Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04985-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04985-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04985-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04985-00
Accionante: John Fredy Carmona Rivillas
Accionado: Presidencia de la República y otros.
Tema: Derecho fundamental de petición. Administración de justicia. Libertad
e intimidad personal. Propiedad privada. CONCEDE
PARCIALMENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor John Fredy Carmona
Rivillas, a título personal, en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio
de Defensa Nacional, la Gobernación de Antioquia (Secretaría de Seguridad,
Justicia y Paz- Dirección de Derechos Humanos y Paz), Agencia Nacional de
Tierras, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación,
Procuraduría Provincial de Puerto Berrío, Defensoría del Pueblo -Regional
Magdalena Medio-, Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo, Alcaldía Municipal de
Puerto Nare, Personería Municipal de Puerto Triunfo, Inspección Rural de
Convivencia y Paz del Corregimiento las Mercedes y Oficina de Catastro Municipal
de Puerto Triunfo.
ANTECEDENTES
El señor John Fredy Carmona Rivillas pretende la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la falta de respuesta al
derecho de petición colectivo presentado el 19 y 20 de mayo de 2026, ante las
accionadas, con excepción de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación; a
través del cual solicitó la suspensión de cualquier actuación en el marco de una
diligencia de desalojo.
También pretende la protección de sus derechos al debido proceso y la licitud de la
prueba, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, a la intimidad, a las
garantías de los defensores de derechos humanos, a la igualdad y protección
reforzada como sujeto de especial protección constitucional y al acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados por las entidades
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accionadas con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de junio de 2026 durante la
diligencia de desalojo en el predio “El Rubí” en Puerto Triunfo, Antioquia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que es defensor de derechos humanos, víctima del conflicto armado interno por los
delitos de desplazamiento forzado, homicidio y amenaza, y persona con
discapacidad visual.
Que hubo una confusión entre los predios “El Rubí” y “El Valledupar” y que la
distinción entre los mismos fue reconocida por el Tribunal Superior de Antioquia.
Que pese a lo anterior las autoridades realizaron una diligencia de desalojo sobre
“El Rubí”, identificándolo erróneamente como “Valledupar”.
Que, las coordenadas geográficas registradas por la Policía durante la diligencia
fueron analizadas por un topógrafo, el cual concluyó que el punto corresponde al
predio “El Rubí” y no a “Valledupar”.
Que él y otros lideres sociales presentaron una petición colectiva solicitando la
suspensión de las actuaciones mientras se aclaraba la situación jurídica de los
predios, remitida el 19 y 20 de mayo de 2026. Que las entidades no respondieron,
sino que trasladaron por competencia a otras entidades.
Que, pese a que la Personería Municipal advirtió que la diligencia no debía
ejecutarse, esta no ejerció las facultades preventivas previstas en el artículo 211 de
la Ley 1801 de 2016, pues no solicitó formalmente la suspensión del procedimiento
ni promovió acciones constitucionales para evitar su realización.
Que, el procedimiento se originó en una querella policiva por perturbación a la
posesión, pero que posteriormente se incorporó de manera irregular una orden de
demolición carente del concepto previo de la Secretaría de Planeación.
Que, el 12 de junio de 2026 hubo un allanamiento del domicilio sin orden judicial.
Que las autoridades ingresaron, rompieron candados y cerramientos e iniciaron el
desalojo por orden del Inspector Rural de Convivencia y Paz. Que, durante la
diligencia ejerció resistencia pacífica. Que su voz e imagen fueron registradas y
posteriormente fue capturado por la Policía y puesto a disposición de la Fiscalía por
el delito de violencia contra servidor público.
Que, los hechos le ocasionaron una profunda afectación emocional y psicológica al
presenciar la destrucción de viviendas, cultivos y bienes, así como el desalojo de
adultos mayores y niños.
