Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05002-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05002-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05002-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05002-01
Accionante: Ana Marcela Amaya Bello
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Tema: Derechos al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia. Presunta mora en proferir sentencia dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 6 de agosto de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
La señora Ana Marcela Amaya Bello, por conducto de apoderado judicial, promovió
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre, debido a la falta de adopción de
una decisión de fondo dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 70001-23-33-000-2022-00022-00.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
ESE Centro de Salud Guaranda, con el propósito de obtener el reconocimiento y
pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales que considera
adeudados con ocasión de la prestación del servicio social obligatorio como médica.
Que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, mediante auto
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del 2 de febrero de 2022, declaró su falta de competencia por razón de -laArchivo Central.
cuantía y
remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Sucre, autoridad que admitió la
demanda el 12 de enero de 2023.
Que mediante auto del 28 de septiembre de 2023 se ordenó correr traslado para
alegatos de conclusión, actuación frente a la cual presentó escrito de alegaciones
el 13 de octubre de 2023.
Que presentó solicitudes de impulso procesal los días 27 de noviembre de 2023, 1
de octubre de 2024, 15 de enero de 2025, 15 de julio de 2025 y 23 de abril de 2026,
sin obtener respuesta de fondo por parte de la autoridad judicial encargada del
conocimiento del asunto.
Que el 15 de septiembre de 2025 formuló solicitud de vigilancia judicial
administrativa ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, entidad que,
mediante Resolución No. CSJSUR25-68 del 30 de septiembre de 2025, decidió no
dar apertura al respectivo trámite.
Que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho permanece sin sentencia
de primera instancia pese a que, a su juicio, no existe controversia probatoria ni
resulta necesaria la práctica de pruebas adicionales para adoptar una decisión de
fondo.
Sostuvo que la falta de expedición de la sentencia constituye una mora judicial
injustificada que vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, pues no se le ha permitido conocer una decisión
judicial sobre las pretensiones formuladas ni ejercer los mecanismos de
contradicción correspondientes frente a una eventual decisión adversa.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados; se ordene al
Tribunal Administrativo de Sucre proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-23-33-000-
2022-00022-00.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 7 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela; se vinculó a la ESE Centro de
Salud Guaranda como tercero con interés en el resultado del proceso; y se ordenó
efectuar las notificaciones correspondientes.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Despacho 5 Tribunal Administrativo de Sucre Expresó que el proceso ingresó
al despacho para sentencia el 7 de octubre de 2024 y que la definición del asunto
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• Archivo
debe sujetarse al orden cronológico de turnos previsto en la ley. Que la carga Central.
laboral
impide, en ocasiones, atender los términos legales ordinarios, debido al número de
asuntos que ingresan para trámite y decisión.
Que inició funciones en mayo de 2024 y recibió por redistribución un total de 413
procesos en diferentes etapas procesales, además de los asuntos que
posteriormente ingresaron por reparto. Que recibió procesos para fallo cuyos
ingresos para decisión datan de los años 2018 a 2024.
Que respecto de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho laboral en
primera instancia, el despacho ya evacuó los asuntos que ingresaron para decisión
entre los años 2018 y 2023; que actualmente adelanta el estudio de los procesos
que ingresaron para sentencia durante el primer semestre de 2024 y que el
expediente promovido por la accionante ocupa el turno número dos, situación que
impide emitir sentencia sin respetar el proceso que le antecede.
Que el plazo inicialmente estimado para dictar sentencia se amplió debido al
incremento de acciones constitucionales durante el año 2026 y otras cargas propias
del despacho, aunque afirmó que la decisión correspondiente se encuentra próxima
a adoptarse, dada la ubicación del expediente en el sistema de turnos.
Expuso que las circunstancias administrativas relacionadas con la creación y puesta
en funcionamiento del Despacho 5, entre ellas la redistribución masiva de procesos,
dificultades operativas en la migración y administración de expedientes, la recepción
de asuntos de alta complejidad y el aumento del reparto de procesos ordinarios y
constitucionales.
Sostuvo que estas circunstancias permiten concluir que el despacho ha mantenido
una actividad constante de producción judicial, sin incurrir en una inactividad
injustificada.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La ESE Centro de Salud de Guaranda, dijo que la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante no le resulta atribuible, pues
los hechos expuestos en la solicitud de amparo se relacionan exclusivamente con
la supuesta mora judicial del Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y que se
dispusiera su desvinculación del trámite constitucional.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de agosto de
2026, negó el amparo, al considerar que no se configuró una mora judicial
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injustificada imputable al Tribunal Administrativo de Sucre. - Archivo Central.
