Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05006-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05006-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05006-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05006-00
Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05006-00
Accionantes: Nancy De La Rosa Villalobos
Accionado: Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Nancy De La Rosa Villalobos en
contra de la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Nancy De la Rosa Villalobos, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como de los principios
de legalidad procesal y prevalencia del derecho sustancial, los cuales consideró
vulnerados por la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado.
La presunta vulneración se originó en el auto del 12 de junio de 2026, mediante el cual
la autoridad judicial accionada resolvió el recurso de súplica formulado por la actora
contra la providencia que rechazó la demanda que contiene el recurso extraordinario
de revisión, dentro del proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-
2024-05934-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. Nancy de la Rosa Villalobos promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el
propósito de obtener la nulidad del Oficio DAF 001179 del 20 de marzo de 2012 y de
las resoluciones 000738 del 27 de abril de 2012 y 2-2835 del 13 de agosto de 2012,
mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago del retroactivo de la
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05006-00
Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
de Conjueces, bajo el radicado con el núm. 05001-23-33-000-2013-00461-01/02.
Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2019, esa autoridad judicial accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó liquidar y pagar la
bonificación reclamada.
2.3. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra esa
decisión. Por medio de sentencia del 7 de noviembre de 2023, la Sección Segunda,
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, confirmó parcialmente el fallo y declaró la
prescripción trienal de los derechos laborales causados durante los años 2001, 2002
y 2003
2.4. El 1.º de noviembre de 2024, la señora De la Rosa Villalobos interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 7 de noviembre de 2023, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA. Alegó
la existencia de documentos decisivos que no fueron valorados en segunda instancia
y que, en su criterio, acreditaban la interrupción de la prescripción trienal. El
conocimiento del asunto, identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-2024-
05934-00, correspondió a la Sala Cuarta Especial de Decisión de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
2.5. Mediante auto del 19 de diciembre de 2024, el despacho ponente inadmitió el
recurso extraordinario de revisión. Aunque estimó que este se había presentado
oportunamente y que los argumentos formulados permitían examinar la causal
invocada, advirtió que la recurrente no acreditó el envío del escrito y de sus anexos a
la Fiscalía General de la Nación, entidad con interés directo en el resultado del
proceso. Explicó que el recurso debía satisfacer tanto los requisitos establecidos en el
artículo 252 del CPACA como la carga prevista en el inciso 8.º del artículo 162 de la
misma codificación. En consecuencia, concedió a la recurrente el término de cinco
días para subsanar la falencia, so pena de rechazo.
2.6. La recurrente presentó escrito de subsanación y aportó varios documentos con
los cuales pretendió acreditar la remisión del recurso y de sus anexos a la Fiscalía
General de la Nación. No obstante, mediante auto del 10 de febrero de 2025, el
despacho ponente rechazó el recurso extraordinario de revisión, pues consideró que
los elementos allegados no demostraban el cumplimiento de la carga exigida. Al
respecto, precisó que se trataba de extractos de correos electrónicos incorporados en
archivos de Word, los cuales, además, contenían información contradictoria respecto
de la dirección electrónica destinataria.
2.7. La señora De la Rosa Villalobos interpuso recurso de súplica contra la anterior
providencia. Argumentó que el recurso extraordinario de revisión se rige por los
artículos 248 a 255 del CPACA y que, por esa razón, no procedía exigir el
cumplimiento de requisitos propios de una demanda ordinaria. Asimismo, sostuvo que
correspondía al Consejo de Estado efectuar el traslado una vez admitido el recurso.
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2.8. Por medio de auto del 12 de junio de 2026, la Sala Cuarta Especial de Decisión
confirmó la providencia del 10 de febrero de 2025. Consideró que el recurso
extraordinario de revisión da lugar a un proceso nuevo y autónomo, motivo por el cual
debe satisfacer tanto los requisitos especiales previstos en el artículo 252 del CPACA
como las exigencias generales establecidas en el artículo 162 de la misma
codificación. Finalmente, concluyó que la recurrente no acreditó en debida forma el
envío del escrito y de sus anexos a la Fiscalía General de la Nación.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, así como de los principios de
legalidad procesal y prevalencia del derecho sustancial. Como medida de amparo,
pidió dejar sin efectos los autos del 10 de febrero de 2025 y del 12 de junio de 2026,
por medio de los cuales se rechazó el recurso extraordinario de revisión y se confirmó
esa determinación, respectivamente. En consecuencia, solicitó que se ordenara al
Consejo de Estado admitir el recurso y continuar su trámite de conformidad con los
artículos 248 a 255 del CPACA.
