Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05005-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05005-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-05005-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05005-01
Accionante: Luis Ramiro Madroñero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 23 de
julio de 20261 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la
cual declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional ni el de subsidiariedad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que el señor Luis Ramiro
Madroñero, por conducto de apoderada judicial, instauró una demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Municipio de Ipiales, con el propósito de obtener la nulidad del Oficio núm.
12301-04 del 16 de febrero de 2020 y el reconocimiento de la presunta existencia
de una relación laboral derivada de los servicios prestados como apoyo a la
gestión para el control del espacio público entre el 15 de abril de 2016 y el 31 de
diciembre de 2019.
3. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Pasto3, que luego del trámite correspondiente,
mediante sentencia del 10 de octubre de 2023 declaró la nulidad del acto acusado
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Índice 16 del aplicativo SAMAI
2
Presentado el 30 de junio de 2026.
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Entre las pruebas decretadas y que se practicaron por parte de la autoridad judicial, estuvo el testimonio que rindió el
señor Álvaro Ricardo Benavides Vallejo, quien afirmó haber sido jefe operativo del actor y dio cuenta de horarios, controles
de asistencia, órdenes, supervisión, permisos, reuniones y capacitaciones relacionadas con el desempeño de sus
funciones.
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Accionante: Luis Ramiro Madroñero
y reconoció la existencia de una relación laboral entre el señor Madroñero y el
Municipio de Ipiales en el período comprendido entre el 15 de abril de 2016 y hasta
el 31 de octubre de 2019, al considerar acreditados los elementos de prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación.
4. Inconforme con la decisión del a quo, el Municipio de Ipiales, interpuso
recurso de apelación4, el cual fue del conocimiento de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño que, mediante sentencia de 10 de
abril de 2026, revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda, tras concluir que, aunque se acreditaron la prestación personal del
servicio y la remuneración, no se demostró con suficiencia el elemento de
subordinación necesario para declarar la existencia de una relación laboral
encubierta.
2.2. Fundamento jurídico
5. El accionante invocó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la aplicación
imperativa del principio de primacía de la realidad sobre las formas, al considerar
que la sentencia de 10 de abril de 2026 desconoció las pruebas que acreditaban
la existencia de una verdadera relación laboral encubierta bajo contratos de
prestación de servicios.
6. Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico,
toda vez que restó valor probatorio al testimonio del señor Álvaro Ricardo
Benavides Vallejo y a los documentos relativos a horarios, turnos, controles de
asistencia y programación de actividades, pese a que, en su sentir, dichos
elementos demostraban la existencia de subordinación permanente.
7. Adujo que el Tribunal efectuó una apreciación fragmentada del acervo
probatorio, al analizar de manera aislada los medios de convicción y omitir una
valoración conjunta de la declaración testimonial con los registros documentales
incorporados al expediente, lo cual condujo a una conclusión contraria a la
realidad material acreditada en el proceso.
8. Igualmente, cuestionó la conclusión según la cual los horarios, reuniones,
capacitaciones, controles y órdenes impartidas constituían simples
manifestaciones de coordinación contractual, pues estimó que tales
circunstancias evidenciaban el ejercicio efectivo de poder subordinante por parte
de la administración municipal.
9. Manifestó que la providencia reprochada desconoció el principio
constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formas, en la medida en que
privilegió la denominación formal de los contratos de prestación de servicios sobre
las condiciones reales en que fueron ejecutadas las actividades de control del
espacio público.
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En el cual sostuvo que la prueba recaudada únicamente demostraba una relación de coordinación contractual propia de
los contratos de prestación de servicios, mas no la subordinación requerida para configurar una verdadera relación laboral.
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10. Finalmente, sostuvo que la decisión censurada se apartó injustificadamente
de los criterios jurisprudenciales aplicables al contrato realidad, pues desestimó
indicios concurrentes de subordinación que habían sido considerados suficientes
por el juez de primera instancia para declarar la existencia de una relación laboral
encubierta.