Que, lo ocurrido con la familia ocupante del predio “El Rubí” constituye un caso de
despojo y desplazamiento. Que la vulneración persiste porque no se ha recibido
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respuesta de fondo y existe el riesgo de que el material obtenido durante la
diligencia sea utilizado como prueba en el proceso penal adelantado en su contra.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados y que, en consecuencia, se ordene
a la entidad accionada:
«PRIMERA. TUTELAR mi derecho fundamental de petición y, en
conexidad, mis derechos al debido proceso y a la licitud de la prueba, a
la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, a la intimidad, a las
garantías del defensor de derechos humanos, a la igualdad y protección
reforzada y al acceso a la administración de justicia»;
«SEGUNDA. ORDENAR a las autoridades accionadas que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, emitan respuesta de fondo, clara,
completa, motivada y congruente al derecho de petición colectivo
radicado el 19 y 20 de mayo de 2026, absteniéndose de seguir
trasladándolo “por competencia” sin resolverlo materialmente»;
«TERCERA. DECLARAR la nulidad de pleno derecho, de conformidad
con el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, del registro
de mi imagen y de mi voz y de todo material probatorio que sustente mi
judicialización, obtenidos durante la diligencia del 12 de junio de 2026
mediante ingreso al domicilio sin mandamiento escrito de autoridad
judicial competente; y, en consecuencia, ORDENAR su exclusión y que
no produzcan efecto alguno en ninguna actuación administrativa, policiva
o judicial.»;
«CUARTA. DECLARAR la omisión de la Procuraduría General de la
Nación y de la Fiscalía General de la Nación en sus deberes preventivos
y de protección frente a los hechos anunciados, y ORDENARLES
desplegar, en lo sucesivo, las acciones preventivas, disciplinarias e
investigativas que correspondan.»
«QUINTA. RECONOCER mi calidad de defensor de derechos humanos
y disponer medidas de prevención y protección en los términos del
Decreto 660 de 2018 y de la Resolución 1190 de 2018, así como verificar
la legalidad de la privación de la libertad de que fui objeto en la
diligencia.»;
«SEXTA. DEJAR CONSTANCIA, para los efectos a que haya lugar, de
los perjuicios morales que me fueron causados como abogado defensor
presente y capturado en la diligencia, y de que los hechos del 12 de junio
de 2026 se inscriben en el patrón de despojo y desplazamiento descrito
por la Comisión de la Verdad y recogido en la Sentencia T-120 de 2024.»;
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«SÉPTIMA. RECONOCER expresamente que la Defensoría del Pueblo
— Regional Magdalena Medio fue la única entidad que adoptó acciones
preventivas a favor de la familia afectada.»;
«OCTAVA. Hacer uso de las facultades extra petita y ultra petita, propias
del carácter informal y preferente de la tutela, para amparar derechos
conexos no invocados expresamente, en atención a mi condición de
sujeto de especial protección constitucional (defensor de derechos
humanos, persona con discapacidad visual y víctima del conflicto
armado).»;
«NOVENA. COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, para que investiguen la omisión de
respuesta de fondo a las peticiones y advertencias, y la actuación de
quienes ingresaron al domicilio sin mandamiento escrito previo emanado
de autoridad judicial competente y registraron la imagen y voz del
accionante.»;
«DÉCIMA. ORDENAR a las accionadas garantías de no repetición y la
observancia estricta del debido proceso y de la reserva judicial del
domicilio en futuras actuaciones.»;
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 28 de julio de 2026, se admitió la tutela, se negó la medida provisional y se ordenó
notificar a las partes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Defensoría Regional Magdalena Medio indicó que conoció la petición colectiva
relacionada con el predio “El Rubí” y que dio respuesta mediante oficio del 17 de
junio de 2026. Que adelantó diversas actuaciones preventivas para proteger los
derechos de las personas que podían verse afectadas por la diligencia de desalojo.
Que realizó requerimientos dirigidos a la Alcaldía de Puerto Triunfo, la Inspección
Rural, la Personería Municipal y la Agencia Nacional de Tierras, así como el
seguimiento institucional al caso.
Que, el propio accionante reconoce en su demanda que la Defensoría fue la única
institución que desplegó actuaciones preventivas frente a la situación denunciada y
que su vinculación obedece exclusivamente a la presunta falta de respuesta de
fondo a una petición.
