Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04986-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04986-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04986-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04986-00
Accionante: Departamento de Cundinamarca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04986-00
Accionante: Departamento de Cundinamarca
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección E
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional. Subsidiariedad. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por el Departamento de Cundinamarca,
en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección E.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El Departamento de Cundinamarca, por intermedio de apoderado judicial1, presentó
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia 2, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda
Subsección E, con ocasión de la sentencia proferida el 30 de enero de 2026, que
modificó el fallo proferido el 8 de julio de 2025 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Zipaquirá y, en consecuencia, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 25899-33-33-002
2021-00109-00/02.
Igualmente, cuestionó el auto del 20 de marzo de 2026, que resolvió la solicitud de
aclaración formulada respecto de esa sentencia, dentro del mencionado proceso.
1
Poder conferido al abogado Víctor Manuel Castillo Carvajal. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
A5EF4EA764180B5F 70F13AF59E63F2B9 6D87ACF5EEA1995F CC942E85D43A3303, páginas 38 y 39.
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Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 751F957E9FD13226 1482D07FBF917507 A59F3A51407D6600
3D4F5C01DFB73C97.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El 29 de agosto de 2019, la señora María Leticia Rincón Rocha solicitó el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales ante el Departamento de
Cundinamarca – Secretaría de Educación, las cuales le fueron reconocidas a través
de la Resolución N°. 000328 del 7 de febrero de 2020, y pagadas hasta el 19 de
mayo de 2020.
2.2. El 24 de agosto de 2020, la señora Rincón Rocha solicitó ante la entidad
territorial en nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, sin embargo, no obtuvo respuesta
alguna.
2.3. Por lo anterior, la solicitante presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de
Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Solicitó la declaratoria de existencia y nulidad del acto ficto o presunto por la falta de
respuesta a la petición del 24 de agosto de 2020, por medio del cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
En consecuencia, como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
demandada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de retraso. Asimismo,
pidió el reconocimiento de los intereses moratorios desde la ejecutoria de la
sentencia hasta el pago efectivo, las diferencias adeudadas debidamente indexadas
conforme al IPC, las costas y agencias en derecho, y el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Zipaquirá bajo el radicado núm. 25899-33-33-002 2021-00109-00,
autoridad que, mediante auto del 12 de agosto de 2021 admitió la demanda.
2.5. En audiencia inicial del 23 de febrero de 2022 se vinculó en calidad de
litisconsorte necesario al Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación,
quien contestó la demanda y propuso varias excepciones previas y de mérito. Por
auto de 28 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá se abstuvo de resolver como excepción previa la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
2.6. Posteriormente, el juzgado emitió sentencia del 24 de mayo de 2023, en la que
se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Departamento de Cundinamarca, y la nulidad del acto ficto por la no
respuesta por parte de la accionada, entre otros aspectos, decisión que fue recurrida
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
por el Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
2.7. Mediante auto del 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E declaró de oficio la nulidad por falta
de integración del contradictorio y, en consecuencia, anuló el auto del 12 de agosto
de 2021 y la sentencia del 24 de mayo de 2023, proferidos por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá. Asimismo, declaró la nulidad de lo
actuado con posterioridad al referido auto, incluidas las actuaciones surtidas en
segunda instancia, aunque mantuvo la validez de las pruebas recaudadas.
Finalmente, ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que integrara
debidamente el contradictorio, garantizara a la Fiduprevisora S.A. sus derechos al
debido proceso, a la defensa y contradicción, y continuara con el trámite
correspondiente.
2.8. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, por auto
del 8 de febrero de 2024, acató la decisión dictada por esa Corporación y resolvió
admitir la demanda presentada en contra del Ministerio de Educación Nacional, del
Departamento de Cundinamarca y de la Fiduprevisora S.A.
Luego, mediante auto del 25 de julio de 2024, se requirió al Ministerio de Educación
Nacional, al Departamento de Cundinamarca y a la Fiduprevisora S.A., sobre el
procedimiento de reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
2.9. De manera ulterior, a través de auto del 14 de noviembre de 2024, el juzgado
tuvo por contestada la demanda por el Departamento de Cundinamarca y resolvió
las excepciones propuestas, por lo que declaró probada la excepción de ineptitud
sustancial de la demanda por no cumplir con el artículo 161 del CPACA, por falta de
reclamación administrativa, y desvinculó al Departamento de Cundinamarca.