2.3. Pretensiones
11. La parte accionante solicitó:
«PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo en condiciones dignas y justas, al acceso a la administración de justicia
y la primacía de la realidad sobre las formas del señor LUIS RAMIRO
MADROÑERO.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
proferida por el H. Tribunal Administrativo de Nariño el 10 de abril de 2016
(notificada el 9 de junio de 2026).
TERCERA: CONFIRMAR en su integridad el fallo dictado en primera instancia
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto, el cual declaró la
nulidad del acto administrativo lesivo y reconoció con estricto apego
constitucional el derecho al restablecimiento prestacional del accionante.
CUARTA: SUBSIDIARIAMENTE ORDENAR a la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño que, en el término perentorio de quince (15) días
hábiles, emita una nueva sentencia de segunda instancia en la cual aplique de
manera irrestricta la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-025-21
DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 del Consejo de Estado y realice una
valoración integral y conjunta de las pruebas obrantes en el expediente.» (SIC
en toda la cita)
2.4. Intervenciones
12. La acción de tutela fue admitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante auto de 2 de julio de 20265, a través del cual ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Nariño, en calidad de autoridad accionada y se vinculó al
Municipio de Ipiales y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto, como terceros con interés en el resultado del proceso. Asimismo, reconoció
personería a la apoderada del accionante conforme al poder que reposa en el
expediente digital.
2.4.1. El Municipio de Ipiales6 solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y negar las pretensiones formuladas, al considerar que no existía vulneración
alguna de derechos fundamentales y que el actor pretendía reabrir el debate
jurídico y probatorio ya definido por el juez natural.
13. Adujo que no se configuraron los defectos: fáctico, sustantivo ni por
desconocimiento del precedente alegados por el actor, toda vez que el Tribunal
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Administrativo de Nariño valoró el material probatorio conforme a las reglas de la
sana crítica y aplicó adecuadamente la jurisprudencia vigente sobre contrato
realidad. Asimismo, solicitó ser desvinculado del trámite toda vez que alegó su
falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Pasto guardaron silencio.
2.5. Sentencia Impugnada
14. Con relación al defecto fáctico reprochado, el a quo consideró que la acción
de tutela no cumplió con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que
contrario a lo planteado por el accionante, el Tribunal sí valoró el material
probatorio obrante en el expediente.
15. En razón a lo anterior, la Sección Quinta indicó que el desacuerdo del actor
recaía exclusivamente sobre la forma como fueron apreciadas las pruebas por
parte del ad quem y no en su falta de valoración por parte de la autoridad judicial
accionada, por lo que recordó que la acción de tutela no podía convertirse en una
instancia adicional para reabrir el debate probatorio surtido ante el juez natural.
16. En cuanto al defecto sustantivo, la primera instancia concluyó que el
accionante contaba con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
para cuestionar el supuesto desconocimiento de la sentencia CE-SUJ2-025-2021,
razón por la cual, en este sentido, la solicitud de amparo tampoco cumplió con el
requisito de subsidiariedad.
17. Con fundamento en las consideraciones expuestas, el a quo declaró
improcedente la acción de tutela.
2.6. Impugnación
18. La parte actora sostuvo que la Sección Quinta erró al calificar el asunto
como una simple inconformidad probatoria, cuando en realidad, desde la
perspectiva del señor Madroñero, la tutela denunciaba una valoración arbitraria,
fragmentada y contraevidente de las pruebas relativas al elemento de
subordinación.
19. Insistió en lo planteado en su escrito inicial con relación a que el Tribunal
Administrativo de Nariño distorsionó el alcance de la prueba testimonial y
documental, ignoró los controles operativos, turnos, registros, órdenes y
mecanismos de supervisión acreditados en el expediente y convirtió una
verdadera relación subordinada en una simple coordinación contractual.
20. Asimismo, cuestionó la conclusión de la primera instancia sobre la
declaratoria de improcedencia por subsidiariedad, pues en su sentir, el recurso
extraordinario de unificación no resultaba idóneo para corregir un defecto fáctico
derivado de la valoración probatoria, motivo por el cual solicitó revocar la decisión
del a quo y conceder el amparo constitucional.