Que, su función consiste en promover, orientar y proteger los derechos humanos
mediante recomendaciones e intervenciones institucionales, pero que no tiene
competencia para revocar decisiones administrativas o judiciales, resolver conflictos
sobre propiedad o posesión de inmuebles o sustituir a las autoridades competentes.
Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.
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La Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia manifestó que no encontró
evidencia de haber recibido el derecho de petición colectivo al que hace referencia
el accionante y que en los documentos aportados con la tutela no existe constancia
de radicación ni prueba de que dicha solicitud hubiera sido presentada, por lo que
nunca tuvo conocimiento formal del requerimiento.
Que lo manifestado por el actor en los hechos, se refiere a materias que no hacen
parte de las competencias constitucionales y legales de la entidad, pues el artículo
250 de la Constitución le asigna exclusivamente funciones de investigación y el
ejercicio de la acción penal frente a hechos que revistan características de delito y
que lleguen a su conocimiento mediante denuncia, querella, petición especial o de
oficio y que, en consecuencia, no le corresponde dirigir, suspender o intervenir en
actuaciones administrativas, policivas, registrales o catastrales.
Que, en el expediente no existe prueba de que los hechos denunciados hubieran
sido puestos en conocimiento de la Fiscalía, ni se identifica una actuación concreta
cuya atención correspondiera a la seccional. En consecuencia, solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Presidencia de la República, a través del Departamento Administrativo de la
Presidencia (DAPRE), invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que sí dio trámite oportuno a la petición. Que verificó su sistema de gestión
documental y constató que la solicitud se radicó y que fue respondida mediante
oficio del 28 de mayo de 2026, en la cual informó que no era competente para
resolver de fondo el asunto. Que, en aplicación del artículo 21 de la Ley 1755 de
2015, trasladó la petición a la Defensoría del Pueblo, entidad que consideró
competente para pronunciarse materialmente.
Que, las pretensiones de la tutela recaen sobre actuaciones que corresponden a
otras autoridades y no al DAPRE. Que, la Defensoría es la competente para atender
de fondo la petición. Que, la Procuraduría es la llamada adelantar eventuales
investigaciones disciplinarias y que, la Fiscalía es la única competente para
investigar posibles conductas punibles derivadas de los hechos denunciados. Que
actuó dentro del marco de sus competencias al responder y remitir la petición a la
autoridad competente.
La Alcaldía de Puerto Triunfo sostuvo que no es la autoridad responsable de los
hechos denunciados por el accionante, por lo que solicitó: (i) declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva (ii) declarar la improcedencia de la tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad (iii) reconocer la carencia actual de
objeto frente a la petición colectiva, por existir hecho superado y (iv)
subsidiariamente, negar las pretensiones dirigidas contra el municipio.
Que, gran parte de las afirmaciones del accionante corresponden a otras
autoridades. Que, la controversia entre predios es una controversia técnica ajena a
sus competencias; que la Personería Municipal es un órgano autónomo cuyas
actuaciones no son atribuibles a la Alcaldía; que, la orden de demolición provino del
trámite adelantado por la Alcaldía de Puerto Nare y no de Puerto Triunfo y que el
ingreso al inmueble, desalojo y captura fueron ejecutados por la Inspección Rural
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de Convivencia y Paz y la Policía Nacional. Por lo anterior, propuso falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Igualmente argumentó improcedencia de la acción por falta de subsidiariedad,
indicando que todas las pretensiones cuentan con mecanismos judiciales ordinarios
idóneos. Que, la nulidad de las pruebas obtenidas durante la diligencia judicial
corresponde al juez penal. Que, las controversias sobre la identificación de predios
deben ventilarse mediante procesos civiles, administrativos o policivos y que las
medidas de protección solicitadas con competencia de la Unidad Nacional de
Protección. Que, en relación con las presuntas omisiones de la Procuraduría y la
Fiscalía se cuentan con mecanismos disciplinarios y penales previstos por la ley.