2.10. La autoridad judicial de primera instancia profirió sentencia el 8 de julio de
2025, a través de la cual declaró probada la excepción de mérito denominada
“inexistencia de obligaciones a cargo del Departamento de Cundinamarca”, y la
nulidad de los actos fictos por la no respuesta por parte de las accionadas, entre
otros aspectos. En consecuencia, condenó al Ministerio de Educación Nacional-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar la suma de
$15.775.110. Esta providencia fue notificada a todas las partes, entre ellas, al
Departamento de Cundinamarca.
2.11. Inconforme con la anterior decisión, el Ministerio de Educación Nacional-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección E, mediante sentencia del 30 de enero de 2026, modificó el fallo de
primera instancia, en el entendido de determinar la responsabilidad de las llamadas
a responder, es decir, el Departamento de Cundinamarca- Secretaría de Educación
y la Fiduprevisora S.A.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
2.12. El Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación presentó
solicitud de aclaración de la sentencia, con el fin de que la autoridad judicial
explicara lo relacionado con la condena a la entidad territorial, teniendo en cuenta
que se declaró su desvinculación del proceso.
2.13. Mediante auto del 20 de marzo de 2026, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de
aclaración, al estimar que la sentencia del 8 de julio de 2025 había efectuado un
análisis de fondo sobre la responsabilidad de las entidades demandadas y, en
particular, había declarado probada la excepción de inexistencia de obligaciones a
cargo del Departamento, bajo el entendimiento de que, al haberse causado la mora
antes del 1 de enero de 2020, la responsabilidad correspondía exclusivamente al
Ministerio de Educación. No obstante, precisó que dicha decisión no implicó la
desvinculación del Departamento del proceso, pues este continuó como parte y fue
debidamente notificado de las actuaciones posteriores, sin formular reparo alguno.
Por tanto, la entidad no podía alegar en esa etapa que había sido excluida del
proceso ni pretender modificar mediante la aclaración las decisiones adoptadas en
primera instancia, máxime cuando la competencia de la Subsección para resolver la
controversia había sido definida en la sentencia del 30 de enero de 2026.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Como pretensiones de amparo deprecó:
“Primera. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia del Departamento de Cundinamarca.
Segunda. En virtud de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia y el auto que resolvió la aclaración proferidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E.
Tercera. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E proferir una nueva sentencia de segunda instancia, en
la que se tenga en cuenta la desvinculación del Departamento de
Cundinamarca que tuvo lugar a través del auto del 14 de noviembre de 2024”3.
3.1. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que la
sentencia del 30 de enero de 2026 incurrió en una manifiesta vulneración al principio
de congruencia que dio lugar a la configuración de los siguientes defectos:
(i) Defecto orgánico. Sostuvo que la autoridad judicial accionada al emitir condena
en contra del Departamento de Cundinamarca, desconoció el margen de
competencia funcional con el que contaba para resolver la segunda instancia,
dentro del cual se establecía que la entidad territorial había sido desvinculada y no
resultaba posible imponer condena en su contra.
3
Ibid.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
Advirtió que en el recurso de apelación no se formuló ningún tipo de inconformidad
con la desvinculación de la entidad territorial, todos los argumentos estaban
relacionados con la responsabilidad en el pago de la sanción, pero no con la
desvinculación. Adicionalmente, indicó que la desvinculación del Departamento de
Cundinamarca fue un aspecto decidido en primera instancia a través de un auto
debidamente ejecutoriado, por lo que respecto de esta decisión operó la cosa
juzgada y no resultaba posible realizar una nueva valoración sobre el particular.
(ii) Defecto procedimental absoluto. Manifestó que el Tribunal desconoció el
trámite propio del recurso de apelación y la coherencia que debe existir entre las
decisiones de primera y segunda instancia. Sostuvo que, pese a que en primera
instancia se había desvinculado válidamente a una de las entidades demandadas
mediante una decisión que había quedado en firme y respecto de la cual había
operado la cosa juzgada, el Tribunal la condenó en segunda instancia. A su juicio,
dicha actuación excedió el ámbito de competencia propio de la apelación, pues
permitió reabrir un asunto ya decidido y afectó la seguridad jurídica derivada de la
cosa juzgada.