Como fundamento de la solicitud de amparo, atribuyó a las decisiones cuestionadas
los defectos que se exponen a continuación:
3.2. En relación con el defecto sustantivo, afirmó que la autoridad judicial accionada
aplicó indebidamente el artículo 162 del CPACA y las disposiciones que regulan el
trámite de las demandas, pese a que, en su criterio, el recurso extraordinario de
revisión se rige de manera especial y exhaustiva por los artículos 248 a 255 de la
misma codificación. Al respecto, indicó que el artículo 252 establece de forma taxativa
los requisitos que debe cumplir dicho recurso.
Agregó que el artículo 253 del CPACA atribuye al juez la notificación personal del auto
admisorio y el traslado del recurso. Por tal razón, estimó que las providencias
cuestionadas impusieron a la recurrente una carga que no contempla la regulación
especial y aplicaron de forma indebida exigencias propias de las demandas
ordinarias.
3.3. En cuanto al defecto procedimental absoluto, alegó que el rechazo del recurso se
sustentó en el incumplimiento de una exigencia carente de fundamento legal. Explicó
que el Decreto 01 de 1984 disponía expresamente que el recurso extraordinario de
revisión debía interponerse mediante demanda y remitía a los requisitos generales de
esta. En contraste, señaló que el artículo 252 del CPACA exige la presentación de un
escrito, regula directamente su contenido y no remite al artículo 162 de la misma
codificación.
3.4. Respecto del defecto fáctico, adujo que la autoridad judicial accionada no valoró
de manera adecuada los documentos que aportó para demostrar la remisión del
recurso a la Fiscalía General de la Nación. Precisó que allegó la constancia de envío,
la identificación del destinatario, la fecha y el contenido del mensaje, así como la
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Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
respuesta automática del buzón institucional mediante la cual se acusó su recibo. En
su criterio, la exigencia de aportar el archivo original del correo electrónico, una
captura de pantalla o una certificación del servidor carecía de sustento normativo.
3.5. En lo que concierne al exceso ritual manifiesto, adujo que el recurso se rechazó
por el incumplimiento de una formalidad no prevista en su régimen especial.
Consideró que tal exigencia no resultaba necesaria para garantizar el derecho de
defensa de la Fiscalía General de la Nación, pues el artículo 253 del CPACA prevé su
notificación y le concede la oportunidad de contestar el recurso y solicitar pruebas
después de su admisión.
3.6. En relación con la violación directa de la Constitución, afirmó que el rechazo le
impidió acceder al recurso extraordinario de revisión, único mecanismo judicial
disponible para controvertir una sentencia ejecutoriada. A su juicio, esa determinación
desconoció los principios de legalidad y prevalencia del derecho sustancial, así como
el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia.
3.7. Por último, señaló que la interpretación acogida por el Consejo de Estado
corresponde a una práctica reiterada, mediante la cual se extienden al recurso
extraordinario de revisión los requisitos previstos para las demandas ordinarias, pese
a que no existe una sentencia de unificación que respalde esa postura. Insistió en que
los artículos 248 a 255 del CPACA contienen una regulación integral y autónoma de
ese mecanismo extraordinario. En consecuencia, solicitó que se corrigiera dicha
interpretación y se promoviera la unificación jurisprudencial sobre la materia.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 1° de julio de 20261, el Despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela; vinculó en calidad de terceros con interés en este trámite a la
Sección Segunda, Sala de Conjueces y a la Fiscalía General de la Nación; solicitó a
las autoridades judiciales accionadas la remisión del expediente del proceso
ordinario; ordenó la notificación a las partes; y dispuso la suspensión de los términos.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. La Fiscalía General de la Nación2 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela y reconocer su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que las providencias cuestionadas fueron proferidas por las autoridades
judiciales accionadas y que no existe acción u omisión atribuible a esa entidad
relacionada causalmente con la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Añadió que carece de competencia para adoptar las medidas solicitadas
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Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
por la señora Nancy de la Rosa Villalobos, pues no intervino en la expedición de las
decisiones controvertidas ni puede dejarlas sin efectos.