Sostuvo que, para determinar la existencia de mora judicial con relevancia
constitucional, no basta verificar el incumplimiento de los términos procesales, sino
que resulta necesario establecer si la demora carece de justificación y si es atribuible
a la falta de diligencia de la autoridad judicial competente.
Encontró que el proceso fue recibido por el Despacho accionado el 18 de junio de
2024, en virtud de una redistribución de procesos, y que ingresó al despacho para
sentencia el 7 de octubre de 2024.
Que la falta de expedición de la sentencia obedecía a la carga laboral y al deber de
observancia de turnos previsto en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, modificado
por la Ley 2430 de 2024, circunstancias que desvirtúan la existencia de una mora
judicial injustificada.
Concluyó que no se evidenciaba falta de diligencia ni omisión sistemática por parte
de la autoridad judicial y que, en consecuencia, no se acreditó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia, al considerar que la decisión efectuó un
análisis incompleto del concepto de mora judicial injustificada y negó el amparo
solicitado sin valorar integralmente las circunstancias relevantes para establecer si
la demora en la expedición de la sentencia dentro del proceso ordinario resultaba
constitucionalmente razonable.
Reiteró que, para el momento de presentación de la acción de tutela el expediente
permanecía aproximadamente un año y diez meses en estado de fallo sin que se
hubiera proferido sentencia de primera instancia.
Que la providencia de primera instancia centró su análisis únicamente en la fecha
de ingreso del expediente al despacho para sentencia y en la ubicación del asunto
dentro del sistema de turnos, sin examinar otros criterios que, a su juicio, la
jurisprudencia constitucional exige valorar para determinar la existencia de una
dilación injustificada.
Que la sola existencia de un turno anterior no permite concluir que la dilación se
encuentre constitucionalmente justificada y que el análisis debía establecer, entre
otros aspectos, desde cuándo el expediente se encuentra en turno, cuántos
procesos lo anteceden, cuál es la carga real del despacho, cuántas sentencias ha
producido durante el período correspondiente, qué complejidad presentan los
asuntos anteriores y cuáles circunstancias concretas han impedido la expedición de
la sentencia.
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Que la carga laboral fue invocada de manera genérica por parte de la - Archivo Central.
autoridad
judicial, sin acreditar de manera concreta las circunstancias específicas que
explicarían la demora. Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) mora judicial y III) análisis del
caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Mora judicial
La Corte Constitucional ha explicado que el incumplimiento de los términos legales
para que el juez profiera las decisiones en los procesos que se encuentran a su
cargo, esto es, la mora judicial puede ocurrir por varias causas; por un
lado, la arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, casos en los cuales esa mora es injustificada, y del
otro, por la complejidad del asunto, la sobrecarga de trabajo y la congestión judicial
que afrontan los jueces de la República, la que en consecuencia produce un
represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen en los
plazos definidos por el legislador, eventos en los cuales la tardanza está
justificada1.
Bajo ese entendimiento, el máximo tribunal constitucional ha establecido cuándo
hay lugar a una protección constitucional y a las diferentes medidas de salvaguarda
que se deben adoptar, según el asunto, ante la comprobación de la mora judicial.
Así lo expresó en Sentencia SU-179 de 2021:
«No obstante, aunque el incumplimiento de los términos judiciales derive de
1 En la sentencia SU-333 de 2020, reiterada por la sentencia SU-453 de ese mismo año, la Sala Plena de esta
corporación analizó el fenómeno de la mora judicial en el marco de las actuaciones adelantadas ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, los fundamentos generales de dichas providencias en
relación con las garantías al debido proceso sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos razonables, se
construyó, entre otros pronunciamientos, a partir de la línea jurisprudencial en materia de mora judicial.
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• Archivo Central.
causas ajenas a la actuación diligente del funcionario judicial, la jurisprudencia
constitucional, en atención a las circunstancias particulares de la persona que
solicita el amparo, ha considerado posible que se adopten dos tipos de remedios
constitucionales. Por un lado, “ordenar excepcionalmente la alteración del orden
para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial
protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos
razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera
particulares del afectado”. Y, por el otro, “en aquellos casos en que se
está ante la posible materialización de un [perjuicio irremediable], se
puede ordenar un amparo transitorio en relación con los derechos
fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente
se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada”2.
