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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04987-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04987-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04987-01 Actores: LUIS HELBER VÁSQUEZ GUTIÉRREZ Y OTRA TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04987-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04987-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: LUIS HELBER VÁSQUEZ GUTIÉRREZ Y OTRA.

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 17 de julio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó el amparo solicitado.

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04987-01
Actores: LUIS HELBER VÁSQUEZ GUTIÉRREZ Y OTRA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor LUIS HELBER VÁSQUEZ GUTIÉRREZ en nombre propio y

en representación de su hija menor de edad E.J.V.L.2, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la

protección de sus derechos fundamentales y de los coadyuvantes3 al

debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a los

principios de confianza legítima, reparación integral y seguridad

jurídica, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA4, al haber proferido la

providencia de 13 de febrero de 2026 dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

76001-33-33-021-2020-00040-01.

I.2.- Hechos

2
La Sala se reserva el nombre por protección a la menor de edad.
3
En el auto admisorio se tuvo como coadyuvantes a los señores LUIS HERLBER VÁSQUEZ HEREDIA,
LEONOR GUTIÉRREZ DE VÁSQUEZ, MARICE y SHIRLEY VÁSQUEZ GUTIÉRREZ y ESTEBAN RUÍZ
VÁSQUEZ.
4
En adelante TRIBUNAL.

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3

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Señalaron que el 12 de agosto de 2017, al señor LUIS HELBER

VÁSQUEZ GUTIÉRREZ se le impuso medida de aseguramiento

privativa de la libertad y el 13 de diciembre de ese año se precluyó

la investigación penal.

Indicaron que, debido a lo anterior, junto con otros familiares

presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación

directa contra la RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL5, la FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN6 y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA

NACIONAL, con el fin de obtener el reconocimiento y reparación de

los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad que sufrió el

señor VÁSQUEZ GUTIÉRREZ.

Adujeron que el referido proceso fue identificado con el número único

de radicación 2020-00040-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

CALI7 que, mediante sentencia de 30 de julio de 2025, accedió a las

pretensiones de la demanda y condenó a las allí accionadas aplicando

5
En adelante DIRECCIÓN EJECUTIVA.
6
En adelante FISCALÍA.
7
En adelante JUZGADO.

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la tesis establecida en la sentencia de unificación de 17 de octubre

de 2013, proferida por la Sala Plena de la SECCIÓN TERCERA DEL

CONSEJO DE ESTADO8.

Sostuvieron que, inconforme con lo anterior, las allí accionadas

interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 13 de febrero de 2026,

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones

de la demanda, por considerar que se encontró acreditada la culpa

exclusiva de la víctima por no interponerse los recursos de ley, tal

como lo prevé el artículo 70 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19969,

aplicando para ello, “[…] de manera retroactiva las reglas de

exclusión de responsabilidad civil derivadas de la Sentencia SU-072

de 2018 y de la Sentencia SU-363 de 2021 […]”.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada debió

aplicar el precedente fijado en la sentencia de 17 de octubre de 2013,

el cual estaba vigente para el momento en que se radicó la demanda,

8
Expediente identificado con el número de radicación 52001-23-31-000-1996-07459-01.
9
Estatutaria de la Administración de Justicia.

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toda vez que al fundamentar su decisión en un nuevo criterio

quebrantó los principios de seguridad jurídica y confianza legítima y

vulneró sus derechos fundamentales.

Además, aseguraron que: “[…] Por la protección de la confianza

legítima, la respectividad exigible ante cambios jurisprudenciales y la

falta de motivación probatoria de la Sala para aplicar la eximente, la

revocatoria constituye una lesión manifiesta de derechos

constitucionales que la tutela debe amparar […]” (sic).

I.4.- Pretensiones

Por lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: AMPARAR y PROTEGER, los derechos
fundamentales al Debido Proceso, Confianza Legítima, Seguridad
Jurídica y Acceso a la Administración de Justicia de los suscritos
accionantes.

SEGUNDO: ANULAR, la Sentencia Nro. 24 del 13 de febrero de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO: ORDENAR, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, proferir sentencia de reemplazo en la que
resuelva el recurso de apelación de forma prospectiva, aplicando el
precedente jurisprudencial histórico (17 de octubre del 2013)
Vigente al momento de presentarse la demanda en 2020 y, en
consecuencia, confirmando la Sentencia No. 159 de primera
instancia en lo favorable a la parte demandante. […]”.

I.5. Defensa

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I.5.1.- El JUZGADO afirmó que los argumentos expuestos en la

sentencia de primera instancia tuvieron pleno apego a la legalidad y

fue proferida en derecho, razón por la que no ha vulnerado los

derechos fundamentales invocados por los accionantes.