Señaló que la solicitud carece de relevancia constitucional, porque pretende reabrir
una controversia jurídica definida mediante decisiones ejecutoriadas. Indicó que el
desacuerdo de la parte actora se limita a la interpretación y aplicación del artículo 162
del CPACA al recurso extraordinario de revisión, sin que se advierta una actuación
arbitraria o una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
Finalmente, sostuvo que no se vulneró el derecho al debido proceso, pues la
recurrente tuvo acceso a la administración de justicia, ejerció los mecanismos de
impugnación previstos en el ordenamiento y obtuvo decisiones motivadas. Concluyó
que las providencias reprochadas respetaron las garantías procesales de la
accionante y que no se configuró la trasgresión alegada.
4.2. El Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión3 solicitó negar el
amparo. Sostuvo que la providencia cuestionada fue proferida con observancia del
debido proceso, se encuentra debidamente motivada y no incurre en ninguno de los
defectos que alega la parte accionante.
Explicó que, para la admisión del recurso extraordinario de revisión, eran exigibles
tanto los requisitos especiales del artículo 252 del CPACA como los generales
previstos en el artículo 162 ibidem. Añadió que la documentación allegada con la
subsanación no acreditó el cumplimiento de la carga procesal impuesta en el auto
inadmisorio.
Señaló que dicha exigencia no fue controvertida oportunamente mediante los
recursos procedentes, por lo que adquirió firmeza. En consecuencia, el análisis de la
súplica se limitó a verificar si la recurrente había satisfecho la carga previamente
impuesta, asunto que fue resuelto negativamente de manera motivada.
Concluyó que la decisión cuestionada obedeció a una interpretación razonada de las
normas aplicables y a la valoración de las pruebas del expediente. Por ello, consideró
que la inconformidad de la accionante corresponde a un desacuerdo con el criterio
jurídico de la Sala, circunstancia que no configura, por sí sola, una vulneración de
derechos fundamentales ni habilita al juez constitucional para sustituir la
interpretación del juez natural.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
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2F153286ECC0941C.
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Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Nancy De La Rosa Villalobos es la titular de los derechos fundamentales que afirma le
fueron vulnerados en su condición de demandante dentro del proceso identificado con
el radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05934-00.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva por cuanto la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado fue la
autoridad que profirió la decisión que, según la tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional, a través de la sentencia C-590 de 20054, indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela5 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto6.
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Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
6
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
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Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 7.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”8.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) la afectación directa o repercusión
en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público,
ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto9.
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el escrito de tutela, la parte actora cuestionó los autos proferidos el 10 de
febrero de 2025 y 12 de junio de 2026, mediante los cuales se rechazó el recurso
extraordinario de revisión y se confirmó esa determinación, respectivamente. Atribuyó
a dichas providencias la configuración de los defectos sustantivo, procedimental
absoluto y fáctico, así como de un exceso ritual manifiesto y una violación directa de la
Constitución.
Como fundamento de sus reparos, afirmó que la autoridad judicial accionada aplicó
indebidamente el artículo 162 del CPACA, pues le exigió acreditar la remisión previa
del recurso y de sus anexos a la Fiscalía General de la Nación, pese a que, en su
criterio, los artículos 248 a 255 de la misma codificación contienen una regulación
especial e integral que no contempla esa carga.
También alegó que no valoró de manera adecuada los documentos aportados para
acreditar el envío y que, además, exigió soportes que no se encuentran previstos en la
9
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
ley. Consideró que tales circunstancias le impidieron acceder al recurso extraordinario
de revisión y desconocieron los principios de legalidad y prevalencia del derecho
sustancial, así como el derecho de acceso a la administración de justicia.