3.2. La parte actora adujo que el tribunal accionado al proferir el auto del 20 de
marzo de 2026, que negó la aclaración de la sentencia, incurrió en decisión sin
motivación, pues no resolvió los argumentos planteados en la solicitud. Sostuvo que
la decisión se estructuró sobre una consideración errada y carente de soporte
jurídico en tanto, aunado a que el 24 de mayo de 2023 se profirió sentencia de
primera instancia y no un auto de resolución de excepciones, esa providencia no fue
la que se invocó en la formulación de la solicitud de aclaración.
Añadió que la autoridad judicial no se pronunció sobre el argumento central de la
solicitud de aclaración, la desvinculación que tuvo lugar de forma expresa en el
desarrollo de la primera instancia, a través del auto del 14 de noviembre de 2024.
Finalmente, se observa que la irregularidad procesal en la que incurrió el tribunal
accionado resulta determinante en el desarrollo del proceso judicial y especialmente
en la decisión adoptada en segunda instancia, en la medida en que permitió que se
impusiera condena en contra de una entidad que había sido válidamente
desvinculada del proceso judicial y que, con posterioridad al 21 de noviembre de
2024, no participó en el desarrollo del mismo.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 1 de julio de 2026 4, el Despacho de la magistrada ponente,
admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Zipaquirá, a la Nación-Ministerio de Educación
Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, a la
Fiduprevisora S.A. y a la señora María Leticia Rincón Rocha; ofició a la autoridad
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Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado 9DA2295F29421BD1 B714FC7BC041E146
AC94299ED894CBAE 528CE33F22BDAAC9.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
accionada para que remitiera el expediente objeto de la solicitud de amparo;
además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá 5 se opuso a
las pretensiones de amparo y, luego de realizar un recuento de las actuaciones
adelantadas en el proceso ordinario, indicó que la providencia que materialmente
generó la inconformidad constitucional del Departamento de Cundinamarca no fue
proferida por este despacho, sino por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en sede de segunda instancia.
Asimismo, solicitó su desvinculación del trámite constitucional por ausencia de
legitimación en la causa por pasiva.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección E6, mediante el magistrado ponente de las decisiones cuestionadas,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la
entidad accionante ejerció sus derechos de defensa y contradicción dentro del
proceso ordinario y que la tutela pretendía ser utilizada como una instancia adicional
para controvertir la sentencia de segunda instancia. Subsidiariamente, pidió que, de
considerarse procedente la acción, se negaran las pretensiones con fundamento en
los argumentos expuestos en su respuesta.
Señaló que la sentencia del 8 de julio de 2025 efectuó un análisis de fondo respecto
de las entidades demandadas y que el Departamento continuó vinculado al proceso
después de la nulidad, recibió las respectivas notificaciones y no manifestó
inconformidad. Por ello, consideró que no podía alegar posteriormente que había
sido desvinculado ni cuestionar, mediante la acción de tutela, las decisiones
adoptadas dentro del proceso ordinario.
4.3. El Ministerio de Educación Nacional7, a través del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, solicitó declarar la improcedencia de la acción por no superar el requisito
de relevancia constitucional.
Advirtió que en este caso no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia; además,
tampoco se acreditó que exista una vulneración indirecta de los derechos
fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la tardanza en la
respuesta a sus solicitudes, tal y como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte
5
Índice 00016 en el aplicativo SAMAI, certificado 9BF3167FCEECB624 B162F4976BBD6DD2
2D0BF74C1DEFD231 416423223F5EBAA8.
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Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificado D68AEE6DAC67FB84 0B820DF2960C68D2
34C6D2894D9CE4BC F540B8489EDD502A.
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Índice 00020 del aplicativo SAMAI, certificado 08E23DE068185FB8 D2A79ABF7ACC5862
61BD1BBC1E1D7BDF AA8EED57B1139291.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
Constitucional. Agregó que en el asunto se presenta como debate procesal una
controversia de naturaleza estrictamente económica, un litigio que involucra
intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela por
carecer de absoluta relevancia constitucional, situación por la cual debería
declararse improcedente la presente acción de tutela.
4.4. El Fiduprevisora8 solicitó declarar improcedente la acción de tutela y disponer
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que la
accionante no acreditó las causales generales y específicas de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales y que el mecanismo constitucional estaba
siendo utilizado para cuestionar actuaciones procesales previamente surtidas.