Adicionalmente, expuso que la controversia ya había sido resulta dentro de una
acción de tutela identificada con el radicado 05591408900120260028600, por lo que
una nueva orden judicial sobre el mismo asunto sería innecesaria y podría generar
decisiones contradictorias. Que, el despacho valore la existencia de temeridad
teniendo en cuenta que el accionante manifestó bajo la gravedad de juramenta no
haber promovido otra tutela.
La Alcaldía de Puerto Nare, desarrolló los argumentos de falta de legitimación en
la causa por pasiva, la inexistencia de vulneración del derecho de petición -toda vez
que dio respuesta- y la improcedencia por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Dijo que el análisis frente al Municipio debe limitarse al derecho de petición, pues
los hechos relacionados con el ingreso al inmueble, desalojo, captura, grabaciones,
presuntas irregularidades probatorias, entre otras, corresponden a otras
autoridades y procesos. Que su única intervención en el proceso policivo fue
resolver, por competencia funcional derivada de una recusación, un recurso de
apelación contra la decisión de primera instancia, actuación que culminó el 13 de
marzo de 2026 con la Resolución 192, tras lo cual el expediente fue devuelto a la
autoridad competente de Puerto Triunfo.
Que, dio respuesta de fondo a la petición impetrada. Que respondió los 14 puntos
planteados por el accionante y se envió la respuesta a su correo el 22 de mayo,
antes de la interposición de la acción de tutela. Que, existen otras acciones de tutela
relacionadas con los mismos hechos y que un juzgado de Puerto Nare ya profirió
una decisión el 27 de julio de 2026 que dejó sin efecto la Resolución 192 y la
decisión policiva de primera instancia, decisión que fue impugnada y está pendiente
de resolver.
La Agencia Nacional de Tierras afirmó que dio respuesta a través del oficio
202610301403141 del 3 de agosto de 2026 y que mediante oficio
202610301453101 del 11 de agosto del mismo año emitió una ampliación de la
respuesta inicial. Solicitó, en consecuencia, que se declare la carencia actual de
objeto por hecho superado.
Las demás entidades guardaron silencio.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición; III)
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela IV) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del derecho a
lo pedido»1.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las
Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
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de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2.
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
Así mismo, se ha establecido que para la satisfacción del derecho de petición no es
necesario que se acceda a lo pedido, sino que se dé una respuesta de fondo a lo
solicitado. Así mismo, que cuando a quien le llega la solicitud no es competente
para resolver, tiene el deber de remitir a quién sí lo es, para emitir una respuesta de
fondo y completa, como lo establece el artículo 21 de la ley 1755 de 2015.
«Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará
de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se le
comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.
2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:
«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta
la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura,
como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales» .2
Análisis del caso concreto
Sobre el derecho fundamental de petición
Corresponde a la Sala verificar si se presentó por parte del accionante la petición
comentada y posteriormente si se dio respuesta o no parte de las autoridades
accionadas.
La sala considera que de las pruebas allegadas al expediente se desprende que el
actor dirigió una petición a las siguientes autoridades: (i) Presidencia de la República
(ii) Ministerio de Defensa Nacional (iii) Gobernación del Departamento de Antioquia
(iv) Agencia Nacional de Tierras (v) Defensoría del Pueblo (vi) Procurador Provincial
de Puerto Berrío (vii) Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo (viii) Alcaldía Municipal
de Puerto Nare (ix) Personería Municipal de Puerto Triunfo (x) Inspector Rural de
Convivencia y Paz del Corregimiento las Mercedes en Puerto Triunfo y (xi) Oficina
de Catastro Municipal de Puerto Triunfo.