Por último, sostuvo que la interpretación cuestionada corresponde a una práctica
reiterada del Consejo de Estado que carece de respaldo en una sentencia de
unificación. Por esta razón, solicitó que se corrigiera dicha postura interpretativa.
5.2. Del análisis de las providencias cuestionadas, la Sala advierte lo siguiente:
5.2.1. Mediante auto del 10 de febrero de 2025, el magistrado ponente de la Sala
Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario
de revisión, pues consideró que la recurrente no subsanó en debida forma la falencia
relacionada con el cumplimiento de la carga prevista en el inciso 8.º del artículo 162 de
la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, aplicó la causal de rechazo establecida en el
numeral 3.º del artículo 253 de la misma normativa.
“8. Revisado el memorial presentado por el apoderado de la recurrente con la
subsanación del escrito de demanda, se advierte que, aunque allí se vinculó
como demandada a la entidad que integró el extremo pasivo dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, no se cumplió con la carga prevista en
el artículo 162, inciso 8, de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior, puesto que no
acreditó la exigencia del envío de la demanda y sus anexos al demandado a
través de medios electrónicos o, en caso de desconocerse los canales de
notificación electrónica, por medio físico.
9. En efecto, la parte actora no aportó la respectiva constancia de envío al correo
electrónico dispuesto por la Fiscalía General de la Nación para el efecto. Si bien
en el escrito de subsanación radicado manifestó que se aportaba la
documentación requerida, lo cierto es que anexó únicamente los dos archivos en
formato Word que se relacionan a continuación y de los cuales no es posible
probar el cumplimiento del requisito en cuestión.
10. En el primer documento, la recurrente relacionó un extracto textual de un
mensaje de datos que habría sido remitido a la dirección electrónica
edna.martinez@fiscalia.gov.co, la cual correspondería a la apoderada de la
Fiscalía General de la Nación en el proceso ordinario. En este archivo se pone de
presente el supuesto envío de la copia del recurso extraordinario de revisión y sus
anexos a dicho buzón web.
11. No obstante, el despacho considera que esto no es prueba suficiente del
cumplimiento del requisito analizado, pues el simple texto del correo electrónico
copiado en un documento Word no permite acreditar que, en efecto, se remitió tal
documentación. Ciertamente, esto no logra probar que junto con el mensaje de
datos que se habría enviado al buzón web de la apoderada de la demandada, se
adjuntaron los archivos exigidos por el artículo 162, inciso 8, de la Ley 1437 de
2011.
12. Aunado a lo anterior, se tiene que en el segundo archivo el apoderado de la
señora De la Rosa Villalobos relacionó también un extracto textual que
corresponde a una respuesta automática que brinda la Fiscalía General de la
Nación ante el envío de un correo electrónico a la dirección
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. Sin embargo, del simple texto
copiado en el documento no es posible establecer quién es el remitente del
mensaje de datos enviado a la autoridad o cuál es el asunto de este correo
electrónico, ni tampoco si se adjuntó el recurso y sus anexos.
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Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
13. A su vez, las dos pruebas objeto de análisis poseen información contradictoria
en relación con la dirección electrónica a la que se habría remitido,
supuestamente, dicha documentación. Mientras que en el primer documento se
relacionó la dirección edna.martinez@fiscalia.gov.co como buzón destinatario,
del segundo archivo se concluye que el correo destinatario fue
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co.”10
A partir de dicha valoración probatoria, la Sala concluyó que los documentos
aportados no acreditaban la remisión del recurso y de sus anexos a la Fiscalía General
de la Nación, pues correspondían a extractos de correos electrónicos incorporados en
archivos de Word. Agregó que tales soportes no permitían verificar la identidad del
remitente, los archivos adjuntos ni el contenido íntegro de los mensajes y que,
además, contenían información contradictoria respecto de la dirección electrónica
destinataria. En consecuencia, aplicó la causal de rechazo prevista en el numeral 3.º
del artículo 253 ibídem.