Asimismo, afirmó que no existía un nexo causal entre su actuación y la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados, por lo que no podía
atribuírsele responsabilidad por la afectación alegada. Finalmente, señaló que las
entidades involucradas actuaron conforme al ordenamiento jurídico y que no se
desconocieron las formas propias del proceso ni los precedentes aplicables.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Departamento de Cundinamarca es el titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas, en su condición de demandado, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 25899-33-
33-002 2021-00109-01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Tribunal Administrativo de Cundianamrca-Sección Segunda-Subsección E, fue la
autoridad que profirió las decisiones que, según el tutelante, vulneraron sus
derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
8
Índice 00023 del aplicativo SAMAI, certificado DD5D994EBBEA02D7 CFE22633A8890D19
B0589F39479A104C B24F25D19F5F41FB.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional, a través de la sentencia C-590 de 2005 9 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 10, y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 12.
4.1. Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 13.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial14.
La Corte Constitucional15 ha sostenido que es deber de la parte accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues, de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.
4.2. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 16.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que
13
“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
14
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
15
Sentencia C-590 de 2005.
16
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el
control constitucional concreto17.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface los requisitos de
subsidiariedad ni de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a
continuación:
17
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Accionante: Departamento de Cundinamarca
Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora sostuvo que la
sentencia del 30 de enero de 2026 vulneró el principio de congruencia e incurrió en
los defectos orgánico y procedimental absoluto, al condenar al Departamento de
Cundinamarca pese a que, según afirmó, había sido desvinculado del proceso
mediante una decisión de primera instancia debidamente ejecutoriada, respecto de
la cual había operado la cosa juzgada. A su juicio, el recurso de apelación no
cuestionó dicha desvinculación, por lo que el Tribunal carecía de competencia para
reabrir ese asunto en segunda instancia.
Por otra parte, alegó que el auto del 20 de marzo de 2026, que negó la aclaración de
la sentencia, incurrió en decisión sin motivación, pues no resolvió los argumentos
planteados en la solicitud, particularmente el relativo a la desvinculación expresa del
Departamento mediante auto del 14 de noviembre de 2024. Finalmente, afirmó que
las irregularidades alegadas fueron determinantes, en tanto permitieron imponer
una condena a una entidad que, según su postura, había sido válidamente
desvinculada y no había intervenido en el proceso con posterioridad al 21 de
noviembre de 2024.
5.1. Del cumplimiento del requisito de subsidiariedad
Pues bien, en cuanto a los cargos formulados en contra de la sentencia del 30 de
enero de 2026 relativos a que la decisión incurrió en los defectos orgánico y
procedimental absoluto, la Sala considera que dicho cuestionamiento se enmarca
en una eventual vulneración del principio de congruencia, tal y como lo sostuvo la
parte actora en el escrito de tutela.
Al respecto, esta corporación18 ha señalado que, en las sentencias en las cuales se
considera que existe una indebida motivación o se viola el principio de congruencia,
así como en aquellas en las que, de forma genérica, se transgrede el derecho al
debido proceso, pueden dar lugar a la configuración de una nulidad procesal.
En ese contexto, se advierte que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos
idóneos para controvertir dicha situación, como el recurso extraordinario de revisión,
específicamente la causal quinta del artículo 250 del CPACA, que procede cuando
al “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación”.
En ese orden, al examinar el expediente ordinario, la Sala constata que el
accionante no hizo uso de los medios de defensa judicial que tenía a su disposición
para alegar la supuesta falta de congruencia en la decisión judicial.
De este modo, los argumentos planteados en la solicitud de tutela buscan suplir una
oportunidad procesal que no fue ejercida oportunamente por la parte actora, lo cual
impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo, pues ello
18
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 3 de marzo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00.
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implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural y desconocer los
escenarios procesales previstos para la protección de los derechos invocados.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado respecto de la
sentencia del 30 de enero de 2026, por no superar el requisito de subsidiariedad.
5.2. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
5.2.1. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la decisión
cuestionada, se advierte que, mediante auto del 20 de marzo de 2026, dictado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E, se
arribó a las siguientes conclusiones:
“En consecuencia, la competencia de esta Corporación en el caso particular se
circunscribe a resolver los argumentos y fundamentos de hecho y de derecho
contenidos en la sentencia objeto de revisión, y no propiamente del trámite del
proceso, sin embargo, en una primera y única oportunidad se resolvió declarar
la nulidad de parte de lo actuado, para garantizar la comparecencia de todas las
entidades llamadas a responder eventualmente, entre ellas, la Fiduprevisora
S.A. como se explicó en detalle en el auto del 23 de noviembre de 2023.