Solicitaron que las autoridades (i) expliquen detalladamente cuál es el
procedimiento legal para desalojos, restituciones y protección de inmuebles (ii)
expliquen el procedimiento y requisitos para ordenar la demolición de un inmueble
(iii) informen las normas aplicables a la restitución y protección de bienes privados,
fiscales y de uso público (iv) realicen una verificación técnica, catastral, registral y
georreferenciada que permita diferenciar definitivamente “El Rubí” de “Valledupar”
(v) suspendan cualquier desalojo, restitución, intervención o demolición sobre “El
Rubí” mientras persista la confusión sobre la identidad de los predios (vi) activen, si
corresponde, el procedimiento de clarificación de la propiedad (vii) garanticen la
notificación y participación de todos los ocupantes, poseedores y tenedores
afectados (viii) brinden protección reforzada a las víctimas del conflicto, campesinos,
mujeres rurales y adultos mayores que habitan el predio (ix) solicitan
acompañamiento y vigilancia de la Defensoría, Procuraduría, Personería y demás
organismos de control (x) reconozcan la condición de defensores y defensoras de
derechos humanos de los firmantes y adopten medidas de prevención y protección
y (xi) entreguen una respuesta completa, motivada y oportuna conforme a la Ley
1755 de 2015.
Se observa que en la petición se denuncian irregularidades administrativas,
policivas y registrales relacionadas con el predio rural “El Rubí”, ubicado en Puerto
Triunfo. Señalan que las autoridades estarían confundiendo unos predios y que se
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habría ordenado desalojo, restitución o demolición sobre un predio distinto al objeto
del proceso y donde habitan personas consideradas sujetos de especial protección
constitucional.
Que hubo confusión entre los predios “El Rubí” y “Valledupar”, falta de plena
individualización del inmueble objeto de las actuaciones policivas, posibles
vulneraciones al debido proceso, con las consecuencias que de ello se derivaron.
La Defensoría del Pueblo dijo haber dado respuesta a los peticionarios en los
términos de la contestación ofrecida a la acción de tutela, sin embargo, no aportó
constancia de haberla notificado al accionante.
La Presidencia de la República, a través del DAPRE, dijo que emitió respuesta en
la cual argumentó el no tener competencia para resolver el asunto y conforme el
artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 la remitió a la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, la Alcaldía de Puerto Triunfo, expuso que la pretensión relacionada
con el derecho de petición colectivo ya había sido resuelta dentro de la acción de
tutela con radicado 05591408900120260028600; por lo que solicitó declarar la
temeridad. La Sala no encuentra los elementos para la declaratoria de temeridad,
pues el primero de ellos es la identidad de partes y en el proceso mencionado el
accionante es Wilman Isaza y en el presente es John Fredy Carmona Rivillas.
La Alcaldía de Puerto Nare expuso que, mediante oficio del 21 de mayo de 2026,
de siete páginas, respondió los 14 puntos planteados por el accionante y dicha
respuesta fue enviada a su correo el 22 de mayo, antes de la presentación de la
tutela. Dicha afirmación es cierta en cuanto a la existencia de la respuesta, pero, no
se logra acreditar, ya sea por ejemplo con una captura de pantalla, que dicha
respuesta haya sido efectivamente enviada a la parte actora.
Si bien los pantallazos aportados no permiten corroborar de manera directa el envío
de la petición a todas las entidades accionadas -por la alta pixelación de la imagen-
las respuestas emitidas por algunas de ellas permiten establecer que la solicitud fue
recibida. En ese sentido, a partir de las contestaciones allegadas y de la valoración
conjunta del material probatorio, se puede establecer lo siguiente:
Entidad Dio respuesta Cumple con los Se notificó al
parámetros de peticionario
la Corte
Constitucional
Defensoría Si Si No
Regional
Magdalena Medio
Dirección Seccional No N/A N/A
Fiscalía Antioquia
DAPRE Si Si Si
Alcaldía Puerto No N/A N/A
Triunfo
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Alcaldía Puerto Si Si No
Nare
Agencia Nacional Si Si Si
de Tierra
De las cuatro entidades que informaron haber dado respuesta a la petición, dos de
ellas no allegaron captura de pantalla, constancia de envío o algún otro medio de
prueba que permitiera acreditar que la respuesta fue efectivamente remitida al
peticionario. En consecuencia, respecto de estas entidades se tutelará el derecho
fundamental de petición, pues el derecho no se satisface hasta que se pona en
conocimiento de la respuesta al peticionario. Mediante el canal de notificación
indicado por este.
