indicó que tiene bajo su cuidado a su madre de 88
años, quien requiere de su apoyo económico y acompañamiento. Con fundamento en
esas circunstancias, afirmó que gozaba de estabilidad laboral reforzada y solicitó que
se abstuvieran de adelantar cualquier actuación dirigida a su desvinculación mientras
persistieran las condiciones de vulnerabilidad descritas.
7. Intervención del actor
En memorial presentado el 12 de febrero de 2026, el actor replicó el informe rendido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, en los
siguientes términos:
Adujo que el Tribunal, al sostener que debía declararse improcedente la tutela por no
haberse interpuesto recurso contra el Acuerdo núm. 006 de 2026, desconocía que el
artículo 9 del Decreto 2591 de 1991 dispone que no es requisito de procedencia de
tutela agotar los recursos administrativos cuando estos son potestativos, como ocurre
con el de reposición.
Precisó que el cargo formulado en la tutela no consistía en atribuir el carácter de
vinculante al concepto favorable emitido por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, sino en evidenciar que esa entidad verificó todos los requisitos objetivos del
traslado, por lo cual la autoridad nominadora no podía sustituir el principio del mérito.
Además, señaló que, contra lo afirmado por el Tribunal, sí manifestó expresamente su
disposición de prestar servicios por un tiempo mínimo de tres años en el cargo, como
constaba en el memorial del 29 de septiembre de 2025.
Por otro lado, adujo que, aunque el Tribunal aseguró que los funcionarios que ocupan
los despachos en provisionalidad tenían más de 60 años de edad, lo cierto era que
uno de ellos, el juez primero promiscuo municipal de Ricaurte, nació en febrero de
1968, por lo que no supera esa edad.
A partir de lo expuesto, concluyó que el informe rendido por el Tribunal no desvirtuaba
los cargos planteados y, por el contrario, confirmaba la existencia de errores fácticos,
ponderaciones indebidas y desviación del principio del mérito.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
Previo a plantear el problema jurídico, la Sala estima necesario precisar que, si bien
el accionante invocó en la presente acción de tutela circunstancias relacionadas con
su estado de salud y el de su compañera permanente, así como la reunificación
familiar, tales condiciones no constituyeron el fundamento de la solicitud de traslado
que presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas. Dicha solicitud se formuló con sustento en el numeral 4.º del artículo 134
de la Ley 270 de 1996, esto es, como traslado de un servidor de carrera judicial hacia
un cargo vacante en forma definitiva, el cual correspondía a uno ordinario regulado
por el régimen de carrera judicial.
En consecuencia, la controversia constitucional no radica en determinar si las
circunstancias personales expuestas justificaban acceder al traslado por razones de
salud o protección especial, sino en establecer si, al resolver una solicitud de traslado
ordinario, la autoridad nominadora desconoció el principio constitucional del mérito y
los derechos de la carrera judicial. De manera que es partir de ese cargo que se
formulará el problema jurídico y se valorará la procedencia de la solicitud de amparo.
A la Sala le corresponde determinar, si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
a la carrera judicial del señor Eduardo Name Garay Tulena, al negar la solicitud de
traslado a través del Acuerdo núm. 006 del 20 de enero de 2026 con fundamento en
consideraciones que, según el accionante, desconocen el principio del mérito.
Para realizar un estudio de fondo, previamente la Sala deberá verificar el cumplimiento
del requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
La Sala anticipa que accederá al amparo, al encontrar que la decisión mediante la cual
la autoridad judicial accionada negó la solicitud de traslado del actor no atendió a
criterios objetivos, concretos y razonados, sino a razones ajenas al principio del mérito
que deben orientar este tipo de decisiones en el marco de la carrera judicial.
Legitimación en la causa por pasiva
En cuanto a la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por la Unidad de Administración Judicial de Carrera Judicial y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, es preciso señalar que ambas entidades
fueron vinculadas al trámite constitucional en calidad de terceros con interés.