De la sentencia del 8 de julio de 2025 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá se extrae de forma clara que
efectuó un análisis de fondo respecto de las accionadas, en particular del
departamento de Cundinamarca, como se observa previamente en la cita
textual, inclusive se declaró probada la excepción de mérito de inexistencia de
obligaciones a cargo del departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta
que para el fallador de primera instancia la postura sobre la materia es que, al
causarse la mora con anterioridad al 1° de enero de 2020 la responsabilidad era
exclusiva del Ministerio de Educación, y por tal razón, esta Corporación en
sentencia del 30 de enero de 2026 efectuó un análisis integral sobre la
responsabilidad en el pago, tenido en cuenta además los argumentos del
recurso de apelación presentado por el Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Lo que se observa son una serie de decisiones emitidas por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá que podrían resultar
confusas o contradictorias, sin embargo, no existe duda para esta Corporación
que el auto al que hace referencia la entidad territorial que data del 24 de mayo
de 2023 en el que se declaró probada la excepción de mérito denominada
inexistencia de obligaciones a cargo del departamento de Cundinamarca, no dio
por terminada la intervención de la entidad en el proceso, pues de las
actuaciones posteriores se evidencia que continuó como parte, y que dichas
decisiones le fueron debidamente notificadas, sin que esta manifestara
inconformidad alguna.
En otras palabras, la entidad no puede alegar en este momento procesal que
fue desvinculada del proceso, y que no tendría responsabilidad, en tanto como
ya se hizo mención la contradicción de las decisiones emitidas en primera
instancia no pueden ser objeto de corrección o rectificación por esta
Corporación, además la competencia de esta Subsección fue descrita en el
12
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acápite 1 “Competencia” del título III “Consideraciones de la Sala” de la
sentencia del 30 de enero de 2026”19.
5.2.2. Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección E explicó de manera suficiente los motivos por los
cuales consideró que la condena impuesta al Departamento de Cundinamarca se
encontraba dentro del ámbito de su competencia en segunda instancia, al precisar
que la nulidad decretada mediante auto del 23 de noviembre de 2023 permitió
integrar debidamente el contradictorio y que la sentencia del 8 de julio de 2025
efectuó un análisis de fondo respecto de dicha entidad.
Asimismo, señaló que la decisión que declaró probada la excepción de inexistencia
de obligaciones a su cargo no implicó su desvinculación del proceso, pues continuó
interviniendo como parte y fue notificada de las actuaciones posteriores sin formular
reparo alguno. En consecuencia, concluyó que no podía sostenerse, en esa etapa
procesal, que el Departamento hubiera sido excluido del litigio ni que el Tribunal
careciera de competencia para pronunciarse sobre su responsabilidad, máxime
cuando la sentencia de segunda instancia se circunscribió a resolver los
argumentos planteados frente a la decisión recurrida.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan transgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
5.2.3. Ahora bien, lo que sí se observa es que, si bien la parte actora identificó como
defecto la decisión sin motivación respecto del auto del 20 de marzo de 2026, lo
cierto es que, bajo este reproche, pretende reabrir el debate propio del proceso
ordinario y obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos que ya fueron
analizados y definidos por la autoridad judicial accionada.
En efecto, sus argumentos se dirigen, en esencia, a controvertir las razones por las
cuales el tribunal concluyó que el Departamento de Cundinamarca no había sido
desvinculado del proceso y, por esa vía, a cuestionar nuevamente la condena
impuesta en la sentencia de segunda instancia. Por tanto, el reparo formulado no
evidencia una ausencia de motivación de la providencia cuestionada, sino una
inconformidad con su contenido y sentido, circunstancia que desnaturaliza la acción
de tutela y la convierte en una instancia adicional para prolongar una controversia
que ya fue definida por el juez natural.
Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se circunscribe a un debate de
mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo argumentativo dirigido a
demostrar la vulneración de derechos fundamentales.
19
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado A5EF4EA764180B5F 70F13AF59E63F2B9
6D87ACF5EEA1995F CC942E85D43A3303, páginas 35 a 36.
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Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 20.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.
5.2.4. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende
imponer su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia,
toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el
marco de esta sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho
fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la
órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el
principio de autonomía judicial.
5.2.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario22.
20
Sentencia SU215 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
22
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar
los requisitos de relevancia constitucional ni de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el
Departamento de Cundinamarca, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E, por no superar los requisitos de
subsidiariedad, ni relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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