I.5.2.- El TRIBUNAL señaló que en el presente caso no se configura

la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte

actora, por cuanto la decisión cuestionada se profirió en estricto

apego a los criterios normativos y jurisprudenciales fijados por el

Consejo de Estado, por lo que, a su juicio, lo pretendido a través de

la acción de tutela de la referencia es reabrir un debate jurídico ya

resuelto en las instancias ordinarias respectivas.

I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA solicitó ser desvinculada del

presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, por

no ser la autoridad responsable de los hechos materia de reproche.

I.5.4.- La FISCALÍA indicó que en el presente asunto no se cumple

con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto no se

evidencia que la sentencia cuestionada haya sido arbitraria o

vulnerado los derechos fundamentales alegados por los actores y, por

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el contrario, lo pretendido es utilizar este mecanismo constitucional

para reabrir un debate legal ya definido en el proceso ordinario.

Además, solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la

causa por pasiva, pues no es la responsable de hacer cesar la

supuesta vulneración alegada por la parte actora.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 17 de julio de 2026,

denegó el amparo solicitado por considerar que no se configuró el

defecto por desconocimiento del precedente, ni cualquier otro.

Para el efecto, sostuvo que los argumentos planteados por la parte

actora encajaban en el defecto por desconocimiento del precedente

judicial, por lo que, a partir de su estudio, precisó que los cambios

jurisprudenciales por regla general tienen efectos retrospectivos y,

por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión judicial

o administrativa, razón por la cual los operadores judiciales deben

privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el

asunto sometido a su consideración.

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Advirtió que el TRIBUNAL accionado no aplicó la sentencia de

unificación de 17 de octubre de 2013, dado que para el momento en

que iba a resolver el recurso de alzada se encontraba vigente la

sentencia SU-072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, en

la que se determinó que no hay un régimen de responsabilidad

específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, sino

que se debe analizar si la medida restrictiva de ese derecho

fundamental fue apropiada, razonable y/o proporcionada, es decir, si

devino o no en injusta.

Igualmente, destacó que la decisión de la autoridad judicial

accionada de negar las pretensiones de la demanda tuvo fundamento

en la configuración de la causal exonerativa de responsabilidad

estatal prevista en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, esto es, la

culpa exclusiva de la víctima, la cual opera tanto en el régimen

objetivo como en el subjetivo, pues su función es romper el nexo de

causalidad entre la acción u omisión del Estado y el daño causado al

administrado, por lo que en nada incidió el hecho de que

supuestamente se haya dejado de aplicar el régimen objetivo,

alegado por los actores.

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Por último, denegó las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA y la FISCALÍA.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora interpuso recurso de impugnación contra la decisión

de primera instancia y solicitó que se revoque, en el que insistió en

que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente

establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de

17 de octubre de 2013, y aplicó retroactivamente los criterios

jurisprudenciales posteriores contenidos en las providencias SU-072

de 2018 y SU-363 de 2021, sin justificar las razones por las que

éstas debían prevalecer sobre la expectativa legítima generada por

la posición vigente para la época de los hechos, lo que, a su juicio,

vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a

la administración de justicia y al principio de confianza legítima.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades

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judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud

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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 13 de febrero de 2026,

proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

2020-00040-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a los principios de confianza legítima,

reparación integral y seguridad jurídica, habida cuenta que, a su

juicio, la autoridad judicial accionada debió aplicar el precedente

fijado en la sentencia de 17 de octubre de 2013, proferida por el

Consejo de Estado, la cual estaba vigente para el momento en el que

se radicó la demanda de reparación directa, y no fundamentar su

decisión en un nuevo criterio.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 17 de julio de

2026, denegó el amparo solicitado por considerar que no se configuró

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el defecto por desconocimiento del precedente, pues los cambios

jurisprudenciales por regla general tienen efectos retrospectivos y,

por ende, se deben aplicar a todos los casos pendientes de decisión

judicial o administrativa.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando que persiste la

vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto se

desconoció el precedente fijado en la sentencia de unificación del

Consejo de Estado de 17 de octubre de 2013 y se aplicó de manera

retroactiva los criterios jurisprudenciales posteriores contenidos en

las providencias SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021, sin justificar por

qué estas debían prevalecer sobre la expectativa legítima generada

por la posición vigente para la época de los hechos.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en el defecto alegado.

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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».11

10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena de rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la

[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la

[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio

de 202220, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como

finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente

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M.P. Natalia Ángel Cabo.

