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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04996-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04996-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado de la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Ramón Cogollo Álvarez, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04996-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04996-00
Demandante CARLOS RAMÓN COGOLLO ÁLVAREZ
Demandada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Carencia actual de
objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Carlos Ramón Cogollo Álvarez, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de junio de 2026, el señor Carlos Ramón Cogollo Álvarez interpuso acción de
tutela, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, por
considerar vulnerado su derecho fundamental a la petición.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito señor juez que se tutele el derecho
fundamental invocado como amenazado, violado y/o vulnerado de Petición y, en
consecuencia:
PRIMERO. SE ORDENE a la accionada, que en el plazo máximo de 48 horas dé respuesta
a todas y cada una de las solicitudes contenidas en la petición incoada, ello con criterios de
ser una respuesta PRONTA y DE FONDO, como se expuso en el cuerpo de este escrito».

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

El 16 de abril de 2026, el señor Carlos Ramón Cogollo Álvarez presentó derecho de
petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dirigida al correo
electrónico protecciondatospersonales@deaj.ramajudicial.gov.co en el cual solicitó lo
siguiente:
«PRIMERO. Solicito muy respetuosamente que se realicen las acciones tendientes a eliminar
la información de los procesos en los que soy demandado y que ya hayan finalizado. Esto
para proteger mi derecho fundamental al hábeas data.

SEGUNDO. En caso de negativa a las anteriores peticiones, solicito me den una respuesta
CLARA, DE FONDO, PRONTA Y COMPLETA del por qué a la negativa».

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que a la fecha de la presentación de la acción de tutela no
se había respondido la petición radicada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04996-00
Demandante: Carlos Ramón Cogollo Álvarez

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de 3 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela interpuesta
por el señor Carlos Ramón Cogollo Álvarez contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Canal de Consultas y Reclamos en materia de Protección de Datos
Personales; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.

El auto admisorio fue notificado a las siguientes direcciones electrónicas
protecciondatospersonales@deaj.ramajudicial.gov.co,
info@cendoj.ramajudicial.gov.co, presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
y mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co

4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) indicó que su
Unidad de Informática es un órgano técnico que presta apoyo y soporte a los
programas asignados a dicha unidad.

Explicó que los datos de los procesos judiciales se encuentran almacenados
en tres sistemas de información. El primero denominado Justicia XXI Web que
por ser centralizado es administrado por la Unidad de Informática. El segundo
denominado Justicia XXI Cliente Servidor, el cual es administrado por cada
una de las Seccionales por tratarse de sistemas descentralizados, cuyo
componente técnico está en cabeza de los ingenieros seccionales y
actualizado por los despachos judiciales que hacen uso de la aplicación. El
tercero es el aplicativo Consulta de Procesos Nacional Unificada disponible en
la página web de la Rama Judicial que es administrado por el CENDOJ.

Informó que únicamente presta apoyo técnico al aplicativo Justicia XXI.
Mencionó que ha cumplido con lo ordenado con el Acuerdo 10215 de 2014
realizando capacitaciones a los ingenieros de las direcciones seccionales,
quienes replican la información, así asegura que el aplicativo Justicia XXI sea
usado adecuadamente.

Añadió que los despachos judiciales realizan el registro de las actuaciones
procesales en el sistema y que cuentan con las herramientas para modificar
los datos de las actuaciones judiciales en el aplicativo. Argumentó que la
anonimización de datos de un proceso es competencia exclusiva de los
despachos judiciales.

Concluyó que no cuenta con facultades para registrar, diligenciar o modificar
información en los sistemas de información de Gestión de Procesos y Manejo
Documental Justicia XXI y Justicia XXI Web, toda vez que no adelanta los
procesos judiciales ni está autorizado para registrar la información de estos.
Finalmente, manifestó que las entidades competentes para resolver las
peticiones son cada uno de los juzgados que conocieron de los procesos, así
como el juez coordinador del centro de servicios judiciales para los juzgados
de ejecución de penas y medidas de seguridad, en caso que sea un proceso
penal.