90. Si se comprueba que se trata de mora judicial justificada, no existe violación
de los derechos al debido proceso (en su faceta de obtener decisión sin
dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable) y acceso a la
administración de justicia, comoquiera que la dilación en la resolución del
proceso no es imputable a la negligencia del tribunal de casación, sino a otras
causas, por ejemplo, problemas estructurales de congestión judicial. Por estas
razones, se niega el amparo de los mencionados, disponiendo que el actor se
someta al sistema de turnos para recibir fallo. Sin embargo, excepcionalmente,
“[cuando] se está ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios no
puedan ser subsanados, se puede ordenar un amparo transitorio en relación
con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad
judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada”3. Esta medida de protección transitoria exige la verificación de los
requisitos del perjuicio irremediable y la comprobación, por lo menos sumaria,
de la efectiva titularidad del derecho pensional»
Ahora, si bien la jurisprudencia citada se refiere específicamente a la mora judicial
en el trámite del recurso extraordinario de casación en materia laboral, lo cierto es
que sus fundamentos generales resultan aplicables a otras situaciones como la
que se estudia, en la que se alega una tardanza en la resolución de un trámite
procesal.
Análisis del caso concreto
La recurrente discute la decisión denegatoria de la tutela, considerando que el solo
paso del tiempo que ha transcurrido encontrándose el proceso a despacho para fallo
genera la vulneración de sus derechos; pese a las explicaciones ofrecidas por la
autoridad accionada, las cuales pretende desestimar. Considera que debieron
examinarse otros criterios que, a su juicio, determinan la existencia de una dilación
injustificada, sin embargo, no expresa a cuáles fueron esos criterios no tenidos en
cuenta.
La Sala comparte lo decidido por primera instancia, en el sentido de que en el caso
2 En la sentencia SU-333 de 2020, reiterada por la sentencia SU-453 de ese mismo año, la Sala Plena de esta
corporación analizó el fenómeno de la mora judicial en el marco de las actuaciones adelantadas ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, los fundamentos generales de dichas providencias en
relación con las garantías al debido proceso sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos razonables, se
construyó, entre otros pronunciamientos, a partir de la línea jurisprudencial en materia de mora judicial.
3 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
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no se configura una mora judicial injustificada atribuible a la autoridad- accionada,
Archivo Central.
pues contrario a lo pretendido por la accionante, el solo paso del tiempo sin que se
profiera una decisión de fondo en un proceso no puede tenerse como una mora
judicial que dé lugar a una protección constitucional
En efecto, se encuentra acreditado que el proceso fue recibido por el Despacho el
18 de junio de 2024, y que ingresó al despacho para sentencia el 7 de octubre de
2024. Así mismo, obra prueba de que dicho proceso ocupa el turno número dos
dentro de los asuntos pendientes de decisión en esa unidad judicial4.
El informe rendido por la magistrada titular del despacho accionado permite
establecer que la demora invocada por la accionante encuentra explicación en
circunstancias objetivas relacionadas con la carga laboral y la situación particular
del despacho.
A lo anterior se suma que se expuso información concreta sobre su producción
judicial, los índices de evacuación de procesos, las circunstancias administrativas
asociadas a la puesta en funcionamiento del despacho y el incremento de asuntos
ordinarios y constitucionales sometidos a su conocimiento. Tales elementos
permiten advertir que la situación planteada por la accionante no obedece a una
actuación negligente ni a una omisión injustificada por parte de la autoridad judicial,
sino a condiciones objetivas de congestión y organización del servicio de
administración de justicia que fueron acreditadas dentro del trámite constitucional.
En este orden, le asiste razón al juez de primera instancia al precisar que la mora
judicial no se configura por el solo transcurso del tiempo, sino cuando la dilación
carece de justificación y resulta atribuible al funcionario judicial; lo que no se acredita
en el presente caso. Significa que no se acreditó la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora y que, acceder a lo pretendido sí podría constituir
vulneración de derechos fundamentales de terceros que también se encuentran
sometidos a unos turnos para que se decida su asunto. En consecuencia, se
confirmará la sentencia objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de agosto de 2026 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
4 Expediente digital SAMAI, índice 9
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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. - Archivo Central.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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