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Accionante: Luis Ramiro Madroñero
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 20197 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
22. Antes de abordar el posible estudio de fondo, la Sala advierte que los
defectos invocados por el accionante presentan una evidente conexidad material.
Así las cosas, aunque formalmente se distinguen como defecto fáctico y defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente de unificación CE-SUJ2-025-
2021, ambos descansan sobre un mismo supuesto: la conclusión del Tribunal
Administrativo de Nariño según la cual no se acreditó el elemento de
subordinación.
23. En ese entendido, el defecto sustantivo no se construyó a partir de una
errónea selección de la normativa aplicable ni de la aplicación de una disposición
inexistente o derogada, sino que surge porque, según el actor, el Tribunal valoró
incorrectamente los hechos probados y, a partir de esa valoración, aplicó
equivocadamente el precedente sobre contrato realidad. Por ello, el defecto
sustantivo aparece subordinado lógica y metodológicamente al defecto fáctico.
24. En consecuencia, por razones de economía procesal y coherencia
argumentativa, resulta posible estudiar ambos cargos de manera conjunta,
tomando como eje principal el presunto defecto fáctico, toda vez que si se
concluye que la valoración probatoria realizada por el Tribunal fue razonable y se
mantuvo dentro del ámbito legítimo de autonomía judicial, perdería sustento el
reproche relacionado con el desconocimiento del precedente.
25. Ahora bien, desde la perspectiva del control constitucional, la cuestión
central no consiste en determinar cuál de las dos interpretaciones planteadas por
los jueces naturales resulta más convincente, ya que ambas plantearon una
solución distinta al asunto, sino establecer si la lectura efectuada por el Tribunal
accionado fue arbitraria, contraevidente o manifiestamente irrazonable.
26. No obstante, previo a realizar ese examen, resulta necesario analizar si la
presente acción cumple o no con los requisitos de relevancia constitucional y de
subsidiariedad, echados de menos por la Sección Quinta de esta Corporación.
3.3. Problema jurídico
27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
con ocasión de la sentencia del 10 de abril de 2026 que revocó la providencia del
7 Reglamento interno del Consejo de Estado .
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10 de octubre de 2023 y negó las pretensiones de la demanda, incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo y con ellos en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
aplicación imperativa del principio de primacía de la realidad sobre las formas del
señor Luis Ramiro Madroñero.
28. Previo a ello, se deberá determinar si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedencia cuando se reprochan decisiones
judiciales, en especial los de relevancia constitucional y de subsidiariedad que no
encontró acreditados el a quo.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
29. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
30. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
31. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.
32. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.4.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
33. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
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constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito8. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.
34. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 2022, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
35. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general9.
36. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación de sus derechos fundamentales a la vida
digna, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante, sino que debe ir
más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera
razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental»10. Negrillas de la Sala
37. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»11. Negrillas y subrayas de la Sala.
3.4.2. Del requisito de subsidiariedad
38. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
8
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
9
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
10
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
11
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
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39. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
40. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia12.
41. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo
el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
4. Análisis del caso concreto
42. La Sala advierte de entrada que confirmará la providencia del a quo que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos generales
de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
43. Descendiendo al caso concreto, esta Subsección evidencia que el
accionante sostuvo que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Nariño incurrió en defectos fáctico y sustantivo al revocar la sentencia de
primera instancia que había declarado la existencia del contrato realidad entre él
y el Municipio de Ipiales. Al respecto, el actor afirmó que la autoridad accionada
desconoció el material probatorio que acreditaba la subordinación y se apartó de
la sentencia de unificación CE-SUJ2-025-2021.
44. No obstante, del examen de la providencia censurada se puede constatar
que el Tribunal Administrativo de Nariño si abordó de forma expresa el análisis de
los medios de convicción incorporados al proceso, particularmente el testimonio
del señor Álvaro Ricardo Benavides Vallejo, los registros de asistencia, las
programaciones de turnos y los demás documentos allegados por las partes.