Por otro lado, indicó que respondió al derecho de petición enviado por el
accionante mediante correo electrónico el 9 de julio de 2026, con la
información pertinente, por lo que solicitó negar las pretensiones.

4.3. El Centro de Documentación Judicial - CENDOJ manifestó que la acción de
tutela no se dirige en su contra. Afirmó que en el proceso no hay ninguna
prueba de que el derecho de petición haya sido radicado ante el Consejo
Superior de la Judicatura ni al Centro de Documentación Judicial.

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Demandante: Carlos Ramón Cogollo Álvarez

Indicó que «la petición fue remitida al correo electrónico:
protecciondatospersonales@deaj.ramajudicial.gov.co de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, DEAJ».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que en el curso de la
tutela la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que dio respuesta
de fondo a la petición.

3. Carencia actual de objeto

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un
derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido
hacer que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen
o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón
de ser.

La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente. Sobre esta
clasificación, la Corte Constitucional en sentencia T-280 de 2020 precisó:

«(…) La doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los
intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste
se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que
puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño
consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991,
comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la
demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer.

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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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Demandante: Carlos Ramón Cogollo Álvarez

La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con
la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela
imparta una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad
de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por
completo de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de
una “situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la
vulneración predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que
no le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de
la litis».

Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las acciones tendientes
a superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la interposición de la acción
de tutela. Por sustracción de materia tal gestión hace inocuo efectuar cualquier
pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos.

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De allí que, una
vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud de
amparo, sería inocua cualquier determinación del juez constitucional, ya que «la
materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la
satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».

4. Análisis del caso

La parte actora alegó la vulneración de su derecho fundamental de petición porque
para el 26 de junio de 2026, día en que radicó la acción de tutela, aún no se había
dado respuesta de fondo a la petición de 16 de abril de 2026.

Al respecto, la Sala considera que la acción de tutela carece de objeto porque el
hecho que originó su interposición dejó de existir en el curso del presente trámite.
Esto se debe a que en la tutela el accionante solicitó que se diera respuesta de
fondo a la petición radicada, gestión que se logró en el curso de la acción. Mediante
correo electrónico de 9 de julio de 2026 la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial dio respuesta de fondo a la petición formulada y notificó a la parte actora al
correo electrónico por ella brindado.

En la mencionada respuesta se le informó lo siguiente al peticionario:
«Respetado señor CARLOS RAMÓN COGOLLO ÁLVAREZ:
En atención a su derecho de petición, en el cual indica "(...) solicito muy respetuosamente que
se realicen las acciones tendientes a eliminar la información de los procesos en los que soy
demandado y que ya hayan finalizado. Esto par (sic) proteger mi derecho fundamental al
habeas data (...)", la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial se permite indicar que, esta Unidad no tiene las facultades legales
para intervenir en los procesos judiciales, toda vez que, de conformidad con lo establecido en
el ACUERDO PCSJA23-12130, es una dependencia de carácter técnico creada para asegurar
la operación eficiente de la infraestructura de los sistemas informáticos de la Rama Judicial,
plantear los proyectos de mantenimiento, mejoramiento y modernización de la infraestructura
de los sistemas informáticos de la Rama Judicial, entre otras funciones.
Adicionalmente, en virtud del Artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución
de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual, no tiene
competencia funcional para realizar gestión alguna como: repartos, actuaciones, eliminación,
anonimización, cancelación o redireccionamiento de procesos, como tampoco manipular