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económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por los actores es

que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad del accionante

se sustentan, básicamente, en que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada debió aplicar el precedente fijado en la sentencia de 17 de

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octubre de 2013, el cual estaba vigente para el momento en el que

se radicó la demanda de reparación directa objeto de

cuestionamiento.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL, así:

“[…] V. Caso en concreto:

53. Los demandantes pretenden que se declare la
responsabilidad administrativa y extracontractual de las
entidades demandadas por la presunta privación injusta de la
libertad que sufrió el señor Helber Vásquez Gutiérrez como
consecuencia de la investigación penal identificada con radicación
nro. 7600160001932017-29644 que se adelantó en su contra por
los delitos de “FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS,
MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO, DE USO PRIVATIVO DE LAS
FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS en concurso heterogéneo con
FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES”

54. El juez de primera instancia accedió a las pretensiones tras
aplicar los lineamientos contemplados en la sentencia de
unificación emitida por el Consejo de Estado el 17 de octubre de
2013, esto es, aplicando el régimen objetivo y en ese sentido,
encontró que no se desvirtuó la presunción de inocencia del
demandante ni se configuró ninguna causal de eximente de
responsabilidad.

55. La Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación
apelaron la decisión y argumentaron que el juez desconoció la
evolución del precedente jurisprudencial y, en consecuencia, valoró
de forma equivocada las pruebas del expediente sin analizar el

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cumplimiento de los requisitos legales para el momento que se
impuso la medida de aseguramiento.

56. De la revisión del expediente se extrae que el 12 de agosto de
2017 el Juzgado 03 Penal Municipal de Cali con Función de Control
de Garantías llevó a cabo la audiencia preliminar de legalización de
captura, imputación de cargos y solicitud de medida de
aseguramiento contra el señor Helber Vásquez Gutiérrez, en la cual
se refirió lo siguiente: (…)

57. Advierte la Sala de decisión que la Fiscalía sustentó la solicitud
de la medida de aseguramiento en el informe que rindió la policía
judicial en virtud de una diligencia de registro y allanamiento en el
lugar de residencia del demandante, donde se encontraron varias
armas de fuego de uso personal y de uso privativo de las fuerzas
militares, lo que llevó a una captura en flagrancia y, permitió inferir,
en ese momento, la responsabilidad del señor Vásquez Gutiérrez.

58. Además, encontró acreditado el cumplimiento de los requisitos
del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y la prohibición
de la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por la
domiciliaria; decisión de la que corrió traslado a las partes en la
diligencia y que, pese a que el abogado defensor interpuso recurso
de apelación, no lo sustentó en debida forma, por lo que fue
declarado desierto, decisión que no fue recurrida por este y por
tanto, quedó en firme la medida de aseguramiento impuesta.

59. En la sentencia SU-363 de 2021, la Corte Constitucional
sostuvo que:

“La responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
encuentra un eximente cuando se evidencia dolo o culpa de la
víctima. El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 consagra que el daño
se entenderá como culpa exclusiva de la víctima, cuando ésta haya
actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos
de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”

60. Encasillando lo anterior al caso de marras, se tiene que en la
audiencia preliminar se brindó al demandante la posibilidad de
interponer recurso de apelación en contra de la medida de
aseguramiento y asimismo de exponer los argumentos que lo
fundaban; no obstante, el sustento del recurso se expuso
deficientemente y la juez lo declaró desierto, decisión que no fue
objeto de recurso por la parte y, en consecuencia, dejó en firme la
medida.

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61. Lo anterior, generó la causal exonerativa de responsabilidad
estatal de “culpa exclusiva de la víctima” ante la falta de diligencia
del demandante, por intermedio de su representante judicial, frente
a la privación injusta de la libertad, pues la interposición de los
recursos de ley se compone de la debida sustentación de los mismos,
conforme lo disponen las normas, a efectos de que sea concedido y
analizado por el superior.
62. Sobre el deber de colaboración con la administración de
justicia la H. Corte Constitucional señaló:

“La jurisprudencia constitucional sostiene que debe partirse del
artículo 95 inciso 2 numeral 7 de la Constitución Política de Colombia,
para poder comprender el contenido y alcance de la norma estatutaria
objeto de interpretación.

Dicha disposición establece que es deber de la persona y del
ciudadano colaborar para el buen funcionamiento de la administración
de justicia. El deber se fundamenta, a su vez, en la vinculación que
tiene toda persona a la Constitución, conforme al artículo 4 inciso 2
de la Constitución Política de Colombia, así como la responsabilidad
implícita en el ejercicio de derechos fundamentales. Esto significa, en
términos sencillos, que toda persona es partícipe en la tarea de
realizar los principios propios de la administración de justicia y de
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden público, por
un lado, y de ejercer adecuadamente sus derechos, entre ellos, el
derecho a la defensa, ser escuchado, presentar y controvertir
pruebas, por otro.