5.2.2. Mediante auto del 12 de junio de 2026, la Sala Cuarta Especial de Decisión del
Consejo de Estado, con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar,
resolvió el recurso de súplica y confirmó la providencia del 10 de febrero de 2025, por
medio de la cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión. Para sustentar esa
determinación, expuso las siguientes consideraciones:
“32. Así las cosas, no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el
cumplimiento del numeral 8 del artículo 162 del CPACA [o 6 del Decreto 806 de
2020] no resulta exigible en el trámite del recurso extraordinario de revisión. Por el
contrario, dicho requisito complementa el régimen especial de este medio de
impugnación, en cuanto garantiza que la parte contra quien se dirige la demanda
tenga conocimiento previo y efectivo de la actuación, asimismo, porque permite la
concreción del deber de colaboración con la administración de justicia y la
efectividad del principio de economía procesal.
33. A pesar de lo indicado, vale destacar que los argumentos expuestos por la
recurrente se orientan, en esencia, a cuestionar la exigibilidad de la carga
consistente en remitir a la contraparte copia del recurso extraordinario de revisión
y sus anexos, bajo el entendido de que, en su criterio, al trámite del recurso
extraordinario de revisión no le resultaban aplicables los requisitos previstos en el
artículo 162 del CPACA. Al respecto, se pone de presente que esta no es la
oportunidad procesal para controvertir esa decisión, pues, de no estar de acuerdo
con la exigencia impuesta por el despacho sustanciador en el auto inadmisorio,
correspondía a la interesada interponer el recurso de reposición correspondiente
contra esa providencia. Comoquiera que ello no ocurrió, la decisión de inadmisión
cobró ejecutoria y adquirió obligatoriedad dentro del trámite procesal; por lo tanto,
correspondía a la recurrente cumplir cabalmente la carga procesal impuesta, sin
que resulte admisible, en sede de este recurso de súplica, interpuesto contra el
auto de rechazo, cuestionar indirectamente una decisión que no fue
oportunamente recurrida.
34. Ahora bien, advertido lo anterior y establecido que la parte recurrente estaba
obligada a acreditar el envío del escrito del recurso extraordinario de revisión y
sus anexos a la Fiscalía General de la Nación, la Sala procede a verificar si dicha
carga fue cumplida en debida forma.
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Índice 00011 del aplicativo SAMAI del Recurso Extraordinario de Revisión identificado con radicado núm.
11001031500020240593400 de la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado certificado
ABB026BBDB89144E B7E5B83478338C54 DFFD7C489D8572A5 10727FC42C0EA261.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05006-00
Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
35. Al respecto, se observa que los documentos allegados con el escrito de
subsanación, identificados en el acápite 1.3 de esta providencia, no permiten
tener por demostrada la remisión exigida, pues se limitan a reproducir extractos
textuales de supuestos mensajes electrónicos en archivos de texto, sin que sea
posible verificar su autenticidad, fecha de envío, identidad del remitente,
destinatario o la efectiva incorporación de los anexos.
36. Adicionalmente, tales documentos presentan inconsistencias relevantes, en
la medida en que hacen referencia a direcciones electrónicas distintas como
supuestos destinatarios, lo cual impide establecer con certeza a cuál canal
institucional de la Fiscalía General de la Nación se habría efectuado la remisión.
Esta contradicción refuerza la conclusión de que no se acreditó de manera
correcta el cumplimiento de la carga procesal impuesta.
(…)
38. Por lo tanto, la Sala comparte la conclusión del despacho sustanciador en
cuanto a que la parte recurrente no acreditó en debida forma el cumplimiento de la
carga prevista en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, relativa al envío del
escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión y sus anexos a la
contraparte, circunstancia que evidencia una indebida subsanación y que, en
consecuencia, habilitaba el rechazo del recurso extraordinario de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 253 ibidem.