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información almacenada en los diferentes Aplicativos administrados por la Unidad de
Transformación Digital e Informática.
Ahora bien, es importante resaltar que los Sistemas de Gestión de Procesos y Manejo
Documental (Justicia XXI y Justicia XXI Web Tyba), poseen los mecanismos para realizar lo
solicitado, motivo por el cual, el mismo despacho es a quien corresponde realizar esta
modificación o actualización de la información perteneciente a cada asunto judicial a su cargo
y de sus respectivos sujetos procesales.
Adicionalmente, es importante aclarar que, la Rama Judicial tiene a disposición de la
ciudadanía la Consulta de Procesos Nacional Unificada, en la cual se puede realizar la
búsqueda de éstos con los parámetros que más se ajusten para su consulta.
Se pueden consultar los procesos por:
Número de 23 dígitos
Nombre o Razón Social
Construir el número
Consultar el Juez o Magistrado y clase de proceso
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
El acceso a la Consulta de Procesos Nacional Unificada se realiza mediante la url
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/Index.
Adicionalmente se cuenta con la ayuda para el manejo de la aplicación, a la cual se puede
acceder haciendo clic en el icono: (…)
Por lo anterior, si requiere información adicional o la modificación de alguno de los procesos
asociados a su nombre o número de cédula, deberá presentar la solicitud directamente ante
cada despacho judicial en el que se encuentren dichos procesos, toda vez que corresponde
exclusivamente a cada despacho efectuar las modificaciones o actualizaciones de la
información relacionada con los asuntos judiciales a su cargo y con sus respectivos sujetos
procesales.
Asimismo, en la url https://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-correo-electronico
encontrará el directorio de cuentas de correo electrónico de la Rama Judicial (Juzgados,
Centros de Servicios, Consejo de Estado, Tribunales, etc.)».

La petición radicada el 16 de abril de 2026 pretendía que se realizaran acciones
tendientes a eliminar la información de los procesos judiciales finalizados en los
cuales el actor figura como demandado, para así proteger su derecho fundamental
al habeas data.

En la respuesta otorgada se le informó que la entidad no podía realizar ninguna
gestión relacionada con la modificación de información de los procesos judiciales
en las bases de datos de la Rama Judicial, pues esto era competencia exclusiva de
cada uno de los despachos que conocieron de los procesos judiciales. Además, se
le explicó cómo consultar los procesos en los que figura como demandado y cómo
encontrar las direcciones electrónicas para que remita las solicitudes de
anonimización de sus datos a cada uno de los juzgados o cuerpos colegiados.

Conviene precisar que la respuesta a la solicitud no exige necesariamente la
decisión favorable o positiva a los intereses de la persona, en razón a que una cosa
es el derecho de petición y otra es el derecho a lo pedido.

Sobre ese asunto la Corte Constitucional en sentencia T-063 de 2000, explicó:
«En primer lugar cabe señalar que existe una diferencia esencial entre el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, en cuanto el primero de ellos, consagrado en el artículo 23 de la Carta, hace
referencia a la facultad que tienen las personas de elevar solicitudes respetuosas ante las
autoridades, en la seguridad de obtener de ellas una pronta y oportuna respuesta que debe
hacerse conocer en debida forma al interesado, y que materialmente responda las inquietudes o
asuntos planteados. Este derecho, en los distintos aspectos que lo componen y que han sido
analizados por la doctrina de la Corte, puede ser objeto de amparo constitucional en sí mismo y con
independencia del contenido de las peticiones.
Por su parte, el derecho a lo pedido hace alusión a aquel que se pretende defender, o cuyo
reconocimiento se busca a través del ejercicio del derecho de petición. El objeto de la solicitud, que

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no interesa para los fines de la garantía constitucional, en los términos expuestos, tiene en cambio
relevancia frente a la normatividad que regula el ejercicio de esos otros derechos, canalizados en su
ejercicio por la vía de la solicitud elevada ante la autoridad competente. Esta, respecto del fondo
de la petición, no está obligada a absolverla favorablemente y, en todo caso su decisión, si así
lo quiere el solicitante por considerar que sus derechos son violados con la respuesta negativa,
está llamada a debatirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto, como
lo ha dicho la jurisprudencia, ya no está en juego el derecho fundamental de que trata el
artículo 23 de la Carta, "sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales
contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella -esa hipótesis-
no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.) »

Como se ve, la respuesta a una petición no tiene que ser en los términos favorables
al solicitante, sino que se conteste de fondo y de manera clara lo que se está
pidiendo, como sucedió en el presente asunto.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala declarará la carencia de objeto por hecho
superado de la acción de tutela interpuesta al encontrar satisfecha la pretensión de
la solicitud de amparo durante el trámite de la presente acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado de la acción de tutela
interpuesta por el señor Carlos Ramón Cogollo Álvarez, dadas las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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