La primera, por haber sido la entidad que emitió el concepto favorable de traslado del
actor; y la segunda, en razón a que recibió dicho concepto y lo remitió al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas para su correspondiente
trámite.
Esa relación directa con los antecedentes fácticos y jurídicos del litigio justifica
plenamente su participación en la presente actuación. Por lo tanto, se negará la
solicitud.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos que
ordenan o niegan traslados de servidores judiciales
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
La Corte Constitucional2 ha sostenido que la acción de tutela es, por regla general,
improcedente para cuestionar actos administrativos que ordenan o niegan traslados
de servidores públicos, en atención a su carácter subsidiario y a la existencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como instrumento judicial
idóneo para ese propósito, dentro del cual el interesado, incluso, puede solicitar
medidas cautelares3.
Asimismo, la Corte ha reconocido que la anterior regla admite excepciones cuando el
acto cuestionado: (i) sea ostensiblemente arbitrario y (ii) afecte de una forma clara,
grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar4.
En materia de traslados de servidores vinculados a la carrera judicial, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-452 de 2024. En esa
oportunidad, precisó que la acción de tutela solo resulta procedente en dos supuestos:
(i) como mecanismo definitivo de protección, cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial o este no sea idóneo o eficaz para proteger sus derechos
fundamentales, y (ii) como mecanismo transitorio, cuando se utilice para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
En esa decisión, la Corte precisó que el medio de control ordinario es idóneo cuando
permite analizar la controversia en su dimensión constitucional y brindar un remedio
integral para la protección de los derechos amenazados o trasgredidos, y que es
eficaz cuando resulta capaz de «brindar una protección oportuna de los derechos
amenazados o vulnerados en el caso concreto».
Adicionalmente, reconoció que, aunque en las controversias relacionadas con los
derechos de la carrera judicial, en principio los actos administrativos se pueden
recurrir a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
acción de tutela procede excepcionalmente cuando la finalidad sea salvaguardar el
principio del mérito. Al respecto señaló:
«Así, a pesar de la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y de que, en principio,
los actos administrativos que presuntamente lesionan los derechos de carrera pueden
recurrirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho e incluso se pueden solicitar medidas
cautelares conforme a lo previsto en los artículos 229 y 230 del CPACA, la Sala Plena
concluye que la acción de tutela procede de manera excepcional para cuestionar los
actos administrativos de carácter particular y concreto que presuntamente lesionan los
derechos de carrera judicial cuando se pretenda salvaguardar el principio del mérito.»
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el caso concreto la acción
de tutela es procedente, por cuanto, según informó el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas, actualmente se encuentra adelantando la
provisión de los cargos de carrera correspondientes a la Convocatoria 27, entre ellos
los de los despachos judiciales respecto de los cuales el actor solicitó el traslado. En
consecuencia, ante la inminencia de que aquellas vacantes sean provistas de manera
definitiva, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho podría resultar
ineficaz para otorgar una protección oportuna a los derechos invocados.
A lo anterior se suma que la controversia planteada no se circunscribe a un
desacuerdo con el contenido de un acto administrativo, sino que plantea un
cuestionamiento sobre la observancia del principio del mérito en una decisión
2
Sentencias T-653 de 2011, T-247 de 2012, T-095 de 2013, T-338 de 2013, T-060 de 2015, T-159 de 2017, T-302 de 2019, T-
468 de 2020, T-252 de 2021, T-149 de 2022 y T-001 de 2024
3
En sentencia T 149 de 2023
4
Sentencia T- 001 de 2024
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
adoptada en el marco de la carrera judicial. En efecto, el accionante sostiene que la
solicitud de traslado fue negada con fundamento en la carga laboral de los despachos
judiciales y en las circunstancias personales de los servidores nombrados en
provisionalidad, esto es, con base en consideraciones que, prima facie, no guardan
relación con los criterios objetivos que, conforme al régimen de carrera judicial y a la
jurisprudencia constitucional, deben orientar este tipo de decisiones.