Esta idea se concreta en los distintos cuerpos procesales colombianos.
Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley 1564 de 2012 consagra el derecho
a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y
la defensa de sus intereses, mientras que el artículo 78 de la Ley 1564
de 2012 establece que son deberes de las partes y sus apoderados
proceder con lealtad8 y buena fe en todos su actos, abstenerse de
obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias, concurrir al
despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes, así
como prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y
trámites, entre otros.

En sentido similar, el artículo 2 de la Ley 906 de 2004, modificado por
el artículo 1 de la Ley 1142 de 2007, reconoce el derecho que tiene
toda persona a que se respete su libertad, así como el derecho que
ella tiene a no ser molestada en su persona; mientras que el artículo
125 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 47 de la Ley
1142 de 2007, consagra los deberes y atribuciones de la defensa de
controvertir las pruebas e interponer y sustentar las nulidades, los
recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión, entre
otros.

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La relación estricta entre la protección de un derecho (derivado del
debido proceso) y el cumplimiento de deberes y cargas procesales fue
acogida por esta Corporación. Ésta ha sostenido que el artículo 70 de
la Ley 270 de 1996 consagra una sanción para quienes desconocieron
su deber de colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia, pues:

no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios
judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo
de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los
asuntos que someten a consideración de la rama judicial.”

63. Así las cosas, para esta Sala de decisión no es posible
imputar a las entidades demandadas perjuicios o daños por la
privación injusta de la libertad del demandante, pues, pese a que
se declaró la preclusión de la actuación adelantada en su contra,
al momento en que fue impuesta la medida de aseguramiento en
centro carcelario, el señor Helber Vásquez Gutiérrez tenía a su
disposición los recursos de ley para oponerse a la misma y no lo
hizo, por lo que se configuró la causal exonerativa de
responsabilidad estatal del artículo 70 de la Ley 270 de 19969.

64. En tal virtud, la Sala de decisión revocará la sentencia
proferida en primera instancia, por las razones expuestas en este
proveído y, negará las pretensiones de la demanda. […]”.

De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se

evidencia que, al resolver el problema jurídico el TRIBUNAL al

aplicar el precedente judicial que se encontraba vigente expuso que

en los casos de privación injusta de la libertad el estudio implicaba

profundizar en un análisis que permitiera precisar si la misma fue

injusta o no, lo anterior con fundamento en la sentencia de la Corte

Constitucional SU - 363 de 2021, en la que se reiteró que no toda

medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada

posteriormente inocente conlleva una responsabilidad del Estado

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pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las

cuales se impuso esa restricción.

Además, al descender al caso concreto, el TRIBUNAL indicó que de

la revisión del material probatorio se encontraba que en la audiencia

preliminar se brindó al investigado la posibilidad de interponer

recurso de apelación contra la medida de aseguramiento; no

obstante, el mismo fue declarado desierto porque no se sustentó en

debida forma y contra dicha decisión no se presentó reparo alguno,

por lo que quedó en firme tal restricción de libertad, razón por la que

concluyó que se configuró la causal exonerativa de responsabilidad

estatal consistente en la culpa exclusiva de la víctima, prevista en el

artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

En este punto, para la Sala es importante resaltar que, de

conformidad con la jurisprudencia constitucional, por regla general,

los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, esto es,

se aplican a los casos pendientes de decisión judicial o administrativa,

razón por la que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la

autoridad judicial accionada actuó conforme a derecho al tener en

cuenta la tesis jurisprudencial vigente al momento de proferir la

sentencia cuestionada, en relación con el régimen de responsabilidad

aplicable a los casos de privación de la libertad.

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Igualmente, la Sala encuentra que la decisión del TRIBUNAL de

revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las

pretensiones de la demanda no obedeció a la inaplicación del régimen

objetivo de responsabilidad que alega la parte actora, sino que

estuvo sustentada en la configuración de la causal de exoneración de

responsabilidad del Estado por culpa exclusiva de la víctima, al

considerar que el indiciado no hizo uso de los recursos previstos en

la ley, aspecto sobre el cual los accionantes no formularon reproche

alguno en la presente acción de tutela.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

pronunció frente a los aspectos que pretende controvertir la parte

actora en la presente acción de tutela, pues fundamentó su decisión

en la postura dispuesta por ella sobre el asunto puesto a su

consideración, lo que descarta el desconocimiento del precedente

endilgado, de tal forma que no se vislumbra que pudo haber actuado

de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del

principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece del

requisito general de la relevancia constitucional.

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Significa lo precedente que lo pretendido por los actores es que el

juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en el medio de control de reparación directa, con la

finalidad de que se haga una corrección al análisis que hizo la

autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que

proponen, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o

recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de manera

razonable por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la solicitud

de amparo un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

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debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual solo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se modificará la decisión del a quo que denegó las

pretensiones y, en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de

amparo por no cumplir el requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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