Ahora bien, la imagen aportada para acreditar el envío de la petición presenta un
alto grado de pixelación que dificulta su lectura y, por tanto, no permite corroborar
plenamente su contenido ni su destinatario, esta circunstancia se valora a la luz del
principio de presunción de veracidad, teniendo por cierto lo manifestado por el
accionante, ante la ausencia de respuesta por parte de las accionadas frente a la
acción de tutela. Por ello, se tendrá por acreditado que recibieron la petición y, pese
a ello, no la atendieron oportunamente.
Sobre las actuaciones relacionadas con el desalojo del 12 de junio de 2026 y
los derechos fundamentales alegados por el accionante con ocasión de la
diligencia
El accionante cuestiona la legalidad de la diligencia de desalojo y sostiene que esta
se realizó sobre un predio distinto del que habría sido objeto de la actuación policiva,
sin embargo, lo argumentado en relación con el debido proceso, pese a que se
refiere a esa diligencia, no se encamina la protección de derechos de los
desalojados y tampoco manifiesta estar incluido en ese grupo. Lo pretendido es que
se invaliden unas pruebas que según dice, se recaudaron durante el desalojo y que
serían utilizadas en su contra en un proceso judicial.
Al respecto, afirma que las autoridades ingresaron al inmueble sin exhibir una orden
judicial escrita, de manera hostil, y que durante la diligencia fueron registradas su
imagen y su voz. Que estas actuaciones le ocasionaron graves afectaciones
psicológicas y morales y que los hechos constituyeron un patrón de despojo y
desplazamiento. A partir de ello, solicita, entre otras medidas, que se declare, de
conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, la nulidad de pleno
derecho del registro de su imagen y voz y de todo el material probatorio obtenido
durante la diligencia, que pueda sustentar su judicialización.
Dicha pretensión no resulta procedente por vía de tutela, pues el ordenamiento
jurídico contempla mecanismos específicos para controvertir la legalidad,
pertinencia y admisibilidad de elementos materiales probatorios dentro del proceso
penal; por lo que corresponde al juez penal competente determinar, en el momento
procesal oportuno, si los elementos incorporados a la actuación fueron obtenidos
con observancia de las garantías constitucionales y legales y, de ser el caso,
resolver las solicitudes de exclusión probatoria.
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Significa que la controversia cuenta con un escenario judicial específico, en el cual
el accionante podrá ejercer su derecho de defensa y plantear las solicitudes de
exclusión que considere pertinentes. En consecuencia, esta pretensión será
declarada improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Sobre las pretensiones relativas a la privación de la libertad y a la
inviolabilidad del domicilio y la intimidad.
El actor solicita que se verifique la legalidad de la privación de la libertad de la que
afirma haber sido objeto. Frente a dicha pretensión se observa que el ordenamiento
jurídico contempla mecanismos específicos para controlar la legalidad de una
privación de la libertad, entre ellos el hábeas corpus, cuando esta es actual y quien
la sufre considera que es ilegal. Igualmente, si dicha privación se produce dentro de
una actuación penal, el interesado cuenta con las garantías y mecanismos propios
de dicho proceso para controvertir la legalidad de la captura y de las decisiones
posteriores que la afecten.
En consecuencia, la acción de tutela no constituye el mecanismo idóneo para
examinar la legalidad de una privación de la libertad, por lo que la pretensión se
declarará improcedente.
Por otra parte, el accionante afirma que las autoridades ingresaron al inmueble sin
orden judicial y que durante la diligencia se registraron su imagen y voz. La Sala no
desconoce que la inviolabilidad del domicilio, la intimidad y el debido proceso
constituyen garantías constitucionales susceptibles de protección mediante tutela.