(…)
40. Asimismo, se encuentra que la carga procesal consistente en remitir copia de
la demanda y sus anexos a la contraparte no comportaba para la recurrente una
exigencia desproporcionada o de difícil cumplimiento, sino una actuación mínima
y razonable que correspondía únicamente al envío de los documentos radicados
ante esta corporación a la parte demandada, a través de los canales digitales
habilitados para tal efecto. Incluso, en el presente asunto, al tratarse de una
entidad pública como la Fiscalía General de la Nación, la obtención del canal
digital dispuesto para notificaciones judiciales no revestía complejidad alguna, en
tanto dicha información se encuentra publicada y disponible para consulta en la
página web oficial de la entidad, circunstancia que permitía a la recurrente cumplir
adecuadamente con la subsanación del yerro advertido en el auto inadmisorio.”11
La providencia cuestionada se sustentó, principalmente, en que el recurso
extraordinario de revisión da lugar a un proceso nuevo y autónomo, razón por la cual
su admisión exige el cumplimiento tanto de los requisitos especiales establecidos en
el artículo 252 del CPACA como de los generales previstos en el artículo 162 ibídem.
En particular, la autoridad judicial consideró aplicable la carga de remitir a la
contraparte copia del escrito y de sus anexos, prevista en el inciso 8.º de esta última
disposición.
La Sala Cuarta Especial de Decisión también señaló que la recurrente no controvirtió
oportunamente el auto inadmisorio mediante el cual se impuso dicha exigencia, por lo
que esa providencia adquirió firmeza. Al examinar el escrito de subsanación, concluyó
que los documentos aportados no acreditaban el envío del recurso y de sus anexos a
la Fiscalía General de la Nación, pues correspondían a extractos de correos
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Índice 00034 del aplicativo SAMAI del Recurso Extraordinario de Revisión identificado con radicado núm.
11001031500020240593400 del la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado , certificado
EB727491BAF85D54 D10CA3DDFF384917 EC838B4E02B25F52 71F19DCEA45D017A.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05006-00
Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
electrónicos incorporados en archivos de texto que no permitían verificar su
autenticidad ni identificar con certeza el remitente, el destinatario, la fecha y los
documentos adjuntos. Además, advirtió que contenían información contradictoria
respecto de la dirección electrónica de destino.
5.3. En ese contexto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada expuso de
manera clara, suficiente y razonada los fundamentos por los cuales confirmó el
rechazo del recurso extraordinario de revisión. En efecto, explicó el carácter
autónomo de dicho mecanismo, justificó la aplicación conjunta de los artículos 162 y
252 del CPACA y verificó que la recurrente no acreditó en debida forma el
cumplimiento de la carga procesal impuesta en el auto inadmisorio.
Asimismo, precisó que la recurrente no controvirtió oportunamente dicha exigencia y
que los documentos allegados con el escrito de subsanación no demostraban la
remisión efectiva del recurso y de sus anexos a la Fiscalía General de la Nación. A
partir de tales elementos, concluyó que la falencia advertida no se subsanó en debida
forma y, por esa razón, confirmó el auto del 10 de febrero de 2025.
Lo expuesto permite concluir que las controversias jurídica y probatoria planteadas
por la accionante fueron examinadas por el juez natural y que la decisión cuestionada
contó con sustento normativo y fáctico. Tampoco se advierte, prima facie, que la
providencia se hubiera proferido de manera arbitraria, irrazonable o carente de
motivación, ni que en el trámite del recurso se hubiera configurado una afectación de
entidad constitucional que justifique la intervención del juez de tutela.
5.4. Pese a lo anterior, la parte actora atribuyó a la providencia cuestionada la
configuración de los defectos sustantivo, procedimental absoluto y fáctico, así como
de un exceso ritual manifiesto y una violación directa de la Constitución. Sin embargo,
sus reparos expresan, en esencia, el desacuerdo con la interpretación según la cual el
recurso extraordinario de revisión debe satisfacer los requisitos generales previstos
en el artículo 162 del CPACA y con la valoración de los documentos que aportó para
acreditar su remisión a la contraparte.
En esas condiciones, la inconformidad planteada se circunscribe a una controversia
de orden legal relacionada con la interpretación de las normas que regulan los
requisitos del recurso extraordinario de revisión y la valoración de los elementos
aportados para acreditar el cumplimiento de una carga procesal. La accionante no
expuso razones que permitan advertir que las conclusiones adoptadas por el juez
natural fueran manifiestamente arbitrarias, irrazonables o desproporcionadas.