Así, dado que la controversia versa sobre la posible afectación del principio del mérito
como eje rector de la carrera judicial y que el medio ordinario podría resultar ineficaz
para evitar la consolidación de una situación jurídica derivada de la provisión definitiva
de las vacantes, la Sala concluye que el presente asunto se enmarca en el supuesto
excepcional que habilita la procedencia de la acción de tutela.
Régimen jurídico del traslado de servidores judiciales de carrera y el principio
del mérito
El artículo 1345 de la Ley 270 de 1996 reconoce el traslado como un derecho de los
servidores de la Rama Judicial y prevé los distintos eventos en los que puede ser
solicitado. En lo que interesa al presente asunto, su numeral 4.º dispone la posibilidad
de que un servidor de carrera solicite el traslado a un cargo que se encuentre vacante
en forma definitiva6. Además, el artículo prevé que el concepto de traslado tendrá en
cuenta, entre otros factores, la última evaluación de servicios en firme, que la persona
a trasladar haya prestado servicios por lo menos por tres (3) años en el cargo actual
y que garantice que prestará igual tiempo de servicio en el cargo para el cual será
trasladada.
En desarrollo de esa disposición, el Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre
de 20177, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, definió el traslado como
la provisión de un cargo mediante un funcionario o empleado de carrera que ocupa
otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos
requisitos. Asimismo, estableció que los servidores de carrera podrían solicitar el
traslado a un cargo que: (i) se encuentre vacante de forma definitiva; (ii) tenga
funciones afines, y (iii) sea de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos
requisitos.
El Acuerdo dispuso, además, que, una vez presentada la solicitud, corresponde a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial o al Consejo Seccional de la Judicatura,
según la competencia, verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios,
emitir el concepto correspondiente y remitirlo a la autoridad nominadora. Recibido
dicho concepto, corresponde a esta última decidir sobre la solicitud de traslado
mediante acto debidamente motivado, el cual debe ser comunicado al interesado.
Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU-452 de 2024, precisó que la
carrera judicial, como sistema especial de carrera, «se rige en términos generales por
los mismos principios constitucionales que orientan la carrera administrativa ―el
5
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024.
6
«artículo 134. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro
de funciones afines, de la misma categoría y especialidad, para el que se exijan los mismos requisitos, siempre que tengan
distinta sede territorial. El traslado puede ser solicitado por los servidores de la Rama Judicial en los siguientes eventos: (…) 4.
Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre vacante en forma definitiva (…) Parágrafo 2.
ara efectos de lo dispuesto en los numerales 3 y 4, el concepto de traslado tendrá en cuenta, entre otros factores, la última
evaluación de servicios en firme, que la persona a trasladar haya prestado servicios por lo menos por tres (3) años en el cargo
actual y que garantice que prestará igual tiempo de servicio en el cargo para el cual será trasladada.»
7
Vigente para la época en que se presentó la solicitud de traslado. Ahora derogado por el el Acuerdo PCSJA25-12352 del 26 de
noviembre de 2025.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
mérito y la prevalencia del concurso para garantizar la idoneidad, capacidad y aptitud
de los funcionarios ―».
Destacó que el principio del mérito resulta fundamental para el cumplimiento de los
fines del Estado, pues permite: (i) asegurar que al servicio público ingresen personas
calificadas e idóneas; garantizar el derecho de acceso a cargos públicos, (ii) el debido
proceso y el derecho al trabajo de los ciudadanos; (iii) materializar la garantía de
contar con un juez independiente y (iv) garantizar la igualdad de oportunidades en el
acceso a la función pública y evitar prácticas clientelistas.
En ese sentido, la Corte estableció que, al resolver las solicitudes de traslado de
servidores judiciales de carrera, las autoridades nominadoras deben basarse en
«criterios objetivos, concretos y razonados, para preservar el principio al mérito».