Sin embargo, en el expediente no se encuentran elementos suficientes que permitan
establecer que ello haya ocurrido, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
ocurrencia; ni que las autoridades hubieran actuado por fuera de las facultades que
les fueron conferidas o que la diligencia se hubiera desarrollado en las condiciones
ilícitas afirmadas por el accionante.
Adicionalmente, tales sucesos, para el momento en que se instauró la acción
constitucional, ya no serían actuales por lo que la vulneración alegada ya habría
desaparecido y tampoco sería procedente una intervención del juez constitucional.
Sobre la condición de defensor de derechos humanos y las medidas de
protección pretendidas.
El accionante solicita que se reconozca judicialmente su calidad de defensor de
derechos humanos y que se adopten medidas de prevención y protección conforme
al decreto 660 de 2018 y la resolución 1190 de 2018. La Sala reconoce la especial
relevancia constitucional de la labor desarrollada por los defensores de derechos
humanos; así como el deber estatal de adoptar medidas adecuadas cuando exista
un riesgo para su integridad.
No obstante, la tutela no constituye necesariamente el medio para el reconocimiento
de dicha condición ni sustituye los procedimientos institucionales diseñados para la
evaluación del riesgo y la adopción de medidas de protección. El ordenamiento
contempla mecanismos específicos ante las autoridades competentes, entre ellas
la Unidad Nacional de Protección y los organismos del Ministerio Público, para
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solicitar la evaluación del riesgo y, de ser procedente, la adopción de medidas de
protección.
Además, el actor no expone circunstancias concretas de donde se logre evidenciar
la necesidad de una protección constitucional inmediata, debido a su condición de
defensor de derechos humanos; por lo que la pretensión resulta improcedente.
Sobre otras pretensiones
El accionante solicita que se declare la omisión de la Fiscalía General de la Nación
y de la Procuraduría General de la Nación y que se les ordene adelantar actuaciones
investigativas y preventivas. La acción de tutela tiene como finalidad primordial la
protección inmediata de derechos fundamentales y el ordenamiento prevé los
mecanismos correspondientes para poner en conocimiento hechos que puedan
revestir características de delito y para solicitar el desarrollo de las actuaciones
investigativas que correspondan.
De igual manera, el actor puede acudir directamente ante la Procuraduría y demás
autoridades disciplinarias, para presentar quejas y poner en conocimiento posibles
faltas disciplinarias. No corresponde al juez de tutela, como regla general, ordenar
la apertura de investigaciones penales o disciplinarias, mucho menos cuando el
interesado puede promoverlas directamente. En consecuencia, estas pretensiones
serán denegadas.
Similares consideraciones merecen las pretensiones de que se compulsen copias y
de que se deje constancia de los perjuicios morales que afirma el actor haber
sufrido. No se encuentra acreditada una vulneración de derechos fundamentales, ni
la existencia de conductas por parte de autoridad alguna que ameriten la compulsa
de copias para que se investiguen. Tampoco la acción de tutela resulta procedente
para dejar constancias de hechos cuya acreditación requiere el trámite de otros
medios de control con periodos probatorios amplios destinados a tal fin. Igual
solución corresponde a la pretensión de que se ordenen garantías de no repetición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. TUTELAR el derecho fundamental de petición del accionante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional, la Gobernación de
Antioquia (Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz- Dirección de Derechos
Humanos y Paz), Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Provincial de
Puerto Berrío, Defensoría del Pueblo -Regional Magdalena Medio-, Alcaldía
Municipal de Puerto Triunfo, Alcaldía Municipal de Puerto Nare, Personería
Municipal de Puerto Triunfo, Inspección Rural de Convivencia y Paz del
Corregimiento las Mercedes y Oficina de Catastro Municipal de Puerto Triunfo que,
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dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, si no lo han hecho, emitan una respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente a la petición presentada por el accionante el 19 y 20 de mayo
de 2026.
Tercero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con las
pretensiones tercera, quinta y sexta, por las razones expuestas en la presente
providencia.
Cuarto. NEGAR la acción de tutela en relación con las pretensiones cuarta,
séptima, novena y décima, por las razones expuestas en la presente providencia.
Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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