45. Ahora bien, precisamente sobre esa base, el Tribunal concluyó que no se
acreditó el elemento de subordinación y que las circunstancias demostradas
correspondían a una relación de coordinación contractual compatible con la
naturaleza de los contratos de prestación de servicios.
12
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio
pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos
en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito
de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones».
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46. En ese orden de ideas, la Sala comparte la apreciación de la Sección
Quinta de esta Corporación en cuanto concluyó que la inconformidad del actor
recae, en realidad, sobre el alcance conferido por el juez natural a los medios
probatorios recaudados y no sobre una actuación ostensiblemente arbitraria o
carente de sustento que habilite la intervención excepcional del juez de tutela.
47. En ese entendido, la controversia propuesta no versa sobre el contenido,
alcance o goce de una garantía fundamental autónomamente considerada, sino
sobre la corrección jurídica de la valoración probatoria realizada por el juez natural
para determinar si se encontraba configurado el elemento de subordinación dentro
de una relación contractual.
48. Así las cosas, la tutela no puede erigirse en una instancia adicional
destinada a sustituir el criterio del juez de la causa ni a reabrir un debate probatorio
ya resuelto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues
ello desconocería el carácter residual y excepcional del mecanismo constitucional
y afectaría la autonomía funcional de las autoridades judiciales.
49. Por otra parte, en relación con el denominado defecto sustantivo, la Sala
observa que el accionante estructuró dicho cargo a partir del supuesto
desconocimiento de la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-025-2021,
argumentando que el Tribunal Administrativo de Nariño se apartó de los criterios
jurisprudenciales fijados por esta Corporación en materia de contrato realidad.
50. Frente a ese aspecto, resulta relevante advertir que el ordenamiento
jurídico prevé un mecanismo procesal específico para cuestionar las providencias
que presuntamente contrarían o desconocen una sentencia de unificación del
Consejo de Estado, el cual está regulado en el capítulo II «Recurso Extraordinario
de Unificación de Jurisprudencia» de la Ley 1437 de 201113 en sus artículos 25714
y subsiguientes, consideración sobre la cual descansó una de las razones
centrales de improcedencia desarrolladas por la Sección Quinta.
51. Si bien en la impugnación el actor sostuvo que dicho recurso no era idóneo
porque el verdadero problema radicaba en la valoración probatoria efectuada por
el Tribunal, lo cierto es que el propio accionante edificó el defecto sustantivo sobre
la alegada inobservancia de una sentencia de unificación. Bajo esa premisa, es
evidente que la parte actora conocía que existía un mecanismo judicial diseñado
13
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley
2080 de 2021.
14
Ibidem- Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las
sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se
rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.Tratándose de sentencias de
contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las
pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del
recurso: 1. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad. 2. Doscientos cincuenta
(250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o
asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales. 3. Cuatrocientos
cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales,
en sus distintos órdenes.4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos
de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas
privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas. PARÁGRAFO. En los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la
cuantía. Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.
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específicamente para denunciar esa situación, circunstancia que impide tener por
satisfecho el presupuesto de subsidiariedad.
52. Además, la Sala no encuentra acreditada una circunstancia excepcional
que torne ineficaces los medios judiciales previstos por el ordenamiento ni un
perjuicio irremediable de tal magnitud que justifique desplazar al juez natural de la
controversia.
53. Bajo ese entendimiento, la Sala no advierte la existencia de un verdadero
problema constitucional relacionado con la protección inmediata de derechos
fundamentales, sino un desacuerdo frente al juicio valorativo efectuado por el juez
natural aunado a la falta de agotamiento de los recursos legales existentes
respecto de los reproches que se le endilgaron a la providencia. En consecuencia,
coincide con la primera instancia, en que el presente asunto carece de los
requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad, lo que inhabilita el
examen excepcional propio de la tutela contra providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis
(2026), proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes y terceros vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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