Análisis del caso concreto
En el caso bajo estudio, el señor Eduardo Name Garay Tulena, quien ocupa el cargo
de juez promiscuo municipal de San Benito Abad (Sucre), solicitó su traslado a los
juzgados promiscuos municipales de Ricaurte y Agua de Dios (Cundinamarca). La
petición la formuló bajo la modalidad de traslado de servidor de carrera, conforme al
numeral cuarto del artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA17-10754
del 18 de septiembre de 2017.
La Unidad de Administración de Carrera Judicial examinó la solicitud y, mediante
Oficio CJO25-6353 del 20 de noviembre de 2025, emitió concepto favorable, el cual
fue remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
en su condición de autoridad nominadora para que adoptara la decisión definitiva.
Mediante Acuerdo núm. 006 del 20 de enero de 2026, el Tribunal negó el traslado. En
síntesis, la decisión se sustentó en la diferencia de carga laboral entre el despacho
de origen y los juzgados hacia los cuales se solicitó el traslado, así como en las
circunstancias personales de quienes ocupaban provisionalmente las vacantes. Así
lo expuso la autoridad accionada:
«8. Conforme al análisis efectuado por las Salas Especializadas (Civil, Familia y Laboral), con
fundamento en la información estadística disponible y en la valoración de las circunstancias
relevantes de los despachos involucrados, se evidenció una diferencia sustancial en la carga
laboral entre el juzgado de origen del solicitante y los despachos de destino pretendidos, siendo
significativamente mayor la carga de estos últimos, circunstancia que permite concluir que la
autorización de traslado podría generar una afectación en la adecuada prestación del servicio
de administración de justicia.
9. Adicionalmente, las Salas tuvieron en cuenta los niveles de eficiencia en la gestión judicial de
los despachos de destino, así como la situación particular de los funcionarios actualmente
vinculados en provisionalidad, valorando aspectos relacionados con su edad, responsabilidades
familiares, condiciones de salud y procesos administrativos en curso para la consolidación de su
situación laboral, elementos que aconsejan preservar la estabilidad actual de los despachos y
garantizar la continuidad del servicio judicial.
10. En atención a criterios objetivos de carga laboral, eficiencia, continuidad del servicio y
circunstancias personales relevantes, las Salas Especializadas emitieron concepto desfavorable
frente a las solicitudes de traslado analizadas.»
A juicio del actor, la anterior decisión desconoció los criterios fijados en la sentencia
SU-452 de 2024, debido a que la negativa no se sustentó en razones objetivas, sino
que introdujo criterios ajenos a la causal legal del traslado en detrimento del mérito y
sus derechos de carrera. Además, consideró que, teniendo en cuenta que contaba
con concepto favorable de traslado, el nominador no estaba autorizado para realizar
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
una nueva evaluación de los presupuestos legales y reglamentarios, ni ponderar las
condiciones de los provisionales.
Para resolver el asunto, la Sala comienza por señalar que en la sentencia SU-452 de
2024, la Corte Constitucional sintetizó el alcance del derecho al debido proceso
administrativo en el traslado de funcionarios de la Rama Judicial, en los siguientes
términos:
(i) La decisión de aceptar o negar el traslado debe estar debidamente motivada y dicha
valoración debe realizarse siguiendo el principio del mérito como criterio de ingreso,
ascenso y permanencia en la carrera judicial;
(ii) A pesar de que el concepto favorable de traslado no es vinculante para la autoridad
nominadora pues esta tiene la posibilidad de acoger o no este concepto, la decisión de
conceder o no el traslado debe ser adoptada siguiendo el procedimiento establecido para
ello y fundamentarse en criterios objetivos, concretos y razonados, a fin de evitar la
arbitrariedad;
(iii) Se debe respetar el trámite y requisitos del traslado de servidores de carrera, lo cual
implica, entre otras cosas, que este se realice sin dilaciones injustificadas y que la decisión
adoptada por la autoridad nominadora sea notificada oportunamente al servidor judicial.
La Sala precisa, en primer término, que el concepto favorable con el que contaba el
señor Eduardo Name Garay Tulena no le confería un derecho automático a ser
trasladado, pues corresponde a la autoridad nominadora aceptar o negar la petición.