Por consiguiente, la solicitud de amparo pretende reabrir un debate jurídico y
probatorio ya resuelto por la autoridad judicial competente, sin demostrar una
cuestión de evidente relevancia constitucional que habilite la intervención excepcional
del juez de tutela. En consecuencia, los argumentos formulados no superan el
requisito general de relevancia constitucional.
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Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que la sola invocación de la
vulneración de derechos fundamentales no satisface el requisito de relevancia
constitucional. Corresponde a quien promueve el amparo demostrar la existencia de
la afectación alegada, así como su carácter desproporcionado y arbitrario, mediante
argumentos que permitan al juez constitucional advertir su dimensión constitucional.
En consecuencia, no basta expresar el desacuerdo con la decisión judicial ni reiterar
la tesis desestimada por el juez ordinario. La parte actora debe relacionar sus reparos
con los derechos fundamentales invocados y sustentar de manera suficiente la
configuración de la vulneración alegada12.
5.5. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio
en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado (...)”13 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en su providencia”14.
En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión
positiva o negativa15, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es
ostensible, flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido
de la decisión adoptada16. Por ello, para que se configure este defecto es
indispensable identificar la prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera
irrazonable, así como demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de
modificar el resultado de la decisión judicial cuestionada.
En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico
no exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria por parte de la
autoridad judicial accionada, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar una
solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses del tutelante,
pues no advierten reparos concretos de carácter iusfundamental en contra del análisis
realizado por la autoridad judicial.
12
Sentencia SU215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999,
T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
15
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las
que se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca
supuestos como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente
a la decisión adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez
se encuentre habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la
obligación de hacerlo para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico
puede abarcar supuestos tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido
determinantes del sentido de la decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan
a demostrar los hechos en que se fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
16
Sentencias T-442 de 1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería
contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita
de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05006-00
Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
La controversia se circunscribe a la valoración de los soportes aportados para
acreditar la remisión del recurso extraordinario de revisión y de sus anexos a la
Fiscalía General de la Nación. Aunque la parte actora invocó la configuración de un
defecto fáctico, sus argumentos expresan, en esencia, su inconformidad con la
conclusión según la cual los extractos de correos electrónicos incorporados en
archivos de texto no demostraban el cumplimiento de la carga procesal impuesta.
Este cuestionamiento fue objeto de examen al resolver el recurso de súplica y no
evidencia, por sí mismo, una afectación autónoma de derechos fundamentales. En
efecto, la acción de tutela no constituye una instancia adicional para reabrir el debate
probatorio resuelto por el juez natural.
En el presente asunto, las autoridades judiciales accionadas examinaron de manera
expresa los documentos aportados con el escrito de subsanación y explicaron que
estos no permitían verificar su autenticidad ni establecer con certeza la identidad del
remitente, la fecha del envío, el destinatario y la efectiva remisión de los anexos.
Asimismo, advirtieron que los soportes contenían información contradictoria respecto
de la dirección electrónica a la cual presuntamente se enviaron los documentos. Por
consiguiente, no se advierte una omisión probatoria evidente ni una valoración
manifiestamente irrazonable que justifique la intervención del juez constitucional.
Lo anterior resulta suficiente para concluir que este reparo carece de relevancia
constitucional, pues la parte actora se limitó a controvertir el mérito probatorio
atribuido a los documentos y a insistir en que estos acreditaban el envío a la Fiscalía
General de la Nación. Sin embargo, no explicó de qué manera la valoración efectuada
por el juez natural configuró una actuación arbitraria ni por qué tales elementos tenían
la entidad suficiente para desvirtuar la conclusión relativa a la indebida subsanación
del recurso.
5.6. Así las cosas, resulta claro que la parte actora pretende imponer su interpretación
sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su
discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el
trámite del proceso primigenio.
En efecto la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el trámite de instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por
las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada,
lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada
se sustenta en el principio de autonomía judicial.
Cabe recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y
entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de
una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique,
como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05006-00
Accionante: Nancy De La Rosa Villalobos
instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 17, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 18.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Nancy De La Rosa Villalobos contra la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo
de Estado, por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
ECG
17
SU-215 de 2022.
18
Ibid.
15
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