Sin embargo, la Corte Constitucional8 ha señalado que la posibilidad de acoger o no
dicho concepto «no significa licencia para decidir arbitrariamente, sin apego al
derecho, a los principios que inspiran toda actuación administrativa y en especial, a
las disposiciones que gobiernan la carrera judicial».
Descendiendo al caso objeto de estudio, se advierte que las razones invocadas por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, relativas a la
carga laboral de los despachos judiciales y a las situaciones personales de los
servidores provisionales, no constituyen un criterio objetivo para resolver una solicitud
de traslado ordinario de un servidor de carrera judicial, pues no guardan relación con
el mérito del solicitante, sus calidades profesionales, los resultados obtenidos en el
concurso mediante el cual ingresó a la Rama Judicial ni su evaluación de servicios.
En cuanto a la carga laboral, la Sala estima que admitir que la diferencia en el volumen
de asuntos permite negar un traslado, supondría incorporar una condición no prevista
en el régimen aplicable y que en modo alguno responde al principio del mérito. En
esas condiciones, el criterio que introdujo la autoridad accionada para resolver el caso
particular no se apoya en una justificación objetiva y, por el contrario, refleja una
aplicación que resulta arbitraria.
Siendo así, es claro que la autoridad nominadora utilizó apreciaciones propias sobre
la conveniencia del movimiento, que, aunque sustentadas en una posible afectación
en la adecuada prestación del servicio a la administración de justicia, desnaturalizan
la modalidad de traslado solicitada, pues en este caso no se analizaba un traslado por
necesidad del servicio.
Por otro lado, tampoco constituyen criterios objetivos para resolver la solicitud la edad,
las cargas familiares, el estado de salud o la expectativa de permanencia de los
funcionarios vinculados provisionalmente en los cargos pretendidos. Aunque estos
servidores gozan de una estabilidad relativa y sus circunstancias particulares pueden
requerir medidas de protección, la Corte Constitucional ha precisado que su vínculo
es más débil que el de quienes ingresaron a la carrera y que dicha estabilidad no
8
Sentencias T-237 de 2004 y SU-452 de 2024.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
puede desconocer el mérito como pilar del sistema. Incluso cuando el servidor
provisional sea sujeto de especial protección, corresponde adoptar medidas
alternativas que no lesionen los derechos de carrera del solicitante ni desconozcan el
principio del mérito9.
En suma, aunque el Tribunal tiene la potestad de apartarse del concepto favorable de
traslado, la decisión que emita debe estar fundamentada en criterios objetivos y no en
factores ajenos al principio del mérito que, como se vio, fueron los que utilizó para
negar el traslado del actor.
Por lo anterior, la Sala concluye que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo y a la carrera judicial del actor y desconoció el principio constitucional
del mérito.
En consecuencia, la Sala dejará sin efectos el Acuerdo núm. 006 del 20 de enero de
2026 expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas y ordenará a esa autoridad que en el término de diez (10) días contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, emita un nuevo acto administrativo
que resuelva la solicitud de traslado del señor Eduardo Name Garay Tulena, que
responda a criterios objetivos y a los parámetros constitucionales expuestos en esta
providencia.
Lo anterior, sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas frente a quienes integren
el registro de elegibles para proveer las mismas vacantes para las cuales el actor
solicitó el traslado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca.
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la carrera judicial,
así como el principio del mérito del señor Eduardo Name Garay Tulena,
conforme a las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia:
3. Dejar sin efectos el Acuerdo núm. 006 del 20 de enero de 2026 expedido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas.
4. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, emita un nuevo acto administrativo que resuelva la solicitud
de traslado del señor Eduardo Name Garay Tulena, que responda a criterios
objetivos y a los parámetros constitucionales expuestos en esta providencia.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
9
Al respecto, ver sentencias T-442 de 2022
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04982-00
Demandante: Eduardo Name Garay Tulena
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
SALVA VOTO
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.